Invertir en eficiencia energética

Cómo invertir en eficiencia energética sin poner más dinero Supongamos que uno es responsable de una empresa o está en una comunidad de vecinos que gasta mucha energía. Hoy puede invertir en eficiencia sin tener que poner dinero. O, por lo menos, sin pagar más de lo que ya hace en su factura energética. Esto es lo que ofrecen las empresas de servicios energéticos(1) (las llamadas ESEs): garantizan una reducción del consumo de energía (por ejemplo, cambiando una instalación de climatización anticuada) asumiendo ellas mismas los riesgos. Estas compañías se encargan de buscar la financiación y de llevar a cabo el proyecto. A cambio, se embolsan una parte del dinero que se consigue ahorrar. El acuerdo parece interesante. Sin embargo, hoy por hoy, son muy pocos en España los que aceptan un trato así. ¿Por qué? Aunque este tipo de empresas de servicios energéticos constituyen un sector nuevo y desconocido en España, en otros países como Alemania llevan ya años funcionando. Podría ser una forma de lograr importantes ahorros de energía (y reducciones de emisiones de CO2) a la vez que se impulsa una nueva forma de negocio “verde” y se crea empleo. Sin embargo, aquí no termina de despegar. No han funcionado como se esperaba los planes gubernamentales para impulsar la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos (330-AGE y 2000 ESE). Igualmente, en el mes de junio, el ICO y el IDAE abrieron una línea de crédito de 600 millones de euros para financiar proyectos de eficiencia de las empresas de servicios energéticos y solo han sido 23 las solicitudes enviadas. “Hay fondos para aburrir, pero la gente en España todavía no ve claro lo del ahorro: si tú le dices a alguien aquí que vas a hacer que se ahorre 400 euros es muy distinto que si le dices que le vas a dar 400 euros”, se queja Rafael Herrero, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), que cita muy diversas razones para explicar por qué este modelo de negocio todavía no arranca: excesiva burocracia para realizar proyectos con las administraciones, recelo de los ciudadanos para firmar este tipo de contratos, falta de motivaciones para ser más eficientes, permisividad con el derroche de energía, desconocimiento… Como especifica, existen dos modelos principales de acuerdos a los que se pueden llegar con una empresa de servicios energéticos, intentándose que el tiempo necesario para amortizar la inversión no sea superior a unos siete años. El primer modelo es de ahorros garantizados: estas empresas elaboran el proyecto para invertir en eficiencia, buscan financiación al cliente, llevan a cabo y supervisan el trabajo en los siete años que dura el contrato, y por todo ello reciben una remuneración incluida en el montante de la inversión. En este caso, es el cliente el que se queda con todo el dinero que deja de pagar en la factura energética. No obstante, si no se ahorra lo estipulado, la ESE se compromete a pagar la diferencia. El segundo modelo es de ahorro compartido: aquí es la empresa de servicios energéticos la que asume el crédito necesario para ejecutar el proyecto y el cliente no desembolsa más de lo que ya está pagando en la factura energética (en todo caso, paga algo menos de factura). La ESE cobra entonces del ahorro conseguido. Una parte va para el cliente y otra para la empresa que lleva el proyecto. Esto, hasta que termina el contrato, al cabo de esos cerca de siete años, momento en el que el cliente se queda con todo el ahorro. Obviamente, los que más rentabilidad sacarían de una inversión de este estilo serían aquellos que pagan más en energía. Anese (asociación que integra a 120 de las más de 400 empresas de todo tipo inscritas en la base de datos de ESEs del IDAE) propone centrarse primero en los edificios que más derrochan: aquellos en los que aseguran que se puede reducir un 40% las emisiones de CO2 en un proyecto con un periodo de retorno a 7 años. Se trata de edificios muy antiguos, ministerios, polideportivos, centros educativos, grandes comunidades de vecinos… En total, la asociación estima que en España existen más de 300.000 de estos edificios e instalaciones superderrochadores por los que empezar. El interés ambiental parece evidente, sobre todo, cuando se suman todos los ahorros. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio económico para cada cliente? La percepción de este beneficio resulta también distinto en función de lo que suponga el consumo de energía en los gastos totales: en un hospital puede significar apenas un 0,5% de los costes globales, pero en industrias como las cementeras llegan al 90%. Lo más habitual, según Anese, es que la energía represente entre el 15 y el 25% de los gastos. Así pues, una reducción del 40% en energía, para un 15-25% de los gastos globales, significa un ahorro de cerca del 8% del total. “Hay mucha gente que prefiere seguir pagando más en energía antes que firmar un contrato a 7 años para conseguir un ahorro del 8%”, incide Herrero, que cree que hacen falta otras motivaciones para implicar a más clientes. Estas inversiones tienen otras ventajas añadidas como renovar los equipos y ganar en seguridad. Incluso pueden mejorar la imagen “verde” del cliente. Sin embargo, siendo realistas, son todavía pocos los que valoran los beneficios ambientales de las mejoras en eficiencia. “Hay que conseguir que la gente se interese más por el ahorro”, destaca Herrero, que pone como ejemplo la cesión a los clientes en Italia de los derechos de las emisiones de CO2 recortadas o las ventajas fiscales a las inversiones en eficiencia de EEUU. “Debería haber más presión por parte de la Administración”. ¿Se puede llegar a obligar a un ciudadano a efectuar un proyecto de este tipo para mejorar su eficiencia? Este es un asunto polémico del que se está hablando mucho entre los expertos en rehabilitación de edificios. Paradójicamente, según las empresas de servicios energéticos, la realidad hoy en día en España es que ni siquiera se controla que se cumpla la normativa actualmente vigente. Desde la última renovación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) en 2007, los edificios deberían pasar una “ITV” como la de los automóviles. Sin embargo, Anese denuncia que no se están inspeccionando. “En Madrid estimamos que hay unas 600 comunidades de vecinos que todavía utilizan caldera de carbón, lo que incumple las exigencias en eficiencia, pero nadie les dice nada”, asegura Herrero. En un edificio, un 60% del consumo de energía viene de la climatización y un 15% de la iluminación. El resto se gasta en ascensores y equipos eléctricos. Las auditorías realizadas por estas empresas muestran que un simple control y monitorización del consumo ya supone un gran cambio en eficiencia, algo que, paradójicamente, no resulta nada habitual. Además, se pueden conseguir grandes reducciones del consumo gracias a la tecnología. ¿Cuándo merece más la pena invertir en eficiencia? Si se tiene un sistema de climatización de más de 15 años, si se utilizan combustibles fósiles que no sean gas natural (carbón, gasóleo, propano, butano), si se emplea un sistema eléctrico para calentar agua… “Cuando alguien se esté gastando más de 50.000 euros en energía, ahí hay un proyecto seguro”, recalca el presidente de la asociación. -------------------------------------------------------------------------------- (1) Según el Real Decreto Ley 6/2010, en su artículo 19: “ Se entiende por empresa de servicios energéticos a los efectos de este real decreto-ley aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos".