Comunicado de Prensa de UNESA

Comunicado de Prensa de UNESA ante los cambios en la regulación eléctrica aprobados por el Gobierno

Madrid, 30 de marzo de 2012. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una subida de la tarifa de último recurso (TUR) del 7% y ha recortado en un 13 % la retribución de las redes de distribución eléctrica, al considerar que existe una sobrecapacidad en esta actividad regulada. Las empresas eléctricas agrupadas en UNESA manifiestan lo siguiente:

Antes de la aprobación de estas medidas, la retribución por el uso de las redes eléctricas en España ya era un 10% inferior a la media de la Unión Europea, pese a contar con unos niveles de eficiencia y calidad homologables a los de los países de nuestro entorno.
Ante este relevante cambio regulatorio, las empresas de UNESA adaptarán su estructura y sus inversiones al nuevo modelo y se esforzarán por ofrecer, a pesar de todo, el mejor servicio de suministro eléctrico posible en este nuevo contexto. UNESA quiere recordar que la distribución de electricidad:

• Hace poco más de un año el Ministerio fijó la retribución a la distribución según el modelo elaborado y aprobado por unanimidad por la CNE.
• Es una actividad anticíclica, de inversión intensiva y especialmente necesaria, por tanto, en una coyuntura de dificultad económica como la actual.
• Utiliza masivamente tecnología nacional adquirida a suministradores españoles, ejerciendo un importante efecto tractor sobre cientos de pequeñas y medianas empresas.
• Es una actividad altamente generadora de empleo, de la que dependen 14.000 puestos de trabajo directos y 68.000 indirectos.
• No compartimos la opinión de que exista un exceso, sino más bien un trabajo continuo para mejorar la accesibilidad y la calidad de la red

 El Gobierno ha decidido, además, recortar la cuantía destinada a los llamados pagos por capacidad. Entendemos que si se ha aprobado esta disminución en la retribución es debido a que el Gobierno considera que existe un exceso de capacidad para atender el vacío que dejan las renovables cuando no están disponibles (falta de sol o viento). De esta manera se entiende que habrá que ir adaptando la capacidad a las nuevas condiciones, es decir el número de centrales disponibles, ahora afectadas y que son más baratas, aunque siempre se procurará que no afecte a la garantía del suministro de los consumidores.
También se han visto afectados, al ser reducidas en un 10 por ciento, los pagos por las restricciones por garantía de suministro que facilitan el consumo de carbón autóctono, fuente esencial para la seguridad de suministro y de uso de fuentes de energía autóctonas.
Por otro lado, la subida de las tarifas en un 7% ha sido aprobada tras haberse registrado un descenso del 7% en los precios de mercado eléctrico suministrado por las empresas agrupadas en UNESA, de acuerdo con la subasta CESUR celebrada el pasado 21 de marzo. Los precios de este mercado (el “pool”), en cualquier caso, ya eran un 10% inferiores a los de los principales mercados europeos, gracias a la competitividad del parque español de generación eléctrica tradicional.
Esto significa un aumento del 21 por ciento en los peajes, que obedece a la necesidad de atajar el déficit tarifario, generado principalmente por las elevadas primas recibidas por las instalaciones renovables menos maduras, en particular las solares, tanto fotovoltaicas como termosolares. El Gobierno se ha comprometido a acabar con la generación de dicho déficit a partir de 2013.
Sólo el 22,7 por ciento de lo que pagan los consumidores a través del recibo de electricidad se destina a pagar el coste de la generación de energía y el precio se fija en subastas periódicas. En la última, el precio de la energía ha bajado un 7 por ciento, por lo que las compañías generadoras (excepto las renovables) ingresarán, a partir del 1 de abril, un 7 por ciento menos.
En definitiva, las compañías eléctricas agrupadas en UNESA ven recortada la retribución al uso de las redes en un 13%, sufren un recorte en los pagos por capacidad de un 11 por ciento y ven afectados los pagos por garantía de suministro en otro 10 por ciento. A los consumidores, por su parte, se les incrementa la factura en un 7% para reducir el déficit de tarifa o, lo que es lo mismo, para que por ahora las tecnologías menos eficientes sigan disfrutando de una rentabilidad privilegiada y de consumo obligatorio, mientras los más eficientes se ven obligados a parar.
A día de hoy el grueso del esfuerzo para reducir el déficit de tarifa recae únicamente en los consumidores y las compañías eléctricas de UNESA.