El fraude y las pérdidas en las redes eléctricas cuestan 150 millones al año

 

El fraude al sistema eléctrico -manipulación de contadores, enganches directos a la red y otras prácticas- se ha incrementado sensiblemente desde el año 2012. Tanto, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habla de "profesionalización" del mismo en el reciente Informe sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico. Según sus cálculos, entre las estafas y las pérdidas de las redes eléctricas, la factura extra que soportan los consumidores ronda los 150 millones de euros al año.

Ese capital se obtiene a partir del desfase existente entre la generación y la demanda de los consumidores. Analizando su evolución desde diciembre de 2007, se aprecia con nitidez cómo va aumentando a partir de 2012 hasta sumar 5.000 GWh en el interanual de marzo de 2014, equivalentes a 150 millones anuales, valorando la energía a precio de mercado.

La cifra, siendo importante, es muy inferior a la que se venía considerando: una información del diario El País del pasado 6 de agosto, elaborada a partir de los cálculos de las grandes eléctricas, la elevaba a 1.200 millones de euros en 2014, con un consumo de 6.000 a 7.000 GWh.

'Profesionalización' del fraude

"Si bien el fraude en el suministro eléctrico no es un fenómeno reciente -indica el regulador-, en los últimos años se está asistiendo a un aumento de la notoriedad y a una profesionalización del mismo, habiendo proliferado en algunos casos el fraude organizado, incentivado por la ausencia de riesgo económico que supone cometer fraude en la actualidad".

Para atajar la situación, la CNMC plantea un cambio normativo de calado. De un modo poco habitual, el informe contiene una norma nueva, detalladamente redactada, en cuya elaboración han participado las grandes eléctricas, mediante un grupo de trabajo, así como las comunidades autónomas.

Tras reclamar la armonización del comportamiento de la Administración, pues hay diferencias autonómicas en los procedimientos, la propuesta define los tipos de fraude, diferenciándolos claramente de las anomalías, para aumentar la protección del consumidor.

También plantea la elaboración de planes anuales de verificación del fraude y la creación de verificadores -personal acreditado de las distribuidoras o de Organismos de Control Autorizados-, así como un procedimiento de actuación en caso de fraude, especificando mejor aquellas situaciones que permiten el corte inmediato del suministro.

Igualmente, se adentra en el cálculo y el mecanismo de cobro de las cantidades adeudadas -ahora se cobran seis horas diarias, sanciones aparte-, así como en el procedimiento de reconexión.

Pérdidas en las redes

Al abordar la situación de las pérdidas de energía en las redes, la CNMC entiende que tampoco tienen un tratamiento legal adecuado. Hasta el año 2009 las empresas distribuidoras, las responsables de los tendidos, soportaban su coste sin poder trasladarlo a los consumidores, de modo que tenían un fuerte incentivo para minimizarlas. Pero tras ese año todo cambió, porque se pasó la carga a los comercializadores, que nada pueden hacer para que se reduzcan y que no han tenido mayor problema en volcar su importe sobre los consumidores.

La regulación ha introducido incentivos para que las distribuidores sigan teniendo interés en perder menos energía "si bien, a la vista de la experiencia, se plantean dudas sobre el resultado obtenido", indica la CNMC.

En consecuencia, el regulador propone que las distribuidoras vuelvan a soportar el coste de las pérdidas -sufragarían la diferencia entre las pérdidas reales y unas pérdidas estándar-, aplicando un período transitorio de tres años.

Más protección del consumidor

La CNMC llama la atención sobre la necesidad de que la normativa diferencie los fraudes auténticos de las meras situaciones anómalas, que requieren un tratamiento diferente: "La falta de precisión de dicha normativa ha provocado que las actuaciones de las empresas distribuidoras en lo que se refiere a la refacturación de cantidades defraudadas u objeto de anomalías en los equipos de medida, adolezcan en muchas ocasiones de la transparencia y el rigor necesarios para garantizar los derechos de los consumidores".

FUENTE: El Economista