Reforma paras evitar, "el déficit de tarifa"es el mayor problema que tiene el sector eléctrico español

Tal y como expone la nota, "el déficit de tarifa es el mayor problema que tiene el sector eléctrico español y podría convertirse en un grave problema para la economía española. Supera, a día de hoy, los 25.000 M€ y es necesario ponerle solución. Lo que resulta incomprensible es que dicho déficit, en parte titulizado pero en gran parte financiado por las cinco compañías de Unesa, se ataje con medidas que repercutan negativamente en quienes lo financian, en lugar de en aquellas compañías que lo generan". "El beneficio neto de las integrantes de la asociación en la actividad eléctrica nacional en datos agregados en el ejercicio 2011 fue de 3.063 M€. El recorte a la distribución y pagos por capacidad de unos 800 M€ aplicados en el primer paquete de medidas adoptado por el Gobierno para solucionar el déficit de tarifa supuso una caída del resultado del mismo tenor", recuerda la patronal que preside Eduardo Montes. En caso de aplicarse las medidas aparecidas en prensa estos días, "se produciría una nueva caída de resultados, dejando el beneficio de estas empresas en España a cero. Podría afectar a su viabilidad y hay que tener presente que estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico, que es un servicio esencial y, además, son un motor para la economía española", resalta el comunicado. Estos recortes, junto al anuncio de mayores impuestos a la energía, “han tenido impacto negativo en los mercados, con caídas en la Bolsa de las principales compañías eléctricas”, se quejan los miembros de Unesa. Además, critican que entre las tasas de generación que se han avanzado en la prensa, “resultan especialmente llamativas e injustificadas las previstas para las tecnologías hidráulica y nuclear. Las mismas están basadas en datos erróneos y en la existencia de unos teóricos windfall profits totalmente inexistentes, ya que serían incompatibles con unos precios de energía eléctrica por debajo de la media europea. Las medidas agravan la situación de las tecnologías de generación térmica, en especial los ciclos combinados, que se han visto desplazadas en su funcionamiento por el incremento del régimen especial”. De hecho, lo avanzado por los responsables del Ejecutivo gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (hidráulica, nuclear, carbón y gas), con un 11%, la eólica, con un 19%, la fotovoltaica, con otro 13%, la termosolar y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 €/MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 €/MWh. Así, por vía fiscal, el Gobierno recaudará poco más de 3.700 M€ al año (1.155 M€ por un recargo de 4 céntimos de euro por metro cúbico de gas consumido y 2.553 M€ del segmento eléctrico). Las más perjudicadas serán las centrales nucleares, que tendrán que hacer frente a nuevas cánones e impuestos de 692,3 M€ anuales. Las grandes hidráulicas soportarán 470 M€. Las fotovoltaicas, 523,3 M€, y la eólica, 416,2 M€. Las termosolares, de momento, prácticamente salen ilesas, con 67 M€, aunque a medida que vayan incorporándose al mercado, las tasas que tengan que pagar serán de hasta 200 M€ anuales. Las diferencias aplicadas a las distintas fuentes generadoras de electricidad fueron explicadas ayer por el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, que matizó que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) tampoco tardó en reaccionar ante las nuevos recortes y aseguró en un comunicado que "es el fin del sector. Los profesionales que integran la patronal eólica calculan que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 M€) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que "compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas". “Una tasa del 11% sobre la facturación de las empresas eólicas como la que baraja el Gobierno podría ser el golpe definitivo para el sector”, afirmó ayer Rocío Sicre, presidenta de la AEE. Igual de negro es el escenario que se vislumbra para el sector fotovoltaico. Desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef) estiman que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 M€). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 M€. Cabe recordar que en el primer paquete de medidas de ajuste en el sector de la energía español se incluía la suspensión temporal de los incentivos económicos para las renovables (Real Decreto Ley 1/2012), lo que se estima que en 2012 tenga un efecto de 292 M€. Asimismo, se aplicó un plan de ajuste con medidas por 1.764 millones en abril, en el que se incorporaban recortes a la distribución (688 M€), a los pagos por capacidad (84 M€), al transporte (197 M€), a la garantía de suministro (46 M€), la eliminación del coste del operador del sistema de peajes (20 M€), los ingresos remanentes del Idae (613 M€), de la CNE (60 M€) y la reducción de la interrumpiblidad (56 M€). Para los usuarios eléctricos se aprobaron también aumentos de las tarifas que han supuesto ingresos por 1.380 M€ en la revisión de abril y otros 234 M€ con la última subida de los precios de la electricidad en nuestro país. Adicionalmente, la nueva normativa incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social, lo que supone un coste de 170 M€ en 2013 (99 M€ en 2012), después de la sentencia que ganó Iberdrola en el Tribunal Supremo y que obliga al Ejecutivo a tener que cargar en los peajes de acceso eléctricos el coste de estas ayudas sociales. La nueva regulación también implicará cambios en los ingresos de los tributos autonómicos, que el Gobierno ha valorado en 200 M€ y, al mismo tiempo, incrementará los ingresos por progresividad de los peajes en baja tensión en cerca de 280 M€. Además, las medidas contemplan una reducción a la retribución del transporte al no considerar los activos amortizados o inexistentes por 50 M€, que afectarán a Red Eléctrica. Asimismo se recorta la retribución en costes fijos y variables de las centrales de generación en los sistemas insulares, lo que supone cerca de 100 M€, en una medida que asumirá en su práctica totalidad Endesa. Pero no todo son malas noticias para el sector. La reforma energética contempla alargar la vida útil de las centrales nucleares por 10 años, siempre y cuando cumplan los nuevos requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear, decisión con la que se pretende compensar la fuerte tasa a la energía nuclear. Por su parte, el Gobierno alargará en 20 años la concesión administrativa de los distintos grupos hidráulicos, lo que también se valora como una compensación al canon hidráulico. Para concluir, grandes consumidores eléctricos como los integrantes de Unesid, la patronal siderúrgica, también mostraron su malestar y advirtieron ayer al Ministerio de Industria que "si no se toma en serio" promover una bajada de los precios de la energía "habrá cierres de plantas y destrucción de puestos de trabajo" en el sector.