El grueso de los usuarios, 19,9 millones de 27 millones (el 77,3%, según datos de la Comisión Nacional de la Energía, CNE) permanecen en el mercado regulado y pagan las tarifas que revisa el Gobierno cada tres meses.
El Ministerio de Industria, que ha aprobado un paquete fiscal para taponar los 24.000 millones del agujero del déficit tarifario (diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas y lo que ingresan por tarifas) quiere seguir liberalizando el sector y eliminar, como defienden las empresas, un último recuerdo de los precios regulados del franquismo.
En enésima reforma del sector que prepara el Departamento, se reducirá el límite de potencia contratada a partir del cual un usuario estará obligado a contratar por su cuenta con una empresa comercializadora. Desde el año 2009, solo están obligados a contratar por su cuenta los clientes con potencias por encima de los 10 kilovatios (la media de los hogares es de 4,4). Industria, según ha adelantado el ministro José Manuel Soria, quiere ampliar el mercado libre reduciendo —o incluso suprimiendo— el límite de potencia a partir del cual el usuario estará obligado a ir al mercado.
Para Industria, esta reforma tendría un doble beneficio: por un lado, evitará el desgaste que supone subir los precios cada tres meses; por otro, atenderá una vieja demanda de las eléctricas que considera la llamada tarifa de último recurso (TUR) un obstáculo a superar. Lo dice la CNE en su último informe “Para los consumidores, el ahorro anual de pasar de la TUR a la oferta simple más barata disponible a junio de 2012, se encuentra entre 12 o 13 euros al año”. No es ningún estímulo a favor del mercado.
De esta forma, lo que se prepara desde Industria afectará, de una u otra forma a millones de usuarios. Si desaparece la llamada TUR, los afectados están claros: 20 millones. Si se reduce el límite de potencia contratada, el número dependerá de dónde fije Soria el corte entre los 10 kilovatios que establecen la frontera TUR-Mercado hoy y los tres kilovatios que dan derecho a acogerse al llamado bono social.
En el caso de que Industria opte por limitar y no eliminar la TUR habrá que hacer números sobre los afectados. Porque, por increíble que parezca, ni la CNE, ni Industria ni la patronal eléctrica Unesa detallan el número de usuarios según la potencia contratada. Solo se pueden consultar números aproximados en estudios antiguos del órgano regulador o informes de organismos privados como la Cámara de Comercio de Bilbao.
A falta de más detalles, las organizaciones de consumidores, muy críticas con las decisiones que han adoptado en los últimos años tanto el PSOE como el PP, desconfían de ese ensanchamiento del mercado liberalizado que dejaría a los usuarios sin el paraguas de la TUR. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, lo tiene muy claro: no es una medida que, en principio, beneficie al consumidor.
Fuentes de Industria se limitan a señalar, sin más detalles, que la reforma no es inminente y que, en todo caso se trata de profundizar en la liberalización del mercado en busca, siempre, de la mayor competencia y el beneficio de los usuarios.
Escéptico, un antiguo consejero de la CNE considera que, efectivamente, habría que eliminar la tarifa, entre otras cosas por inflacionista, pero adoptando un sistema alejado de lo que quieren las empresas y basado en precios reales del mercado salidos del ordenador.
Más duros los defensores de las energías renovables, consideran que Industria está adoptando medidas que favorecen a las empresas, basadas todas ellas en la ampliación del negocio y de la facturación. El presidente de la Fundación renovables, Javier García Breva definió en unas jornadas organizadas por el PSOE en el Congreso la economía que rige en el sector energético como “economía vudú”.
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