EL TRIBUNAL SUPREMO TRAMITA MÁS DE 50 RECURSOS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA

EL TRIBUNAL SUPREMO TRAMITA MÁS DE 50 RECURSOS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA
  
 El Tribunal Supremo ha cursado en tan solo un día más de 30 recursos contra el Gobierno, todos ellos interpuestos por los responsables de las compañías eléctricas, gasistas, renovables, petroleras, patronales, ayuntamientos y fundaciones afectadas por las medidas normativas en materia de energía puestas en marcha en los últimos años para corregir el déficit de tarifa.

Los recursos alzados recientemente persiguen que se revoque o se paralice la regulación del sector energético, pero, en realidad, los asuntos abiertos superan con creces la treintena y, según los datos recogidos por el Boletín Oficial del Estado, se acercan a los 50 en los últimos meses.

Así las cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se enfrenta a una difícil situación, con el bloque de «utilities» y demás empresas de distintos sectores muy descontentas porque desde el Gobierno no se iniciara un proceso de negociación para aprobar los cambios normativos.

Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifas para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa. En esta revisión, la factura eléctrica se encareció un 7% y la del gas lo hizo un 5%, incrementos que fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, porque al mismo tiempo se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.
Las subidas en la factura de electricidad se aprobaron después de que el mismo Tribunal Supremo sentenciara que las congelaciones de la tarifa decretadas por el Gobierno no procedían, por lo que ordenó a las eléctricas a que desde agosto hasta diciembre de 2012 refacturaran las cantidades correspondientes a todos los usuarios. La decisión de congelar la tarifa de principios de 2012 fue precisamente la primera medida adoptada por Soria en su mandato como ministro de Industria, Energía y Turismo y consistió en la convalidación de la orden elaborada por su predecesor al frente del Minetur, Miguel Sebastián. Dicha decisión fue muy mal recibida por las «utilities», ya que también se mantenían por ley los objetivos de reducción del déficit de tarifa.
Otro de los frentes que el Ejecutivo tiene abierto tiene su origen en el mes de marzo pasado, cuando se anunciaron varias reformas para contener el déficit tarifario del sistema gasista y que han sido recurridas por la comercializadora de ladrillos Tabicesa por el encarecimiento de su factura energética y han sido admitidas a trámite.

Recursos por la normativa del carbón y las exploraciones petrolíferas
Muchos han sido los cambios efectuados por el Minetur en materia energética en los últimos meses, sin embargo, también se han respetado aspectos que ya iban cargados de polémica, como el mecanismo de restricciones por el que se obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional para mantener esta industria. Este decreto, nacido del Gobierno Zapatero en 2009, se desarrolló compensando también a las centrales desplazadas por esta obligatoriedad a través de los pagos por capacidad. Pero la medida era rechazada por Bruselas al considerarse ayudas de Estado, con lo que el Ejecutivo, tras unos meses de suspensión, corrigió estos escollos a través de un Real Decreto en octubre de 2010. Pero la eliminación de la compensación no gustó ni a las térmicas de carbón importado ni a los ciclos combinados. Así, la modificación ha sido recurrida por la filial de Energía del Grupo Villar Mir y la Xunta de Galicia, entre otros.

Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, así como la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han llevado al alto tribunal los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace eléctrico de la Península con Baleares. Y Endesa ha recurrido la orden por la que se establece el mecanismo de reconocimiento del precio del gas a los ciclos combinados de este archipiélago. La eléctrica denuncia que en lugar de introducir un índice de precio internacional, como se hace con otros combustibles, se abonan según datos de aduana, a posteriori, con lo que no se puede gestionar el riesgo de precio y el reconocimiento del coste es insuficiente.

Y la autorización a Repsol para que realice exploraciones petrolíferas en aguas de Canarias también ha levantado ampollas. El Gobierno autonómico y distintas asociaciones ecologistas han mostrado su oposición total, y la Fundación César Manrique ha presentado un recurso contra estos trabajos aprobados el pasado 16 de marzo, al igual que el Cabildo de Lanzarote.
Por otro lado, varias compañías también han recurrido el peaje a la generación de 0,5 euros por megavatio hora con el que se pretendía ingresar una media de 150 millones de euros en tres años.

Las eléctricas piden que las renovables también soporten el déficit ex ante
Pero la batalla que más fuertemente se está librando en los últimos tiempos es contra las medidas del Gobierno para frenar el déficit tarifario. Así, Endesa e Iberdrola han solicitado en el Tribunal Supremo que las renovables también soporten en sus balances este desfase eléctrico, amparándose en que en los últimos años han ganado posiciones en generación.

Pero desde los servicios jurídicos del Gobierno se está intentando bloquear en la medida de lo posible la vía legal mediante la aprobación reales decretos leyes, que solo pueden ser recurridos por ciertas instituciones como comunidades autónomas o el Defensor del Pueblo. Así, las eléctricas únicamente pueden recurrir la aplicación de los recortes una vez que se hayan cerrado las liquidaciones definitivas de 2013 por parte de la Comisión Nacional de Energía, algo que no ocurrirá hasta marzo de 2014.

Otro asunto relacionado con la engorrosa deuda tarifaria es el RDL que vio la luz verde el pasado diciembre sobre los Empleados de Hogar y que eliminó los objetivos de supresión de la deuda acumulada del sistema eléctrico. Ante este cambio, cabe recordar que el Supremo tumbó las congelaciones tarifarias amparándose en que había un objetivo marcado por ley de acabar con el desfase tarifario; pero con la eliminación de este límite, el Gobierno consigue que las eléctricas no puedan recurrir las revisiones de la tarifa eléctrica y tengan que buscar otras vías para lograr sus propósitos.



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