Fuente: El País Rafael Méndez
Hay una partida que parece a salvo de los recortes: la destinada a importar petróleo y gas. En los 11 primeros meses del año, el dinero que España dedica a comprar combustibles subió más de un 13%, según el último balance del Ministerio de Economía. El déficit energético ronda los 45.000 millones de euros al año, 5.000 millones más que en 2011 y en los niveles del máximo de 2008. Aunque España importe menos cantidad por la crisis, el precio es más caro. Los datos contrastan con la política de Industria, que el miércoles pasado anuló convenios con las comunidades para planes renove (electrodomésticos, calderas, edificios...); lleva retraso en la adopción de normas europeas de ahorro, e intentó vetar en la UE la nueva directiva de eficiencia —a lo que hay que sumar el cierre de la nuclear de Garoña—. El sistema eléctrico español está diseñado de forma que penaliza la caída de la demanda porque hace más difícil reducir el déficit de tarifa acumulado, de 29.000 millones. Industria niega que haya eliminado todas las políticas de ahorro.
Un funcionario europeo explicaba hace años la obsesión de la UE por el ahorro de energía: “Cuando un europeo sube la calefacción o el aire acondicionado, vemos un chorro de dinero que viaja desde Europa a Rusia, Argelia y el Golfo. Si conseguimos que cambie las ventanas para ahorrar energía reduciremos ese flujo y crearemos empleo”.
España, cuya dependencia del exterior es del 75,6% (datos de 2011 del Ministerio de Industria), sin apenas petróleo ni gas, apostó en la legislatura pasada por el ahorro. Quizá de forma incluso pintoresca, Miguel Sebastián fue al Congreso sin corbata, regaló bombillas de bajo consumo y redujo a 110 la velocidad máxima en las autovías. Además, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) invirtió cientos de millones en proyectos de ahorro y eficiencia. Centros comerciales, empresas y particulares recibieron dinero público para cambiar equipos por otros más eficientes e instalar aislamientos térmicos. La intensidad energética (que mide la relación entre el PIB y el consumo de energía) comenzó a bajar en 2004 y lo hizo de forma más pronunciada con la crisis.
El cambio de Gobierno trajo un volantazo en la política energética. El director del IDAE, Fidel Pérez, procedente de FAES (la fundación de estudios del PP), arrancó hace un año en el instituto con un alegato al personal reprochándole su connivencia con la política de renovables del PSOE, según fuentes del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya anunció en marzo pasado que los 613 millones que el IDAE tenía en caja irían a reducir el déficit de tarifa (lo que deben los consumidores a las eléctricas por los costes legalmente reconocidos a estas).
En 2011, Industria destinó 75 millones de euros para ahorro que tenía el IDAE al primer plan PIVE de compra de vehículos. El jueves pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó la anulación de las convocatorias para renovar semáforos (30 millones de euros), renovar edificios públicos (44,2 millones), proyectos singulares (120 millones) y de renovación de alumbrado (7 millones). En total, 200 millones menos.
A eso hay que sumar que el consejo de administración del IDAE acordó el pasado miércoles anular programas de renovación que cofinanciaba con las comunidades autónomas, según fuentes próximas al organismo. Una portavoz de Industria afirmó el viernes que aun así el ministerio mantiene políticas de ahorro.
Fuentes conocedoras del IDAE explican que los 150 millones con los que se cofinanciaban esos proyectos con las comunidades (para calderas, ventanas, electrodomésticos...) irán al plan PIVE 2, de renovación de vehículos y dotado con 150 millones. Aunque oficialmente es programa de venta de coches limpios, el sistema de convocatoria hace que se venda un perfil de automóvil similar a antes de que entrara en vigor. En los primeros tres meses del primer plan, se acogieron a él un 50% más de coches clase B (en eficiencia) que A. El PIVE ha sido, según el sector, clave para fomentar la venta de coches. IDAE estimó que el primer PIVE ahorraría el equivalente a 166.000 barriles de petróleo, un ahorro de 16 millones al año.
No son solo los planes renove. España no ha traspuesto aún la directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Luxemburgo porque debía estar en vigor en 2007. El decreto lleva meses listo, pero tradicionalmente Economía se oponía a esta medida. Lo veía como una carga más para el deprimido mercado inmobiliario.
Sí hay un decreto de 2007 que obliga a informar del consumo de energía de los edificios nuevos, pero según Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, no se cumple por falta de desarrollo autonómico: “La eficiencia energética no es ninguna prioridad para el Gobierno. Su única preocupación es el déficit de tarifa”.
Además, el decreto que debe regular el balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones sin prima sigue paralizado. Industria teme que ampare una nueva burbuja solar y busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y el tamaño de las instalaciones, según fuentes del sector.
En octubre, España votó en contra de la nueva directiva de eficiencia en edificios. Industria alegó, según un documento interno, que en 2010 ya había alcanzado el objetivo para 2016 de reducir un 9% el consumo y que el nuevo texto imponía “una carga desproporcionada sobre algunos países”. Según la postura de Madrid, el sistema de cálculo “penaliza a España” al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014. Además, alegaba que la obligación de renovar edificios públicos “pondría presión adicional sobre el presupuesto público”.
Aunque el ahorro de energía puede tener sentido sobre el papel, da resultados a medio y largo plazo (se tarda en recuperar las inversiones). Además, en España la acusada caída de la demanda por la crisis ha revelado una perversidad del sistema eléctrico. Tras invertir en ahorro, cuando ha descendido el consumo eléctrico por la crisis se ha visto que es más difícil pagar el déficit de tarifa, porque los costes regulados del sistema (la mitad de la factura) hay que repartirlos entre menos consumidores y genera subidas del recibo. Ese es un discurso recurrente de Soria. El ministro sí apela a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende las prospecciones de petróleo frente a Canarias o la búsqueda de gas no convencional.
España, cuya dependencia del exterior es del 75,6% (datos de 2011 del Ministerio de Industria), sin apenas petróleo ni gas, apostó en la legislatura pasada por el ahorro. Quizá de forma incluso pintoresca, Miguel Sebastián fue al Congreso sin corbata, regaló bombillas de bajo consumo y redujo a 110 la velocidad máxima en las autovías. Además, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) invirtió cientos de millones en proyectos de ahorro y eficiencia. Centros comerciales, empresas y particulares recibieron dinero público para cambiar equipos por otros más eficientes e instalar aislamientos térmicos. La intensidad energética (que mide la relación entre el PIB y el consumo de energía) comenzó a bajar en 2004 y lo hizo de forma más pronunciada con la crisis.
El cambio de Gobierno trajo un volantazo en la política energética. El director del IDAE, Fidel Pérez, procedente de FAES (la fundación de estudios del PP), arrancó hace un año en el instituto con un alegato al personal reprochándole su connivencia con la política de renovables del PSOE, según fuentes del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya anunció en marzo pasado que los 613 millones que el IDAE tenía en caja irían a reducir el déficit de tarifa (lo que deben los consumidores a las eléctricas por los costes legalmente reconocidos a estas).
En 2011, Industria destinó 75 millones de euros para ahorro que tenía el IDAE al primer plan PIVE de compra de vehículos. El jueves pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó la anulación de las convocatorias para renovar semáforos (30 millones de euros), renovar edificios públicos (44,2 millones), proyectos singulares (120 millones) y de renovación de alumbrado (7 millones). En total, 200 millones menos.
A eso hay que sumar que el consejo de administración del IDAE acordó el pasado miércoles anular programas de renovación que cofinanciaba con las comunidades autónomas, según fuentes próximas al organismo. Una portavoz de Industria afirmó el viernes que aun así el ministerio mantiene políticas de ahorro.
Fuentes conocedoras del IDAE explican que los 150 millones con los que se cofinanciaban esos proyectos con las comunidades (para calderas, ventanas, electrodomésticos...) irán al plan PIVE 2, de renovación de vehículos y dotado con 150 millones. Aunque oficialmente es programa de venta de coches limpios, el sistema de convocatoria hace que se venda un perfil de automóvil similar a antes de que entrara en vigor. En los primeros tres meses del primer plan, se acogieron a él un 50% más de coches clase B (en eficiencia) que A. El PIVE ha sido, según el sector, clave para fomentar la venta de coches. IDAE estimó que el primer PIVE ahorraría el equivalente a 166.000 barriles de petróleo, un ahorro de 16 millones al año.
No son solo los planes renove. España no ha traspuesto aún la directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Luxemburgo porque debía estar en vigor en 2007. El decreto lleva meses listo, pero tradicionalmente Economía se oponía a esta medida. Lo veía como una carga más para el deprimido mercado inmobiliario.
Sí hay un decreto de 2007 que obliga a informar del consumo de energía de los edificios nuevos, pero según Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, no se cumple por falta de desarrollo autonómico: “La eficiencia energética no es ninguna prioridad para el Gobierno. Su única preocupación es el déficit de tarifa”.
Además, el decreto que debe regular el balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones sin prima sigue paralizado. Industria teme que ampare una nueva burbuja solar y busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y el tamaño de las instalaciones, según fuentes del sector.
En octubre, España votó en contra de la nueva directiva de eficiencia en edificios. Industria alegó, según un documento interno, que en 2010 ya había alcanzado el objetivo para 2016 de reducir un 9% el consumo y que el nuevo texto imponía “una carga desproporcionada sobre algunos países”. Según la postura de Madrid, el sistema de cálculo “penaliza a España” al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014. Además, alegaba que la obligación de renovar edificios públicos “pondría presión adicional sobre el presupuesto público”.
Aunque el ahorro de energía puede tener sentido sobre el papel, da resultados a medio y largo plazo (se tarda en recuperar las inversiones). Además, en España la acusada caída de la demanda por la crisis ha revelado una perversidad del sistema eléctrico. Tras invertir en ahorro, cuando ha descendido el consumo eléctrico por la crisis se ha visto que es más difícil pagar el déficit de tarifa, porque los costes regulados del sistema (la mitad de la factura) hay que repartirlos entre menos consumidores y genera subidas del recibo. Ese es un discurso recurrente de Soria. El ministro sí apela a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende las prospecciones de petróleo frente a Canarias o la búsqueda de gas no convencional.
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