Despues del consejo de Ministros La luz subirá un 3,2% como parte de la reforma energética

La luz subirá un 3,2% como parte de la reforma energética

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que los peajes eléctricos, que cubren la parte regulada de la tarifa eléctrica, subirán un 6,5%, lo que implicará un encarecimiento del 3,2% en el recibo final de la luz en los próximos días.

   Esta medida se inscribe en la reforma energética aprobada este viernes por el Gobierno, que parte de un escenario en el que la alternativa era "la quiebra del sistema" o subir la luz un 40%, y en la que el Gobierno "no se casa con nadie", indicó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   La reforma permitirá recortar en 4.500 millones el desequilibrio estructural del sistema eléctrico y repartirá su carga sobre consumidores, Presupuestos Generales del Estado (PGE) y empresas del sector.

   De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 2.700 millones restantes procederán de los recortes de costes del sistema, imputables a las empresas.

   Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz "más claro" para que "todos puedan entender la factura", al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "No cambia de concepto", aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.

   La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos "automáticos" en la parte de los ingresos.

EMPRESAS.

   En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.

   Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.

   En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de "bajo riesgo", la nueva retribución será del tipo del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una "rentabilidad razonable" del 6,5%.

   La carga sobre instalaciones del régimen especial y del régimen ordinario se repartirá a partes iguales, mientras que el recorte al pago por capacidad implicará una reducción de 26.000 a 10.000 euros por megavatio (MW), al tiempo que se incrementa de 10 a 20 años el periodo de percepción.

ENTRE LOS MÁS CAROS DE EUROPA.

   Soria explicó que, de no haber tomado medidas el actual Gobierno, el déficit anual sería de 10.500 millones y, de corregirse con subidas del recibo, requeriría incrementos del 42%. Tras las medidas ya adoptadas, la corrección necesaria sería del 19% si todo el peso cayese sobre el consumidor.

   España, explicó, es para los consumidores domésticos el país de Europa con la electricidad más cara, por detrás de los sistemas insulares de Chipre y Malta, mientras que en el caso de los consumidores industriales la luz también se sitúa "más que entre la mayoría de los competidores".

   El recibo medio anual de luz en España ha pasado de 360 euros al año en 2003 a 588 euros anuales en 2011, lo que implica un incremento del 63%, aseguró el ministro, quien calificó de "grave" el problema del sistema eléctrico.

DENUNCIAS DE LOS PRODUCTORES.

   Al ser preguntado acerca de la posibilidad de que los producción de electricidad planteen pleitos y arbitrajes contra los recortes, Soria sostuvo que "están en su derecho", pero consideró que las medidas "traen causa de la doctrina del Tribunal Supremo" y que "el Estado tiene muchos resortes y herramientas para defender su posición".

   Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la reforma energética se adopta con la vocación de que el déficit de tarifa se solucione de forma "definitiva", mediante una fórmula en la que "no se cargue sobre el consumidor" todo el peso de las medidas, sino que se repartan de forma equilibrada.

   La vicepresidenta indicó que, con la reforma, se pondrá "fin" a un déficit de tarifa, que es fruto de la diferencia entre los costes regulados e ingresos de la tarifa eléctrica y que, desde 2005, ha aumentado hasta alcanzar los 26.000 millones de euros.

   "Este es el agujero que nos hemos encontrado en el sector, un agujero que no se ha conseguido paliar pese a que entre 2006 y 2011 la subida de la luz ha sido del 63%", indicó la vicepresidenta, quien añadió que no se cargará en exclusiva sobre el consumidor.

Fuente:Europapress

     

La luz subirá un 3,2% tras la reforma energética

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Antes del Consejo de Ministros LA REFORMA ENERGÉTICA AVANZADA el 11/07/13 POR NADAL AL SECTOR, NUEVO JARRO DE AGUA FRÍA

LAS MEDIDAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA AVANZADAS AYER POR NADAL AL SECTOR, NUEVO JARRO DE AGUA FRÍA

La tarde de ayer estuvo llena de sinsabores para los responsables de las empresas del sector energético. Los directivos de las grandes eléctricas nacionales (Endesa, EDP España, E.ON España, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) y los de las grandes potencias de renovables (Abengoa, Acciona y ACS) fueron convocados por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a una reunión en la que el portavoz del Gobierno les avanzó lo que será aprobado previsiblemente hoy en el Consejo de Ministros en materia de regulación. Aunque Nadal no aportó datos muy detallados de lo que se les viene encima, los afectados coincidieron en concluir que la reforma que persigue dar fin al problemático déficit de tarifa fracasará, ya que el Ministerio de Hacienda no ha dado su brazo a torcer y no aceptará incluir entre las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el desfase previsto para la conclusión de este ejercicio (de alrededor de 2000 millones de euros).

Es más, según fuentes empresariales, en el encuentro de ayer se adelantó que ni siquiera los PGE de 2014 asumirán la partida que les corresponde por ley correspondiente a los extracostes de los sistemas eléctricos de las islas y que asciende a 1800 millones de euros. En este sentido, parece que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaría dispuesto a aceptar que las cuentas públicas sufraguen, como mucho, unos 900 millones de euros.

A partir de este planteamiento, se prevé que el tijeretazo a las actividades reguladas será mucho mayor de lo esperado y que podría traducirse en un recorte a la distribución de hasta el 20 %. Asimismo, dado que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dejado claro en varias ocasiones que los cambios normativos se llevarán a cabo mediante el respeto a la rentabilidad razonable de los activos, ha decidido mantener una tasa de retorno de la inversión del 7,5 % para las energías del régimen especial y del 6,6 % para el resto de las infraestructuras tradicionales, una diferencia entre ellas de 100 puntos básicos que no se justifica, según las grandes eléctricas. Una «clara discriminación», señalan, que responde también a la decisión de Hacienda de que el recorte sea menor para las energías verdes.

Nuevo sistema de retribución para el régimen especial
Por su parte, los empresarios de las grandes compañías del sector renovable español interpretan de manera muy distinta esta decisión del Ejecutivo que les fue comunicada ayer como deferencia «para que no se enteraran por la prensa», según fuentes empresariales. Cabe apuntar que al conocer la convocatoria en el Minetur, los miembros de varias patronales afectadas por la nueva regulación, como la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) y la Asociación de consumidores Facua, trasladaron su profundo malestar por no haber sido citados.

Desde la óptica de las empresas de la industria de las energías “limpias”, lo que Nadal les explicó ayer supone «cambio radical del sistema de primas», ya que el Gobierno ha planteado un sistema de retribución fija a la inversión por megavatio instalado y no a la producción, de tal manera que se pagará una tasa de rentabilidad del 7,5 % a contar desde que la instalación fue montada, por lo que si han recibido una rentabilidad superior hasta ahora se podría dar la paradoja de que los titulares de las plantas deban dinero al sistema.

Los cálculos realizados por Acciona, Abengoa y ACS elevan a 1500 millones de euros el recorte que supondrá esta medida, una cifra similar para las eléctricas tradicionales y para Red Eléctrica de España.

Cierre o hibernación de los ciclos combinados
Otro de los puntos de las modificaciones normativas que serán desveladas seguramente a lo largo de esta misma mañana en el Consejo de Ministros afecta a los ciclos combinados. Así, la reforma incluye la posibilidad de que se cierren o hibernen estas centrales que actualmente y como consecuencia de la intensa caída de la demanda registrada por la crisis económica apenas funcionan al 10 % de su capacidad. Pero se desconoce en qué consistirá la compensación por esta decisión, ni cómo se resolverá el papel de respaldo que tienen las centrales de gas natural para el amplio parque de renovables. Estos aspectos no fueron desvelados por Nadal.

El nuevo paquete reformista
Como ya han anunciado en distintas ocasiones los responsables del Minetur, la nueva reforma energética incluirá un real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema eléctrico, un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y ocho reales decretos —sobre distribución, transporte, autoconsumo, régimen especial, interrumpibilidad, extrapeninsulares, pagos por capacidad e hibernación de los ciclos combinados—, que se remitirán el lunes a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sin siquiera haber pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Esta debía haberse reunido ayer, pero el encuentro fue cancelado.

Así, las nuevas medidas regulatorias serán aprobadas directamente por el Consejo de Ministros de hoy, después de que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diese la orden la semana pasada de que la polémica reforma no se aplazará más allá de hoy.

Esta presión por sacar adelante la reforma quizá haya jugado en contra de la intención de Soria de lograr un acuerdo con Montoro para que Hacienda asumiera una cuantía mayor de los costes eléctricos de la que finalmente sufragará en los PGE. Sin más tiempo de negociación, no ha sido posible reconducir el asunto y la balanza en esta batalla se ha decantado del lado de Hacienda.

Así las cosas, se queda un escenario de mayores recortes para las actividades reguladas y resultará inevitable que se den fuertes subidas de tarifa eléctrica que subsanan los consumidores, ya que el objetivo de la reforma es el de acabar con el déficit de tarifa.




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LA REFORMA ENERGÉTICA IRÁ "CON MUCHA PROBABILIDAD" AL PRÓXIMO CONSEJO DE MINISTROS

SORIA ASEGURA QUE LA REFORMA ENERGÉTICA IRÁ "CON MUCHA PROBABILIDAD" AL PRÓXIMO CONSEJO DE MINISTROS

«Será una reforma que fundamentalmente influirá en los aspectos regulatorios, por lo que afectará al conjunto de actividades reguladas del sector», aseveró el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ante los medios de comunicación antes de su reunión con los representantes de la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur). Las novedades definidas afectarán «al transporte, la distribución, los sistemas insulares y extrapeninsulares, las primas del régimen especial y todo lo que tiene que ver con el componente del coste del sistema», aseguró el titular ministerial.

«Hay que disminuir el déficit de tarifa y el déficit solo puede recortarse mediante el aumento de los ingresos, la disminución del coste o por la combinación de ambas medidas», precisó el portavoz gubernamental.

Estas declaraciones refuerzan los mensajes que el propio ministro y otros dirigentes de su equipo han ido lanzando en distintos foros a lo largo de los últimos meses y que siempre tienen un denominador común: el objetivo prioritario del Minetur es acabar de una vez por todas con el déficit tarifario, desfase que sufre el sistema eléctrico porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos y que supera los 28 000 millones de euros, lo que «puede ser un problema peor que el financiero», explicó Soria recientemente.

A su juicio, «de no ponerle solución, y al ritmo de aumento de 9000 millones anuales, tendríamos un problema más importante que el propio del sistema financiero», insistió el ministro en un encuentro de verano organizado a principios de mes por la Fundación Faes.

Allí mismo subrayó que las medidas en las que trabaja el Gobierno «afectarán a consumidores, administraciones públicas y al conjunto de los operadores», y «serán difíciles», pues «no hay problema complicado que no se pueda afrontar con medidas fáciles», añadió optimista el representante del Ejecutivo.

Según Soria, España tiene «unos costes energéticos más elevados que en otros países, lo que resta competitividad a nuestra industria. Ello se debe al «complejo problema» del déficit de tarifa del sistema eléctrico, «que arranca de viejo». El problema «puede resumirse en que los consumidores, tanto domésticos como industriales, estamos pagando en la factura eléctrica lo que no deberíamos pagar, y además, estamos pagando por algunos conceptos más de lo que deberíamos», incidió Soria.

Por su parte, varias patronales de renovables, entre ellas la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Asociación Nacional de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) y la Unión Nacional Fotovoltaica (Unef) han pedido al Gobierno que con esta reforma «corrija un mercado que se muestra totalmente ineficaz» y no cargue únicamente contra los costes regulados, en los se incluyen las primas a las tecnologías de generación ‘limpias’.

Las asociaciones demandan que se lleve a cabo «una auditoría en profundidad e independiente» de todos los costes que influyen en la factura eléctrica y que las medidas que se planteen no se dirijan solo a los costes regulados —entre los que también se cuentan la retribución al transporte o la distribución eléctrica—, sino sobre el coste de la energía.
Cada una de estas partidas, costes regulados y energía, son las que conforman la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores y cuyos ingresos han resultado insuficientes para cubrir los costes reconocidos al sistema.

EFE.

Sanciones por el incumplimiento de la ley de Calificación Energética

Sanciones de hasta 6.000€ por el incumplimiento de la ley de Calificación Energética.

Desde el pasado 1 de junio de 2013, es obligatorio calificar energéticamente nuestras viviendas y locales en caso de compraventa o alquiler. Ha sido el 27 de junio cuando se ha publicado la ley de rehabilitaciones, regeneraciones y renovaciones urbanas, complementando al Real Decreto 235/2013 que hasta entonces, solamente había revocado las penalizaciones de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de protección de los consumidores y usuarios. Con esta nueva legislación, se han fijado las penalizaciones referentes a la calificación energética, distinguiendo tres grados de sanciones en función del tipo de infracción. Las penalizaciones van desde faltas leves, de entre 300 y 600€ de multa, hasta faltas muy graves de hasta 6.000€; pudiéndose ver ampliadas en casos en los que el beneficio sea superior al importe de las sanciones, imponiéndose un importe “equivalente” al del beneficio así obtenido, teniendo en cuenta el daño producido, el enriquecimiento obtenido, la intencionalidad y la reiteración. Se consideran infracciones leves la presentación del certificado sin incluir la información mínima exigida, la publicidad del edificio sin hacer mención a su calificación energética o la no exhibición de la etiqueta energética en los locales obligatorios. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la metodología de cálculo por parte del técnico certificador, la transacción del local sin la presentación del certificado, o la falsificación de una etiqueta energética son faltas graves, con multas que varían entre 601 y 1.000 euros. Las infracciones muy graves, con multas de 1.001 a 6.000 euros, son, por ejemplo la falsificación en la expedición o en el registro, o la actuación como técnico certificador sin reunir los requisitos exigidos. Grado Penalización (€) Ejemplos de infracciones Leves 300 - 600 Publicidad del edificio sin etiqueta energética. Graves 601 - 1.000 Incumplimiento en la metodología de cálculo. Muy Graves 1.001 - 6.000 Falsificación del certificado. Además, en caso producirse la repetición de una sanción grave en los últimos tres años, ésta será considerada como muy grave. Del mismo modo, serán infracciones graves las leves repetidas en menos de un año. Si se diese el caso de una infracción no definida en la ley 8/2013(disposición adicional tercera)como grave o muy grave, ésta se consideraría como una falta leve. La ley nos expone también, que son los órganos competentes de Comunidades Autónomas serán los encargados de instruir y resolver los expedientes sancionadores. Con esta medida sancionadora, se pretende concienciar a las personas de la importancia de la eficiencia energética en los edificios, agilizando así, el proceso de recuperación y reactivación del sector de la construcción, el gran damnificado por la crisis económica en España. No se debe perder de vista en ningún momento que lo que buscamos con todo esto, es la mejora eficiente, ya que en España, las viviendas originan el 40% de las emisiones de CO2. Por esta razón, en Ipsom apostamos por la calidad y profesionalidad de los técnicos, buscando la reducción en el consumo energético de los edificios. No apostando por la certificación masiva con precios ridículos. Ya que no olvidemos que el problema para el cliente no es pagar 250€ por su certificado energético, sino evitar perder 15.000€ en el valor de su vivienda.  Quedamos a la expectativa de la reacción de los organismos sancionadores, siendo uno de los factores clave para que se haga realidad lo que algunos ya han calificado como “un rayo de luz en medio de la oscuridad”. [Enlazar la ley: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf]

LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA COMO TODO, DE ACUERDO CON LA EDITORIAL TÉC. INDUSTRIAL.

EDITORIAL TÉCNICA INDUSTRIAL.

No cabe duda alguna de que el nuevo Real Decreto 235/2013 nace con las mejores intenciones para fomentar la conciencia social sobre la eficiencia y el ahorro energéticos, tanto en nuestros hogares como en nuestra vida cotidiana. Y esto es especialmente importante en un país como el nuestro que tiene una gran dependencia energética.

Pero una vez más, aunque los fines sean los correctos, se vuelve a errar en el diseño de los medios para conseguirlos, lo que dificultará en gran medida la consecución de objetivos.

Y es que en nuestro país basta con que nos impongan algo para que se despierten nuestros peores instintos. Unos intentarán saltarse la imposición o la cumplirán simplemente para cubrir el expediente; otros verán la oportunidad de enriquecerse de forma rápida al amparo de la legislación. Y estas conductas son precisamente las que está favoreciendo la nueva reglamentación. Al real decreto le falta el rigor que debería tener una normativa de este alcance. No define con precisión los profesionales competentes para la realización de las certificaciones, ni tampoco exige de forma clara la habilitación profesional, lo que en definitiva relaja la seriedad y el rigor de los certificados. Y lo que es también muy preocupante es que fomenta no solo el intrusismo profesional, sino también la competencia desleal entre profesionales, la mala praxis, la indefensión y la pérdida de garantías y seguridad del ciudadano, que a la postre será el gran perjudicado. 

Y digo esto, porque no es entendible que haya ciertas empresas que ofrezcan certificados a 50 euros, otras que los llamen certificados low cost y que utilicen al cliente para que él mismo tome los datos de la vivienda que se va a certificar (¡una auténtica irresponsabilidad profesional!) y aun otras que anuncien ofertas–como en el Carrefour– de 3x2. Todo esto ni es serio ni es profesional. Y solo contribuye a que la ciudadanía se distancie de una medida que en principio es positiva pero que falla en su implantación.

Los colegios profesionales tenemos asignada la misión de defender al ciudadano y de procurar la calidad, la profesionalidad y la seguridad de los trabajos que realizan nuestros colegiados.

Pero también, por supuesto, la de protegerlos ante la competencia desleal y perseguir y sancionar la mala praxis.

La mejor defensa que podemos hacer de los intereses del ciudadano es, precisamente, ofrecerle un correcto asesoramiento junto con la realización de trabajos profesionales que realmente sirvan para el fin previsto. En este caso no es otro que conocer las características energéticas de la vivienda en cuestión y las propuestas, con valoración y periodo de amortización incluidos, de las mejoras necesarias para conseguir ahorro y eficiencia. 

Y en ello vamos a poner todo nuestro empeño. El certificado tiene que resultar útil, porque si no los ciudadanos lo verán solo como un impuesto o una tasa más a la que tenemos que hacer frente. Y, lo que es más preocupante, perderemos una oportunidad única de poner en valor la cultura de la eficiencia energética en el hogar y la concienciación del ciudadano.

Pero para que esto no ocurra se precisa una correcta información, además de determinados incentivos por parte de la Administración.

Esta legislación debería venir acompañada de ventajas para todos aquellos propietarios de viviendas que tengan una alta calificación energética, o que realicen inversiones para mejorar la actual, porque al fin y al cabo esto va en beneficio de todos. No hemos de olvidar que el 40% del consumo total de energía en nuestro país se realiza en las edificaciones, y que disminuir ese consumo conlleva enormes beneficios globales, tanto económicos como medioambientales. Nuestra intención es poner todo el empeño en favorecer el ahorro y la eficiencia energética y en conseguir enderezar este nuevo marco. 

Para ello, desde los colegios y el Cogiti hemos puesto en marcha una plataforma de certificación energética en ella los ciudadanos pueden encontrar profesionales formados, habilitados y con todas las garantías para el correcto ejercicio profesional. Nuestros profesionales colegiados cumplirán, sin duda, con los objetivos que persigue esta nueva reglamentación, realizando de esta forma la labor que la sociedad tiene encomendada a los colegios profesionales.

Además, no hay que olvidar que otro de los grandes objetivos de esta legislación es que para el año 2020 todos los edificios que se construyan tengan un consumo de energía casi nulo.

Este objetivo requiere una enorme apuesta por la innovación y la eficiencia en la construcción, que debería basarse en la aplicación y desarrollo correctos de la normativa durante estos años.

Y todo ello, qué duda cabe, significa un motivo más para la responsabilidad  profesional.

Fuente Ingenieria Técnica.

Presidente del Cogiti

LA ALTERNATIVA A LOS RECORTES ES LA "QUIEBRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO"

NADAL: LA ALTERNATIVA A LOS RECORTES ES LA "QUIEBRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO"

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, avanzó ayer que la reforma eléctrica que ultima el Gobierno se traducirá en «un ajuste equilibrado, que permita una rentabilidad razonable» a las actividades reguladas, que incidirá «estrictamente en lo necesario» y protegerá a los consumidores más vulnerables. La alternativa a esto «es la quiebra del sistema eléctrico», advirtió, y «ningún país permitiría que quebrara su sistema». 

Durante su participación en un curso organizado por la Fundación Faes, el portavoz del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) hizo hincapié en que la reforma que será presentada en breve pretende evitar que se siga generando déficit de tarifa, al que calificó de «monstruosidad» y que representa ya un punto del PIB.

Respecto a si la deuda de tarifa debe ser financiada vía Presupuestos Generales del Estado, explicó que «si el sector público tiene que rescatar al privado, lo pagaremos todos, pues habría que subir los impuestos». «Todos somos contribuyentes y consumidores a la vez», opina Nadal, quien también advirtió de que si se cargase la solución del déficit al consumidor, habría que subir un 35 % los peajes y un 17 % la factura eléctrica final, lo que «barrería la competitividad del país», recalcó.

El Gobierno «quiere hacer lo posible para trasladar mínimamente la subida al consumidor», por lo que «seguirá pidiendo esfuerzos a las empresas« con «medidas razonables que ajusten la retribución dentro del sentido común, según la evolución que tengan los ciclos de la economía».

La reforma en ciernes incluirá un real decreto ley de estabilidad financiera del sector eléctrico que, previsiblemente, entrará en vigor de inmediato, así como un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y varios reales decretos cuya tramitación implicará varios meses. Con toda esta normativa se aspira a eliminar «cuestiones superfluas», es decir, «lo que no sea esencial», aseguró el titular del Minetur. 

Aunque Nadal no concretó cuáles son esas partes «superfluas», desde el sector se refieren a que solo deberían considerarse costes regulados el transporte y la distribución, mientras que el resto —las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear o las extrapeninsulares— deberían pasar a la parte energética o a los presupuestos. 

Por su parte, Nadal incidió en que no se va a permitir introducir nuevos costes en el sistema si no hay una partida equivalente de incremento de gastos o reducción de costes, además de subrayar que la medición de los costes en la orden de peajes no se va a hacer año a año, sino a cinco años vista para comprobar el impacto de las políticas que se toman.

Según afirmó el responsable del Gobierno, en la eliminación de aquello que no es esencial están de acuerdo la Secretaría de Estado de Presupuestos y él, y criticó que en el pasado se metiera «todo en la factura eléctrica», incluidos costes como los extrapeninsulares, y se aprovecharan así de una ley «suficientemente amplia y ambigua» para aprobar partidas «sin ningún tipo de control». Con la reforma, «se regulará lo estrictamente necesario» y se protegerá a los consumidores más vulnerables, sentenció el alto cargo del Minetur.

De no llevarse a cabo todos estos planteamientos, la alternativa para Nadal «es la quiebra del sistema eléctrico», lo que ningún país del mundo permitiría. Al hilo de esto, puso de ejemplo a California, «donde se organizó un caos impresionante» que no tiene cabida aquí. En su opinión, las causas del déficit de tarifa no son muy diferentes a las del resto de desequilibrios de la economía, por lo que «las soluciones tampoco pueden ser muy distintas».

En relación con la oposición prácticamente frontal de los distintos agentes del sector eléctrico a las medidas ya adoptadas y a las que poco a poco han ido avanzando desde el Gobierno, Nadal reconoció que «el pasado existe» y que hay empresas que en su día «realizaron inversiones de buena fe»; pero criticó el desmadre de la instalación de plantas fotovoltaicas: «Si hubiéramos hecho 400 MW en 2007 y 2008, y hubiesen aumentado poco a poco, la factura sería más baja y el impacto menor y no estaríamos hablando de déficit», afirmó. Y también se refirió a que España concentra el 73 % de las plantas termosolares del mundo, al exceso de capacidad instalada (en referencia a la cogeneración) o a otros costes como los pagos por capacidad, la interrumpibilidad del sistema y los costes extrapeninsulares. «Y como esto, veinte mil cosas más», aseveró.

También quiso subrayar que el déficit de tarifa es el más desequilibrado «de partida» de todos los déficit: 13 000 millones de ingresos frente a 23 000 millones de costes, de los cuales, 9000 millones corresponden a las primas del régimen especial.

Para concluir, cabe indicar que el portavoz de la Secretaría de Estado de Energía aseguró que dada la situación actual, con una demanda eléctrica bajando y los costes en aumento, no se levantará «en el corto plazo» la moratoria a la instalación de renovables sin prima. Pero sí garantizó que se efectuará el desbloqueo de la moratoria en las islas, medida que incluirá «incentivos» pero no ayudas. 

CINCODIAS

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECHAZA AUDITAR EL DÉFICIT DE TARIFA ANTES DE LA REFORMA QUE PREPARA EL GOBIERNO

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECHAZA AUDITAR EL DÉFICIT DE TARIFA ANTES DE LA REFORMA QUE PREPARA EL GOBIERNO

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la propuesta formulada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) consistente en auditar el déficit de tarifa antes de que el Gobierno dé a conocer el detalle del último paquete reformista que afectará al sector energético. Asimismo, los miembros de este grupo parlamentario también solicitaban que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se produzca definitivamente el 6 de julio, tal y como está previsto por ley.

Los asistentes a la reunión de la cámara baja votaron este jueves la moción de IU-ICV-CHA, que se derivó de una interpelación al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realizada la semana pasada, con el resultado de un rechazo casi unánime.

El texto, compuesto de una docena de puntos, se votó por separado, y los integrantes del Partido Popular se opusieron a todos ellos, al igual que los miembros de Foro Asturias y de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Por su parte, UPyD rechazó dos de las peticiones y apoyó el resto, mientras que el PNV se abstuvo.

La coalición de izquierdas argumentaba en su texto que es «necesario» acometer una reforma «integral» del sistema eléctrico para atajar el déficit de tarifa desde un punto de vista «regulatorio y no económico» y alejarse por tanto de medidas «estrictamente regulatorias y cortoplacistas». Por ello, defendían que lo primero es realizar una auditoría energética para determinar «las causas reales» del desequilibrio financiero del sistema y revisar así los «conceptos prescindibles» que deben salir de la tarifa por ser innecesarios, entre los que IU-ICV cuenta la interrumpibilidad, los pagos por capacidad o los Costes de Transición a la Competencia.

Cambio en el sistema de retribuciones
A partir de los resultados de este análisis, los defensores de la moción consideraban necesario definir la metodología para calcular las retribuciones a la producción, transporte y distribución, y que se estableciera un mecanismo que consiste en una quita que permita recuperar los 3400 millones de euros que la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoce que se han pagado de más por los Costes de Transición. Por otra parte, los miembros de IU-ICV-CHA también eran partidarios de realizar cambios en el sistema de fijación de precios, que la propia Comisión Europea (CE) califica de «ineficiente y con un nivel de competencia insuficiente». Para lograr un sistema «transparente, equitativo y de fomento de las energías limpias», estimaban que sería necesario revisar las subastas, excluir de estas a las instalaciones ya amortizadas y garantizar una retribución «justa, según el coste de producción efectivo».

Renovables
La reforma del sector eléctrico no será suficiente para resolver los problemas energéticos del país, según exponen desde la Izquierda Plural, que pedía al Gobierno que presente un proyecto de ley de renovables que recoja íntegramente la directiva comunitaria de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta normativa debería recoger un «marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las renovables, facilitando el acceso a las mismas y garantizando el desarrollo a la biomasa».

Además, la formación cree imprescindible que se mantengan las primas del régimen especial «de acuerdo a una rentabilidad razonable y al nivel de inversión» realizado. En línea con esto, también proponía aprobar una planificación energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, de renovables y de ahorro y eficiencia energética.

Asimismo, reclamaban al Estado español más ambición en los objetivos de eficiencia fijados por Europa para 2020 y que se suspenda la moratoria a las renovables, al menos, en los territorios insulares y extrapeninsulares.

Respecto al autoconsumo con balance neto, la Izquierda Plural proponía que los peajes de acceso que se establezcan afecten únicamente a la energía intercambiada en la red, «y no a la energía autoconsumida de manera instantánea». Y también pedían afrontar el problema de la pobreza energética con un precio social para electricidad, gas y butano que tenga en cuenta el número de miembros de la familia, las rentas y la estación del año.

Garoña y 'fracking'
La moción elevada a la cámara baja también incluía una petición para que se garantice el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio, tal y como está previsto por ley, y que no se autorice su renovación.

Además, se reclamaba una moratoria sobre la fractura eléctrica ('fracking') mientras se analiza esta tecnología en una nueva comisión de estudio parlamentaria, y que se prohíba totalmente esta técnica en «zonas sensibles y especialmente en peligro». Por último, solicitaban la derogación del impuesto del 7 % a la producción de energía independientemente de la tecnología, que se aprobó a finales del año pasado, y se pedía al Ejecutivo que «apoye decididamente la propuesta de la CE de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015».


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