EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECHAZA AUDITAR EL DÉFICIT DE TARIFA ANTES DE LA REFORMA QUE PREPARA EL GOBIERNO

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECHAZA AUDITAR EL DÉFICIT DE TARIFA ANTES DE LA REFORMA QUE PREPARA EL GOBIERNO

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la propuesta formulada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) consistente en auditar el déficit de tarifa antes de que el Gobierno dé a conocer el detalle del último paquete reformista que afectará al sector energético. Asimismo, los miembros de este grupo parlamentario también solicitaban que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se produzca definitivamente el 6 de julio, tal y como está previsto por ley.

Los asistentes a la reunión de la cámara baja votaron este jueves la moción de IU-ICV-CHA, que se derivó de una interpelación al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realizada la semana pasada, con el resultado de un rechazo casi unánime.

El texto, compuesto de una docena de puntos, se votó por separado, y los integrantes del Partido Popular se opusieron a todos ellos, al igual que los miembros de Foro Asturias y de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Por su parte, UPyD rechazó dos de las peticiones y apoyó el resto, mientras que el PNV se abstuvo.

La coalición de izquierdas argumentaba en su texto que es «necesario» acometer una reforma «integral» del sistema eléctrico para atajar el déficit de tarifa desde un punto de vista «regulatorio y no económico» y alejarse por tanto de medidas «estrictamente regulatorias y cortoplacistas». Por ello, defendían que lo primero es realizar una auditoría energética para determinar «las causas reales» del desequilibrio financiero del sistema y revisar así los «conceptos prescindibles» que deben salir de la tarifa por ser innecesarios, entre los que IU-ICV cuenta la interrumpibilidad, los pagos por capacidad o los Costes de Transición a la Competencia.

Cambio en el sistema de retribuciones
A partir de los resultados de este análisis, los defensores de la moción consideraban necesario definir la metodología para calcular las retribuciones a la producción, transporte y distribución, y que se estableciera un mecanismo que consiste en una quita que permita recuperar los 3400 millones de euros que la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoce que se han pagado de más por los Costes de Transición. Por otra parte, los miembros de IU-ICV-CHA también eran partidarios de realizar cambios en el sistema de fijación de precios, que la propia Comisión Europea (CE) califica de «ineficiente y con un nivel de competencia insuficiente». Para lograr un sistema «transparente, equitativo y de fomento de las energías limpias», estimaban que sería necesario revisar las subastas, excluir de estas a las instalaciones ya amortizadas y garantizar una retribución «justa, según el coste de producción efectivo».

Renovables
La reforma del sector eléctrico no será suficiente para resolver los problemas energéticos del país, según exponen desde la Izquierda Plural, que pedía al Gobierno que presente un proyecto de ley de renovables que recoja íntegramente la directiva comunitaria de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta normativa debería recoger un «marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las renovables, facilitando el acceso a las mismas y garantizando el desarrollo a la biomasa».

Además, la formación cree imprescindible que se mantengan las primas del régimen especial «de acuerdo a una rentabilidad razonable y al nivel de inversión» realizado. En línea con esto, también proponía aprobar una planificación energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, de renovables y de ahorro y eficiencia energética.

Asimismo, reclamaban al Estado español más ambición en los objetivos de eficiencia fijados por Europa para 2020 y que se suspenda la moratoria a las renovables, al menos, en los territorios insulares y extrapeninsulares.

Respecto al autoconsumo con balance neto, la Izquierda Plural proponía que los peajes de acceso que se establezcan afecten únicamente a la energía intercambiada en la red, «y no a la energía autoconsumida de manera instantánea». Y también pedían afrontar el problema de la pobreza energética con un precio social para electricidad, gas y butano que tenga en cuenta el número de miembros de la familia, las rentas y la estación del año.

Garoña y 'fracking'
La moción elevada a la cámara baja también incluía una petición para que se garantice el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio, tal y como está previsto por ley, y que no se autorice su renovación.

Además, se reclamaba una moratoria sobre la fractura eléctrica ('fracking') mientras se analiza esta tecnología en una nueva comisión de estudio parlamentaria, y que se prohíba totalmente esta técnica en «zonas sensibles y especialmente en peligro». Por último, solicitaban la derogación del impuesto del 7 % a la producción de energía independientemente de la tecnología, que se aprobó a finales del año pasado, y se pedía al Ejecutivo que «apoye decididamente la propuesta de la CE de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015».


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