LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS BARAJAN RECURRIR LOS RECORTES DE LA RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Los servicios jurídicos de las compañías eléctricas estudian a fondo estos días Real Decreto-ley 13/2012 de 30 de marzo, "por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista". Dicha normativa "considera oportuno realizar una minoración de la retribución percibida por las empresas distribuidoras de energía eléctrica en concepto de gestión comercial, puesto que la mayor parte de las funciones que se retribuyen por este concepto hoy día son realizadas por las empresas comercializadoras". Esto supondrá un importante recorte de la retribución de la distribución que se sufraga en los peajes de acceso, y aunque el Ministerio de Industria calcula el recorte en casi 700 M€, lo cierto es que el RDL no incluye una metodología de cálculo. Por otra parte, al tener rango de ley, el RDL no puede ser recurrido, pero sí los reglamentos que desarrollen su contenido. A buen seguro que el departamento que dirige José Manuel Soria conoce la metodología que cifra la rebaja de la retribución de la actividad de distribución en 700 M€, pero parece lógico pensar que se requieran reglamentos que la sustancien y quizá sean necesarios algunos cambios. La norma, con la que se ha querido compensar la fuerte subida de las tarifas eléctricas (1.570 M€ deben pagar de más los consumidores de aquí a final de año) trata por igual a las cinco grandes eléctricas de Unesa y a las 300 pequeñas distribuidoras que coexisten también en España. En algunos casos, según fuentes de su patronal, CIDE, verán recortados sus ingresos a la mitad. Precisamente estas compañías recibieron un trato "desigual" cuando, con la creación del sistema de suministro de último recurso en 2009, se les dejó sin cartera de clientes y se quedaron como simples distribuidoras (el argumento es que no tendrían capacidad financiera para comprar energía). Sus clientes (medio millón), pasaron a ser suministrados por las comercializadoras de último recurso de nueva creación, propiedad de las grandes eléctricas. FUENTE: Cinco Días