Subidas tarifa (nota prensa)

Consejo de Ministros
El Gobierno reduce los costes del
sistema eléctrico y limita la subida
de la luz al 7% en abril
 Resoluciones judiciales recientes obligan a cubrir un desajuste en
el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de
euros que, de cargarse únicamente en el consumidor, supondría
subir la tarifa de la luz más de un 30%.
 El Gobierno ha optado por repartir este ajuste entre
consumidores, empresas y administración. Se aumentarán los
ingresos del sistema en el entorno de 1.400 millones de euros
mediante una subida de tarifas moderada y se reducirán los
costes del sistema en unos 1.700 millones.
 El Gobierno también ajustará ingresos y gastos del sistema
gasista para evitar el crecimiento de un déficit de tarifa en este
sector. Para ello, subirá la tarifa doméstica del gas una media del
5% y recortará costes.
 Estas medidas son un primer paso en la reforma profunda en la
que trabaja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
busca la sostenibilidad económica de nuestro sistema energético.
30.03.12. El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los
desequilibrios del sistema energético español con la aprobación de un
paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste que
existen entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista y
repartir este desajuste entre consumidores, administraciones públicas y
empresas.
Nota de prensa
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Así, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los
costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones y,
paralelamente, aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los
ingresos del sistema en unos 1.400 millones. Para los consumidores
domésticos supondrá un alza media del 7%.
Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a
unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las
compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema
eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste
se produjo porque se adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para
cubrir todos los costes del sistema al tiempo que se encarecieron dichos
costes.
El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el
consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de más de
un 30%.
Las medidas de ajuste aprobadas hoy buscan repartir este esfuerzo entre
los consumidores, el sector público y el sector privado y se sitúan en
línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está
trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas para
recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista de manera que se
racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean
suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas,
teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio
2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.
Subida de tarifas
La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7%. Esta
decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores,
PYMES, y sectores industrial medio y gran industrial supondrá unos
ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.
Recorte de costes
La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del
sistema, afectando a la distribución, el transporte, los pagos por
capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional
de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado
por la aplicación de estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.
Distribución
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Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta
a una retribución aprobada por Gobierno, lo que permitirá una reducción
de costes de unos 700 millones de euros. Se retribuye, entre otras
cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las
instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la
atención al cliente.
Pagos por capacidad
Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus
servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo. Se incluyen
dos tipos de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y
la disponibilidad de generación a medio plazo.
En el actual contexto de reducción de costes del sistema, el Gobierno
considera posible una reducción en esta retribución de unos 80 millones
de euros.
Financiación del Operador del Sistema Eléctrico
La financiación del Operador del Sistema Eléctrico, que va con cargo a
tarifa y asciende a unos 20 millones de euros, se realizará con cargo a
los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a como se
financia el Operador del Mercado OMIE. La metodología será fijada por el
Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.
CNE e IDAE
Para la reducción de costes del sistema, se emplearán unos 60 millones
de euros remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de
la Energía y unos 600 millones remanentes del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), según estimaciones.
Interrumpibilidad
El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la
potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de
interrumpilibidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y
por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y
del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución en unos 60
millones de euros.
Restricciones por garantía de suministro
El RD de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión
de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del
esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán
las subvenciones para esta partida en alrededor de 50 millones de euros.
Transporte
La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una
retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones
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la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento
de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes, se
modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones
realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011,
que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013.
Sector del gas
El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que
equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de
desequilibrios como los registrados en el sector eléctrico.
Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los
últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado
insuficiente para satisfacer los costes. Al igual que en este sector, el
Gobierno ha optado por repartir el desajuste existente aumentando los
ingresos y reduciendo los costes.
Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5% en lugar
del 13,3% que debería haber subido de no aplicar recorte de costes.
Entre las medidas de reducción de costes cabe destacar la suspensión
de nuevas plantas de regasificación en la Península, la suspensión de la
autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación
en la retribución de los almacenamientos subterráneos.
Trasposición de directivas
El RD-L también incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los contenidos
de directivas europeas en materia de energía y telecomunicaciones con
plazo de incorporación vencido.
Energía
Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad. Se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, nuevos
preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de
suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes
opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza
el papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la
creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y
funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada,
y fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades
reguladoras.
Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el
sector eléctrico, contemplando, entre otros, el acceso de los
consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados los costes
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del servicio, así como a la información relativa a las vía de solución de
conflictos. Se dispone asimismo que los Estados miembros deben definir
el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su
suministro de energía eléctrica, y se hace referencia a la pobreza
energética.
Directiva 2009/073/CE sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el concepto
de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el
propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de
cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro. Se
profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la
efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores
e introduce la referencia al consumidor vulnerable.
Directiva 2009/028/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables. Su transposición ya se había realizado, casi
íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras
disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la
Administración General del Estado para la puesta en marcha de
mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los
compromisos de penetración de energías renovables contemplados en la
Directiva.
Telecomunicaciones
Directivas 2009/136/CE, 2009/140/CE y 2002/20/CE, relativas al
establecimiento de un marco regulador común de las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas, el acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, su interconexión, la
autorización de redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
Con la transposición de estas dos Directivas se finalizará la incorporación
a nuestro ordenamiento jurídico del nuevo marco regulador europeo en
materia de comunicaciones electrónicas. Las modificaciones persiguen
crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el
despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios
innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de
los ciudadanos. Asimismo se introducen importantes novedades en
relación a los derechos de los operadores, y en materia de protección de
datos, se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores niveles de
seguridad.