EL TRIBUNAL SUPREMO TRAMITA MÁS DE 50 RECURSOS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA
El Tribunal Supremo ha cursado en tan solo un día más de 30 recursos contra el Gobierno, todos ellos interpuestos por los responsables de las compañías eléctricas, gasistas, renovables, petroleras, patronales, ayuntamientos y fundaciones afectadas por las medidas normativas en materia de energía puestas en marcha en los últimos años para corregir el déficit de tarifa.
Los recursos alzados recientemente persiguen que se revoque o se paralice la regulación del sector energético, pero, en realidad, los asuntos abiertos superan con creces la treintena y, según los datos recogidos por el Boletín Oficial del Estado, se acercan a los 50 en los últimos meses.
Así las cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se enfrenta a una difícil situación, con el bloque de «utilities» y demás empresas de distintos sectores muy descontentas porque desde el Gobierno no se iniciara un proceso de negociación para aprobar los cambios normativos.
Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifas para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa. En esta revisión, la factura eléctrica se encareció un 7% y la del gas lo hizo un 5%, incrementos que fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, porque al mismo tiempo se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.
Las subidas en la factura de electricidad se aprobaron después de que el mismo Tribunal Supremo sentenciara que las congelaciones de la tarifa decretadas por el Gobierno no procedían, por lo que ordenó a las eléctricas a que desde agosto hasta diciembre de 2012 refacturaran las cantidades correspondientes a todos los usuarios. La decisión de congelar la tarifa de principios de 2012 fue precisamente la primera medida adoptada por Soria en su mandato como ministro de Industria, Energía y Turismo y consistió en la convalidación de la orden elaborada por su predecesor al frente del Minetur, Miguel Sebastián. Dicha decisión fue muy mal recibida por las «utilities», ya que también se mantenían por ley los objetivos de reducción del déficit de tarifa.
Otro de los frentes que el Ejecutivo tiene abierto tiene su origen en el mes de marzo pasado, cuando se anunciaron varias reformas para contener el déficit tarifario del sistema gasista y que han sido recurridas por la comercializadora de ladrillos Tabicesa por el encarecimiento de su factura energética y han sido admitidas a trámite.
Recursos por la normativa del carbón y las exploraciones petrolíferas
Muchos han sido los cambios efectuados por el Minetur en materia energética en los últimos meses, sin embargo, también se han respetado aspectos que ya iban cargados de polémica, como el mecanismo de restricciones por el que se obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional para mantener esta industria. Este decreto, nacido del Gobierno Zapatero en 2009, se desarrolló compensando también a las centrales desplazadas por esta obligatoriedad a través de los pagos por capacidad. Pero la medida era rechazada por Bruselas al considerarse ayudas de Estado, con lo que el Ejecutivo, tras unos meses de suspensión, corrigió estos escollos a través de un Real Decreto en octubre de 2010. Pero la eliminación de la compensación no gustó ni a las térmicas de carbón importado ni a los ciclos combinados. Así, la modificación ha sido recurrida por la filial de Energía del Grupo Villar Mir y la Xunta de Galicia, entre otros.
Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, así como la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han llevado al alto tribunal los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace eléctrico de la Península con Baleares. Y Endesa ha recurrido la orden por la que se establece el mecanismo de reconocimiento del precio del gas a los ciclos combinados de este archipiélago. La eléctrica denuncia que en lugar de introducir un índice de precio internacional, como se hace con otros combustibles, se abonan según datos de aduana, a posteriori, con lo que no se puede gestionar el riesgo de precio y el reconocimiento del coste es insuficiente.
Y la autorización a Repsol para que realice exploraciones petrolíferas en aguas de Canarias también ha levantado ampollas. El Gobierno autonómico y distintas asociaciones ecologistas han mostrado su oposición total, y la Fundación César Manrique ha presentado un recurso contra estos trabajos aprobados el pasado 16 de marzo, al igual que el Cabildo de Lanzarote.
Por otro lado, varias compañías también han recurrido el peaje a la generación de 0,5 euros por megavatio hora con el que se pretendía ingresar una media de 150 millones de euros en tres años.
Las eléctricas piden que las renovables también soporten el déficit ex ante
Pero la batalla que más fuertemente se está librando en los últimos tiempos es contra las medidas del Gobierno para frenar el déficit tarifario. Así, Endesa e Iberdrola han solicitado en el Tribunal Supremo que las renovables también soporten en sus balances este desfase eléctrico, amparándose en que en los últimos años han ganado posiciones en generación.
Pero desde los servicios jurídicos del Gobierno se está intentando bloquear en la medida de lo posible la vía legal mediante la aprobación reales decretos leyes, que solo pueden ser recurridos por ciertas instituciones como comunidades autónomas o el Defensor del Pueblo. Así, las eléctricas únicamente pueden recurrir la aplicación de los recortes una vez que se hayan cerrado las liquidaciones definitivas de 2013 por parte de la Comisión Nacional de Energía, algo que no ocurrirá hasta marzo de 2014.
Otro asunto relacionado con la engorrosa deuda tarifaria es el RDL que vio la luz verde el pasado diciembre sobre los Empleados de Hogar y que eliminó los objetivos de supresión de la deuda acumulada del sistema eléctrico. Ante este cambio, cabe recordar que el Supremo tumbó las congelaciones tarifarias amparándose en que había un objetivo marcado por ley de acabar con el desfase tarifario; pero con la eliminación de este límite, el Gobierno consigue que las eléctricas no puedan recurrir las revisiones de la tarifa eléctrica y tengan que buscar otras vías para lograr sus propósitos.
www.eleconomista.es
Francisco Albertus Venegas (Ingeniero Técnico Industrial). Noticias y datos de interés del sector eléctrico.
lunes, 25 de febrero de 2013
miércoles, 20 de febrero de 2013
ANPIER PEDIRÁ UNA AUDITORÍA DE COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA CNE
ANPIER PEDIRÁ UNA AUDITORÍA DE COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA CNE
FUENTE: Anpier
Los responsables de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) tienen hoy una cita con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y mañana con el director general de electricidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, reuniones en las que exigirán al Gobierno y al regulador la realización de una auditoría de costes del sistema eléctrico, según han adelantado en un comunicado de prensa.
Asimismo, también tienen pensado solicitar a ambos responsables públicos «un ejercicio de transparencia frente al ciudadano», con el objetivo de dar a conocer «la imagen real» del sector y el método por el que los ciudadanos asumen los costes.
Una de las críticas sobre las que Anpier carga con mayor ahínco sus denuncias es el hecho de que España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, cuyo volumen en términos acumulados alcanza los 30.000 millones de euros.
Esta cifra supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el país tiene un índice de pobreza energética «alarmante», advierten los especialistas de la patronal, ya que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.
«Esta realidad contrasta fuertemente con las elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos, que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual sistema energético», recuerda la asociación sectorial.
Adicionalmente, Anpier también centra sus críticas en un dato: en 2013, cada español abonará 80 euros al sistema eléctrico en concepto de costes «ficticios», al margen de la deuda correspondiente al déficit de tarifa. Dichos costes incluyen desde la moratoria nuclear hasta el servicio de interrumpibilidad y, especialmente, los llamados «windfall profits», que consisten en una sobrerretribución de nuclear e hidráulica provocada por el diseño del mercado mayorista de electricidad.
FUENTE: Anpier
Los responsables de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) tienen hoy una cita con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y mañana con el director general de electricidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, reuniones en las que exigirán al Gobierno y al regulador la realización de una auditoría de costes del sistema eléctrico, según han adelantado en un comunicado de prensa.
Asimismo, también tienen pensado solicitar a ambos responsables públicos «un ejercicio de transparencia frente al ciudadano», con el objetivo de dar a conocer «la imagen real» del sector y el método por el que los ciudadanos asumen los costes.
Una de las críticas sobre las que Anpier carga con mayor ahínco sus denuncias es el hecho de que España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, cuyo volumen en términos acumulados alcanza los 30.000 millones de euros.
Esta cifra supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el país tiene un índice de pobreza energética «alarmante», advierten los especialistas de la patronal, ya que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.
«Esta realidad contrasta fuertemente con las elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos, que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual sistema energético», recuerda la asociación sectorial.
Adicionalmente, Anpier también centra sus críticas en un dato: en 2013, cada español abonará 80 euros al sistema eléctrico en concepto de costes «ficticios», al margen de la deuda correspondiente al déficit de tarifa. Dichos costes incluyen desde la moratoria nuclear hasta el servicio de interrumpibilidad y, especialmente, los llamados «windfall profits», que consisten en una sobrerretribución de nuclear e hidráulica provocada por el diseño del mercado mayorista de electricidad.
EL DÉFICIT TARIFARIO PROVISIONAL ACUMULADO EN 2012 ES UN 15,7% MAYOR AL PREVISTO
EL DÉFICIT TARIFARIO PROVISIONAL ACUMULADO EN 2012 ES UN 15,7% MAYOR AL PREVISTO: ALCANZA LOS 4.282 M€
FUENTE: CNE/EFE/EP
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó ayer en su página de internet el «Informe sobre los resultados de la liquidación provisional número 12 de 2012 y verificaciones practicadas del sector eléctrico», que comprende el periodo de facturación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, y en el que se detalla que el déficit tarifario acumulado ascendió a 4.281,9 millones de euros. Esta cantidad supera en un 15,7% a la prevista en enero, es un 114,8% mayor a la estimada en la revisión de tarifas de abril —cuando se realizó un recorte de costes de 1.700 millones de euros al sector eléctrico— y sobrepasa en un 13,14% la registrada en el mismo periodo de 2011.
Conviene recordar que la ley fijaba que en 2012 el déficit de tarifa no podía superar los 1.500 millones de euros, pero un real decreto ley sobre empleados del hogar aprobado el pasado diciembre eliminó este tope. El propio Gobierno calculó recientemente que el desajuste del año sería de 5.100 millones de euros, una vez sumados 3.601 millones de euros al tope anterior de 1.500 millones de euros, lo que casi triplica ese límite.
Por su parte, el importe destinado a lo largo de los doce meses de 2012 al pago de la prima del régimen especial se elevó a 8.585,8 millones de euros, lo que representa un 22,4% más que el cálculo elaborado a comienzos del ejercicio y está un 18,9% por encima de la cifra correspondiente al ejercicio anterior.
Esta liquidación, que es aún provisional hasta que el regulador complete las catorce que elabora para cada año, muestra un incremento de la deuda eléctrica de 209 millones durante el mes de diciembre y arroja una cifra un 13,4% inferior a los 3.784 millones registrados en el mismo informe de 2011.
Cabe subrayar que el impulso que se ha producido en la deuda ex ante acumulada hasta finales del pasado año ha tenido lugar a pesar de que, hasta diciembre, los ingresos procedentes de las tarifas de acceso costeadas por los consumidores fueron de 13.693 millones de euros, un 15% mayores que los recaudados en los doce meses de 2011, con un consumo por tarifas de acceso de 231.047 GWh, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior.
Una vez descontado el importe correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un diferencial positivo de 4.848 millones de euros, aunque resultó «insuficiente para cubrir los costes de las actividades reguladas, así como de aquellos otros costes que, según la distinta normativa publicada, tienen la misma prelación en su cobro que dichas actividades». Por ello, los expertos de la entidad que preside Alberto Lafuente entienden que es «preciso cubrir la totalidad de los costes regulados con cargo a la financiación del déficit».
No obstante, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 1.389,6 millones de euros para el transporte de electricidad (un 14,81% menos respecto a lo previsto) y 4.323 millones de euros para la distribución (un 12,35% menos).
El sistema de interrumpibilidad en mercado, por el que algunas industrias reciben una retribución por desconectarse cuando el sistema lo necesita y en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 470,5 millones de euros hasta diciembre.
Además, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 1.169 millones de euros.
Por otra parte, la CNE afirmó que el pasado 11 de diciembre de 2012 se procedió a la transferencia a las empresas que financian el déficit de 1.744.137 miles de euros, con cargo a la 27.ª emisión del Fondo de Titulización, con lo que ya se transfirieron a dicho fondo 1.500 millones de euros del déficit de 2012. Con esta partida, la deuda ex ante de 2012 que financiaron dichas empresas se sitúa en 2.781,89 millones de euros.
FUENTE: CNE/EFE/EP
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó ayer en su página de internet el «Informe sobre los resultados de la liquidación provisional número 12 de 2012 y verificaciones practicadas del sector eléctrico», que comprende el periodo de facturación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, y en el que se detalla que el déficit tarifario acumulado ascendió a 4.281,9 millones de euros. Esta cantidad supera en un 15,7% a la prevista en enero, es un 114,8% mayor a la estimada en la revisión de tarifas de abril —cuando se realizó un recorte de costes de 1.700 millones de euros al sector eléctrico— y sobrepasa en un 13,14% la registrada en el mismo periodo de 2011.
Conviene recordar que la ley fijaba que en 2012 el déficit de tarifa no podía superar los 1.500 millones de euros, pero un real decreto ley sobre empleados del hogar aprobado el pasado diciembre eliminó este tope. El propio Gobierno calculó recientemente que el desajuste del año sería de 5.100 millones de euros, una vez sumados 3.601 millones de euros al tope anterior de 1.500 millones de euros, lo que casi triplica ese límite.
Por su parte, el importe destinado a lo largo de los doce meses de 2012 al pago de la prima del régimen especial se elevó a 8.585,8 millones de euros, lo que representa un 22,4% más que el cálculo elaborado a comienzos del ejercicio y está un 18,9% por encima de la cifra correspondiente al ejercicio anterior.
Esta liquidación, que es aún provisional hasta que el regulador complete las catorce que elabora para cada año, muestra un incremento de la deuda eléctrica de 209 millones durante el mes de diciembre y arroja una cifra un 13,4% inferior a los 3.784 millones registrados en el mismo informe de 2011.
Cabe subrayar que el impulso que se ha producido en la deuda ex ante acumulada hasta finales del pasado año ha tenido lugar a pesar de que, hasta diciembre, los ingresos procedentes de las tarifas de acceso costeadas por los consumidores fueron de 13.693 millones de euros, un 15% mayores que los recaudados en los doce meses de 2011, con un consumo por tarifas de acceso de 231.047 GWh, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior.
Una vez descontado el importe correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un diferencial positivo de 4.848 millones de euros, aunque resultó «insuficiente para cubrir los costes de las actividades reguladas, así como de aquellos otros costes que, según la distinta normativa publicada, tienen la misma prelación en su cobro que dichas actividades». Por ello, los expertos de la entidad que preside Alberto Lafuente entienden que es «preciso cubrir la totalidad de los costes regulados con cargo a la financiación del déficit».
No obstante, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 1.389,6 millones de euros para el transporte de electricidad (un 14,81% menos respecto a lo previsto) y 4.323 millones de euros para la distribución (un 12,35% menos).
El sistema de interrumpibilidad en mercado, por el que algunas industrias reciben una retribución por desconectarse cuando el sistema lo necesita y en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 470,5 millones de euros hasta diciembre.
Además, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 1.169 millones de euros.
Por otra parte, la CNE afirmó que el pasado 11 de diciembre de 2012 se procedió a la transferencia a las empresas que financian el déficit de 1.744.137 miles de euros, con cargo a la 27.ª emisión del Fondo de Titulización, con lo que ya se transfirieron a dicho fondo 1.500 millones de euros del déficit de 2012. Con esta partida, la deuda ex ante de 2012 que financiaron dichas empresas se sitúa en 2.781,89 millones de euros.
lunes, 18 de febrero de 2013
16 COMERCIALIZADORAS SE QUEDAN SIN LICENCIA PARA VENDER ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
16 COMERCIALIZADORAS SE QUEDAN SIN LICENCIA PARA VENDER ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
FUENTE: El Economista
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha retirado la licencia de comercialización de energía a un total de dieciséis empresas y valora hacer lo mismo en otros diez casos, según informa «El Economista», diario en el que se hace referencia a que así consta en una resolución presentada el pasado noviembre por el Minetur a la que ha tenido acceso.
Algunos de los grupos afectados son EDF y las filiales del grupo energético italiano Enel, Trade y Produzione. GDF Suez, por su parte, ha fusionado su comercializadora con GDF Suez Energía España, que a 1 de enero tenía licencia tanto para vender gas como para la comercialización de electricidad. Por lo tanto, tras la fusión, toda la cartera de clientes ha pasado a estar controlada por la matriz de la corporación franco-belga.
En esta misma circunstancia están Gas Natural Fenosa y E.ON, que han prescindido de sus respectivas subsidiarias Gas Natural Electricidad y E.ON Generación para centrarse en las compañías que tradicionalmente se dedicaban a esta actividad. Desde GNF explican que esta decisión es consecuencia del hecho de que se ha descartado un proyecto que perseguía la venta directa de electricidad desde sus instalaciones renovables.
Otras de las empresas que han desaparecido del mercado español de venta de energía son Accord Energy Limited (actual Centrica Energy Limited), Constellation Energy Commodities, EDP Comercial –Comercialiçao de Energia-, Utility North, Eosa Energía, Morgan Stanley Capital Group (España) y Viacava-Incós de Energía.
Otros casos son los de Orus Energía, Romero Abreu Hermanos —que dejará de vender su energía en Conil de la Frontera— y Electrourbano, que dejará de operar en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Entre las diez empresas en estudio por parte del equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se encuentran Barclays Bank PLC, BP Gas Market, EnBW, Endesa France, Gazprom Markets, Merril Lynch, RWE Supply & Trading, Sonelgaz, Total Gas & Power y Morgan Stanley Capital Group.
FUENTE: El Economista
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha retirado la licencia de comercialización de energía a un total de dieciséis empresas y valora hacer lo mismo en otros diez casos, según informa «El Economista», diario en el que se hace referencia a que así consta en una resolución presentada el pasado noviembre por el Minetur a la que ha tenido acceso.
Algunos de los grupos afectados son EDF y las filiales del grupo energético italiano Enel, Trade y Produzione. GDF Suez, por su parte, ha fusionado su comercializadora con GDF Suez Energía España, que a 1 de enero tenía licencia tanto para vender gas como para la comercialización de electricidad. Por lo tanto, tras la fusión, toda la cartera de clientes ha pasado a estar controlada por la matriz de la corporación franco-belga.
En esta misma circunstancia están Gas Natural Fenosa y E.ON, que han prescindido de sus respectivas subsidiarias Gas Natural Electricidad y E.ON Generación para centrarse en las compañías que tradicionalmente se dedicaban a esta actividad. Desde GNF explican que esta decisión es consecuencia del hecho de que se ha descartado un proyecto que perseguía la venta directa de electricidad desde sus instalaciones renovables.
Otras de las empresas que han desaparecido del mercado español de venta de energía son Accord Energy Limited (actual Centrica Energy Limited), Constellation Energy Commodities, EDP Comercial –Comercialiçao de Energia-, Utility North, Eosa Energía, Morgan Stanley Capital Group (España) y Viacava-Incós de Energía.
Otros casos son los de Orus Energía, Romero Abreu Hermanos —que dejará de vender su energía en Conil de la Frontera— y Electrourbano, que dejará de operar en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Entre las diez empresas en estudio por parte del equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se encuentran Barclays Bank PLC, BP Gas Market, EnBW, Endesa France, Gazprom Markets, Merril Lynch, RWE Supply & Trading, Sonelgaz, Total Gas & Power y Morgan Stanley Capital Group.
LA RESOLUCIÓN SOBRE EL CARBÓN RECORTA UN 12% LA ENERGÍA QUE SE PREVÉ GENERAR EN LAS CENTRALES TÉRMICAS EN 2013
FUENTE: BOE/EP
Hoy ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2013, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Así, en su último año de aplicación, el decreto del carbón reserva 20.054 GWh de producción en nueve centrales eléctricas y establece, además, la realización de inspecciones y auditorías en la cadena de suministro del carbón.
En cuanto a la electricidad programada para 2013, incluye 3.852 GWh de energía no generada en 2011 y 2012 por motivos técnicos, por lo que la cifra final implica un recorte del 12% respecto a la de 2012, y sería mayor, del 28%, si no se incluyesen estos remanentes de los años anteriores. Cabe destacar que el texto recoge la fijación de un incentivo vía precio para la quema de carbón nacional que oscila entre los 56 MWh de la central de Teruel hasta los 122 euros/MWh de la de Elcogás, cuyos volúmenes de actividad son mucho más modestos.
Según la memoria económica de la orden de peajes de 2013, para este año el Ministerio de Industria espera que el decreto del carbón genere un coste de 419 millones de euros como máximo al sistema eléctrico, lo que supone una reducción de 75 millones, o del 15%, en comparación con el coste de 493 millones de euros previsto por el Minetur para el decreto del carbón en 2012.
Refuerzo de los mecanismos de control
La resolución publicada este lunes refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la Comisión Nacional de Energía para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplan estrictamente las condiciones fijadas.
Además, el regulador también podrá solicitar esta información al gestor del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón, al tiempo que podrá realizar inspecciones y controles aleatorios. Junto a esto, la Secretaría de Estado de Energía fijará por resolución los criterios para la realización de auditorías de las centrales que participan en el decreto del carbón.
Las ayudas se harán efectivas «en una o dos semanas»
En otro orden de cosas, el senador por León del Partido Popular, Luis Aznar, anunció este sábado que "en una o dos semanas" el Gobierno hará efectivos a las empresas los 111 millones de euros en ayudas al sector de la minería pendientes del pasado año, que se desembolsarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la que Aznar compareció junto con otros parlamentarios nacionales de León de su partido, acto durante el que explicó que es previsible que en ese plazo comiencen a verse los «resultados de las gestiones para la resolución de la mejor forma posible de la crisis actual de la minería».
En palabras del responsable político, el pago de las ayudas se realizará tras las «razones graves» que impidieron realizar el pago que «el Gobierno intentó desde el mes de noviembre» y que podrá «aliviar de forma importante» la situación económica de las empresas y «rebajar la tensión en las cuencas mineras y afrontar la parte más relevante».
En este sentido, Aznar explicó que el Gobierno convocará el próximo marzo a las empresas y a «todos» los sindicatos para establecer las bases de la creación de un «mercado del carbón estable» y que las empresas «puedan seguir funcionando a medio y largo plazo».
Asimismo, el senador del PP por León quiso destacar que el carbón es un «producto estratégico y de futuro» en el mix energético, cuya crisis está padeciendo «directamente la provincia de León», donde existe «una serie de territorios de difícil reindustrialización».
Por su parte, su compañero el diputado nacional del PP por León Alfredo Prada reseñó la «eficacia y eficiencia» de la actuación del Gobierno en el «desbloqueo» del pago de las ayudas y pidió al Partido Socialista que haga una «oposición constructiva».
www.boe.es
www.europapress.es
Hoy ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2013, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Así, en su último año de aplicación, el decreto del carbón reserva 20.054 GWh de producción en nueve centrales eléctricas y establece, además, la realización de inspecciones y auditorías en la cadena de suministro del carbón.
En cuanto a la electricidad programada para 2013, incluye 3.852 GWh de energía no generada en 2011 y 2012 por motivos técnicos, por lo que la cifra final implica un recorte del 12% respecto a la de 2012, y sería mayor, del 28%, si no se incluyesen estos remanentes de los años anteriores. Cabe destacar que el texto recoge la fijación de un incentivo vía precio para la quema de carbón nacional que oscila entre los 56 MWh de la central de Teruel hasta los 122 euros/MWh de la de Elcogás, cuyos volúmenes de actividad son mucho más modestos.
Según la memoria económica de la orden de peajes de 2013, para este año el Ministerio de Industria espera que el decreto del carbón genere un coste de 419 millones de euros como máximo al sistema eléctrico, lo que supone una reducción de 75 millones, o del 15%, en comparación con el coste de 493 millones de euros previsto por el Minetur para el decreto del carbón en 2012.
Refuerzo de los mecanismos de control
La resolución publicada este lunes refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la Comisión Nacional de Energía para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplan estrictamente las condiciones fijadas.
Además, el regulador también podrá solicitar esta información al gestor del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón, al tiempo que podrá realizar inspecciones y controles aleatorios. Junto a esto, la Secretaría de Estado de Energía fijará por resolución los criterios para la realización de auditorías de las centrales que participan en el decreto del carbón.
Las ayudas se harán efectivas «en una o dos semanas»
En otro orden de cosas, el senador por León del Partido Popular, Luis Aznar, anunció este sábado que "en una o dos semanas" el Gobierno hará efectivos a las empresas los 111 millones de euros en ayudas al sector de la minería pendientes del pasado año, que se desembolsarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la que Aznar compareció junto con otros parlamentarios nacionales de León de su partido, acto durante el que explicó que es previsible que en ese plazo comiencen a verse los «resultados de las gestiones para la resolución de la mejor forma posible de la crisis actual de la minería».
En palabras del responsable político, el pago de las ayudas se realizará tras las «razones graves» que impidieron realizar el pago que «el Gobierno intentó desde el mes de noviembre» y que podrá «aliviar de forma importante» la situación económica de las empresas y «rebajar la tensión en las cuencas mineras y afrontar la parte más relevante».
En este sentido, Aznar explicó que el Gobierno convocará el próximo marzo a las empresas y a «todos» los sindicatos para establecer las bases de la creación de un «mercado del carbón estable» y que las empresas «puedan seguir funcionando a medio y largo plazo».
Asimismo, el senador del PP por León quiso destacar que el carbón es un «producto estratégico y de futuro» en el mix energético, cuya crisis está padeciendo «directamente la provincia de León», donde existe «una serie de territorios de difícil reindustrialización».
Por su parte, su compañero el diputado nacional del PP por León Alfredo Prada reseñó la «eficacia y eficiencia» de la actuación del Gobierno en el «desbloqueo» del pago de las ayudas y pidió al Partido Socialista que haga una «oposición constructiva».
www.boe.es
www.europapress.es
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa culpa a las subvenciones del encarecimiento de la energía en España
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa culpa a las subvenciones del encarecimiento de la energía en España
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha reconocido hoy que «España tiene una energía cara» y ha considerado que se debe al encarecimiento de los costes regulados en los últimos años, en especial a la subvenciones que reciben determinadas tecnologías.
Durante su intervención en el X Encuentro del Sector Energético organizado por el IESE, Villaseca ha insistido en que el mercado eléctrico español «funciona mal» porque el pasado año el 48 % de la energía consumida «estaba subsidiada». Así, ha explicado que el precio medio del «pool» (el mercado eléctrico mayorista) ha bajado un 26 % desde que empezó la crisis, al tiempo que la factura eléctrica que pagan hogares y empresas no ha dejado de subir.
En su opinión, esto se debe «fundamentalmente a los costes regulados», que abarcan, entre otros conceptos, el transporte, la distribución, el pago de la deuda y, en especial, las subvenciones a las renovables, cogeneración y el carbón. Este encarecimiento de los costes regulados ha provocado que el sistema no sea «sostenible» y ha desembocado en «el gravísimo tema» del déficit de tarifa, que ha considerado «inasumible».
Villaseca ha reconocido que la lucha contra el cambio climático es un «éxito» en España, en especial en el ámbito eléctrico con la integración de renovables, pero ha apuntado que «está pesando» sobre este sector «lo que debería pesar sobre la economía española en general». Ha estimado «imprescindible» sopesar las consecuencias económicas de estas medidas y, en ese sentido, ha apuntado que mientras el derecho para emitir una tonelada de CO2 cuesta en el mercado unos cuatro euros, España paga por este mismo ahorro a través de renovables unos 230 euros.
En el mismo foro, el consejero delegado de Endesa, Andrea Bretan, recordó que las medidas tomadas por el Gobierno en el último año han tenido un impacto negativo en las eléctricas de más de 3.200 millones de euros al año y dijo que el sector «no puede soportar más recortes».
El déficit de tarifa, señaló, es un «problema de Estado» y requiere un «plan consensuado y transparente» a largo plazo, al menos hasta que repunte la demanda. Por otro lado, Bretan criticó el «intervencionismo brutal» en el sector y abogó por reformar el mercado para ganar competitividad. «No es posible pretender usar los capitales y eficiencias de las empresas y después, mediante intervencionismos y no reformas, poner a esas empresas en condiciones de imposibilidad de alcanzar un retorno a medio plazo», dijo.
jueves, 14 de febrero de 2013
La eólica es la tecnología más afectada por las medidas de recortes del Gobierno
La Asociación Empresarial Eólica ha presentado ante la Comisión Nacional de la Energía sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes que reduce los parámetros por los que se actualiza la retribución del sector. AEE afirma que esta norma infringe los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima, y deja sin viabilidad al 70% de los parques eólicos españoles. La patronal está intentando que se paralice el RDL 2/2013.La asociación afirma en un comunicado que “está haciendo todo lo posible para que el Real Decreto-Ley 2/2013, que elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles), se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría modificar aspectos injustificados y perniciosos para el sector”. Para ello, ha pedido una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y ha enviado una carta tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a todas las autoridades que pueden tener algo que decir al respecto.
En sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes, AEE argumenta que las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones al amparo del Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior tomando en consideración los costes asociados a cada una de las tecnologías del régimen especial, garantizando siempre unas tasas de rentabilidad razonable. El mismo principio de rentabilidad razonable se consagra en la propia Ley 54/1997 del sector eléctrico. “Sin embargo –mantiene AEE– ninguno de estos principios se ha respetado al fijar los valores que se incluyen en la propuesta de orden, ya que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los parques eólicos se reducirá en unos 400 puntos básicos. Ello vulnera además el principio de confianza legítima, lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país.”
La patronal aduce que “el cambio del índice de actualización de la retribución propuesto supone un caso de retroactividad pura o propia, al aplicarse desde el 1 de enero de 2013, por lo que vulnera los derechos adquiridos de las empresas, e implica una importante reducción en la retribución, con la consiguiente inseguridad jurídica”. Recuerda, asimismo, que “la financiación de los parques por entidades de crédito se realiza teniendo en cuenta el índice de precios al consumo y la aplicación de un nuevo indicador -la inflación subyacente-, y de la reducción de los parámetros supondrá una menor generación de caja, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones de pago. Cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad”.
La justificación de la Propuesta de Orden se basa en el impacto de la eólica en el déficit de tarifa, lo que, según AEE, no se sustenta en un análisis objetivo. “El Gobierno no ha tenido en cuenta dos factores importantes: el primero, que en 2013 el sector eólico ya iba a contribuir a bajar el déficit tarifario, como consecuencia de la finalización de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 661/2007, que supone que todos los parques pasaban el pasado 31 de diciembre a uno de los regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661/2007. Esto implica que las primas al sector iban a disminuir en aproximadamente 100 millones de euros en el año sin necesidad de nuevas medidas. Tampoco se tiene en cuenta que en 2013 la eólica generó el 47% de la electricidad del Régimen Especial y percibió tan solo el 23% de las primas”.
Por todos estos motivos, AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables, y debería reconsiderarlas ya que hacen más daño que los beneficios que generan.
AEE "está estudiando todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como europeo, para ir contra unas normas que ponen en serio peligro al sector eólico, y que tendrán como consecuencia el cierre de fábricas y la destrucción de empleo". Según los cálculos de AEE, el impacto de estas medidas, sumado al del nuevo impuesto del 7% sobre la generación, mermará los ingresos del sector en unos 600 millones de euros sólo en 2013. “Sin duda –concluye la patronal– la eólica es la tecnología más afectada por las medidas del Gobierno”.
En sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes, AEE argumenta que las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones al amparo del Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior tomando en consideración los costes asociados a cada una de las tecnologías del régimen especial, garantizando siempre unas tasas de rentabilidad razonable. El mismo principio de rentabilidad razonable se consagra en la propia Ley 54/1997 del sector eléctrico. “Sin embargo –mantiene AEE– ninguno de estos principios se ha respetado al fijar los valores que se incluyen en la propuesta de orden, ya que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los parques eólicos se reducirá en unos 400 puntos básicos. Ello vulnera además el principio de confianza legítima, lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país.”
La patronal aduce que “el cambio del índice de actualización de la retribución propuesto supone un caso de retroactividad pura o propia, al aplicarse desde el 1 de enero de 2013, por lo que vulnera los derechos adquiridos de las empresas, e implica una importante reducción en la retribución, con la consiguiente inseguridad jurídica”. Recuerda, asimismo, que “la financiación de los parques por entidades de crédito se realiza teniendo en cuenta el índice de precios al consumo y la aplicación de un nuevo indicador -la inflación subyacente-, y de la reducción de los parámetros supondrá una menor generación de caja, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones de pago. Cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad”.
La justificación de la Propuesta de Orden se basa en el impacto de la eólica en el déficit de tarifa, lo que, según AEE, no se sustenta en un análisis objetivo. “El Gobierno no ha tenido en cuenta dos factores importantes: el primero, que en 2013 el sector eólico ya iba a contribuir a bajar el déficit tarifario, como consecuencia de la finalización de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 661/2007, que supone que todos los parques pasaban el pasado 31 de diciembre a uno de los regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661/2007. Esto implica que las primas al sector iban a disminuir en aproximadamente 100 millones de euros en el año sin necesidad de nuevas medidas. Tampoco se tiene en cuenta que en 2013 la eólica generó el 47% de la electricidad del Régimen Especial y percibió tan solo el 23% de las primas”.
Por todos estos motivos, AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables, y debería reconsiderarlas ya que hacen más daño que los beneficios que generan.
AEE "está estudiando todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como europeo, para ir contra unas normas que ponen en serio peligro al sector eólico, y que tendrán como consecuencia el cierre de fábricas y la destrucción de empleo". Según los cálculos de AEE, el impacto de estas medidas, sumado al del nuevo impuesto del 7% sobre la generación, mermará los ingresos del sector en unos 600 millones de euros sólo en 2013. “Sin duda –concluye la patronal– la eólica es la tecnología más afectada por las medidas del Gobierno”.
El LED ayuda a NH Hoteles a ahorrar hasta un 75% en iluminación
Más de 90 hoteles de la cadena han cambiado sus luminarias por sistemas LEDs, obteniendo un ahorro en consumo de energía para iluminación de hasta un 75%. Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico Medioambiental 2008-2012 de NH Hoteles, que ha permitido el grupo, a traves de diferentas medidas de ahorro energético, lograr que el ratio de energía global se haya reducido en casi un 23%.Entre esas medidas destaca el proyecto de sustitución de luminarias halógenas por otras tipo LED, que nació con el objetivo de conseguir ahorros significativos en cuanto a energía y emisiones de CO2, sin que ello supusiera una reducción en la calidad de la iluminación. Este proyecto, que se ha puesto en marcha a nivel internacional, ha permitido hasta el momento que 90 hoteles NH en España hayan sustituido el alumbrado por tecnología LED en las zonas de recepción, bar, parkings, restaurantes y pasillos de las habitaciones, entre otros.
“Hemos realizado un estudio para la sustitución de luminarias en las áreas con uso de luz artificial más de 12 horas al día y con el que hemos obtenido un ahorro energético del 75%, así como una recuperación de la inversión en menos de 12 meses”, afirma Mónica Chao, de NH Hoteles.
La implementación de la tecnología LED forma parte del proyecto Relamping del grupo, que supuso, en una primera fase, el cambio de hasta un millón de bombillas convencionales por otras de bajo consumo. Otras iniciativas, como los “eco ascensores” de OTIS –cuya tecnología supone un ahorro energético de 1.200 kWh/año frente al ascensor eléctrico tradicional– y la promoción de las energías renovables, que ya están presentes en un 69% de los hoteles, han mejorado significativamente la eficiencia energética en los establecimientos de la cadena hotelera.
Equipo de redacción de Energías Renovables
Empresarios valencianos piden que la Generalitat facilite el autoconsumo
Fuente: Equipo de redacción de Energías Renovables
Responsables de la asociación valenciana de empresas del sector de la energía, Avaesen, se han reunido con el director general de Energía, Antonio Cejalvo, para solicitarle que la Generalitat Valenciana habilite un procedimiento que permita regular las instalaciones de autoconsumo
En la reunión, los responsables de la asociación empresarial han puesto de manifiesto que otras comunidades autónomas ya cuentan con una regulación y que esto está ayudando a dar una salida a las empresas del sector y permite una reducción en la factura eléctrica a los consumidores.
La asociación empresarial pide, en concreto, que “haya un marco de actuación claro que permita tanto a los consumidores y usuarios, como a las empresas instaladores, conocer los procedimientos a seguir para las instalaciones y para la conexión a la red eléctrica”.
“El sector fotovoltaico valenciano está ampliamente preparado para hacer frente a las demandas de los consumidores por convertirse en generadores de su propia energía”, expuso Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, al director general de Energía. “Además, el tejido empresarial valenciano ha conseguido una tecnología que permite instalaciones óptimas para el autoconsumo”, añadió. Según Lacruz, una instalación de autoconsumo en un hogar medio puede conseguir un ahorro en la factura energética del 80 %.
Avaesen indica que en el marco de la reunión también se fijaron los próximos encuentros entre la administración y las compañías eléctricas para ir clarificando los procedimientos que permitan elaborar una reglamentación que ayude a todos los implicados.
Responsables de la asociación valenciana de empresas del sector de la energía, Avaesen, se han reunido con el director general de Energía, Antonio Cejalvo, para solicitarle que la Generalitat Valenciana habilite un procedimiento que permita regular las instalaciones de autoconsumo
En la reunión, los responsables de la asociación empresarial han puesto de manifiesto que otras comunidades autónomas ya cuentan con una regulación y que esto está ayudando a dar una salida a las empresas del sector y permite una reducción en la factura eléctrica a los consumidores.
La asociación empresarial pide, en concreto, que “haya un marco de actuación claro que permita tanto a los consumidores y usuarios, como a las empresas instaladores, conocer los procedimientos a seguir para las instalaciones y para la conexión a la red eléctrica”.
“El sector fotovoltaico valenciano está ampliamente preparado para hacer frente a las demandas de los consumidores por convertirse en generadores de su propia energía”, expuso Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, al director general de Energía. “Además, el tejido empresarial valenciano ha conseguido una tecnología que permite instalaciones óptimas para el autoconsumo”, añadió. Según Lacruz, una instalación de autoconsumo en un hogar medio puede conseguir un ahorro en la factura energética del 80 %.
Avaesen indica que en el marco de la reunión también se fijaron los próximos encuentros entre la administración y las compañías eléctricas para ir clarificando los procedimientos que permitan elaborar una reglamentación que ayude a todos los implicados.
viernes, 8 de febrero de 2013
España olvida el ahorro de energía con la factura de crudo en máximos
Fuente: El País Rafael Méndez
Hay una partida que parece a salvo de los recortes: la destinada a importar petróleo y gas. En los 11 primeros meses del año, el dinero que España dedica a comprar combustibles subió más de un 13%, según el último balance del Ministerio de Economía. El déficit energético ronda los 45.000 millones de euros al año, 5.000 millones más que en 2011 y en los niveles del máximo de 2008. Aunque España importe menos cantidad por la crisis, el precio es más caro. Los datos contrastan con la política de Industria, que el miércoles pasado anuló convenios con las comunidades para planes renove (electrodomésticos, calderas, edificios...); lleva retraso en la adopción de normas europeas de ahorro, e intentó vetar en la UE la nueva directiva de eficiencia —a lo que hay que sumar el cierre de la nuclear de Garoña—. El sistema eléctrico español está diseñado de forma que penaliza la caída de la demanda porque hace más difícil reducir el déficit de tarifa acumulado, de 29.000 millones. Industria niega que haya eliminado todas las políticas de ahorro.
Un funcionario europeo explicaba hace años la obsesión de la UE por el ahorro de energía: “Cuando un europeo sube la calefacción o el aire acondicionado, vemos un chorro de dinero que viaja desde Europa a Rusia, Argelia y el Golfo. Si conseguimos que cambie las ventanas para ahorrar energía reduciremos ese flujo y crearemos empleo”.
España, cuya dependencia del exterior es del 75,6% (datos de 2011 del Ministerio de Industria), sin apenas petróleo ni gas, apostó en la legislatura pasada por el ahorro. Quizá de forma incluso pintoresca, Miguel Sebastián fue al Congreso sin corbata, regaló bombillas de bajo consumo y redujo a 110 la velocidad máxima en las autovías. Además, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) invirtió cientos de millones en proyectos de ahorro y eficiencia. Centros comerciales, empresas y particulares recibieron dinero público para cambiar equipos por otros más eficientes e instalar aislamientos térmicos. La intensidad energética (que mide la relación entre el PIB y el consumo de energía) comenzó a bajar en 2004 y lo hizo de forma más pronunciada con la crisis.
El cambio de Gobierno trajo un volantazo en la política energética. El director del IDAE, Fidel Pérez, procedente de FAES (la fundación de estudios del PP), arrancó hace un año en el instituto con un alegato al personal reprochándole su connivencia con la política de renovables del PSOE, según fuentes del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya anunció en marzo pasado que los 613 millones que el IDAE tenía en caja irían a reducir el déficit de tarifa (lo que deben los consumidores a las eléctricas por los costes legalmente reconocidos a estas).
En 2011, Industria destinó 75 millones de euros para ahorro que tenía el IDAE al primer plan PIVE de compra de vehículos. El jueves pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó la anulación de las convocatorias para renovar semáforos (30 millones de euros), renovar edificios públicos (44,2 millones), proyectos singulares (120 millones) y de renovación de alumbrado (7 millones). En total, 200 millones menos.
A eso hay que sumar que el consejo de administración del IDAE acordó el pasado miércoles anular programas de renovación que cofinanciaba con las comunidades autónomas, según fuentes próximas al organismo. Una portavoz de Industria afirmó el viernes que aun así el ministerio mantiene políticas de ahorro.
Fuentes conocedoras del IDAE explican que los 150 millones con los que se cofinanciaban esos proyectos con las comunidades (para calderas, ventanas, electrodomésticos...) irán al plan PIVE 2, de renovación de vehículos y dotado con 150 millones. Aunque oficialmente es programa de venta de coches limpios, el sistema de convocatoria hace que se venda un perfil de automóvil similar a antes de que entrara en vigor. En los primeros tres meses del primer plan, se acogieron a él un 50% más de coches clase B (en eficiencia) que A. El PIVE ha sido, según el sector, clave para fomentar la venta de coches. IDAE estimó que el primer PIVE ahorraría el equivalente a 166.000 barriles de petróleo, un ahorro de 16 millones al año.
No son solo los planes renove. España no ha traspuesto aún la directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Luxemburgo porque debía estar en vigor en 2007. El decreto lleva meses listo, pero tradicionalmente Economía se oponía a esta medida. Lo veía como una carga más para el deprimido mercado inmobiliario.
Sí hay un decreto de 2007 que obliga a informar del consumo de energía de los edificios nuevos, pero según Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, no se cumple por falta de desarrollo autonómico: “La eficiencia energética no es ninguna prioridad para el Gobierno. Su única preocupación es el déficit de tarifa”.
Además, el decreto que debe regular el balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones sin prima sigue paralizado. Industria teme que ampare una nueva burbuja solar y busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y el tamaño de las instalaciones, según fuentes del sector.
En octubre, España votó en contra de la nueva directiva de eficiencia en edificios. Industria alegó, según un documento interno, que en 2010 ya había alcanzado el objetivo para 2016 de reducir un 9% el consumo y que el nuevo texto imponía “una carga desproporcionada sobre algunos países”. Según la postura de Madrid, el sistema de cálculo “penaliza a España” al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014. Además, alegaba que la obligación de renovar edificios públicos “pondría presión adicional sobre el presupuesto público”.
Aunque el ahorro de energía puede tener sentido sobre el papel, da resultados a medio y largo plazo (se tarda en recuperar las inversiones). Además, en España la acusada caída de la demanda por la crisis ha revelado una perversidad del sistema eléctrico. Tras invertir en ahorro, cuando ha descendido el consumo eléctrico por la crisis se ha visto que es más difícil pagar el déficit de tarifa, porque los costes regulados del sistema (la mitad de la factura) hay que repartirlos entre menos consumidores y genera subidas del recibo. Ese es un discurso recurrente de Soria. El ministro sí apela a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende las prospecciones de petróleo frente a Canarias o la búsqueda de gas no convencional.
España, cuya dependencia del exterior es del 75,6% (datos de 2011 del Ministerio de Industria), sin apenas petróleo ni gas, apostó en la legislatura pasada por el ahorro. Quizá de forma incluso pintoresca, Miguel Sebastián fue al Congreso sin corbata, regaló bombillas de bajo consumo y redujo a 110 la velocidad máxima en las autovías. Además, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) invirtió cientos de millones en proyectos de ahorro y eficiencia. Centros comerciales, empresas y particulares recibieron dinero público para cambiar equipos por otros más eficientes e instalar aislamientos térmicos. La intensidad energética (que mide la relación entre el PIB y el consumo de energía) comenzó a bajar en 2004 y lo hizo de forma más pronunciada con la crisis.
El cambio de Gobierno trajo un volantazo en la política energética. El director del IDAE, Fidel Pérez, procedente de FAES (la fundación de estudios del PP), arrancó hace un año en el instituto con un alegato al personal reprochándole su connivencia con la política de renovables del PSOE, según fuentes del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya anunció en marzo pasado que los 613 millones que el IDAE tenía en caja irían a reducir el déficit de tarifa (lo que deben los consumidores a las eléctricas por los costes legalmente reconocidos a estas).
En 2011, Industria destinó 75 millones de euros para ahorro que tenía el IDAE al primer plan PIVE de compra de vehículos. El jueves pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó la anulación de las convocatorias para renovar semáforos (30 millones de euros), renovar edificios públicos (44,2 millones), proyectos singulares (120 millones) y de renovación de alumbrado (7 millones). En total, 200 millones menos.
A eso hay que sumar que el consejo de administración del IDAE acordó el pasado miércoles anular programas de renovación que cofinanciaba con las comunidades autónomas, según fuentes próximas al organismo. Una portavoz de Industria afirmó el viernes que aun así el ministerio mantiene políticas de ahorro.
Fuentes conocedoras del IDAE explican que los 150 millones con los que se cofinanciaban esos proyectos con las comunidades (para calderas, ventanas, electrodomésticos...) irán al plan PIVE 2, de renovación de vehículos y dotado con 150 millones. Aunque oficialmente es programa de venta de coches limpios, el sistema de convocatoria hace que se venda un perfil de automóvil similar a antes de que entrara en vigor. En los primeros tres meses del primer plan, se acogieron a él un 50% más de coches clase B (en eficiencia) que A. El PIVE ha sido, según el sector, clave para fomentar la venta de coches. IDAE estimó que el primer PIVE ahorraría el equivalente a 166.000 barriles de petróleo, un ahorro de 16 millones al año.
No son solo los planes renove. España no ha traspuesto aún la directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Luxemburgo porque debía estar en vigor en 2007. El decreto lleva meses listo, pero tradicionalmente Economía se oponía a esta medida. Lo veía como una carga más para el deprimido mercado inmobiliario.
Sí hay un decreto de 2007 que obliga a informar del consumo de energía de los edificios nuevos, pero según Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, no se cumple por falta de desarrollo autonómico: “La eficiencia energética no es ninguna prioridad para el Gobierno. Su única preocupación es el déficit de tarifa”.
Además, el decreto que debe regular el balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones sin prima sigue paralizado. Industria teme que ampare una nueva burbuja solar y busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y el tamaño de las instalaciones, según fuentes del sector.
En octubre, España votó en contra de la nueva directiva de eficiencia en edificios. Industria alegó, según un documento interno, que en 2010 ya había alcanzado el objetivo para 2016 de reducir un 9% el consumo y que el nuevo texto imponía “una carga desproporcionada sobre algunos países”. Según la postura de Madrid, el sistema de cálculo “penaliza a España” al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014. Además, alegaba que la obligación de renovar edificios públicos “pondría presión adicional sobre el presupuesto público”.
Aunque el ahorro de energía puede tener sentido sobre el papel, da resultados a medio y largo plazo (se tarda en recuperar las inversiones). Además, en España la acusada caída de la demanda por la crisis ha revelado una perversidad del sistema eléctrico. Tras invertir en ahorro, cuando ha descendido el consumo eléctrico por la crisis se ha visto que es más difícil pagar el déficit de tarifa, porque los costes regulados del sistema (la mitad de la factura) hay que repartirlos entre menos consumidores y genera subidas del recibo. Ese es un discurso recurrente de Soria. El ministro sí apela a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende las prospecciones de petróleo frente a Canarias o la búsqueda de gas no convencional.
Industria liquida planes de eficiencia mientras la importación de energía llega a 45.000 millones
El Gobierno intentó vetar una directiva europea de eficiencia porque perjudicaba a España
jueves, 7 de febrero de 2013
La Asociación de Eficiencia Energética critica a las eléctricas por trasladar a la factura la subida fiscal
|
miércoles, 6 de febrero de 2013
TARIFA DOMÉSTICOS HASTA 10 KW (TUR) DESDE 1 DE ENERO 2013
TARIFA DOMÉSTICOS HASTA 10 KW (TUR)
Precios de la electricidad que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2013:
P2, 0:00 – 1:00, 7:00 – 13:00, 23:00 – 24:00
P3, 1:00 – 7:00
Precios de la electricidad que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2013:
TUR: Sin discriminación horaria:
| Tipo de tarifa | Termino de potencia €/kW-año | Termino de energía €/kWh |
| Potencia ≤10kW | 21,893189 | 0,150938 |
Con esta tarifa, toda la energía se factura al mismo precio.
TUR: Con discriminación horaria de dos periodos (antigua tarifa nocturna):
| Tipo de tarifa | Termino de potencia €/kW-año | Termino de energía P1 €/kWh | Termino de energía P2 €/kWh |
| Potencia ≤10kW | 21,893189 | 0,183228 | 0,063770 |
P1 es “horas punta”, de las 12 de la mañana a las 22h en invierno y entre las 13h y las 23h en verano. P2 es “horas valle”, que recoge el resto del tiempo.
TUR: Con discriminación horaria supervalle:
| Tipo de tarifa | Termino de potencia €/kW-año | Termino de energía P1 €/kWh | Termino de energía P2 €/kWh | Termino de energía P3 €/kWh |
| Potencia ≤10kW | 21,893189 | 0,184298 | 0,077720 | 0,052775 |
Esta es una tarifa especial para la recarga de vehículos eléctricos, en las que los periodos son los que siguen, tanto en verano como para invierno:
P1, 13:00 – 23:00P2, 0:00 – 1:00, 7:00 – 13:00, 23:00 – 24:00
P3, 1:00 – 7:00
Fuente | BOE (29 de diciembre de 2013)
lunes, 4 de febrero de 2013
EL GOBIERNO APRUEBA MEDIDAS PARA EVITAR EL ENCARECIMIENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA Y LOGRAR DÉFICIT CERO EN 2013
EL GOBIERNO APRUEBA MEDIDAS PARA EVITAR EL ENCARECIMIENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA Y LOGRAR DÉFICIT CERO EN 2013
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un paquete de medidas urgentes que suponen nuevos recortes a las primas de las instalaciones del régimen especial –cuya retribución se calculará ahora siguiendo la fórmula de tarifa regulada- y la actualización de la retribución de las actividades reguladas (transporte, distribución y régimen especial) tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.
Según defiende Moncloa, la finalidad de esta decisión es "proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013".
Adicionalmente, se ha analizado un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario de hasta 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar las energías renovables.
El Real Decreto Ley 2/2013 es el que recoge los cambios en el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial y, tal y como considera el Ejecutivo, “permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema y ahorrar entre seiscientos y ochocientos millones de euros anuales”.
Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy justifican las medidas urgentes aprobadas por el incremento constante experimentado por los costes del sistema eléctrico en los últimos meses, “cuestión que se ha puesto de manifiesto en el informe del mes de diciembre emitido por la Comisión Nacional de Energía”, explica la información divulgada por Moncloa.
"Simultáneamente; se ha producido una reducción de ingresos como consecuencia de la bajada de la demanda derivada de la situación económica”, continúa el comunicado difundido. Por tanto, "se han originado una serie de desfases en los costes del sistema con respecto a las previsiones, con lo que se hace necesario adoptar las medidas contenidas en el Real Decreto Ley para contener los costes y, a la vez, dar estabilidad al sistema para evitar en lo posible futuras desviaciones con respecto a las estimaciones”, defienden los responsables del Gobierno.
Hoy por hoy, la retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualiza tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). “Para evitar que estas actualizaciones tengan en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico, como pueden ser el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualización con el IPC, la retribución se actualizará con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. La medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales”, calculan los técnicos del Ejecutivo.
Adicionalmente, explican que las instalaciones de régimen especial pueden elegir entre dos sistemas retributivos en la actualidad: el precio mercado+prima o la tarifa regulada. En el primer caso, el propietario de la instalación cobra una prima fija y, adicionalmente, el precio que marca el mercado en el "pool" eléctrico. El sistema de tarifa regulada establece un precio fijo a percibir por la instalación. Esta tarifa regulada se financia con el precio del mercado y con la prima que, en este caso, completa al precio del mercado hasta llegar al nivel marcado por la tarifa regulada. Generalmente, las instalaciones escogen cada año en qué sistema quieren estar.
Pero con la aprobación del RDL 2/2013 se establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial “se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio de mercado (sin prima). La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros dependiendo del precio de mercado”, aseguran desde Moncloa.
Crédito extraordinario para las energías renovables
Otro de los asuntos que vieron la luz verde el pasado viernes en el Consejo de Ministros fue el Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Minetur para financiar los costes de las energías renovables en 2013, por un importe máximo de 2.200 millones de euros. “Esta cantidad se integraría en el sistema eléctrico a medida que sea necesario para financiar estos costes”, puntualiza la nota de prensa difundida.
El Anteproyecto de Ley se remitirá al Consejo de Estado para su preceptivo informe y continuará con su tramitación en las Cortes Generales para después ser integrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Por último, el equipo de Gobierno insiste en su propósito de que “todas estas medidas, junto con las adoptadas a lo largo del ejercicio 2012 (reducción de costes del sistema, Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, entre otras), permitirán equilibrar el sistema eléctrico con el objetivo de que en 2013 no se genere déficit de tarifa sin necesidad de cargar el ajuste en los consumidores a través de la tarifa”.
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un paquete de medidas urgentes que suponen nuevos recortes a las primas de las instalaciones del régimen especial –cuya retribución se calculará ahora siguiendo la fórmula de tarifa regulada- y la actualización de la retribución de las actividades reguladas (transporte, distribución y régimen especial) tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.
Según defiende Moncloa, la finalidad de esta decisión es "proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013".
Adicionalmente, se ha analizado un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario de hasta 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar las energías renovables.
El Real Decreto Ley 2/2013 es el que recoge los cambios en el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial y, tal y como considera el Ejecutivo, “permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema y ahorrar entre seiscientos y ochocientos millones de euros anuales”.
Desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy justifican las medidas urgentes aprobadas por el incremento constante experimentado por los costes del sistema eléctrico en los últimos meses, “cuestión que se ha puesto de manifiesto en el informe del mes de diciembre emitido por la Comisión Nacional de Energía”, explica la información divulgada por Moncloa.
"Simultáneamente; se ha producido una reducción de ingresos como consecuencia de la bajada de la demanda derivada de la situación económica”, continúa el comunicado difundido. Por tanto, "se han originado una serie de desfases en los costes del sistema con respecto a las previsiones, con lo que se hace necesario adoptar las medidas contenidas en el Real Decreto Ley para contener los costes y, a la vez, dar estabilidad al sistema para evitar en lo posible futuras desviaciones con respecto a las estimaciones”, defienden los responsables del Gobierno.
Hoy por hoy, la retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualiza tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). “Para evitar que estas actualizaciones tengan en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico, como pueden ser el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualización con el IPC, la retribución se actualizará con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. La medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales”, calculan los técnicos del Ejecutivo.
Adicionalmente, explican que las instalaciones de régimen especial pueden elegir entre dos sistemas retributivos en la actualidad: el precio mercado+prima o la tarifa regulada. En el primer caso, el propietario de la instalación cobra una prima fija y, adicionalmente, el precio que marca el mercado en el "pool" eléctrico. El sistema de tarifa regulada establece un precio fijo a percibir por la instalación. Esta tarifa regulada se financia con el precio del mercado y con la prima que, en este caso, completa al precio del mercado hasta llegar al nivel marcado por la tarifa regulada. Generalmente, las instalaciones escogen cada año en qué sistema quieren estar.
Pero con la aprobación del RDL 2/2013 se establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial “se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio de mercado (sin prima). La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros dependiendo del precio de mercado”, aseguran desde Moncloa.
Crédito extraordinario para las energías renovables
Otro de los asuntos que vieron la luz verde el pasado viernes en el Consejo de Ministros fue el Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Minetur para financiar los costes de las energías renovables en 2013, por un importe máximo de 2.200 millones de euros. “Esta cantidad se integraría en el sistema eléctrico a medida que sea necesario para financiar estos costes”, puntualiza la nota de prensa difundida.
El Anteproyecto de Ley se remitirá al Consejo de Estado para su preceptivo informe y continuará con su tramitación en las Cortes Generales para después ser integrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Por último, el equipo de Gobierno insiste en su propósito de que “todas estas medidas, junto con las adoptadas a lo largo del ejercicio 2012 (reducción de costes del sistema, Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, entre otras), permitirán equilibrar el sistema eléctrico con el objetivo de que en 2013 no se genere déficit de tarifa sin necesidad de cargar el ajuste en los consumidores a través de la tarifa”.
sábado, 2 de febrero de 2013
EL CONGRESO DA EL VISTO BUENO AL REAL DECRETO LEY QUE SUPRIME EL LÍMITE LEGAL DEL DÉFICIT TARIFARIO EN 2012
EL CONGRESO DA EL VISTO BUENO AL REAL DECRETO LEY QUE SUPRIME EL LÍMITE LEGAL DEL DÉFICIT TARIFARIO EN 2012
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 174 votos a favor, 146 en contra y 6 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, defendido ante la Cámara por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Según recoge la nota de prensa divulgada por los responsables de la Cámara Baja, “entre las medidas de carácter económico y social, el Decreto Ley establece los parámetros para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y de hidrocarburos, y la protección de los consumidores de las situaciones derivadas de la crisis económica”.
El texto normativo que recibió el beneplácito de los congresistas incluye la supresión del tope legal de 1.500 millones de euros al déficit de tarifa en 2012, así como la titulización del exceso de deuda eléctrica generada que, de esta forma, no computará en la tarifa de 2013.
Así las cosas, el presente año comienza en un "escenario de equilibrio" en el que, tras las medidas adoptadas hasta la fecha, más las partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, pueda lograrse la "sostenibilidad económica del sistema eléctrico", detalla el RDL.
A pesar del rechazo de los congresistas del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo y de la abstención de PNV, la nueva regulación salió adelante con el apoyo del PP. Pero su tramitación como proyecto de ley fue rechazada por 174 diputados, mientras que 152 votaron a favor y un parlamentario se abstuvo.
La oposición se mostró muy crítica con la aprobación del decreto, que "contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario" porque, "tras cuatro decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones" y además ha generado "incertidumbre e inseguridad jurídica", expresaron desde el PSOE.
Por su parte, el PP defendió que los cambios en el sector energético "buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema" y evitar nuevas subidas de la factura. "Si no se hubieran aprobado estas medidas, el déficit tarifario habría sido muchísimo mayor".
www.europapress.es
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 174 votos a favor, 146 en contra y 6 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, defendido ante la Cámara por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Según recoge la nota de prensa divulgada por los responsables de la Cámara Baja, “entre las medidas de carácter económico y social, el Decreto Ley establece los parámetros para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y de hidrocarburos, y la protección de los consumidores de las situaciones derivadas de la crisis económica”.
El texto normativo que recibió el beneplácito de los congresistas incluye la supresión del tope legal de 1.500 millones de euros al déficit de tarifa en 2012, así como la titulización del exceso de deuda eléctrica generada que, de esta forma, no computará en la tarifa de 2013.
Así las cosas, el presente año comienza en un "escenario de equilibrio" en el que, tras las medidas adoptadas hasta la fecha, más las partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, pueda lograrse la "sostenibilidad económica del sistema eléctrico", detalla el RDL.
A pesar del rechazo de los congresistas del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo y de la abstención de PNV, la nueva regulación salió adelante con el apoyo del PP. Pero su tramitación como proyecto de ley fue rechazada por 174 diputados, mientras que 152 votaron a favor y un parlamentario se abstuvo.
La oposición se mostró muy crítica con la aprobación del decreto, que "contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario" porque, "tras cuatro decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones" y además ha generado "incertidumbre e inseguridad jurídica", expresaron desde el PSOE.
Por su parte, el PP defendió que los cambios en el sector energético "buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema" y evitar nuevas subidas de la factura. "Si no se hubieran aprobado estas medidas, el déficit tarifario habría sido muchísimo mayor".
www.europapress.es
EN ENERO SE PRODUJO UNA CAÍDA DE LA DEMANDA DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 4,3%
EN ENERO SE PRODUJO UNA CAÍDA DE LA DEMANDA DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL 4,3%
La demanda peninsular de energía eléctrica en el primer mes del año, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, “desciende un 4,3% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta ha sido de 22.474 GWh, un 2,8% inferior a la de enero del 2012”, según el comunicado facilitado por Red Eléctrica de España.
En enero, la energía eólica ha alcanzado su máxima participación en la generación eléctrica mensual, ya que ha producido el 27,3% de la generación total, con 6.329 GWh. “Este valor ha supuesto un aumento del 73,5% frente al mismo periodo del año anterior”, destaca el análisis realizado por los expertos del gestor técnico del sistema eléctrico nacional.
Además, la generación procedente de fuentes de energía renovable ha supuesto este mes el 44% de la producción total, lo que se ha traducido también en la consecución de un récord histórico.
El pasado 16 de enero se alcanzó un nuevo máximo histórico de energía diaria de generación eólica en el sistema eléctrico peninsular, con un valor de 345.011 MWh. Esta cota supone un incremento del 3% respecto a la anteriormente alcanzada el 18 de abril del 2012, con 334.850 MWh.
Adicionalmente, el 61,7% de la producción eléctrica registrada el mes que acaba de concluir ha procedido de tecnologías que no emiten CO2.
En cuanto al reparto por tecnologías generadoras, la tarta correspondiente al primer mes de 2013 se reparte de la siguiente manera: eólica (27,3%); nuclear (19,7%); cogeneración y otros (12,9%); carbón (12,4%); hidráulica (12,4%); ciclos combinados (11%); térmica renovable (2%); solar fotovoltaica (1,8%); solar térmica (0,5%).
www.ree.es
La demanda peninsular de energía eléctrica en el primer mes del año, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, “desciende un 4,3% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta ha sido de 22.474 GWh, un 2,8% inferior a la de enero del 2012”, según el comunicado facilitado por Red Eléctrica de España.
En enero, la energía eólica ha alcanzado su máxima participación en la generación eléctrica mensual, ya que ha producido el 27,3% de la generación total, con 6.329 GWh. “Este valor ha supuesto un aumento del 73,5% frente al mismo periodo del año anterior”, destaca el análisis realizado por los expertos del gestor técnico del sistema eléctrico nacional.
Además, la generación procedente de fuentes de energía renovable ha supuesto este mes el 44% de la producción total, lo que se ha traducido también en la consecución de un récord histórico.
El pasado 16 de enero se alcanzó un nuevo máximo histórico de energía diaria de generación eólica en el sistema eléctrico peninsular, con un valor de 345.011 MWh. Esta cota supone un incremento del 3% respecto a la anteriormente alcanzada el 18 de abril del 2012, con 334.850 MWh.
Adicionalmente, el 61,7% de la producción eléctrica registrada el mes que acaba de concluir ha procedido de tecnologías que no emiten CO2.
En cuanto al reparto por tecnologías generadoras, la tarta correspondiente al primer mes de 2013 se reparte de la siguiente manera: eólica (27,3%); nuclear (19,7%); cogeneración y otros (12,9%); carbón (12,4%); hidráulica (12,4%); ciclos combinados (11%); térmica renovable (2%); solar fotovoltaica (1,8%); solar térmica (0,5%).
www.ree.es
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)