LOS FOTOVOLTAICOS QUIEREN AVANZAR EN LA NORMATIVA SOBRE AUTOCONSUMO Y PROPONEN AL GOBIERNO UN PLAN SIN PEAJES
Los integrantes de la Unión Española Fotovoltaica (Unef) han trabajado duro en las últimas semanas para poder diseñar una propuesta que sirva para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulse a su vez la definición normativa del autoconsumo con balance neto. Así, han trasladado al Minetur un documento en el que se contempla un plan de implantación del autoconsumo por balance neto que defiende que las placas solares se puedan ir instalando conforme a un programa escalonado y sometido a control para evitar desequilibrios, según ha explicado el director general de la Asociación, José Donoso.
Las bases sobre las que se sustenta el planteamiento diseñado por la patronal pasan por establecer una potencia fija anual máxima de instalaciones de autoconsumo que crezca año tras año hasta alcanzar un límite que se consideraría velocidad de crucero para los ejercicios posteriores. En concreto, el documento remitido recoge la instalación de 200 MW de autoconsumo para el primer año de aplicación del plan, 300 MW para el siguiente y 400 MW para el tercero, y, a partir de ahí, una potencia nueva anual máxima equivalente a estos 400 MW hasta el quinto ejercicio. El cupo total de cada año se dividiría en cupos parciales, por segmentos de mercado, con un mecanismo de traspaso análogo al ya establecido por el Real Decreto 1578/2008.
Asimismo, los cupos se irían llenando en función de la puesta en marcha de las instalaciones y no de su inscripción previa. Los miembros de Unef estiman que su plan sería capaz de crear en torno a 2.660 empleos directos en el primer año y 5.690 en el quinto, así como un mercado de 636 millones de euros en su inicio y de 1.147 millones anuales tras cinco años funcionando. Además, los retornos al Estado rondarían los 269 millones en el quinto año.
Pago de peajes
Según la valoración de Donoso sobre las distintas medidas sugeridas por la cartera que dirige José Manuel Soria para que formen parte de la regulación en esta materia, el directivo opina que el autoconsumo debería pagar el término de potencia, pero rechaza la intención de cobrar peajes por la producción instantánea para uso propio. Tal y como lo ven los empresarios fotovoltaicos, sí tiene sentido que se paguen estos peajes cuando se exporte la electricidad a la red, pero no en otra circunstancia. En defensa de esto último, el documento ahora en poder del Minetur recoge que «el autoconsumo instantáneo debe estar exento del pago de peajes y el balance neto debe abonarlos en función del uso real que se haga del sistema eléctrico». De hecho, desde Unef consideran que exigir el pago de peajes al autoconsumo instantáneo sería «discriminatorio». Por un lado, el autoconsumo es una medida de ahorro y eficiencia similar a la incorporación de electrodomésticos de bajo consumo, y ningún consumidor abona peajes por la energía que consigue ahorrar. Por otro lado, los consumos propios de la generación, ya sea la que necesita una nuclear o un ciclo de gas para su funcionamiento, no pagan peajes. A partir de datos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Unef recuerda que los consumos propios de la generación total ascendieron a 12.094 GWh en 2012, el 4 % de la producción bruta total, y «nunca se les ha exigido pagos de peajes por estos conceptos».
Por su parte, José Manuel Soria se ha mostrado en distintas ocasiones contrario a esta filosofía de que el autoconsumo debe quedar exento del pago de peajes en su modalidad como productor de electricidad. De hecho, en su reciente paso por el Senado explicó que el balance neto formará parte de la próxima reforma energética y que quienes recurran a esta opción deberán «contribuir a financiar la red de infraestructuras». Cualquiera, dijo Soria antes de poner el ejemplo de un chiringuito de playa, puede instalar unas placas solares para su propio consumo, pero si desea integrarlas en la red eléctrica debe contribuir con los costes del sistema, ya que de lo contrario serían unos “free riders” que consumen a costa de los demás, señaló.
Créditos de autoconsumo
En el autoconsumo por balance neto, cuando la instalación produce por encima del nivel de consumo instantáneo, el excedente se inyecta en la red y se reciben unos créditos de energía. Más adelante, cuando haya consumo, pero no generación para autoconsumo, se saldarían esos créditos.
En el documento, los miembros de la patronal fotovoltaica proponen un plazo de vigencia de doce meses para estos créditos energéticos. Además, consideran que no debería haber una retribución por exceso de energía anual y ven apropiado el autoconsumo compartido, pero limitado a un único bien inmueble o a la referencia catastral de los distintos suministros. También estiman factible propietarios diferentes de la instalación y de la superficie donde se ubica esta.
Mínima incidencia sobre la demanda
Desde la óptica de Unef, el autoconsumo tendría una incidencia mínima sobre la demanda eléctrica, de menos del 1 % en cinco años. En concreto, en el primer ejercicio la sustracción de la demanda sería del 0,11 %, y en el quinto apenas alcanzaría el 0,87 %. El problema de los fabricantes y productores del sector fotovoltaico es que tienen restringido en la actualidad cualquier nicho de negocio que les procure un volumen de actividad suficiente para garantizar su subsistencia. Tras la moratoria a las renovables, en la actualidad existen varios miles de megavatios fotovoltaicos que han solicitado su entrada en el sistema eléctrico sin apoyo de primas, pero dichas peticiones no han encontrado respuesta, subraya el director general de la Asociación. De esta forma, el autoconsumo se presenta como la vía de desarrollo de esta tecnología renovable.
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Francisco Albertus Venegas (Ingeniero Técnico Industrial). Noticias y datos de interés del sector eléctrico.
miércoles, 29 de mayo de 2013
DONDE MÁS SUBIÓ EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN 2012
ESPAÑA, ENTRE LOS SEIS PAÍSES COMUNITARIOS DONDE MÁS SUBIÓ EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN 2012
España, junto a Italia, forma parte del grupo de seis países de la zona euro donde se produjeron las subidas más significativas del precio de la electricidad en 2012; concretamente, del 9 % o más. A estos dos Estados se les suman otros cuatro rescatados: Grecia, Chipre, Portugal e Irlanda, según el último informe de Eurostat sobre precios de la electricidad en los hogares.
Los datos aportados por los analistas de la Agencia de Estadística comunitaria exponen que en el segundo semestre de 2012, el precio en euros por cada cien kilovatios hora en las viviendas españolas era de 22,8 euros, un 9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Tras esta subida, España se convierte en el sexto país de los Veintisiete con la electricidad más cara, por detrás de Dinamarca (29,7 euros), Chipre (29,1 euros), Alemania (26,8 euros), Italia (23 euros) e Irlanda (22,9 euros).
Si se mide el precio de la electricidad en los hogares conforme al poder de compra de los ciudadanos de cada nación, nuestro país también ocupa la sexta plaza en el “ranking” de precios, por detrás de Chipre, Alemania, Polonia, Portugal y Hungría.
En cuanto a las subidas dentro de la zona euro, la principal se registró en Chipre, donde fue del 20,6 %, por delante del 14,5 % de Grecia, del 11,2 % de Italia y del 9,7 % registrado tanto en Portugal como en Irlanda.
Si se amplía el muestreo a la UE de los Veintisiete, hay otro país que entra en el grupo de subidas del 9 %: Bulgaria, con un 9,2 % de encarecimiento, a pesar de que esta nación es la que registra precios más bajos, de 9,6 euros por cada cien kWh.
Por último, los técnicos de Eurostat subrayan que, en el segundo semestre del año, se produjeron descensos en el precio de la electricidad en tres países: Suecia (-5 %), Hungría (-2 %) y Finlandia (-1 %).
Respecto al gas, España registra el quinto mayor precio, con 9,1 euros por cien kWh, por detrás de Suecia (12,1 euros), Dinamarca (10,8 euros), Grecia (10,2 euros) e Italia (9,7 euros).
www.europapress.es
España, junto a Italia, forma parte del grupo de seis países de la zona euro donde se produjeron las subidas más significativas del precio de la electricidad en 2012; concretamente, del 9 % o más. A estos dos Estados se les suman otros cuatro rescatados: Grecia, Chipre, Portugal e Irlanda, según el último informe de Eurostat sobre precios de la electricidad en los hogares.
Los datos aportados por los analistas de la Agencia de Estadística comunitaria exponen que en el segundo semestre de 2012, el precio en euros por cada cien kilovatios hora en las viviendas españolas era de 22,8 euros, un 9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Tras esta subida, España se convierte en el sexto país de los Veintisiete con la electricidad más cara, por detrás de Dinamarca (29,7 euros), Chipre (29,1 euros), Alemania (26,8 euros), Italia (23 euros) e Irlanda (22,9 euros).
Si se mide el precio de la electricidad en los hogares conforme al poder de compra de los ciudadanos de cada nación, nuestro país también ocupa la sexta plaza en el “ranking” de precios, por detrás de Chipre, Alemania, Polonia, Portugal y Hungría.
En cuanto a las subidas dentro de la zona euro, la principal se registró en Chipre, donde fue del 20,6 %, por delante del 14,5 % de Grecia, del 11,2 % de Italia y del 9,7 % registrado tanto en Portugal como en Irlanda.
Si se amplía el muestreo a la UE de los Veintisiete, hay otro país que entra en el grupo de subidas del 9 %: Bulgaria, con un 9,2 % de encarecimiento, a pesar de que esta nación es la que registra precios más bajos, de 9,6 euros por cada cien kWh.
Por último, los técnicos de Eurostat subrayan que, en el segundo semestre del año, se produjeron descensos en el precio de la electricidad en tres países: Suecia (-5 %), Hungría (-2 %) y Finlandia (-1 %).
Respecto al gas, España registra el quinto mayor precio, con 9,1 euros por cien kWh, por detrás de Suecia (12,1 euros), Dinamarca (10,8 euros), Grecia (10,2 euros) e Italia (9,7 euros).
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LOS SOBRECOSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO HAN AUMENTADO UN 71 % EN EL ÚLTIMO TRIENIO
CNE: LOS SOBRECOSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO HAN AUMENTADO UN 71 % EN EL ÚLTIMO TRIENIO
En su "Informe sobre la evolución de los costes en los mercados de operación del operador del sistema eléctrico", elaborado a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) afirma que «en los últimos años se ha incrementado la repercusión del sobrecoste de los mercados de operación en el precio final del mercado. En 2009, representaba unos 700 millones de euros, mientras que en 2012 esta partida alcanzó los 1.200 millones». Esta evolución supone un incremento del 71 % respecto a los datos de 2009 que se debe, principalmente, al incremento del coste en las «restricciones técnicas al programa resultante del mercado diario; la reserva de potencia adicional a subir; la banda de regulación secundaria; el mecanismo de resolución de restricciones técnicas en tiempo real y los servicios de ajuste en el cierre de energía del sistema», matiza el documento.
Asimismo, los especialistas del regulador explican en el informe que, de forma «general y sistemática», no se producen subidas de precios en los mercados mayoristas en los días previos a las subastas Cesur entre comercializadoras de último recurso, si bien sí se han apreciado «episodios puntuales» antes de la celebración de alguna de ellas.
Los técnicos de la entidad que preside Alberto Lafuente señalan que los incrementos del sobrecoste de operación detectados han tenido un efecto alcista del 8 % en el precio medio final del mercado en 2012 y del 6 % en 2009, lo que «ha tenido un impacto relevante en los resultados de los comercializadores independientes».
Por otra parte, los profesionales del regulador recuerdan que los mercados de operación actuales fueron diseñados en un contexto energético muy distinto al actual y estiman necesaria «una revisión de la normativa de los mercados de operación que tenga en cuenta las circunstancias actuales». En este sentido, el Consejo de Administración de la CNE ha acordado crear un grupo de trabajo junto a los agentes del mercado, el operador del mercado y el operador del sistema para analizar esta cuestión. Además, se reclama un mecanismo de incentivos al operador del sistema con el fin de garantizar la seguridad del suministro y, al mismo tiempo, minimizar el coste de la programación de los servicios de ajuste.
Restricciones técnicas
En otro orden de cosas, la CNE ya tiene abierto un expediente en el que investiga el comportamiento de las centrales térmicas que han reducido su contribución hasta niveles inferiores al mínimo técnico en zonas donde puedan existir problemas técnicos por la menor demanda o la mayor contribución de las renovables.
Desde agosto del año pasado, aclara el documento publicado en la página de Internet del regulador, el coste unitario de este mecanismo se ha incrementado significativamente como consecuencia de estas actuaciones de algunas centrales. No obstante, los expertos de la CNE dudan de la posibilidad de imponer multas, ya que «la conducta presenta problemas importantes para su subsunción en un tipo sancionador». Pese a ello, reclama a Industria la revisión de los programas de operaciones para evitar estas prácticas y pide a REE que analice alternativas sobre la aplicación de estos procedimientos.
www.cne.es
En su "Informe sobre la evolución de los costes en los mercados de operación del operador del sistema eléctrico", elaborado a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) afirma que «en los últimos años se ha incrementado la repercusión del sobrecoste de los mercados de operación en el precio final del mercado. En 2009, representaba unos 700 millones de euros, mientras que en 2012 esta partida alcanzó los 1.200 millones». Esta evolución supone un incremento del 71 % respecto a los datos de 2009 que se debe, principalmente, al incremento del coste en las «restricciones técnicas al programa resultante del mercado diario; la reserva de potencia adicional a subir; la banda de regulación secundaria; el mecanismo de resolución de restricciones técnicas en tiempo real y los servicios de ajuste en el cierre de energía del sistema», matiza el documento.
Asimismo, los especialistas del regulador explican en el informe que, de forma «general y sistemática», no se producen subidas de precios en los mercados mayoristas en los días previos a las subastas Cesur entre comercializadoras de último recurso, si bien sí se han apreciado «episodios puntuales» antes de la celebración de alguna de ellas.
Los técnicos de la entidad que preside Alberto Lafuente señalan que los incrementos del sobrecoste de operación detectados han tenido un efecto alcista del 8 % en el precio medio final del mercado en 2012 y del 6 % en 2009, lo que «ha tenido un impacto relevante en los resultados de los comercializadores independientes».
Por otra parte, los profesionales del regulador recuerdan que los mercados de operación actuales fueron diseñados en un contexto energético muy distinto al actual y estiman necesaria «una revisión de la normativa de los mercados de operación que tenga en cuenta las circunstancias actuales». En este sentido, el Consejo de Administración de la CNE ha acordado crear un grupo de trabajo junto a los agentes del mercado, el operador del mercado y el operador del sistema para analizar esta cuestión. Además, se reclama un mecanismo de incentivos al operador del sistema con el fin de garantizar la seguridad del suministro y, al mismo tiempo, minimizar el coste de la programación de los servicios de ajuste.
Restricciones técnicas
En otro orden de cosas, la CNE ya tiene abierto un expediente en el que investiga el comportamiento de las centrales térmicas que han reducido su contribución hasta niveles inferiores al mínimo técnico en zonas donde puedan existir problemas técnicos por la menor demanda o la mayor contribución de las renovables.
Desde agosto del año pasado, aclara el documento publicado en la página de Internet del regulador, el coste unitario de este mecanismo se ha incrementado significativamente como consecuencia de estas actuaciones de algunas centrales. No obstante, los expertos de la CNE dudan de la posibilidad de imponer multas, ya que «la conducta presenta problemas importantes para su subsunción en un tipo sancionador». Pese a ello, reclama a Industria la revisión de los programas de operaciones para evitar estas prácticas y pide a REE que analice alternativas sobre la aplicación de estos procedimientos.
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INDUSTRIA NO SE PLANTEA ALARGAR LA VIDA DE LOS REACTORES NUCLEARES HASTA LOS 60 AÑOS
SORIA: INDUSTRIA NO SE PLANTEA ALARGAR LA VIDA DE LOS REACTORES NUCLEARES HASTA LOS 60 AÑOS
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se plantea la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares de los cuarenta a los sesenta años en la estrategia que está ultimando y que supone la revisión del “mix” energético español, según explicó ayer su titular, José Manuel Soria, quien también aseguró que el sistema energético nacional «no puede permitirse el lujo» de prescindir de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
En concreto, el portavoz gubernamental, que participó en un desayuno de trabajo en Burgos en el marco del programa “Los encuentros de Radio Televisión Española de Castilla y León", detalló que en la revisión únicamente se contemplarán los cambios de reparto del mix energético tanto de régimen general como especial, pero insistió en que, en este momento, no se va a revisar la duración de la vida útil de las nucleares.
Para Soria, es «una prioridad que continúe la actividad de la central nuclear de Garoña», lo que es «una cuestión en trámite», tras la solicitud de la propietaria (Nuclenor) para poder mantener la operación de la planta un año más, y tras la concesión por parte del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear de su beneplácito a dicha solicitud. Eso sí, su visto bueno —otorgado por tres votos a favor y dos en contra— está condicionado a que la instalación permanezca en parada segura y sin combustible en el reactor.
En este sentido, Soria subrayó que el Gobierno está «convencido» de que Garoña «no va a cerrar» y «tiene indicios» de que va a ser así, por lo que en este momento no se plantea una mayor inversión del Plan Reindus para la reindustrialización de la zona de influencia de la central burgalesa.
El responsable ministerial afirmó además que ni su cartera ni el Gobierno «van a modificar» la carga impositiva, lo que sirvió a Nuclenor como argumento para detener la actividad de Garoña en diciembre de 2012, «porque aunque no gustaron a las empresas del sector, son impuestos necesarios». Sin embargo, dejó abierta la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» el texto legal que fija esos impuestos.
Precisamente Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola al 50 %, se encuentra a la espera de la respuesta a una consulta que elevó a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda hace varios meses para saber si podía «estar exenta o ser objeto de reducción» de alguno o varios de los nuevos impuestos fijados por el Gobierno a finales de 2012.
Adicionalmente, el ministro avanzó que la Secretaría de Estado de Energía se encuentra realizando un análisis «exhaustivo» del informe que emitió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante la petición planteada por Nuclenor. Dicho informe, según Soria, servirá para determinar la postura del Gobierno, que «respetará lo que diga el CSN porque no tiene prejuicios a favor ni en contra de Garoña ni de la energía nuclear».
En este sentido, aclaró que si del análisis se deduce que Garoña cumple las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias, el Gobierno autorizará su petición, «no solo por el 'mix' energético, sino por lo que supone para la economía, el empleo en su entorno y desde el punto de vista energético».
Soria concluyó que el sistema energético español «no puede permitirse el lujo» de prescindir de energía nuclear ya instalada y con una larga fase de amortización, siempre que se respeten las condiciones de seguridad.
www.efe.es
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se plantea la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares de los cuarenta a los sesenta años en la estrategia que está ultimando y que supone la revisión del “mix” energético español, según explicó ayer su titular, José Manuel Soria, quien también aseguró que el sistema energético nacional «no puede permitirse el lujo» de prescindir de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
En concreto, el portavoz gubernamental, que participó en un desayuno de trabajo en Burgos en el marco del programa “Los encuentros de Radio Televisión Española de Castilla y León", detalló que en la revisión únicamente se contemplarán los cambios de reparto del mix energético tanto de régimen general como especial, pero insistió en que, en este momento, no se va a revisar la duración de la vida útil de las nucleares.
Para Soria, es «una prioridad que continúe la actividad de la central nuclear de Garoña», lo que es «una cuestión en trámite», tras la solicitud de la propietaria (Nuclenor) para poder mantener la operación de la planta un año más, y tras la concesión por parte del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear de su beneplácito a dicha solicitud. Eso sí, su visto bueno —otorgado por tres votos a favor y dos en contra— está condicionado a que la instalación permanezca en parada segura y sin combustible en el reactor.
En este sentido, Soria subrayó que el Gobierno está «convencido» de que Garoña «no va a cerrar» y «tiene indicios» de que va a ser así, por lo que en este momento no se plantea una mayor inversión del Plan Reindus para la reindustrialización de la zona de influencia de la central burgalesa.
El responsable ministerial afirmó además que ni su cartera ni el Gobierno «van a modificar» la carga impositiva, lo que sirvió a Nuclenor como argumento para detener la actividad de Garoña en diciembre de 2012, «porque aunque no gustaron a las empresas del sector, son impuestos necesarios». Sin embargo, dejó abierta la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» el texto legal que fija esos impuestos.
Precisamente Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola al 50 %, se encuentra a la espera de la respuesta a una consulta que elevó a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda hace varios meses para saber si podía «estar exenta o ser objeto de reducción» de alguno o varios de los nuevos impuestos fijados por el Gobierno a finales de 2012.
Adicionalmente, el ministro avanzó que la Secretaría de Estado de Energía se encuentra realizando un análisis «exhaustivo» del informe que emitió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante la petición planteada por Nuclenor. Dicho informe, según Soria, servirá para determinar la postura del Gobierno, que «respetará lo que diga el CSN porque no tiene prejuicios a favor ni en contra de Garoña ni de la energía nuclear».
En este sentido, aclaró que si del análisis se deduce que Garoña cumple las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias, el Gobierno autorizará su petición, «no solo por el 'mix' energético, sino por lo que supone para la economía, el empleo en su entorno y desde el punto de vista energético».
Soria concluyó que el sistema energético español «no puede permitirse el lujo» de prescindir de energía nuclear ya instalada y con una larga fase de amortización, siempre que se respeten las condiciones de seguridad.
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LAFUENTE (CNE) DEFIENDE QUE EL DÉFICIT DE TARIFA DEL GAS "ESTÁ ENCAUZADO"
LAFUENTE (CNE) DEFIENDE QUE EL DÉFICIT DE TARIFA DEL GAS "ESTÁ ENCAUZADO"
El presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alberto Lafuente, aseguró ayer que el déficit de tarifa del gas «está encauzado» gracias a las medidas adoptadas hasta ahora y que no requerirá «decisiones adicionales».
Así lo manifestó durante su intervención en la inauguración de la reunión anual de la Asociación Española del Gas (Sedigas), en la que explicó que, «afortunadamente», las decisiones tomadas en materia normativa durante el pasado año por el Gobierno han permitido resolver el déficit de tarifa del gas, que se genera porque los ingresos del sistema no cubren los costes y que el pasado año superó los 300 millones de euros.
De esta manera, los ajustes puestos en marcha, entre los que se incluye la congelación de la retribución de algunas infraestructuras que debían comenzar a funcionar este año, encauzan un desfase que «no debería requerir decisiones adicionales».
Estas declaraciones están en línea con las conclusiones del informe "Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020" que el regulador publicó la pasada semana, documento que recoge que este desfase va a pasar de «ser creciente y llegar a los 3.000 millones en el periodo 2012-2020» a alcanzar como máximo los 882 millones en 2016 y pasar a «ser decreciente».
Grupos de trabajo para acelerar un mercado del gas «más transparente»
Acompañado por el presidente de Sedigas, Antoni Peris, y del viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Beltrán, Lafuente también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados para hacer «más transparente la formación de precios» y mejorar la competencia, un proyecto en el que la CNE ya trabaja a través de un grupo de trabajo.
En este sentido, recordó que los reguladores europeos están desarrollando la fase del diseño de unas reglas comunes que permitan la creación de un mercado único europeo del gas, mediante la armonización de cuestiones como la asignación de capacidad o la planificación de infraestructuras.
Según Lafuente, el objetivo de los grupos de trabajo es lograr definir una estrategia que haga «más transparente» la formación de precios y la adopción de mecanismos concurrenciales en beneficio del sector y de la economía española.
Además, en su opinión, el sector gasista debe abordar no solo el reto de consolidar la creación del mercado único europeo y la regulación única europea para el sector, sino también el de promover la sostenibilidad financiera del sector. En este sentido, recordó que la CNE ha estado insistiendo en la necesidad de crear un mercado organizado del gas porque ya se «reúnen las condiciones precisas y existe un nivel de demanda importante».
Por otro lado, el máximo responsable del regulador energético nacional indicó que el año 2012 ha sido «especialmente fructífero» gracias a la trasposición de la tercera directiva, que asignó a la CNE nuevas funciones. Asimismo, incidió en que la agenda regulatoria de los próximos años dependerá de los avances en la consecución de este reto de avanzar hacia una regulación única europea para el sector.
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El presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alberto Lafuente, aseguró ayer que el déficit de tarifa del gas «está encauzado» gracias a las medidas adoptadas hasta ahora y que no requerirá «decisiones adicionales».
Así lo manifestó durante su intervención en la inauguración de la reunión anual de la Asociación Española del Gas (Sedigas), en la que explicó que, «afortunadamente», las decisiones tomadas en materia normativa durante el pasado año por el Gobierno han permitido resolver el déficit de tarifa del gas, que se genera porque los ingresos del sistema no cubren los costes y que el pasado año superó los 300 millones de euros.
De esta manera, los ajustes puestos en marcha, entre los que se incluye la congelación de la retribución de algunas infraestructuras que debían comenzar a funcionar este año, encauzan un desfase que «no debería requerir decisiones adicionales».
Estas declaraciones están en línea con las conclusiones del informe "Sostenibilidad Económica Sector Gasista 2012-2020" que el regulador publicó la pasada semana, documento que recoge que este desfase va a pasar de «ser creciente y llegar a los 3.000 millones en el periodo 2012-2020» a alcanzar como máximo los 882 millones en 2016 y pasar a «ser decreciente».
Grupos de trabajo para acelerar un mercado del gas «más transparente»
Acompañado por el presidente de Sedigas, Antoni Peris, y del viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Beltrán, Lafuente también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los mercados para hacer «más transparente la formación de precios» y mejorar la competencia, un proyecto en el que la CNE ya trabaja a través de un grupo de trabajo.
En este sentido, recordó que los reguladores europeos están desarrollando la fase del diseño de unas reglas comunes que permitan la creación de un mercado único europeo del gas, mediante la armonización de cuestiones como la asignación de capacidad o la planificación de infraestructuras.
Según Lafuente, el objetivo de los grupos de trabajo es lograr definir una estrategia que haga «más transparente» la formación de precios y la adopción de mecanismos concurrenciales en beneficio del sector y de la economía española.
Además, en su opinión, el sector gasista debe abordar no solo el reto de consolidar la creación del mercado único europeo y la regulación única europea para el sector, sino también el de promover la sostenibilidad financiera del sector. En este sentido, recordó que la CNE ha estado insistiendo en la necesidad de crear un mercado organizado del gas porque ya se «reúnen las condiciones precisas y existe un nivel de demanda importante».
Por otro lado, el máximo responsable del regulador energético nacional indicó que el año 2012 ha sido «especialmente fructífero» gracias a la trasposición de la tercera directiva, que asignó a la CNE nuevas funciones. Asimismo, incidió en que la agenda regulatoria de los próximos años dependerá de los avances en la consecución de este reto de avanzar hacia una regulación única europea para el sector.
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lunes, 20 de mayo de 2013
LA CE CONSIDERA QUE ESPAÑA DEBE ELIMINAR GRADUALMENTE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS REGULADAS EN ESPAÑA
LA CE CONSIDERA QUE ESPAÑA DEBE ELIMINAR GRADUALMENTE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS REGULADAS EN ESPAÑA
La Comisión Europea (CE) se ha mostrado partidaria de que España elimine gradualmente la regulación que impone a las facturas eléctricas de los hogares teniendo en cuenta a los consumidores «vulnerables».
En concreto, los especialistas del Ejecutivo comunitario recuerdan que han indicado en numerosas ocasiones que el objetivo español es eliminar los grandes problemas generados por el déficit de la factura eléctrica, lo que puede lograrse «mediante la consecución de la eficiencia de costes del suministro de electricidad», según ha explicado recientemente la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Marlen Holzner.
«Este procedimiento debería ser acompañado de una eliminación gradual de las tarifas reguladas para los hogares, teniendo en cuenta la protección efectiva de los consumidores vulnerables», añadió la portavoz de Bruselas.
Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen previsto adoptar conclusiones sobre la importancia de contar en 2014 con un mercado interior de la energía en la Unión en el marco de la cumbre sobre precios de la electricidad que celebrarán en la capital belga pasado mañana.
El déficit tarifario acumulado por España superaba al cierre de 2012 los 29.000 millones de euros, tras aumentar en ese ejercicio en 5.609 millones de euros, lo que supone un incremento superior en un 45,7 % al registrado el año anterior. Al hilo de estas magnitudes, Holzner recordó que el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, también ha recalcado la importancia de que nuestro país actúe para eliminar este problema.
En cualquier caso, en la cita del próximo miércoles prevén que los responsables comunitarios determinen recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Actualmente, los precios de la energía difieren considerablemente entre los países de la UE a causa de que el mercado energético en Europa «está muy fragmentado», incidió Holzner. En esta situación, aseguró, no aprovechar las ventajas de la eficiencia energética significa que las empresas y los consumidores «pagan más de lo que necesitan para sus suministros de energía». En opinión de la Comisión, «tenemos parte de la solución a los altos precios de la energía en nuestras manos» si se logra completar el mercado interior de la energía y aplicar «la legislación vigente», aseguró la directiva.
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La Comisión Europea (CE) se ha mostrado partidaria de que España elimine gradualmente la regulación que impone a las facturas eléctricas de los hogares teniendo en cuenta a los consumidores «vulnerables».
En concreto, los especialistas del Ejecutivo comunitario recuerdan que han indicado en numerosas ocasiones que el objetivo español es eliminar los grandes problemas generados por el déficit de la factura eléctrica, lo que puede lograrse «mediante la consecución de la eficiencia de costes del suministro de electricidad», según ha explicado recientemente la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Marlen Holzner.
«Este procedimiento debería ser acompañado de una eliminación gradual de las tarifas reguladas para los hogares, teniendo en cuenta la protección efectiva de los consumidores vulnerables», añadió la portavoz de Bruselas.
Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen previsto adoptar conclusiones sobre la importancia de contar en 2014 con un mercado interior de la energía en la Unión en el marco de la cumbre sobre precios de la electricidad que celebrarán en la capital belga pasado mañana.
El déficit tarifario acumulado por España superaba al cierre de 2012 los 29.000 millones de euros, tras aumentar en ese ejercicio en 5.609 millones de euros, lo que supone un incremento superior en un 45,7 % al registrado el año anterior. Al hilo de estas magnitudes, Holzner recordó que el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, también ha recalcado la importancia de que nuestro país actúe para eliminar este problema.
En cualquier caso, en la cita del próximo miércoles prevén que los responsables comunitarios determinen recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Actualmente, los precios de la energía difieren considerablemente entre los países de la UE a causa de que el mercado energético en Europa «está muy fragmentado», incidió Holzner. En esta situación, aseguró, no aprovechar las ventajas de la eficiencia energética significa que las empresas y los consumidores «pagan más de lo que necesitan para sus suministros de energía». En opinión de la Comisión, «tenemos parte de la solución a los altos precios de la energía en nuestras manos» si se logra completar el mercado interior de la energía y aplicar «la legislación vigente», aseguró la directiva.
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NUCLENOR SOLICITA A INDUSTRIA QUE POSPONGA UN AÑO EL PLAZO PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN DE GAROÑA
NUCLENOR SOLICITA A INDUSTRIA QUE POSPONGA UN AÑO EL PLAZO PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN DE GAROÑA
Endesa e Iberdrola, titulares de Nuclenor al 50 %, han hecho llegar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una petición para que se posponga un año el plazo estipulado por ley para solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.
En concreto, los responsables de la gestión de la instalación atómica burgalesa piden a la cartera que dirige José Manuel Soria una revocación parcial de la orden ministerial que contempla el cierre del reactor con el objetivo de ampliar doce meses el plazo en que puede pedir la renovación de la licencia, que expira el próximo 6 de julio.
Cabe recordar que Nuclenor comunicó el pasado diciembre al Ejecutivo español su decisión de no renovar dicho permiso porque los recortes y nuevos impuestos aprobados en materia energética hacían inviable la continuidad de la instalación castellano-leonesa e impedían su rentabilidad. «La aplicación de la nueva fiscalidad situaría a Nuclenor en patrimonio negativo», argumentaron los directivos de la compañía.
Así, los gestores de la instalación burgalesa decidieron parar la actividad de la central, para lo que sacaron las barras de uranio del reactor de forma provisional el pasado diciembre. Si la instalación cierra, pagarán impuestos, pero si se reanuda la actividad y se devuelven al reactor las barras para seguir funcionando tendrá que tributar por todo el tiempo que se hayan estado usando.
Desde Endesa e Iberdrola aún esperan que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responda a una consulta vinculante para conocer el alcance de los efectos de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sobre Garoña. Pero ante la proximidad de la fecha de cierre de la central y al no disponer aún de los datos solicitados en la mencionada consulta, los representantes de Nuclenor han preferido mover ficha para ganar tiempo y poder valorar con mayor detalle y objetividad si interesa mantener operativa la central, que se encuentra desconectada de la red eléctrica desde finales del año pasado. A este respecto, el comunicado divulgado por los gestores de Garoña sobre este asunto recoge que, «de esta forma, se podría mantener la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación vigente que permitiese continuar en un futuro con la operación de la central nuclear de Santa María de Garoña».
La compañía ya pidió el año pasado otros dos aplazamientos de la presentación de solicitud de renovación cuando aún se tramitaba la ley, pero el Gobierno no los concedió. Con los recortes ya vigentes, Nuclenor vuelve a reclamar la prórroga.
Industria pide al CSN que valore la petición de Nuclenor
Por su parte, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya han recibido el encargo del Ministerio de Industria de estudiar la petición realizada por Nuclenor y que previsiblemente será analizada en un pleno extraordinario del Consejo de Administración que podría tener lugar hoy mismo. Los especialistas valorarán los informes de las direcciones técnicas y de la asesoría jurídica del máximo organismo regulador en materia nuclear de España para, posteriormente, emitir una conclusión respecto de si procede o no conceder la prórroga. Esta decisión no tiene por qué tomarse hoy mismo.
Cabe recordar que la orden que fijó el cierre definitivo de Garoña para el 6 de julio de este año fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2009. Tras su llegada al poder, el Ejecutivo del Partido Popular revocó dicha decisión en una orden el 29 de junio del año pasado, en la que se estableció que la vida de Garoña no se extinguiría si sus propietarias solicitaban la prórroga. Algo que, a día de hoy, no ha ocurrido.
La solicitud de aplazamiento por parte de las eléctricas se ha interpretado en el sector como un claro signo de que sus responsables tienen intención de mantener la actividad de la central; de lo contrario, no pedirían aplazamientos. Fuentes de esta industria consideran que Garoña se está utilizando como moneda de cambio, a la vista de la posición pronuclear del Gobierno, para lograr otros beneficios. Por ejemplo, que el Ejecutivo amplíe por ley la vida útil de las centrales a 60 años (en estos momentos, la vida de diseño es de 40 años).
En esta línea, en el escrito dirigido a Industria, Nuclenor subraya la «práctica internacional» de extender la explotación de las centrales nucleares más allá de los 40 años, tal y como defiende el regulador atómico de Estados Unidos. Según sus datos, en la nación norteamericana se han renovado los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de 15 reactores más.
www.efe.es
Endesa e Iberdrola, titulares de Nuclenor al 50 %, han hecho llegar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una petición para que se posponga un año el plazo estipulado por ley para solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.
En concreto, los responsables de la gestión de la instalación atómica burgalesa piden a la cartera que dirige José Manuel Soria una revocación parcial de la orden ministerial que contempla el cierre del reactor con el objetivo de ampliar doce meses el plazo en que puede pedir la renovación de la licencia, que expira el próximo 6 de julio.
Cabe recordar que Nuclenor comunicó el pasado diciembre al Ejecutivo español su decisión de no renovar dicho permiso porque los recortes y nuevos impuestos aprobados en materia energética hacían inviable la continuidad de la instalación castellano-leonesa e impedían su rentabilidad. «La aplicación de la nueva fiscalidad situaría a Nuclenor en patrimonio negativo», argumentaron los directivos de la compañía.
Así, los gestores de la instalación burgalesa decidieron parar la actividad de la central, para lo que sacaron las barras de uranio del reactor de forma provisional el pasado diciembre. Si la instalación cierra, pagarán impuestos, pero si se reanuda la actividad y se devuelven al reactor las barras para seguir funcionando tendrá que tributar por todo el tiempo que se hayan estado usando.
Desde Endesa e Iberdrola aún esperan que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responda a una consulta vinculante para conocer el alcance de los efectos de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sobre Garoña. Pero ante la proximidad de la fecha de cierre de la central y al no disponer aún de los datos solicitados en la mencionada consulta, los representantes de Nuclenor han preferido mover ficha para ganar tiempo y poder valorar con mayor detalle y objetividad si interesa mantener operativa la central, que se encuentra desconectada de la red eléctrica desde finales del año pasado. A este respecto, el comunicado divulgado por los gestores de Garoña sobre este asunto recoge que, «de esta forma, se podría mantener la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación vigente que permitiese continuar en un futuro con la operación de la central nuclear de Santa María de Garoña».
La compañía ya pidió el año pasado otros dos aplazamientos de la presentación de solicitud de renovación cuando aún se tramitaba la ley, pero el Gobierno no los concedió. Con los recortes ya vigentes, Nuclenor vuelve a reclamar la prórroga.
Industria pide al CSN que valore la petición de Nuclenor
Por su parte, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya han recibido el encargo del Ministerio de Industria de estudiar la petición realizada por Nuclenor y que previsiblemente será analizada en un pleno extraordinario del Consejo de Administración que podría tener lugar hoy mismo. Los especialistas valorarán los informes de las direcciones técnicas y de la asesoría jurídica del máximo organismo regulador en materia nuclear de España para, posteriormente, emitir una conclusión respecto de si procede o no conceder la prórroga. Esta decisión no tiene por qué tomarse hoy mismo.
Cabe recordar que la orden que fijó el cierre definitivo de Garoña para el 6 de julio de este año fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2009. Tras su llegada al poder, el Ejecutivo del Partido Popular revocó dicha decisión en una orden el 29 de junio del año pasado, en la que se estableció que la vida de Garoña no se extinguiría si sus propietarias solicitaban la prórroga. Algo que, a día de hoy, no ha ocurrido.
La solicitud de aplazamiento por parte de las eléctricas se ha interpretado en el sector como un claro signo de que sus responsables tienen intención de mantener la actividad de la central; de lo contrario, no pedirían aplazamientos. Fuentes de esta industria consideran que Garoña se está utilizando como moneda de cambio, a la vista de la posición pronuclear del Gobierno, para lograr otros beneficios. Por ejemplo, que el Ejecutivo amplíe por ley la vida útil de las centrales a 60 años (en estos momentos, la vida de diseño es de 40 años).
En esta línea, en el escrito dirigido a Industria, Nuclenor subraya la «práctica internacional» de extender la explotación de las centrales nucleares más allá de los 40 años, tal y como defiende el regulador atómico de Estados Unidos. Según sus datos, en la nación norteamericana se han renovado los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de 15 reactores más.
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domingo, 19 de mayo de 2013
SORIA: LA REFORMA DEL SECTOR ENERGÉTICO “EVITARÁ” EL DÉFICIT DE TARIFA EN EL FUTURO
SORIA: LA REFORMA DEL SECTOR ENERGÉTICO “EVITARÁ” EL DÉFICIT DE TARIFA EN EL FUTURO
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido en que la reforma del sector energético que está preparando su equipo para presentarla al Consejo de Ministros antes de finales de junio contempla medidas para evitar que el déficit de tarifa se genere en el futuro.
En rueda de prensa, el titular de la cartera del ramo quiso subrayar que «antes de que finalice el primer semestre del año» se revelarán los detalles sobre «los aspectos regulatorios del sistema energético, que van a afectar fundamentalmente a la parte regulada del sistema: transporte, distribución, sistemas extrapeninsulares, régimen especial» pero que también contemplará «medidas en la parte de producción y de generación».
Tal y como avanzó el portavoz gubernamental, todas estas medidas complementarán las ya aplicadas en 2012 y 2013, que tienen como objetivo encauzar el déficit tarifario. «Ahora no solo no se trata de encauzar el déficit de tarifa, sino de establecer un conjunto de medidas regulatorias de transformación de los aspectos regulatorios con el fin de que esos déficits no sigan apareciendo en ejercicios futuros», añadió.
Asimismo, precisó que la finalidad del proceso de reformas es que, teniendo en cuenta que se trata de una fase que comporta una serie de costes, se consiga una distribución equilibrada para los consumidores, la Administración General del Estado y las empresas eléctricas y, dentro de estas, también para el régimen especial y el ordinario.
Moody's: la elevada deuda eléctrica puede encarecer su colocación
Por su parte, los especialistas de la agencia de calificación crediticia Moody's han alertado de que «el continuado alto nivel de déficit de tarifa» puede tener efectos negativos sobre el «rating» de las emisiones de deuda eléctrica en los mercados. Así se recoge en un informe sobre distintos ámbitos crediticios de interés en Europa elaborado por los analistas de la firma.
El documento, cuyas conclusiones han sido dadas a conocer recientemente, constata que el Gobierno español adoptó importantes medidas para atajar el déficit de tarifa, valoradas en 6.500 millones de euros solo en 2012, si bien el esfuerzo resultó «insuficiente», a la vista de que en ese mismo ejercicio la deuda eléctrica alcanzó los 5.600 millones de euros.
A juicio de los expertos de la entidad, la caída de la demanda y la fluctuación de los precios eléctricos explican esta «insuficiencia» de las medidas adoptadas, y hacen prever que en 2013 se adopten decisiones adicionales por valor de 3.000 millones de euros para contener el desajuste eléctrico.
Mientras, «el alto déficit continuado es negativo para el rating» de las colocaciones, más aún a la vista de que las futuras medidas podrían incorporar alguna modificación de los términos de amortización de la deuda eléctrica, especifica el informe.
Esta posible modificación en los costes financieros de la deuda ex ante merece un comentario aparte de Moody's, que considera que el Gobierno podría aliviarlos bien llevándolos a las cuentas públicas, bien ampliando el plazo de vencimiento de los pasivos.
Pese a expresar esta inquietud, la firma también considera «improbable» que se produzca un círculo de deterioro en el que sean las propias medidas regulatorias contra el déficit las que provoquen un encarecimiento en las colocaciones de deuda y, con ello, una presión adicional al alza del propio déficit.
www.europapress.es
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido en que la reforma del sector energético que está preparando su equipo para presentarla al Consejo de Ministros antes de finales de junio contempla medidas para evitar que el déficit de tarifa se genere en el futuro.
En rueda de prensa, el titular de la cartera del ramo quiso subrayar que «antes de que finalice el primer semestre del año» se revelarán los detalles sobre «los aspectos regulatorios del sistema energético, que van a afectar fundamentalmente a la parte regulada del sistema: transporte, distribución, sistemas extrapeninsulares, régimen especial» pero que también contemplará «medidas en la parte de producción y de generación».
Tal y como avanzó el portavoz gubernamental, todas estas medidas complementarán las ya aplicadas en 2012 y 2013, que tienen como objetivo encauzar el déficit tarifario. «Ahora no solo no se trata de encauzar el déficit de tarifa, sino de establecer un conjunto de medidas regulatorias de transformación de los aspectos regulatorios con el fin de que esos déficits no sigan apareciendo en ejercicios futuros», añadió.
Asimismo, precisó que la finalidad del proceso de reformas es que, teniendo en cuenta que se trata de una fase que comporta una serie de costes, se consiga una distribución equilibrada para los consumidores, la Administración General del Estado y las empresas eléctricas y, dentro de estas, también para el régimen especial y el ordinario.
Moody's: la elevada deuda eléctrica puede encarecer su colocación
Por su parte, los especialistas de la agencia de calificación crediticia Moody's han alertado de que «el continuado alto nivel de déficit de tarifa» puede tener efectos negativos sobre el «rating» de las emisiones de deuda eléctrica en los mercados. Así se recoge en un informe sobre distintos ámbitos crediticios de interés en Europa elaborado por los analistas de la firma.
El documento, cuyas conclusiones han sido dadas a conocer recientemente, constata que el Gobierno español adoptó importantes medidas para atajar el déficit de tarifa, valoradas en 6.500 millones de euros solo en 2012, si bien el esfuerzo resultó «insuficiente», a la vista de que en ese mismo ejercicio la deuda eléctrica alcanzó los 5.600 millones de euros.
A juicio de los expertos de la entidad, la caída de la demanda y la fluctuación de los precios eléctricos explican esta «insuficiencia» de las medidas adoptadas, y hacen prever que en 2013 se adopten decisiones adicionales por valor de 3.000 millones de euros para contener el desajuste eléctrico.
Mientras, «el alto déficit continuado es negativo para el rating» de las colocaciones, más aún a la vista de que las futuras medidas podrían incorporar alguna modificación de los términos de amortización de la deuda eléctrica, especifica el informe.
Esta posible modificación en los costes financieros de la deuda ex ante merece un comentario aparte de Moody's, que considera que el Gobierno podría aliviarlos bien llevándolos a las cuentas públicas, bien ampliando el plazo de vencimiento de los pasivos.
Pese a expresar esta inquietud, la firma también considera «improbable» que se produzca un círculo de deterioro en el que sean las propias medidas regulatorias contra el déficit las que provoquen un encarecimiento en las colocaciones de deuda y, con ello, una presión adicional al alza del propio déficit.
www.europapress.es
jueves, 16 de mayo de 2013
ALBERTO LAFUENTE (CNE): "LA PEQUEÑA INDUSTRIA SUFRE MUCHO MÁS QUE LA GRANDE LAS ALZAS DE LOS PEAJES ELÉCTRICOS"
ALBERTO LAFUENTE (CNE): "LA PEQUEÑA INDUSTRIA SUFRE MUCHO MÁS QUE LA GRANDE LAS ALZAS DE LOS PEAJES ELÉCTRICOS"
El presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alberto Lafuente, considera que las pequeñas empresas de la industria han tenido que soportar entre 2006 y 2013 un incremento de los costes regulados de la electricidad (o peajes) muy superiores a los de las grandes compañías del sector. Así lo aseguró durante su participación en el Foro de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), ante cuya audiencia explicó que, en apenas seis años, «los incrementos más importantes se han producido entre los pequeños consumidores industriales, superiores al 100 %, mientras que los grandes consumidores han tenido una disminución de los peajes en términos nominales».
El presidente de la CNE cuestionó que el coste de la electricidad lastre la competitividad de la industria en España y consideró que, entre los grandes consumidores, el coste de la energía es «relativamente competitivo» y supone el 84 % del precio final, con lo que los peajes pesan «poco» para estos consumidores en comparación con otros.
En todo caso, aclaró que es «importante» que los precios eléctricos sean competitivos, ya que esta circunstancia «condiciona los precios de la actividad industrial. Para que España pueda contar con una industria competitiva en los mercados exteriores y nacionales, es necesario disponer de un sector energético competitivo», afirmó.
Sin embargo, el coste de la electricidad en el conjunto de la industria es «relativamente bajo», salvo en un «número reducido de sectores y de empresas». De hecho, en buena parte de los casos el coste de la electricidad apenas supone el 1 % del total.
Para concluir, el máximo directivo del regulador energético español reclamó una visión «a largo plazo» para el sistema eléctrico.
FUENTE: EP
El presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alberto Lafuente, considera que las pequeñas empresas de la industria han tenido que soportar entre 2006 y 2013 un incremento de los costes regulados de la electricidad (o peajes) muy superiores a los de las grandes compañías del sector. Así lo aseguró durante su participación en el Foro de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), ante cuya audiencia explicó que, en apenas seis años, «los incrementos más importantes se han producido entre los pequeños consumidores industriales, superiores al 100 %, mientras que los grandes consumidores han tenido una disminución de los peajes en términos nominales».
El presidente de la CNE cuestionó que el coste de la electricidad lastre la competitividad de la industria en España y consideró que, entre los grandes consumidores, el coste de la energía es «relativamente competitivo» y supone el 84 % del precio final, con lo que los peajes pesan «poco» para estos consumidores en comparación con otros.
En todo caso, aclaró que es «importante» que los precios eléctricos sean competitivos, ya que esta circunstancia «condiciona los precios de la actividad industrial. Para que España pueda contar con una industria competitiva en los mercados exteriores y nacionales, es necesario disponer de un sector energético competitivo», afirmó.
Sin embargo, el coste de la electricidad en el conjunto de la industria es «relativamente bajo», salvo en un «número reducido de sectores y de empresas». De hecho, en buena parte de los casos el coste de la electricidad apenas supone el 1 % del total.
Para concluir, el máximo directivo del regulador energético español reclamó una visión «a largo plazo» para el sistema eléctrico.
FUENTE: EP
domingo, 5 de mayo de 2013
Endesa se hace de golpe con el 10% del mercado eléctrico de usuarios domésticos de Portugal
Endesa se hace de golpe con el 10% del mercado eléctrico de usuarios domésticos de Portugal
La nacional EdP pierde cuota de mercado de forma galopante frente a las españolas
Aunque la apertura del mercado energético luso aun no convence del todo a ninguna de las eléctricas españolas que operan en Portugal (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), que no hace mucho calificaron el proceso de liberalización iniciado en 2006 como una "fantochada" y como una "farsa monumental", acusando a EdP y a Galp de "vivir de las rentas del monopolio", la situación ha dado un vuelco importante en las últimas horas. La eléctrica española Endesa, presidida en Portugal por Nuno Ribeiro da Silva, no tuvo ninguna competencia en la subasta organizada por la asociación de consumidores Deco para el contrato de todos sus asociados. Ni las lusas EdP y Galp y las españolas Iberdrola y Gas Natural Fenosa acudieron, al considerar imposible la presentación de ofertas en línea tanto con la situación actual del mercado, como con las condiciones de Deco y de sus consumidores. De esta forma, la empresa presidida en España por Borja Prado podrá hacerse de golpe con casi 600.000 nuevos clientes del segmento doméstico, lo que representaría el 10% de un mercado ampliamente controlado por EdP, con un "share" en la actualidad del 83%
La iniciativa de Deco, que en el futuro podría ser extendida a otros sectores de la economía que aun aplican tarifas por lo general superiores a la media europea, como es el caso sobre todo de las telecomunicaciones y el gas natural, no es la primera del género en Europa. Lo que hizo la organización de defensa de los consumidores fue seguir el ejemplo de homólogas europeas (Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda) para encontrar las mejores ofertas tarifarias posibles para sus asociados. En todo o caso, su iniciativa no podía pasar desapercibida, al contar con la adhesión de 400.000 asociados y de otros 187.000 consumidores dispuestos a pasarse al sector liberalizado, que congrega a 1,6 millones de clientes sobre un total de seis millones. Sin embargo, la "subasta" propiciada por Deco para suministrar energía eléctrica a sus asociacidos solo recibió una propuesta, la de Endesa Portugal, cuya oferta será publicada este próximo unes. La organización de consumidores dispondrá ahora de dos semanas (hasta el 15 de mayo) para presentar las condiciones de Endesa a cada uno de los 587.000 consumidores dispuestos a pasarse al sector liberalizado, los cuales tendrán de plazo hasta el 30 de junio para tomar su decisión. Lo más probable es una aceptación masiva de la propuesta de Endesa, que se compromete a mantener el sistema tarifario prometido durante un plazo mínimo de un año, y sin que el proceso de migración desde el sector regulado, como la firma de los contratos con la eléctrica, impliquen costes adicionales para los nuevos clientes.
Efectos sobre el resto
Para las restantes eléctricas, las condiciones puestas por Deco eran inaceptables. Empezando por el cobro de una comisión de 15 euros por cada uno de los nuevos clientes que representa: la organización explica que revertirá dicha comisión a sus 400.000 "socios", mientras que la parte correspondiente a los 187.000 "no-socios" (2,8 millones de euros) será utilizada para sufragar los costes de la campaña "Pague menos luz" y de la subasta. En todo o caso, pese a que Deco aceptó rebajar su exigencia inicial de 30 euros de comisión "per cápita", EdP, Galp, Iberdrola y GNF han rechazado participar en la subasta también porque la situación actual no dejaba margen para ninguna rebaja tarifaria, y sobre todo, quizás, por el peso que supondría para sus infraestructuras comerciales encajar de golpe 600.000 nuevos clientes.
Por lo tanto, si todo ocurre según lo previsto, Endesa se hará con una parte sustancial del mercado doméstico liberalizado, que pese al fuerte empuje registrado entre enero y marzo (500.000 nuevos clientes) solo congrega aun 1,6 millón de consumidores. O sea, la eléctrica española pasará a liderar este segmento, con un "share" cercano al 50% y que representará más de 10% de los 6 millones de consumidores domésticos, de los cuales el 95% son todavía clientes de EdP, por aquello de la "inercia" del antiguo monopolio y sobre todo por la tarifa reglamentada, la cual crece menos rápidamente que lo que reclaman las eléctricas.
Algunos expertos consideran que no será dificil cubrir el exceso de demanda que eso supone para la eléctrica participada por Enel ya que podrá importar generación de sus instalaciones en España, donde el consumo eléctrico acumuladas caídas anuales de más del 3% desde que se inició la crisis económica en España.
Amaneza para EdP
Lo cierto es que en el conjunto del mercado liberalizado, las eléctricas españolas representan una seria amenaza para EdP. En el segmento de los grandes consumidores, Endesa tiene un "share" del 22% que solo es superado por el 36% de EdP; en la clientela industrial la eléctrica lusa solo mantiene el 33% del mercado, frente al 57% de las españolas (29% para Endesa, 28% para Iberdrola); y lo mismo pasa en los pequeños comercios, donde el "share" del 43% de EdP también es superado por la parte conjunta de Iberdrola (23%) y Endesa (18%). El "peso" de las eléctricas españolas es tanto más importante en el sector liberalizadom que representa casi las dos terceras partes del consumo, por el impacto que tienen los grandes consumidores, la industria y los pequeños negocios, con tasas en los respectivos segmentos del 97%, del 93% y del 75%, frente al 26% en el mercado domestico, que Endesa pasará ahora a liderar.
La eléctrica controlada por Enel lleva casi dos décadas en Portugal, pero solo pudo entrar en el segmento doméstico en 2009, cuando propuso a 100.000 hogares con consumos de 3 Kw y un gasto mensual situado entre 43 y 140 euros un descuento del 5% sobre las tarifas aplicadas por EdP. De hecho, Endesa Portugal lleva tiempo enfrentada a las autoridades lusas: Nuno Ribeiro da Silva acusó a EdP y a Galp de vivir de las rentas del monopolio en la electricidad y en el gas, con la complicidad de los gobiernos de turno, que además decretan tarifas que no cubren los costes reales de producción y desincentivan la migración de la clientela al mercado liberalizado y la inversión en el sector. En el ámbito del plan de rescate de 78.000 millones de euros, Lisboa también pactó con la "troika" FMI/BCE/UE una reestructuración del sector y lanzó una ofensiva contra las llamadas "rentas excesivas" o beneficios desproporcionados, con recortes de 1.800 millones de euros hasta el 2020 en cogeneración, garantía de potencia, minihidraulicas, eólicas, centrales térmicas, etc.
En el pulso que echó al gobierno conservador luso (al contrario de su predecesor socialista José Sócrates, Passos Coelho optó por no atribuir la máxima prioridad a las relaciones con España, "enterrando" el proyecto del AVE Lisboa-Madrid, poniendo la política económica, financiera y de austeridad drástica en línea con los preceptos de Ángela Merkel, etc. ), Endesa hasta llegó a cuestionar su plan de inversiones en Portugal cercano a 1.000 millones de euros y ponderó seriamente poner en "hibernación" las culiminación de las centrales del Pego y de Tejo Energía.
Sin embargo, al final todo volvió más o menos a la "normalidad": Nuno Ribeiro da Silva registró con satisfacción la decisión de Enel de mantener los proyectos de Endesa Portugal, que planea alcanzar una capacidad instalada de 2.000 MW (el doble de la actual) y ahora sacará pecho por hacerse de golpe con casi la mitad del mercado domestico liberalizado. Iberdrola está en la misma línea, y solo espera la salida de la crisis para dar el acelerón final a la construcción del importante complejo hidroeléctrico en el Rio Tamega, con unos 1.500 millones de inversión
FUENTE:José Alves-Lisboa.CAPITALMADRID.
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