NO SE VARÍAN LOS TOPES DE LA TUR ELÉCTRICA HASTA QUE NO SE GARANTICE LA PLENA COMPETENCIA PARA LOS DOMÉSTICOS

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó ayer a los asistentes a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado que el Gobierno no modificará la Tarifa de Último Recurso (TUR) eléctrica hasta que no constate que está garantizada plenamente la competencia para los consumidores domésticos.

De esta manera, el responsable ministerial hacía referencia a la voluntad anunciada en varias ocasiones por su departamento de avanzar en la liberalización de la factura eléctrica, así como a la intención de rebajar el umbral de acceso de la TUR de los actuales 10 kilovatios (kW) a un intervalo de entre 3 y 5 kW.

«No se va a modificar mientras no estén cien por cien garantizadas las condiciones necesarias de competencia para el consumidor doméstico», explicó el secretario de Estado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo excluyera a algunos colectivos del acceso a la TUR.

Asimismo, Nadal sostuvo que tiene «la intención de mantener el espíritu establecido» en el bono social —al que pueden acogerse los usuarios con una potencia de hasta 3 kW, las familias numerosas, parados y pensionistas con prestaciones mínimas—, y que «no hay nada previsto» en lo que a cambios se refiere. Sin embargo, añadió que «eso no quiere decir que no esté dentro de la política energética del Gobierno».

En este sentido, explicó que el Ejecutivo podría «aplicar algún ajuste pensando en lo que hemos aprendido en el pasado». No obstante, aseguró que «la parte esencial de mantener un precio bajo y estable para las familias en circunstancias especiales» no cambiará a partir de 2014, sino que «se mantendrá en términos parecidos a los actuales».

Del mismo modo, reconoció que es necesario un cambio en la regulación que contemple una forma distinta de retribución para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que declaró «inaplicables» los artículos del Real Decreto-Ley 6/2009 que obligan a las eléctricas propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva el bono social.

De hecho, el Ministerio de Industria ya presupuestó este coste dentro de la tarifa eléctrica de 2013, después de que el Tribunal Supremo anulase la obligación de las grandes eléctricas de financiarlo. «La orden de peajes de 2013 lo ha incluido y la intención del Gobierno es mantener esta política hacia el futuro», señaló Nadal.

El bono social, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables unos tres millones de clientes, a los que no se les aplicará las subidas de la tarifa eléctrica hasta finales de 2013, con un coste total estimado de unos 150 millones de euros.
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El secretario de Estado de Energía,PARTIDARIO DE QUE LOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO SEAN REVISABLES EN FUNCIÓN DE LA COYUNTURA

 El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, adelantó ayer que su equipo prepara una nueva normativa para el sistema eléctrico en la que los costes de las actividades reguladas sean «revisables» en función de la coyuntura económica y deje de haber «retribuciones en piedra para 25 años».

Así lo aseguró el portavoz público durante su intervención en la presentación del Balance Energético de 2012 organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), y añadió que los ciudadanos, ya sea como consumidores eléctricos o como contribuyentes, participarán en la solución del déficit de tarifa. Además de ellos, las empresas tampoco «pueden quedar al margen" de este esfuerzo, aseguró Nadal.

«Todos los sectores están haciendo esfuerzos y tenemos que realizar un ajuste en la parte regulada del sistema, ya que la energía no puede ser una burbuja al margen de la economía», aseveró el secretario de Estado en alusión a la necesidad de revisar los costes regulados. El objetivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es diseñar un marco regulatorio «estable, pero ajustable a las circunstancias de cada momento», continuó el titular gubernamental. Todo ello como parte de la nueva reforma, cuya fecha límite de presentación es el próximo 30 de junio.

Según Nadal, el déficit de tarifa, en sentido estricto, se situará este año en 4.000 millones de euros y las cuentas solo podrán alcanzar el equilibrio previsto gracias al crédito extraordinario con cargo a los presupuestos de Industria y el cargo de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado, entre otras medidas. El crédito de 2.200 millones de euros estaba destinado a cubrir los intereses de la deuda eléctrica, que Nadal situó en una horquilla de entre 2.500 y 2.700 millones de euros. Así, «aunque el déficit de tarifa se ha encauzado de forma sustancial, no se ha resuelto», aseguró.

«La idea es hacer de la energía un activo y no un pasivo de la economía» española, explicó el responsable del Minetur, un objetivo que considera prioritario, aunque se mostró dispuesto a recibir «ideas» y a llegar a acuerdos con el sector, al que pidió comprensión.

En su argumentación sobre los cambios que hay que afrontar en materia de energía, Nadal aludió al problema de la sobrecapacidad del sistema eléctrico, fruto de «errores de estimación» cometidos por el gobierno anterior acerca de las necesidades de infraestructuras y la evolución de la demanda. «En la actualidad, la demanda es un 30% inferior a lo que se preveía en 2006», afirmó.

Como ejemplo de estos errores, el secretario de Estado citó el caso de las renovables y aseguró que España está pagando las consecuencias de apostar «demasiado pronto» por algunas tecnologías «inmaduras». «La fuerte apuesta por las renovables es en sí misma interesante, pero se hizo demasiado pronto y apostamos por tecnologías que estaban inmaduras y tenían un coste elevado», defendió ante los presentes al acto.

La demanda de electricidad, a la baja
Por su parte, el presidente de Enerclub, Rafael Villaseca, hizo especial hincapié a la caída de la demanda como uno de los aspectos más preocupantes para el sector energético. El consumo de gas disminuyó un 2,8% en 2012 y el de electricidad, un 1,3%, con lo que estos dos productos acumulan descensos en su consumo del orden del 20% desde 2008.

En opinión del también consejero delegado de Gas Natural Fenosa, esta caída en la demanda contribuyó a que el sistema eléctrico generase un déficit de tarifa de unos 5.500 millones de euros en 2012, al tiempo que la sobrecapacidad del parque de generación provoca una «clara infrautilización de tecnologías», afirmó Villaseca. En todo caso, opina que el Gobierno ha tomado «las medidas necesarias para atajar la deuda tarifaria» y se mostró confiado en que 2013 sea un «año de transición» como parte del proceso de solución del problema.

Para concluir, insistió en la importancia de llevar a cabo una «reforma integral y de calado» que defina «una política energética clara», porque «con firmeza y esfuerzo podremos superar los grandes retos que tenemos encima de la mesa».

LA FACTURA ELÉCTRICA PODRÍA REGISTRAR LA MAYOR BAJADA EN AÑOS EN LA REVISIÓN DE ABRIL

Mañana tendrá lugar la vigésimo segunda subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso y, en caso de que el resultado que se produzca siga la tendencia bajista que han mantenido los precios a futuro registrados en los últimos días, es previsible que la revisión de abril de la factura eléctrica registre una bajada sustancial, según han adelantado fuentes sectoriales.

Estas voces explican que el precio base de la electricidad para el segundo trimestre de 2013 se sitúa en 46,85 euros, cifra que es un 16% menor a la utilizada como referencia en la anterior revisión de la tarifa de último recurso (TUR) del pasado enero, mientras que el precio punta es de 52,38 euros, un 14% inferior al trimestre anterior.

Si estos descensos se consolidan al concluir la subasta de mañana, ejercerán una presión a la baja equivalente a la mitad del porcentaje final. Cabe recordar que la puja determina el coste de la electricidad que pagarán los consumidores de la TUR el próximo trimestre, concepto que tiene un peso en la factura eléctrica de aproximadamente el 50%. El otro 50% lo suponen los peajes de acceso, parte regulada que controla el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular, José Manuel Soria, ha adelantado en distintos foros y ocasiones que se mantendrá inalterado. De ese modo, desde el Gobierno se persigue que la revisión de la TUR de abril dependa únicamente de lo que establezca el mercado.

Así las cosas, si se mantiene el escenario actual, los consumidores podrían encontrarse en pocos días con la mayor bajada trimestral de la tarifa eléctrica en años, lo que supone un alivio si se tiene en cuenta que la factura se ha encarecido del orden de un 60% en apenas un lustro. Solo en 2011, la TUR subió un 10%, y en 2012 lo hizo un 5,4% adicional, sin incluir el 7% de más que los consumidores estuvieron pagando entre octubre y diciembre como consecuencia de las refacturaciones que el Tribunal Supremo obligó a realizar a las compañías eléctricas a sus distintos clientes por el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012.

Las mencionadas fuentes del mercado explican que la bajada de precios de estos días en la electricidad responde a la menor demanda registrada y a una mayor contribución de las energías renovables relacionada con la meteorología. Sin embargo, se produce una situación paradójica, ya que esta menor demanda y mayor contribución renovable que abarata el mercado eléctrico encarece al mismo tiempo la otra parte de la factura eléctrica, la de los costes regulados. Esto se produce como consecuencia de que la caída del consumo reduce los ingresos necesarios para responder a las previsiones de costes, mientras que las tecnologías «verdes» aumentan las primas. Así, la disminución de los ingresos junto con el incremento de los costes regulados es la combinación que origina el temido déficit de tarifa, concepto que ya supera los 28.000 millones de euros y que, según las previsiones de Industria, debería dejar de aumentar en 2013.



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INDUSTRIA NO TOCARÁ LOS PEAJES ELÉCTRICOS EN LA REVISIÓN DE ABRIL Y LA TUR SERÁ FRUTO DE LA SUBASTA CESUR

FUENTE: EFE/EPp
El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha vuelto a insistir en que la subida o bajada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad en la revisión de abril dependerá únicamente del resultado de la subasta entre comercializadoras convocada para el próximo 20 de marzo. De esta manera, incide en que la parte regulada de la factura eléctrica, correspondiente a los peajes de acceso, no será alterada por el Gobierno.

Según avanzó ayer, lo que haga la tarifa eléctrica en abril será «fruto de la subasta», ya que «el Gobierno decidió hace algún tiempo» que esta «suba o baje en función de consideraciones de mercado» y, por lo tanto, el Ejecutivo «no va a hacer nada discrecionalmente» para alterarlo. De esta manera, no se tocará el importe de los peajes. Así se ha procedido a lo largo de los últimos meses y «así va a seguir siendo», aseguró el titular ministerial durante un almuerzo organizado por el Foro ABC-Deloitte. «Yo, lo que deseo, es que baje», afirmó Soria.

Por otro lado, el responsable de la cartera del ramo aseguró que «ahora lo que toca es proceder a realizar determinados cambios regulatorios para dar sostenibilidad al sistema», sin precisar el contenido de las medidas. Según el ministro, Industria se encuentra este año «en proceso de poder consolidar la reducción» del déficit de tarifa, tras haber adoptado durante el año pasado medidas sin las cuales la deuda eléctrica generada solo en 2012 habría superado los 8.000 millones de euros.

Como en otras ocasiones, insistió en que «no toda la solución puede recaer sobre los consumidores en términos de incrementos de tarifa ni tampoco en las operadoras ni tampoco en el Estado», que solo este año prevé articular un crédito por un máximo de 2.200 millones para financiar una parte de las primas al régimen especial.

Conviene recordar que la TUR es la tarifa regulada a la que están acogidos más de 20 millones de clientes y se forma a partir de dos elementos que tienen un peso similar: el precio de la energía y los peajes de acceso, conceptos a los que hay que sumar los impuestos.

Así, el precio de la energía se determina en una subasta (Cesur) donde las comercializadoras de último recurso compran y venden la electricidad para el siguiente trimestre, mientras que los peajes, destinados a cubrir los costes regulados, son fijados por el Gobierno.
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LAS ENMIENDAS DEL PP A LA LEY DE CREACIÓN DEL REGULADOR ÚNICO.

LAS ENMIENDAS DEL PP A LA LEY DE CREACIÓN DEL REGULADOR ÚNICO ELIMINAN LA RESTRICCIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA FUERA DEL MIBEL

El Partido Popular ha presentado un total de 46 enmiendas al anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que implica la fusión de los siete reguladores: la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Servicio Postal (CSP), el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.

Con objeto de adecuarse a la normativa comunitaria, el grupo Popular plantea en dichas enmiendas, entre otras medidas, eliminar la restricción que tienen los operadores dominantes del sector eléctrico –aquellos que tienen más de un 10% del mercado— para poder adquirir energía en países comunitarios fuera del ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) o en terceros países.

Esta restricción estaba vigente desde 1997 y, al proponer su eliminación, el partido en el Gobierno persigue evitar la apertura de un expediente por estas limitaciones, tal y como anunció la Comisión Europea (CE) recientemente en su análisis sobre el anteproyecto del regulador único español. De hecho, desde Bruselas ya se interesaron en 2010 por esta medida y se solicitó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero información sobre la misma, ya que se consideró que era «incompatible con la normativa comunitaria».

Cabe mencionar que a pesar de que en abril de 2011 la CE archivó el expediente sobre dicha restricción al existir un compromiso de España de derogar la medida en el momento en que se traspusiera la directiva sobre Mercado interior de electricidad, la convocatoria anticipada de elecciones en noviembre de 2011 paralizó esa tramitación, lo que llevó al Ejecutivo comunitario a reabrir el expediente.

En cuanto al presupuesto del organismo, se introducen cambios en las tasas, que serán determinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el caso de los hidrocarburos líquidos, se hará una liquidación mensual en función de las ventas anuales de cada operador mayorista, que pagará 0,140817 euros por tonelada.

Por su parte, las empresas dedicadas a la regasificación, almacenamiento en tanques de Gas Natural Licuado (GNL), almacenamiento básico, transporte y distribución de los hidrocarburos gaseosos pagarán un 0,14% de la facturación total derivada de la aplicación de peajes y cánones. Finalmente, las compañías que transportan y distribuyen energía autoliquidarán mensualmente una tasa del 0,15% de la facturación total derivada de la aplicación de los peajes de acceso.

Todos estos tipos serán revisados por el Gobierno cada cuatro años, adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la CNMC y el Minetur. La primera revisión será un año después de que Industria empiece a ejercer de forma efectiva las funciones encomendadas en esta ley. Por su parte, el Gobierno determinará en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año qué porcentaje de lo recaudado se destinará a la CNMC.

Además, la cartera que actualmente dirige José Manuel Soria mantendrá las competencias para autorizar -mediante un sistema de comunicación y no de autorización previa- la adquisición de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades reguladas, que operen en el mercado de energía eléctrica, de hidrocarburos o del gas o que actúen en ámbitos insulares o extrapeninsulares.

También controlará la adquisición de participaciones o toma de participaciones por parte de sociedades que sean titulares de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas (centrales nucleares, centrales térmicas de carbón, refinerías, oleoductos y almacenamientos de productos petrolíferos) o cuando las adquisiciones tengan un «impacto relevante o una influencia significativa» en la composición de las empresas.

Si se venden acciones a entidades de estados no miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, o cuando el Minetur considere que existe una «amenaza real o suficientemente grave para la garantía del suministro de gas, electricidad o hidrocarburos», Industria podrá establecer condiciones proporcionales y que respeten el principio del interés general.

Otros cambios planteados
Adicionalmente, entre las enmiendas presentadas por el PP a la nueva ley sobre el regulador único también consta la división de la CNMC en dos salas: una de Competencia y otra de Supervisión Regulatoria. El pleno determinará qué consejeros van a cada departamento y aprobará y publicará el régimen de rotación, incluyendo los criterios de selección y periodicidad. La Sala de la Competencia estará presidida por el presidente del Consejo y la de Regulación sectorial, por el vicepresidente. Ambas conocerán todos los asuntos y, reglamentariamente, se determinarán las materias sobre las que correspondiendo a una sala se deberá informar a la otra.

Además habrá cuatro directores de instrucción que serán nombrados por el pleno y no por el Gobierno. A ellos se les podrá exigir dedicación exclusiva y la sujeción al régimen de incompatibilidades de altos cargos. Se elimina la previsión de que ocupen el cargo cuatro años renovables, las posibles causas de cese y también la previsión de que los directivos de otras áreas de responsabilidad tengan que ser seleccionados mediante convocatoria pública.

También se ha decidido crear un órgano de control interno de la CNMC cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los «principios de imparcialidad y objetividad» y que buscará «evitar la producción de conflictos de intereses». La Comisión incluirá en su memoria anual un informe sobre la adecuación de las decisiones de este órgano a la normativa, y la remitirá a las Cortes y al Ministerio de Economía.

Se elimina, sin embargo, la creación de una comisión ejecutiva para la gestión ordinaria de los asuntos, ya que al dividirse las funciones en dos salas, el PP no la considera necesaria.

Para garantizar la transparencia, todas las reuniones que mantengan los consejeros y el personal de la CNMC con empresas de los sectores regulados -siempre que no afecte a sus objetivos- deberán ser públicas, y también se prevé que el Comité de Regulación Ferroviaria asuma las funciones de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria hasta que las pueda adoptar la CNMC.

En las enmiendas del PP también se explicita que la CNMC mantendrá todas las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en lugar de adjudicárselas al Minetur, como estaba previsto.

También se prevé la instauración de un esquema para ajustar de forma automática los ingresos derivados de la tasa general de operadores y los costes, que se rebajan del 2 por mil actual al 1,5 por mil. El total recaudado «no podrá exceder de los gastos que se generen», por lo que el Ministerio deberá publicar cada 30 de abril en una memoria del ejercicio anterior los gastos de la CNMC por separado.

Respecto a los cambios en la estructura y funciones de la nueva CNMC, finalmente habrá un pleno con diez miembros que tendrán mandatos de seis años improrrogables. Su renovación se producirá parcialmente, por lo que en la primera sesión se determinará voluntariamente o por sorteo qué tres consejeros cesarán a los dos años y cuáles a los cuatro. Entre ellos, no podrán estar ni el presidente ni el vicepresidente.

Si durante el periodo del mandato se cesa a un consejero, su sucesor será nombrado por el tiempo que restase de los seis años, aunque si ya se hubieran superado los cuatro años, el sucesor será nombrado por un sexenio completo.

Los consejeros serán propuestos por el Gobierno pero la Comisión de Economía del Congreso, ante la que deberán comparecer, tendrá potestad para vetarlos. El presidente, además, deberá comparecer anualmente en el Parlamento, que también podrá solicitar la presencia del vicepresidente o de otros consejeros.

Entre las funciones del Pleno se incluirán la de la formulación de las cuentas y la aprobación del reglamento interno, que deberá contar con el apoyo de la mitad de los diez consejeros, y no con dos tercios como se previó inicialmente. Asimismo, se encargará de las funciones de gobierno indelegables (aprobación de cuentas, planes de actuación y memorias o los nombramientos) y se hará cargo de los asuntos en que haya divergencia de criterios.

Asimismo, adoptará las funciones que, por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, recabe para sí el pleno por mayoría de seis votos a propuesta del presidente o de tres consejeros.

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