viernes, 22 de marzo de 2013
NO SE VARÍAN LOS TOPES DE LA TUR ELÉCTRICA HASTA QUE NO SE GARANTICE LA PLENA COMPETENCIA PARA LOS DOMÉSTICOS
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó ayer a los asistentes a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado que el Gobierno no modificará la Tarifa de Último Recurso (TUR) eléctrica hasta que no constate que está garantizada plenamente la competencia para los consumidores domésticos.
De esta manera, el responsable ministerial hacía referencia a la voluntad anunciada en varias ocasiones por su departamento de avanzar en la liberalización de la factura eléctrica, así como a la intención de rebajar el umbral de acceso de la TUR de los actuales 10 kilovatios (kW) a un intervalo de entre 3 y 5 kW.
«No se va a modificar mientras no estén cien por cien garantizadas las condiciones necesarias de competencia para el consumidor doméstico», explicó el secretario de Estado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo excluyera a algunos colectivos del acceso a la TUR.
Asimismo, Nadal sostuvo que tiene «la intención de mantener el espíritu establecido» en el bono social —al que pueden acogerse los usuarios con una potencia de hasta 3 kW, las familias numerosas, parados y pensionistas con prestaciones mínimas—, y que «no hay nada previsto» en lo que a cambios se refiere. Sin embargo, añadió que «eso no quiere decir que no esté dentro de la política energética del Gobierno».
En este sentido, explicó que el Ejecutivo podría «aplicar algún ajuste pensando en lo que hemos aprendido en el pasado». No obstante, aseguró que «la parte esencial de mantener un precio bajo y estable para las familias en circunstancias especiales» no cambiará a partir de 2014, sino que «se mantendrá en términos parecidos a los actuales».
Del mismo modo, reconoció que es necesario un cambio en la regulación que contemple una forma distinta de retribución para aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que declaró «inaplicables» los artículos del Real Decreto-Ley 6/2009 que obligan a las eléctricas propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva el bono social.
De hecho, el Ministerio de Industria ya presupuestó este coste dentro de la tarifa eléctrica de 2013, después de que el Tribunal Supremo anulase la obligación de las grandes eléctricas de financiarlo. «La orden de peajes de 2013 lo ha incluido y la intención del Gobierno es mantener esta política hacia el futuro», señaló Nadal.
El bono social, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables unos tres millones de clientes, a los que no se les aplicará las subidas de la tarifa eléctrica hasta finales de 2013, con un coste total estimado de unos 150 millones de euros.
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miércoles, 20 de marzo de 2013
El secretario de Estado de Energía,PARTIDARIO DE QUE LOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO SEAN REVISABLES EN FUNCIÓN DE LA COYUNTURA
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, adelantó ayer que su equipo prepara una nueva normativa para el sistema eléctrico en la que los costes de las actividades reguladas sean «revisables» en función de la coyuntura económica y deje de haber «retribuciones en piedra para 25 años».
Así lo aseguró el portavoz público durante su intervención en la presentación del Balance Energético de 2012 organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), y añadió que los ciudadanos, ya sea como consumidores eléctricos o como contribuyentes, participarán en la solución del déficit de tarifa. Además de ellos, las empresas tampoco «pueden quedar al margen" de este esfuerzo, aseguró Nadal.
«Todos los sectores están haciendo esfuerzos y tenemos que realizar un ajuste en la parte regulada del sistema, ya que la energía no puede ser una burbuja al margen de la economía», aseveró el secretario de Estado en alusión a la necesidad de revisar los costes regulados. El objetivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es diseñar un marco regulatorio «estable, pero ajustable a las circunstancias de cada momento», continuó el titular gubernamental. Todo ello como parte de la nueva reforma, cuya fecha límite de presentación es el próximo 30 de junio.
Según Nadal, el déficit de tarifa, en sentido estricto, se situará este año en 4.000 millones de euros y las cuentas solo podrán alcanzar el equilibrio previsto gracias al crédito extraordinario con cargo a los presupuestos de Industria y el cargo de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado, entre otras medidas. El crédito de 2.200 millones de euros estaba destinado a cubrir los intereses de la deuda eléctrica, que Nadal situó en una horquilla de entre 2.500 y 2.700 millones de euros. Así, «aunque el déficit de tarifa se ha encauzado de forma sustancial, no se ha resuelto», aseguró.
«La idea es hacer de la energía un activo y no un pasivo de la economía» española, explicó el responsable del Minetur, un objetivo que considera prioritario, aunque se mostró dispuesto a recibir «ideas» y a llegar a acuerdos con el sector, al que pidió comprensión.
En su argumentación sobre los cambios que hay que afrontar en materia de energía, Nadal aludió al problema de la sobrecapacidad del sistema eléctrico, fruto de «errores de estimación» cometidos por el gobierno anterior acerca de las necesidades de infraestructuras y la evolución de la demanda. «En la actualidad, la demanda es un 30% inferior a lo que se preveía en 2006», afirmó.
Como ejemplo de estos errores, el secretario de Estado citó el caso de las renovables y aseguró que España está pagando las consecuencias de apostar «demasiado pronto» por algunas tecnologías «inmaduras». «La fuerte apuesta por las renovables es en sí misma interesante, pero se hizo demasiado pronto y apostamos por tecnologías que estaban inmaduras y tenían un coste elevado», defendió ante los presentes al acto.
La demanda de electricidad, a la baja
Por su parte, el presidente de Enerclub, Rafael Villaseca, hizo especial hincapié a la caída de la demanda como uno de los aspectos más preocupantes para el sector energético. El consumo de gas disminuyó un 2,8% en 2012 y el de electricidad, un 1,3%, con lo que estos dos productos acumulan descensos en su consumo del orden del 20% desde 2008.
En opinión del también consejero delegado de Gas Natural Fenosa, esta caída en la demanda contribuyó a que el sistema eléctrico generase un déficit de tarifa de unos 5.500 millones de euros en 2012, al tiempo que la sobrecapacidad del parque de generación provoca una «clara infrautilización de tecnologías», afirmó Villaseca. En todo caso, opina que el Gobierno ha tomado «las medidas necesarias para atajar la deuda tarifaria» y se mostró confiado en que 2013 sea un «año de transición» como parte del proceso de solución del problema.
Para concluir, insistió en la importancia de llevar a cabo una «reforma integral y de calado» que defina «una política energética clara», porque «con firmeza y esfuerzo podremos superar los grandes retos que tenemos encima de la mesa».
Así lo aseguró el portavoz público durante su intervención en la presentación del Balance Energético de 2012 organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), y añadió que los ciudadanos, ya sea como consumidores eléctricos o como contribuyentes, participarán en la solución del déficit de tarifa. Además de ellos, las empresas tampoco «pueden quedar al margen" de este esfuerzo, aseguró Nadal.
«Todos los sectores están haciendo esfuerzos y tenemos que realizar un ajuste en la parte regulada del sistema, ya que la energía no puede ser una burbuja al margen de la economía», aseveró el secretario de Estado en alusión a la necesidad de revisar los costes regulados. El objetivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es diseñar un marco regulatorio «estable, pero ajustable a las circunstancias de cada momento», continuó el titular gubernamental. Todo ello como parte de la nueva reforma, cuya fecha límite de presentación es el próximo 30 de junio.
Según Nadal, el déficit de tarifa, en sentido estricto, se situará este año en 4.000 millones de euros y las cuentas solo podrán alcanzar el equilibrio previsto gracias al crédito extraordinario con cargo a los presupuestos de Industria y el cargo de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado, entre otras medidas. El crédito de 2.200 millones de euros estaba destinado a cubrir los intereses de la deuda eléctrica, que Nadal situó en una horquilla de entre 2.500 y 2.700 millones de euros. Así, «aunque el déficit de tarifa se ha encauzado de forma sustancial, no se ha resuelto», aseguró.
«La idea es hacer de la energía un activo y no un pasivo de la economía» española, explicó el responsable del Minetur, un objetivo que considera prioritario, aunque se mostró dispuesto a recibir «ideas» y a llegar a acuerdos con el sector, al que pidió comprensión.
En su argumentación sobre los cambios que hay que afrontar en materia de energía, Nadal aludió al problema de la sobrecapacidad del sistema eléctrico, fruto de «errores de estimación» cometidos por el gobierno anterior acerca de las necesidades de infraestructuras y la evolución de la demanda. «En la actualidad, la demanda es un 30% inferior a lo que se preveía en 2006», afirmó.
Como ejemplo de estos errores, el secretario de Estado citó el caso de las renovables y aseguró que España está pagando las consecuencias de apostar «demasiado pronto» por algunas tecnologías «inmaduras». «La fuerte apuesta por las renovables es en sí misma interesante, pero se hizo demasiado pronto y apostamos por tecnologías que estaban inmaduras y tenían un coste elevado», defendió ante los presentes al acto.
La demanda de electricidad, a la baja
Por su parte, el presidente de Enerclub, Rafael Villaseca, hizo especial hincapié a la caída de la demanda como uno de los aspectos más preocupantes para el sector energético. El consumo de gas disminuyó un 2,8% en 2012 y el de electricidad, un 1,3%, con lo que estos dos productos acumulan descensos en su consumo del orden del 20% desde 2008.
En opinión del también consejero delegado de Gas Natural Fenosa, esta caída en la demanda contribuyó a que el sistema eléctrico generase un déficit de tarifa de unos 5.500 millones de euros en 2012, al tiempo que la sobrecapacidad del parque de generación provoca una «clara infrautilización de tecnologías», afirmó Villaseca. En todo caso, opina que el Gobierno ha tomado «las medidas necesarias para atajar la deuda tarifaria» y se mostró confiado en que 2013 sea un «año de transición» como parte del proceso de solución del problema.
Para concluir, insistió en la importancia de llevar a cabo una «reforma integral y de calado» que defina «una política energética clara», porque «con firmeza y esfuerzo podremos superar los grandes retos que tenemos encima de la mesa».
martes, 19 de marzo de 2013
LA FACTURA ELÉCTRICA PODRÍA REGISTRAR LA MAYOR BAJADA EN AÑOS EN LA REVISIÓN DE ABRIL
Mañana tendrá lugar la vigésimo segunda subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso y, en caso de que el resultado que se produzca siga la tendencia bajista que han mantenido los precios a futuro registrados en los últimos días, es previsible que la revisión de abril de la factura eléctrica registre una bajada sustancial, según han adelantado fuentes sectoriales.
Estas voces explican que el precio base de la electricidad para el segundo trimestre de 2013 se sitúa en 46,85 euros, cifra que es un 16% menor a la utilizada como referencia en la anterior revisión de la tarifa de último recurso (TUR) del pasado enero, mientras que el precio punta es de 52,38 euros, un 14% inferior al trimestre anterior.
Si estos descensos se consolidan al concluir la subasta de mañana, ejercerán una presión a la baja equivalente a la mitad del porcentaje final. Cabe recordar que la puja determina el coste de la electricidad que pagarán los consumidores de la TUR el próximo trimestre, concepto que tiene un peso en la factura eléctrica de aproximadamente el 50%. El otro 50% lo suponen los peajes de acceso, parte regulada que controla el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular, José Manuel Soria, ha adelantado en distintos foros y ocasiones que se mantendrá inalterado. De ese modo, desde el Gobierno se persigue que la revisión de la TUR de abril dependa únicamente de lo que establezca el mercado.
Así las cosas, si se mantiene el escenario actual, los consumidores podrían encontrarse en pocos días con la mayor bajada trimestral de la tarifa eléctrica en años, lo que supone un alivio si se tiene en cuenta que la factura se ha encarecido del orden de un 60% en apenas un lustro. Solo en 2011, la TUR subió un 10%, y en 2012 lo hizo un 5,4% adicional, sin incluir el 7% de más que los consumidores estuvieron pagando entre octubre y diciembre como consecuencia de las refacturaciones que el Tribunal Supremo obligó a realizar a las compañías eléctricas a sus distintos clientes por el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012.
Las mencionadas fuentes del mercado explican que la bajada de precios de estos días en la electricidad responde a la menor demanda registrada y a una mayor contribución de las energías renovables relacionada con la meteorología. Sin embargo, se produce una situación paradójica, ya que esta menor demanda y mayor contribución renovable que abarata el mercado eléctrico encarece al mismo tiempo la otra parte de la factura eléctrica, la de los costes regulados. Esto se produce como consecuencia de que la caída del consumo reduce los ingresos necesarios para responder a las previsiones de costes, mientras que las tecnologías «verdes» aumentan las primas. Así, la disminución de los ingresos junto con el incremento de los costes regulados es la combinación que origina el temido déficit de tarifa, concepto que ya supera los 28.000 millones de euros y que, según las previsiones de Industria, debería dejar de aumentar en 2013.
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Estas voces explican que el precio base de la electricidad para el segundo trimestre de 2013 se sitúa en 46,85 euros, cifra que es un 16% menor a la utilizada como referencia en la anterior revisión de la tarifa de último recurso (TUR) del pasado enero, mientras que el precio punta es de 52,38 euros, un 14% inferior al trimestre anterior.
Si estos descensos se consolidan al concluir la subasta de mañana, ejercerán una presión a la baja equivalente a la mitad del porcentaje final. Cabe recordar que la puja determina el coste de la electricidad que pagarán los consumidores de la TUR el próximo trimestre, concepto que tiene un peso en la factura eléctrica de aproximadamente el 50%. El otro 50% lo suponen los peajes de acceso, parte regulada que controla el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular, José Manuel Soria, ha adelantado en distintos foros y ocasiones que se mantendrá inalterado. De ese modo, desde el Gobierno se persigue que la revisión de la TUR de abril dependa únicamente de lo que establezca el mercado.
Así las cosas, si se mantiene el escenario actual, los consumidores podrían encontrarse en pocos días con la mayor bajada trimestral de la tarifa eléctrica en años, lo que supone un alivio si se tiene en cuenta que la factura se ha encarecido del orden de un 60% en apenas un lustro. Solo en 2011, la TUR subió un 10%, y en 2012 lo hizo un 5,4% adicional, sin incluir el 7% de más que los consumidores estuvieron pagando entre octubre y diciembre como consecuencia de las refacturaciones que el Tribunal Supremo obligó a realizar a las compañías eléctricas a sus distintos clientes por el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012.
Las mencionadas fuentes del mercado explican que la bajada de precios de estos días en la electricidad responde a la menor demanda registrada y a una mayor contribución de las energías renovables relacionada con la meteorología. Sin embargo, se produce una situación paradójica, ya que esta menor demanda y mayor contribución renovable que abarata el mercado eléctrico encarece al mismo tiempo la otra parte de la factura eléctrica, la de los costes regulados. Esto se produce como consecuencia de que la caída del consumo reduce los ingresos necesarios para responder a las previsiones de costes, mientras que las tecnologías «verdes» aumentan las primas. Así, la disminución de los ingresos junto con el incremento de los costes regulados es la combinación que origina el temido déficit de tarifa, concepto que ya supera los 28.000 millones de euros y que, según las previsiones de Industria, debería dejar de aumentar en 2013.
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viernes, 15 de marzo de 2013
INDUSTRIA NO TOCARÁ LOS PEAJES ELÉCTRICOS EN LA REVISIÓN DE ABRIL Y LA TUR SERÁ FRUTO DE LA SUBASTA CESUR
FUENTE: EFE/EPp
El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha vuelto a insistir en que la subida o bajada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad en la revisión de abril dependerá únicamente del resultado de la subasta entre comercializadoras convocada para el próximo 20 de marzo. De esta manera, incide en que la parte regulada de la factura eléctrica, correspondiente a los peajes de acceso, no será alterada por el Gobierno.
Según avanzó ayer, lo que haga la tarifa eléctrica en abril será «fruto de la subasta», ya que «el Gobierno decidió hace algún tiempo» que esta «suba o baje en función de consideraciones de mercado» y, por lo tanto, el Ejecutivo «no va a hacer nada discrecionalmente» para alterarlo. De esta manera, no se tocará el importe de los peajes. Así se ha procedido a lo largo de los últimos meses y «así va a seguir siendo», aseguró el titular ministerial durante un almuerzo organizado por el Foro ABC-Deloitte. «Yo, lo que deseo, es que baje», afirmó Soria.
Por otro lado, el responsable de la cartera del ramo aseguró que «ahora lo que toca es proceder a realizar determinados cambios regulatorios para dar sostenibilidad al sistema», sin precisar el contenido de las medidas. Según el ministro, Industria se encuentra este año «en proceso de poder consolidar la reducción» del déficit de tarifa, tras haber adoptado durante el año pasado medidas sin las cuales la deuda eléctrica generada solo en 2012 habría superado los 8.000 millones de euros.
Como en otras ocasiones, insistió en que «no toda la solución puede recaer sobre los consumidores en términos de incrementos de tarifa ni tampoco en las operadoras ni tampoco en el Estado», que solo este año prevé articular un crédito por un máximo de 2.200 millones para financiar una parte de las primas al régimen especial.
Conviene recordar que la TUR es la tarifa regulada a la que están acogidos más de 20 millones de clientes y se forma a partir de dos elementos que tienen un peso similar: el precio de la energía y los peajes de acceso, conceptos a los que hay que sumar los impuestos.
Así, el precio de la energía se determina en una subasta (Cesur) donde las comercializadoras de último recurso compran y venden la electricidad para el siguiente trimestre, mientras que los peajes, destinados a cubrir los costes regulados, son fijados por el Gobierno.
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El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha vuelto a insistir en que la subida o bajada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad en la revisión de abril dependerá únicamente del resultado de la subasta entre comercializadoras convocada para el próximo 20 de marzo. De esta manera, incide en que la parte regulada de la factura eléctrica, correspondiente a los peajes de acceso, no será alterada por el Gobierno.
Según avanzó ayer, lo que haga la tarifa eléctrica en abril será «fruto de la subasta», ya que «el Gobierno decidió hace algún tiempo» que esta «suba o baje en función de consideraciones de mercado» y, por lo tanto, el Ejecutivo «no va a hacer nada discrecionalmente» para alterarlo. De esta manera, no se tocará el importe de los peajes. Así se ha procedido a lo largo de los últimos meses y «así va a seguir siendo», aseguró el titular ministerial durante un almuerzo organizado por el Foro ABC-Deloitte. «Yo, lo que deseo, es que baje», afirmó Soria.
Por otro lado, el responsable de la cartera del ramo aseguró que «ahora lo que toca es proceder a realizar determinados cambios regulatorios para dar sostenibilidad al sistema», sin precisar el contenido de las medidas. Según el ministro, Industria se encuentra este año «en proceso de poder consolidar la reducción» del déficit de tarifa, tras haber adoptado durante el año pasado medidas sin las cuales la deuda eléctrica generada solo en 2012 habría superado los 8.000 millones de euros.
Como en otras ocasiones, insistió en que «no toda la solución puede recaer sobre los consumidores en términos de incrementos de tarifa ni tampoco en las operadoras ni tampoco en el Estado», que solo este año prevé articular un crédito por un máximo de 2.200 millones para financiar una parte de las primas al régimen especial.
Conviene recordar que la TUR es la tarifa regulada a la que están acogidos más de 20 millones de clientes y se forma a partir de dos elementos que tienen un peso similar: el precio de la energía y los peajes de acceso, conceptos a los que hay que sumar los impuestos.
Así, el precio de la energía se determina en una subasta (Cesur) donde las comercializadoras de último recurso compran y venden la electricidad para el siguiente trimestre, mientras que los peajes, destinados a cubrir los costes regulados, son fijados por el Gobierno.
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sábado, 9 de marzo de 2013
LAS ENMIENDAS DEL PP A LA LEY DE CREACIÓN DEL REGULADOR ÚNICO.
LAS ENMIENDAS DEL PP A LA LEY DE CREACIÓN DEL REGULADOR ÚNICO ELIMINAN LA RESTRICCIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA FUERA DEL MIBEL
El Partido Popular ha presentado un total de 46 enmiendas al anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que implica la fusión de los siete reguladores: la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Servicio Postal (CSP), el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.
Con objeto de adecuarse a la normativa comunitaria, el grupo Popular plantea en dichas enmiendas, entre otras medidas, eliminar la restricción que tienen los operadores dominantes del sector eléctrico –aquellos que tienen más de un 10% del mercado— para poder adquirir energía en países comunitarios fuera del ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) o en terceros países.
Esta restricción estaba vigente desde 1997 y, al proponer su eliminación, el partido en el Gobierno persigue evitar la apertura de un expediente por estas limitaciones, tal y como anunció la Comisión Europea (CE) recientemente en su análisis sobre el anteproyecto del regulador único español. De hecho, desde Bruselas ya se interesaron en 2010 por esta medida y se solicitó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero información sobre la misma, ya que se consideró que era «incompatible con la normativa comunitaria».
Cabe mencionar que a pesar de que en abril de 2011 la CE archivó el expediente sobre dicha restricción al existir un compromiso de España de derogar la medida en el momento en que se traspusiera la directiva sobre Mercado interior de electricidad, la convocatoria anticipada de elecciones en noviembre de 2011 paralizó esa tramitación, lo que llevó al Ejecutivo comunitario a reabrir el expediente.
En cuanto al presupuesto del organismo, se introducen cambios en las tasas, que serán determinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el caso de los hidrocarburos líquidos, se hará una liquidación mensual en función de las ventas anuales de cada operador mayorista, que pagará 0,140817 euros por tonelada.
Por su parte, las empresas dedicadas a la regasificación, almacenamiento en tanques de Gas Natural Licuado (GNL), almacenamiento básico, transporte y distribución de los hidrocarburos gaseosos pagarán un 0,14% de la facturación total derivada de la aplicación de peajes y cánones. Finalmente, las compañías que transportan y distribuyen energía autoliquidarán mensualmente una tasa del 0,15% de la facturación total derivada de la aplicación de los peajes de acceso.
Todos estos tipos serán revisados por el Gobierno cada cuatro años, adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la CNMC y el Minetur. La primera revisión será un año después de que Industria empiece a ejercer de forma efectiva las funciones encomendadas en esta ley. Por su parte, el Gobierno determinará en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año qué porcentaje de lo recaudado se destinará a la CNMC.
Además, la cartera que actualmente dirige José Manuel Soria mantendrá las competencias para autorizar -mediante un sistema de comunicación y no de autorización previa- la adquisición de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen actividades reguladas, que operen en el mercado de energía eléctrica, de hidrocarburos o del gas o que actúen en ámbitos insulares o extrapeninsulares.
También controlará la adquisición de participaciones o toma de participaciones por parte de sociedades que sean titulares de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas (centrales nucleares, centrales térmicas de carbón, refinerías, oleoductos y almacenamientos de productos petrolíferos) o cuando las adquisiciones tengan un «impacto relevante o una influencia significativa» en la composición de las empresas.
Si se venden acciones a entidades de estados no miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, o cuando el Minetur considere que existe una «amenaza real o suficientemente grave para la garantía del suministro de gas, electricidad o hidrocarburos», Industria podrá establecer condiciones proporcionales y que respeten el principio del interés general.
Otros cambios planteados
Adicionalmente, entre las enmiendas presentadas por el PP a la nueva ley sobre el regulador único también consta la división de la CNMC en dos salas: una de Competencia y otra de Supervisión Regulatoria. El pleno determinará qué consejeros van a cada departamento y aprobará y publicará el régimen de rotación, incluyendo los criterios de selección y periodicidad. La Sala de la Competencia estará presidida por el presidente del Consejo y la de Regulación sectorial, por el vicepresidente. Ambas conocerán todos los asuntos y, reglamentariamente, se determinarán las materias sobre las que correspondiendo a una sala se deberá informar a la otra.
Además habrá cuatro directores de instrucción que serán nombrados por el pleno y no por el Gobierno. A ellos se les podrá exigir dedicación exclusiva y la sujeción al régimen de incompatibilidades de altos cargos. Se elimina la previsión de que ocupen el cargo cuatro años renovables, las posibles causas de cese y también la previsión de que los directivos de otras áreas de responsabilidad tengan que ser seleccionados mediante convocatoria pública.
También se ha decidido crear un órgano de control interno de la CNMC cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los «principios de imparcialidad y objetividad» y que buscará «evitar la producción de conflictos de intereses». La Comisión incluirá en su memoria anual un informe sobre la adecuación de las decisiones de este órgano a la normativa, y la remitirá a las Cortes y al Ministerio de Economía.
Se elimina, sin embargo, la creación de una comisión ejecutiva para la gestión ordinaria de los asuntos, ya que al dividirse las funciones en dos salas, el PP no la considera necesaria.
Para garantizar la transparencia, todas las reuniones que mantengan los consejeros y el personal de la CNMC con empresas de los sectores regulados -siempre que no afecte a sus objetivos- deberán ser públicas, y también se prevé que el Comité de Regulación Ferroviaria asuma las funciones de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria hasta que las pueda adoptar la CNMC.
En las enmiendas del PP también se explicita que la CNMC mantendrá todas las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en lugar de adjudicárselas al Minetur, como estaba previsto.
También se prevé la instauración de un esquema para ajustar de forma automática los ingresos derivados de la tasa general de operadores y los costes, que se rebajan del 2 por mil actual al 1,5 por mil. El total recaudado «no podrá exceder de los gastos que se generen», por lo que el Ministerio deberá publicar cada 30 de abril en una memoria del ejercicio anterior los gastos de la CNMC por separado.
Respecto a los cambios en la estructura y funciones de la nueva CNMC, finalmente habrá un pleno con diez miembros que tendrán mandatos de seis años improrrogables. Su renovación se producirá parcialmente, por lo que en la primera sesión se determinará voluntariamente o por sorteo qué tres consejeros cesarán a los dos años y cuáles a los cuatro. Entre ellos, no podrán estar ni el presidente ni el vicepresidente.
Si durante el periodo del mandato se cesa a un consejero, su sucesor será nombrado por el tiempo que restase de los seis años, aunque si ya se hubieran superado los cuatro años, el sucesor será nombrado por un sexenio completo.
Los consejeros serán propuestos por el Gobierno pero la Comisión de Economía del Congreso, ante la que deberán comparecer, tendrá potestad para vetarlos. El presidente, además, deberá comparecer anualmente en el Parlamento, que también podrá solicitar la presencia del vicepresidente o de otros consejeros.
Entre las funciones del Pleno se incluirán la de la formulación de las cuentas y la aprobación del reglamento interno, que deberá contar con el apoyo de la mitad de los diez consejeros, y no con dos tercios como se previó inicialmente. Asimismo, se encargará de las funciones de gobierno indelegables (aprobación de cuentas, planes de actuación y memorias o los nombramientos) y se hará cargo de los asuntos en que haya divergencia de criterios.
Asimismo, adoptará las funciones que, por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, recabe para sí el pleno por mayoría de seis votos a propuesta del presidente o de tres consejeros.
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lunes, 25 de febrero de 2013
EL TRIBUNAL SUPREMO TRAMITA MÁS DE 50 RECURSOS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA
EL TRIBUNAL SUPREMO TRAMITA MÁS DE 50 RECURSOS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA
El Tribunal Supremo ha cursado en tan solo un día más de 30 recursos contra el Gobierno, todos ellos interpuestos por los responsables de las compañías eléctricas, gasistas, renovables, petroleras, patronales, ayuntamientos y fundaciones afectadas por las medidas normativas en materia de energía puestas en marcha en los últimos años para corregir el déficit de tarifa.
Los recursos alzados recientemente persiguen que se revoque o se paralice la regulación del sector energético, pero, en realidad, los asuntos abiertos superan con creces la treintena y, según los datos recogidos por el Boletín Oficial del Estado, se acercan a los 50 en los últimos meses.
Así las cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se enfrenta a una difícil situación, con el bloque de «utilities» y demás empresas de distintos sectores muy descontentas porque desde el Gobierno no se iniciara un proceso de negociación para aprobar los cambios normativos.
Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifas para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa. En esta revisión, la factura eléctrica se encareció un 7% y la del gas lo hizo un 5%, incrementos que fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, porque al mismo tiempo se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.
Las subidas en la factura de electricidad se aprobaron después de que el mismo Tribunal Supremo sentenciara que las congelaciones de la tarifa decretadas por el Gobierno no procedían, por lo que ordenó a las eléctricas a que desde agosto hasta diciembre de 2012 refacturaran las cantidades correspondientes a todos los usuarios. La decisión de congelar la tarifa de principios de 2012 fue precisamente la primera medida adoptada por Soria en su mandato como ministro de Industria, Energía y Turismo y consistió en la convalidación de la orden elaborada por su predecesor al frente del Minetur, Miguel Sebastián. Dicha decisión fue muy mal recibida por las «utilities», ya que también se mantenían por ley los objetivos de reducción del déficit de tarifa.
Otro de los frentes que el Ejecutivo tiene abierto tiene su origen en el mes de marzo pasado, cuando se anunciaron varias reformas para contener el déficit tarifario del sistema gasista y que han sido recurridas por la comercializadora de ladrillos Tabicesa por el encarecimiento de su factura energética y han sido admitidas a trámite.
Recursos por la normativa del carbón y las exploraciones petrolíferas
Muchos han sido los cambios efectuados por el Minetur en materia energética en los últimos meses, sin embargo, también se han respetado aspectos que ya iban cargados de polémica, como el mecanismo de restricciones por el que se obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional para mantener esta industria. Este decreto, nacido del Gobierno Zapatero en 2009, se desarrolló compensando también a las centrales desplazadas por esta obligatoriedad a través de los pagos por capacidad. Pero la medida era rechazada por Bruselas al considerarse ayudas de Estado, con lo que el Ejecutivo, tras unos meses de suspensión, corrigió estos escollos a través de un Real Decreto en octubre de 2010. Pero la eliminación de la compensación no gustó ni a las térmicas de carbón importado ni a los ciclos combinados. Así, la modificación ha sido recurrida por la filial de Energía del Grupo Villar Mir y la Xunta de Galicia, entre otros.
Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, así como la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han llevado al alto tribunal los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace eléctrico de la Península con Baleares. Y Endesa ha recurrido la orden por la que se establece el mecanismo de reconocimiento del precio del gas a los ciclos combinados de este archipiélago. La eléctrica denuncia que en lugar de introducir un índice de precio internacional, como se hace con otros combustibles, se abonan según datos de aduana, a posteriori, con lo que no se puede gestionar el riesgo de precio y el reconocimiento del coste es insuficiente.
Y la autorización a Repsol para que realice exploraciones petrolíferas en aguas de Canarias también ha levantado ampollas. El Gobierno autonómico y distintas asociaciones ecologistas han mostrado su oposición total, y la Fundación César Manrique ha presentado un recurso contra estos trabajos aprobados el pasado 16 de marzo, al igual que el Cabildo de Lanzarote.
Por otro lado, varias compañías también han recurrido el peaje a la generación de 0,5 euros por megavatio hora con el que se pretendía ingresar una media de 150 millones de euros en tres años.
Las eléctricas piden que las renovables también soporten el déficit ex ante
Pero la batalla que más fuertemente se está librando en los últimos tiempos es contra las medidas del Gobierno para frenar el déficit tarifario. Así, Endesa e Iberdrola han solicitado en el Tribunal Supremo que las renovables también soporten en sus balances este desfase eléctrico, amparándose en que en los últimos años han ganado posiciones en generación.
Pero desde los servicios jurídicos del Gobierno se está intentando bloquear en la medida de lo posible la vía legal mediante la aprobación reales decretos leyes, que solo pueden ser recurridos por ciertas instituciones como comunidades autónomas o el Defensor del Pueblo. Así, las eléctricas únicamente pueden recurrir la aplicación de los recortes una vez que se hayan cerrado las liquidaciones definitivas de 2013 por parte de la Comisión Nacional de Energía, algo que no ocurrirá hasta marzo de 2014.
Otro asunto relacionado con la engorrosa deuda tarifaria es el RDL que vio la luz verde el pasado diciembre sobre los Empleados de Hogar y que eliminó los objetivos de supresión de la deuda acumulada del sistema eléctrico. Ante este cambio, cabe recordar que el Supremo tumbó las congelaciones tarifarias amparándose en que había un objetivo marcado por ley de acabar con el desfase tarifario; pero con la eliminación de este límite, el Gobierno consigue que las eléctricas no puedan recurrir las revisiones de la tarifa eléctrica y tengan que buscar otras vías para lograr sus propósitos.
www.eleconomista.es
El Tribunal Supremo ha cursado en tan solo un día más de 30 recursos contra el Gobierno, todos ellos interpuestos por los responsables de las compañías eléctricas, gasistas, renovables, petroleras, patronales, ayuntamientos y fundaciones afectadas por las medidas normativas en materia de energía puestas en marcha en los últimos años para corregir el déficit de tarifa.
Los recursos alzados recientemente persiguen que se revoque o se paralice la regulación del sector energético, pero, en realidad, los asuntos abiertos superan con creces la treintena y, según los datos recogidos por el Boletín Oficial del Estado, se acercan a los 50 en los últimos meses.
Así las cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se enfrenta a una difícil situación, con el bloque de «utilities» y demás empresas de distintos sectores muy descontentas porque desde el Gobierno no se iniciara un proceso de negociación para aprobar los cambios normativos.
Entre los recursos presentados, uno de los aspectos más conflictivos es la orden ministerial que fijó las tarifas para el segundo trimestre del pasado año y que entró en vigor el 1 de abril, justo cuando se tomaron las primeras medidas para corregir el déficit de tarifa. En esta revisión, la factura eléctrica se encareció un 7% y la del gas lo hizo un 5%, incrementos que fueron recurridos por Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, entre otros, porque al mismo tiempo se recortó en casi 800 millones la retribución a la distribución.
Las subidas en la factura de electricidad se aprobaron después de que el mismo Tribunal Supremo sentenciara que las congelaciones de la tarifa decretadas por el Gobierno no procedían, por lo que ordenó a las eléctricas a que desde agosto hasta diciembre de 2012 refacturaran las cantidades correspondientes a todos los usuarios. La decisión de congelar la tarifa de principios de 2012 fue precisamente la primera medida adoptada por Soria en su mandato como ministro de Industria, Energía y Turismo y consistió en la convalidación de la orden elaborada por su predecesor al frente del Minetur, Miguel Sebastián. Dicha decisión fue muy mal recibida por las «utilities», ya que también se mantenían por ley los objetivos de reducción del déficit de tarifa.
Otro de los frentes que el Ejecutivo tiene abierto tiene su origen en el mes de marzo pasado, cuando se anunciaron varias reformas para contener el déficit tarifario del sistema gasista y que han sido recurridas por la comercializadora de ladrillos Tabicesa por el encarecimiento de su factura energética y han sido admitidas a trámite.
Recursos por la normativa del carbón y las exploraciones petrolíferas
Muchos han sido los cambios efectuados por el Minetur en materia energética en los últimos meses, sin embargo, también se han respetado aspectos que ya iban cargados de polémica, como el mecanismo de restricciones por el que se obliga a las eléctricas a comprar carbón nacional para mantener esta industria. Este decreto, nacido del Gobierno Zapatero en 2009, se desarrolló compensando también a las centrales desplazadas por esta obligatoriedad a través de los pagos por capacidad. Pero la medida era rechazada por Bruselas al considerarse ayudas de Estado, con lo que el Ejecutivo, tras unos meses de suspensión, corrigió estos escollos a través de un Real Decreto en octubre de 2010. Pero la eliminación de la compensación no gustó ni a las térmicas de carbón importado ni a los ciclos combinados. Así, la modificación ha sido recurrida por la filial de Energía del Grupo Villar Mir y la Xunta de Galicia, entre otros.
Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, así como la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía han llevado al alto tribunal los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace eléctrico de la Península con Baleares. Y Endesa ha recurrido la orden por la que se establece el mecanismo de reconocimiento del precio del gas a los ciclos combinados de este archipiélago. La eléctrica denuncia que en lugar de introducir un índice de precio internacional, como se hace con otros combustibles, se abonan según datos de aduana, a posteriori, con lo que no se puede gestionar el riesgo de precio y el reconocimiento del coste es insuficiente.
Y la autorización a Repsol para que realice exploraciones petrolíferas en aguas de Canarias también ha levantado ampollas. El Gobierno autonómico y distintas asociaciones ecologistas han mostrado su oposición total, y la Fundación César Manrique ha presentado un recurso contra estos trabajos aprobados el pasado 16 de marzo, al igual que el Cabildo de Lanzarote.
Por otro lado, varias compañías también han recurrido el peaje a la generación de 0,5 euros por megavatio hora con el que se pretendía ingresar una media de 150 millones de euros en tres años.
Las eléctricas piden que las renovables también soporten el déficit ex ante
Pero la batalla que más fuertemente se está librando en los últimos tiempos es contra las medidas del Gobierno para frenar el déficit tarifario. Así, Endesa e Iberdrola han solicitado en el Tribunal Supremo que las renovables también soporten en sus balances este desfase eléctrico, amparándose en que en los últimos años han ganado posiciones en generación.
Pero desde los servicios jurídicos del Gobierno se está intentando bloquear en la medida de lo posible la vía legal mediante la aprobación reales decretos leyes, que solo pueden ser recurridos por ciertas instituciones como comunidades autónomas o el Defensor del Pueblo. Así, las eléctricas únicamente pueden recurrir la aplicación de los recortes una vez que se hayan cerrado las liquidaciones definitivas de 2013 por parte de la Comisión Nacional de Energía, algo que no ocurrirá hasta marzo de 2014.
Otro asunto relacionado con la engorrosa deuda tarifaria es el RDL que vio la luz verde el pasado diciembre sobre los Empleados de Hogar y que eliminó los objetivos de supresión de la deuda acumulada del sistema eléctrico. Ante este cambio, cabe recordar que el Supremo tumbó las congelaciones tarifarias amparándose en que había un objetivo marcado por ley de acabar con el desfase tarifario; pero con la eliminación de este límite, el Gobierno consigue que las eléctricas no puedan recurrir las revisiones de la tarifa eléctrica y tengan que buscar otras vías para lograr sus propósitos.
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miércoles, 20 de febrero de 2013
ANPIER PEDIRÁ UNA AUDITORÍA DE COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA CNE
ANPIER PEDIRÁ UNA AUDITORÍA DE COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA CNE
FUENTE: Anpier
Los responsables de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) tienen hoy una cita con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y mañana con el director general de electricidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, reuniones en las que exigirán al Gobierno y al regulador la realización de una auditoría de costes del sistema eléctrico, según han adelantado en un comunicado de prensa.
Asimismo, también tienen pensado solicitar a ambos responsables públicos «un ejercicio de transparencia frente al ciudadano», con el objetivo de dar a conocer «la imagen real» del sector y el método por el que los ciudadanos asumen los costes.
Una de las críticas sobre las que Anpier carga con mayor ahínco sus denuncias es el hecho de que España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, cuyo volumen en términos acumulados alcanza los 30.000 millones de euros.
Esta cifra supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el país tiene un índice de pobreza energética «alarmante», advierten los especialistas de la patronal, ya que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.
«Esta realidad contrasta fuertemente con las elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos, que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual sistema energético», recuerda la asociación sectorial.
Adicionalmente, Anpier también centra sus críticas en un dato: en 2013, cada español abonará 80 euros al sistema eléctrico en concepto de costes «ficticios», al margen de la deuda correspondiente al déficit de tarifa. Dichos costes incluyen desde la moratoria nuclear hasta el servicio de interrumpibilidad y, especialmente, los llamados «windfall profits», que consisten en una sobrerretribución de nuclear e hidráulica provocada por el diseño del mercado mayorista de electricidad.
FUENTE: Anpier
Los responsables de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) tienen hoy una cita con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y mañana con el director general de electricidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, reuniones en las que exigirán al Gobierno y al regulador la realización de una auditoría de costes del sistema eléctrico, según han adelantado en un comunicado de prensa.
Asimismo, también tienen pensado solicitar a ambos responsables públicos «un ejercicio de transparencia frente al ciudadano», con el objetivo de dar a conocer «la imagen real» del sector y el método por el que los ciudadanos asumen los costes.
Una de las críticas sobre las que Anpier carga con mayor ahínco sus denuncias es el hecho de que España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, cuyo volumen en términos acumulados alcanza los 30.000 millones de euros.
Esta cifra supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el país tiene un índice de pobreza energética «alarmante», advierten los especialistas de la patronal, ya que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.
«Esta realidad contrasta fuertemente con las elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos, que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual sistema energético», recuerda la asociación sectorial.
Adicionalmente, Anpier también centra sus críticas en un dato: en 2013, cada español abonará 80 euros al sistema eléctrico en concepto de costes «ficticios», al margen de la deuda correspondiente al déficit de tarifa. Dichos costes incluyen desde la moratoria nuclear hasta el servicio de interrumpibilidad y, especialmente, los llamados «windfall profits», que consisten en una sobrerretribución de nuclear e hidráulica provocada por el diseño del mercado mayorista de electricidad.
EL DÉFICIT TARIFARIO PROVISIONAL ACUMULADO EN 2012 ES UN 15,7% MAYOR AL PREVISTO
EL DÉFICIT TARIFARIO PROVISIONAL ACUMULADO EN 2012 ES UN 15,7% MAYOR AL PREVISTO: ALCANZA LOS 4.282 M€
FUENTE: CNE/EFE/EP
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó ayer en su página de internet el «Informe sobre los resultados de la liquidación provisional número 12 de 2012 y verificaciones practicadas del sector eléctrico», que comprende el periodo de facturación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, y en el que se detalla que el déficit tarifario acumulado ascendió a 4.281,9 millones de euros. Esta cantidad supera en un 15,7% a la prevista en enero, es un 114,8% mayor a la estimada en la revisión de tarifas de abril —cuando se realizó un recorte de costes de 1.700 millones de euros al sector eléctrico— y sobrepasa en un 13,14% la registrada en el mismo periodo de 2011.
Conviene recordar que la ley fijaba que en 2012 el déficit de tarifa no podía superar los 1.500 millones de euros, pero un real decreto ley sobre empleados del hogar aprobado el pasado diciembre eliminó este tope. El propio Gobierno calculó recientemente que el desajuste del año sería de 5.100 millones de euros, una vez sumados 3.601 millones de euros al tope anterior de 1.500 millones de euros, lo que casi triplica ese límite.
Por su parte, el importe destinado a lo largo de los doce meses de 2012 al pago de la prima del régimen especial se elevó a 8.585,8 millones de euros, lo que representa un 22,4% más que el cálculo elaborado a comienzos del ejercicio y está un 18,9% por encima de la cifra correspondiente al ejercicio anterior.
Esta liquidación, que es aún provisional hasta que el regulador complete las catorce que elabora para cada año, muestra un incremento de la deuda eléctrica de 209 millones durante el mes de diciembre y arroja una cifra un 13,4% inferior a los 3.784 millones registrados en el mismo informe de 2011.
Cabe subrayar que el impulso que se ha producido en la deuda ex ante acumulada hasta finales del pasado año ha tenido lugar a pesar de que, hasta diciembre, los ingresos procedentes de las tarifas de acceso costeadas por los consumidores fueron de 13.693 millones de euros, un 15% mayores que los recaudados en los doce meses de 2011, con un consumo por tarifas de acceso de 231.047 GWh, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior.
Una vez descontado el importe correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un diferencial positivo de 4.848 millones de euros, aunque resultó «insuficiente para cubrir los costes de las actividades reguladas, así como de aquellos otros costes que, según la distinta normativa publicada, tienen la misma prelación en su cobro que dichas actividades». Por ello, los expertos de la entidad que preside Alberto Lafuente entienden que es «preciso cubrir la totalidad de los costes regulados con cargo a la financiación del déficit».
No obstante, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 1.389,6 millones de euros para el transporte de electricidad (un 14,81% menos respecto a lo previsto) y 4.323 millones de euros para la distribución (un 12,35% menos).
El sistema de interrumpibilidad en mercado, por el que algunas industrias reciben una retribución por desconectarse cuando el sistema lo necesita y en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 470,5 millones de euros hasta diciembre.
Además, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 1.169 millones de euros.
Por otra parte, la CNE afirmó que el pasado 11 de diciembre de 2012 se procedió a la transferencia a las empresas que financian el déficit de 1.744.137 miles de euros, con cargo a la 27.ª emisión del Fondo de Titulización, con lo que ya se transfirieron a dicho fondo 1.500 millones de euros del déficit de 2012. Con esta partida, la deuda ex ante de 2012 que financiaron dichas empresas se sitúa en 2.781,89 millones de euros.
FUENTE: CNE/EFE/EP
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó ayer en su página de internet el «Informe sobre los resultados de la liquidación provisional número 12 de 2012 y verificaciones practicadas del sector eléctrico», que comprende el periodo de facturación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, y en el que se detalla que el déficit tarifario acumulado ascendió a 4.281,9 millones de euros. Esta cantidad supera en un 15,7% a la prevista en enero, es un 114,8% mayor a la estimada en la revisión de tarifas de abril —cuando se realizó un recorte de costes de 1.700 millones de euros al sector eléctrico— y sobrepasa en un 13,14% la registrada en el mismo periodo de 2011.
Conviene recordar que la ley fijaba que en 2012 el déficit de tarifa no podía superar los 1.500 millones de euros, pero un real decreto ley sobre empleados del hogar aprobado el pasado diciembre eliminó este tope. El propio Gobierno calculó recientemente que el desajuste del año sería de 5.100 millones de euros, una vez sumados 3.601 millones de euros al tope anterior de 1.500 millones de euros, lo que casi triplica ese límite.
Por su parte, el importe destinado a lo largo de los doce meses de 2012 al pago de la prima del régimen especial se elevó a 8.585,8 millones de euros, lo que representa un 22,4% más que el cálculo elaborado a comienzos del ejercicio y está un 18,9% por encima de la cifra correspondiente al ejercicio anterior.
Esta liquidación, que es aún provisional hasta que el regulador complete las catorce que elabora para cada año, muestra un incremento de la deuda eléctrica de 209 millones durante el mes de diciembre y arroja una cifra un 13,4% inferior a los 3.784 millones registrados en el mismo informe de 2011.
Cabe subrayar que el impulso que se ha producido en la deuda ex ante acumulada hasta finales del pasado año ha tenido lugar a pesar de que, hasta diciembre, los ingresos procedentes de las tarifas de acceso costeadas por los consumidores fueron de 13.693 millones de euros, un 15% mayores que los recaudados en los doce meses de 2011, con un consumo por tarifas de acceso de 231.047 GWh, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior.
Una vez descontado el importe correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un diferencial positivo de 4.848 millones de euros, aunque resultó «insuficiente para cubrir los costes de las actividades reguladas, así como de aquellos otros costes que, según la distinta normativa publicada, tienen la misma prelación en su cobro que dichas actividades». Por ello, los expertos de la entidad que preside Alberto Lafuente entienden que es «preciso cubrir la totalidad de los costes regulados con cargo a la financiación del déficit».
No obstante, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 1.389,6 millones de euros para el transporte de electricidad (un 14,81% menos respecto a lo previsto) y 4.323 millones de euros para la distribución (un 12,35% menos).
El sistema de interrumpibilidad en mercado, por el que algunas industrias reciben una retribución por desconectarse cuando el sistema lo necesita y en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 470,5 millones de euros hasta diciembre.
Además, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 1.169 millones de euros.
Por otra parte, la CNE afirmó que el pasado 11 de diciembre de 2012 se procedió a la transferencia a las empresas que financian el déficit de 1.744.137 miles de euros, con cargo a la 27.ª emisión del Fondo de Titulización, con lo que ya se transfirieron a dicho fondo 1.500 millones de euros del déficit de 2012. Con esta partida, la deuda ex ante de 2012 que financiaron dichas empresas se sitúa en 2.781,89 millones de euros.
lunes, 18 de febrero de 2013
16 COMERCIALIZADORAS SE QUEDAN SIN LICENCIA PARA VENDER ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
16 COMERCIALIZADORAS SE QUEDAN SIN LICENCIA PARA VENDER ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
FUENTE: El Economista
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha retirado la licencia de comercialización de energía a un total de dieciséis empresas y valora hacer lo mismo en otros diez casos, según informa «El Economista», diario en el que se hace referencia a que así consta en una resolución presentada el pasado noviembre por el Minetur a la que ha tenido acceso.
Algunos de los grupos afectados son EDF y las filiales del grupo energético italiano Enel, Trade y Produzione. GDF Suez, por su parte, ha fusionado su comercializadora con GDF Suez Energía España, que a 1 de enero tenía licencia tanto para vender gas como para la comercialización de electricidad. Por lo tanto, tras la fusión, toda la cartera de clientes ha pasado a estar controlada por la matriz de la corporación franco-belga.
En esta misma circunstancia están Gas Natural Fenosa y E.ON, que han prescindido de sus respectivas subsidiarias Gas Natural Electricidad y E.ON Generación para centrarse en las compañías que tradicionalmente se dedicaban a esta actividad. Desde GNF explican que esta decisión es consecuencia del hecho de que se ha descartado un proyecto que perseguía la venta directa de electricidad desde sus instalaciones renovables.
Otras de las empresas que han desaparecido del mercado español de venta de energía son Accord Energy Limited (actual Centrica Energy Limited), Constellation Energy Commodities, EDP Comercial –Comercialiçao de Energia-, Utility North, Eosa Energía, Morgan Stanley Capital Group (España) y Viacava-Incós de Energía.
Otros casos son los de Orus Energía, Romero Abreu Hermanos —que dejará de vender su energía en Conil de la Frontera— y Electrourbano, que dejará de operar en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Entre las diez empresas en estudio por parte del equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se encuentran Barclays Bank PLC, BP Gas Market, EnBW, Endesa France, Gazprom Markets, Merril Lynch, RWE Supply & Trading, Sonelgaz, Total Gas & Power y Morgan Stanley Capital Group.
FUENTE: El Economista
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha retirado la licencia de comercialización de energía a un total de dieciséis empresas y valora hacer lo mismo en otros diez casos, según informa «El Economista», diario en el que se hace referencia a que así consta en una resolución presentada el pasado noviembre por el Minetur a la que ha tenido acceso.
Algunos de los grupos afectados son EDF y las filiales del grupo energético italiano Enel, Trade y Produzione. GDF Suez, por su parte, ha fusionado su comercializadora con GDF Suez Energía España, que a 1 de enero tenía licencia tanto para vender gas como para la comercialización de electricidad. Por lo tanto, tras la fusión, toda la cartera de clientes ha pasado a estar controlada por la matriz de la corporación franco-belga.
En esta misma circunstancia están Gas Natural Fenosa y E.ON, que han prescindido de sus respectivas subsidiarias Gas Natural Electricidad y E.ON Generación para centrarse en las compañías que tradicionalmente se dedicaban a esta actividad. Desde GNF explican que esta decisión es consecuencia del hecho de que se ha descartado un proyecto que perseguía la venta directa de electricidad desde sus instalaciones renovables.
Otras de las empresas que han desaparecido del mercado español de venta de energía son Accord Energy Limited (actual Centrica Energy Limited), Constellation Energy Commodities, EDP Comercial –Comercialiçao de Energia-, Utility North, Eosa Energía, Morgan Stanley Capital Group (España) y Viacava-Incós de Energía.
Otros casos son los de Orus Energía, Romero Abreu Hermanos —que dejará de vender su energía en Conil de la Frontera— y Electrourbano, que dejará de operar en la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Entre las diez empresas en estudio por parte del equipo de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, se encuentran Barclays Bank PLC, BP Gas Market, EnBW, Endesa France, Gazprom Markets, Merril Lynch, RWE Supply & Trading, Sonelgaz, Total Gas & Power y Morgan Stanley Capital Group.
LA RESOLUCIÓN SOBRE EL CARBÓN RECORTA UN 12% LA ENERGÍA QUE SE PREVÉ GENERAR EN LAS CENTRALES TÉRMICAS EN 2013
FUENTE: BOE/EP
Hoy ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2013, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Así, en su último año de aplicación, el decreto del carbón reserva 20.054 GWh de producción en nueve centrales eléctricas y establece, además, la realización de inspecciones y auditorías en la cadena de suministro del carbón.
En cuanto a la electricidad programada para 2013, incluye 3.852 GWh de energía no generada en 2011 y 2012 por motivos técnicos, por lo que la cifra final implica un recorte del 12% respecto a la de 2012, y sería mayor, del 28%, si no se incluyesen estos remanentes de los años anteriores. Cabe destacar que el texto recoge la fijación de un incentivo vía precio para la quema de carbón nacional que oscila entre los 56 MWh de la central de Teruel hasta los 122 euros/MWh de la de Elcogás, cuyos volúmenes de actividad son mucho más modestos.
Según la memoria económica de la orden de peajes de 2013, para este año el Ministerio de Industria espera que el decreto del carbón genere un coste de 419 millones de euros como máximo al sistema eléctrico, lo que supone una reducción de 75 millones, o del 15%, en comparación con el coste de 493 millones de euros previsto por el Minetur para el decreto del carbón en 2012.
Refuerzo de los mecanismos de control
La resolución publicada este lunes refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la Comisión Nacional de Energía para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplan estrictamente las condiciones fijadas.
Además, el regulador también podrá solicitar esta información al gestor del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón, al tiempo que podrá realizar inspecciones y controles aleatorios. Junto a esto, la Secretaría de Estado de Energía fijará por resolución los criterios para la realización de auditorías de las centrales que participan en el decreto del carbón.
Las ayudas se harán efectivas «en una o dos semanas»
En otro orden de cosas, el senador por León del Partido Popular, Luis Aznar, anunció este sábado que "en una o dos semanas" el Gobierno hará efectivos a las empresas los 111 millones de euros en ayudas al sector de la minería pendientes del pasado año, que se desembolsarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la que Aznar compareció junto con otros parlamentarios nacionales de León de su partido, acto durante el que explicó que es previsible que en ese plazo comiencen a verse los «resultados de las gestiones para la resolución de la mejor forma posible de la crisis actual de la minería».
En palabras del responsable político, el pago de las ayudas se realizará tras las «razones graves» que impidieron realizar el pago que «el Gobierno intentó desde el mes de noviembre» y que podrá «aliviar de forma importante» la situación económica de las empresas y «rebajar la tensión en las cuencas mineras y afrontar la parte más relevante».
En este sentido, Aznar explicó que el Gobierno convocará el próximo marzo a las empresas y a «todos» los sindicatos para establecer las bases de la creación de un «mercado del carbón estable» y que las empresas «puedan seguir funcionando a medio y largo plazo».
Asimismo, el senador del PP por León quiso destacar que el carbón es un «producto estratégico y de futuro» en el mix energético, cuya crisis está padeciendo «directamente la provincia de León», donde existe «una serie de territorios de difícil reindustrialización».
Por su parte, su compañero el diputado nacional del PP por León Alfredo Prada reseñó la «eficacia y eficiencia» de la actuación del Gobierno en el «desbloqueo» del pago de las ayudas y pidió al Partido Socialista que haga una «oposición constructiva».
www.boe.es
www.europapress.es
Hoy ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2013, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Así, en su último año de aplicación, el decreto del carbón reserva 20.054 GWh de producción en nueve centrales eléctricas y establece, además, la realización de inspecciones y auditorías en la cadena de suministro del carbón.
En cuanto a la electricidad programada para 2013, incluye 3.852 GWh de energía no generada en 2011 y 2012 por motivos técnicos, por lo que la cifra final implica un recorte del 12% respecto a la de 2012, y sería mayor, del 28%, si no se incluyesen estos remanentes de los años anteriores. Cabe destacar que el texto recoge la fijación de un incentivo vía precio para la quema de carbón nacional que oscila entre los 56 MWh de la central de Teruel hasta los 122 euros/MWh de la de Elcogás, cuyos volúmenes de actividad son mucho más modestos.
Según la memoria económica de la orden de peajes de 2013, para este año el Ministerio de Industria espera que el decreto del carbón genere un coste de 419 millones de euros como máximo al sistema eléctrico, lo que supone una reducción de 75 millones, o del 15%, en comparación con el coste de 493 millones de euros previsto por el Minetur para el decreto del carbón en 2012.
Refuerzo de los mecanismos de control
La resolución publicada este lunes refuerza los mecanismos de control sobre el sector del carbón, hasta el punto de que habilita a la Comisión Nacional de Energía para recabar información de las empresas sobre las cantidades, calidades y orígenes del carbón producido, con el objetivo de que se cumplan estrictamente las condiciones fijadas.
Además, el regulador también podrá solicitar esta información al gestor del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón, al tiempo que podrá realizar inspecciones y controles aleatorios. Junto a esto, la Secretaría de Estado de Energía fijará por resolución los criterios para la realización de auditorías de las centrales que participan en el decreto del carbón.
Las ayudas se harán efectivas «en una o dos semanas»
En otro orden de cosas, el senador por León del Partido Popular, Luis Aznar, anunció este sábado que "en una o dos semanas" el Gobierno hará efectivos a las empresas los 111 millones de euros en ayudas al sector de la minería pendientes del pasado año, que se desembolsarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la que Aznar compareció junto con otros parlamentarios nacionales de León de su partido, acto durante el que explicó que es previsible que en ese plazo comiencen a verse los «resultados de las gestiones para la resolución de la mejor forma posible de la crisis actual de la minería».
En palabras del responsable político, el pago de las ayudas se realizará tras las «razones graves» que impidieron realizar el pago que «el Gobierno intentó desde el mes de noviembre» y que podrá «aliviar de forma importante» la situación económica de las empresas y «rebajar la tensión en las cuencas mineras y afrontar la parte más relevante».
En este sentido, Aznar explicó que el Gobierno convocará el próximo marzo a las empresas y a «todos» los sindicatos para establecer las bases de la creación de un «mercado del carbón estable» y que las empresas «puedan seguir funcionando a medio y largo plazo».
Asimismo, el senador del PP por León quiso destacar que el carbón es un «producto estratégico y de futuro» en el mix energético, cuya crisis está padeciendo «directamente la provincia de León», donde existe «una serie de territorios de difícil reindustrialización».
Por su parte, su compañero el diputado nacional del PP por León Alfredo Prada reseñó la «eficacia y eficiencia» de la actuación del Gobierno en el «desbloqueo» del pago de las ayudas y pidió al Partido Socialista que haga una «oposición constructiva».
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