INDUSTRIA ASEGURA QUE EL INFORME DE LA CNE SOBRE MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO "NO ES VINCULANTE"

INDUSTRIA ASEGURA QUE EL INFORME DE LA CNE SOBRE MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO "NO ES VINCULANTE" Resumen de Prensa InterMoney Energía, lunes, 12 de marzo de 2012 FUENTE: CNE/Cinco Días/El País La reacción por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de publicar el pasado viernes el informe sobre posibles medidas de corrección del déficit tarifario no se hizo esperar y ese mismo día y mediante un comunicado de prensa, los responsables del departamento dirigido por José Manuel Soria lamentaron "las consecuencias que la publicación del informe, por decisión unilateral y exclusiva de la CNE, haya podido causar o cause en el futuro a la situación de las empresas e intereses de los mencionados, directa o indirectamente, en el reiterado informe". Según aclara la nota de prensa de Industria, se solicitó a la CNE que no publicara el resultado de la consulta pública lanzada a finales de febrero "dada la trascendencia de su contenido y por las implicaciones que pudieran afectar a terceros". En concreto, se solicitó "que se omitiera su publicación de manera inmediata y hasta que fuera debidamente evaluado". Tras conocerse el contenido del informe, las acciones de REE y Enagás perdieron un 4,56% y un 3,02% el viernes en el parqué madrileño. Sin embargo, la entidad presidida por Alberto Lafuente colgó en la página web del regulador el pasado viernes el contenido de dicho informe, lo que no ha sido recibido de buen grado por la cartera del ramo, cuyos responsables se apresuraron a apuntar que el documento carece de efecto vinculante alguno. Además, se desmarcaron de algunas conclusiones, ya que "no son compartidas y no se van adoptar" y calificaron el estudio de la CNE de "elemento de análisis", entre otros instrumentos, para las medidas que en el futuro pudieran adoptarse. Abstención del presidente de la CNE Tal y como apuntan desde la Secretaría de Estado de Industria, Energía y Turismo, recibieron oficialmente el dictamen de los expertos del regulador el jueves pasado, mediante un documento que fue aprobado por los votos a favor de seis consejeros y la abstención del presidente de la entidad, que justifica su decisión por entender que las medidas planteadas son "insuficientes" y no están "ajustadas a la realidad". Se trata de unas propuestas que apenas supondrán un recorte del déficit de tarifa de 1.600 M€ en 2012 (sin contar ciertos trasvases de los peajes de acceso al precio de la energía) sobre los 4.800 M€ que se prevén para este año, si no se aplica ninguna medida regulatoria. Para el máximo responsable de la entidad que vela por el buen hacer del mercado energético nacional, muchas de las soluciones se apoyan en los Presupuestos, lo que resulta poco realista dadas las actuales dificultades presupuestarias. Según sus cálculos, si las Cuentas Públicas no pudieran atender el déficit de tarifa que no cubren las medidas propuestas en el dictamen, y para evitar una nueva desviación, sería necesario un incremento de los peajes del 30,7% en 2012, "lo que no parece aceptable". Lafuente también critica la omisión de análisis sobre el sector de los carburantes (un 47% del mix de energías primarias), pues, en su opinión, "debería haber una cierta convergencia regulatoria entre la electricidad, el gas y el petróleo". Asimismo, considera que la fiscalidad "es una necesidad para que no se trasladen adicionalmente al consumidor final ni los déficits ni el coste de su financiación", pero evitando que la fiscalidad se acabe trasladando al precio mayorista. Aunque para el resto de los consejeros de la CNE el exceso de capacidad del sistema garantiza el suministro, para su presidente, este exceso plantea problemas de competitividad y de suficiencia financiera, pues las fuertes inversiones de los últimos años no se han ajustado a la demanda y es un coste que ahora hay que sufragar vía tarifa. Y, aunque el dictamen propone retribuir las redes por su valor neto, opina que no contempla en su justa medida "la sobrerremuneración de este tipo de inversiones". Tampoco la contribución de las primas de las renovables al déficit de tarifa. En opinión de Lafuente, es vital que el esfuerzo de los diferentes agentes y consumidores "sea equitativo (...) aunque no necesariamente igual", y considera que del informe se deriva que el mayor sacrificio será para el consumidor. Principales propuestas Una de las principales conclusiones recogidas en el informe de la CNE es que el desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico, que sumará este año 23.312 M€, es "insostenible". Y para acabar con esta circunstancia, las medidas regulatorias de impacto a corto plazo propuestas por la CNE consisten en revisar la retribución y la amortización de los activos de distribución y transporte aplicando el valor neto, en lugar del bruto, y revisar los costes de mantenimiento y operación de las redes. Además, plantea cargar en el precio de la energía de la factura de la luz algunos costes de los peajes de acceso, como la retribución del operador del sistema o el seguro por interrumpibilidad del que disfruta la gran industria. Esto reduce el déficit, pero aumenta el coste de la energía de los consumidores. Adicionalmente, los expertos de la CNE son partidarios de que las primas de las renovables se financien con los ingresos de las subastas de CO2, con una tasa sobre los carburantes o, en su defecto, vía Presupuestos del Estado. Y sugieren el aplazamiento de las inversiones del transporte previstas en la planificación (el informe considera que, dada la sobrecapacidad del sistema, no hay problemas de suministro). Otras propuestas son laminar en el tiempo las primas que recibirán las termosolares inscritas en el registro de preasignación, pero sin acta de puesta en servicio, limitar al 5% el uso de los combustibles fósiles de apoyo de la energía primaria para el régimen especial, que las eléctricas paguen "parte" de los costes de titulización del déficit, que ahora sufragan los consumidores, y eliminar los pagos por disponibilidad e inversión mientras haya exceso de capacidad y que el precio regulado con el que se apoya al carbón nacional no lo paguen los peajes. Adicionalmente, la subida de las tarifas será inevitable. El informe se limita a mostrar distintos escenarios de subidas necesarias, según las medidas propuestas que se apliquen. En el peor de los casos (sin medidas), el alza sería del 35% este año y, en el mejor, el 2,4% hasta 2015 (aplicando las medidas y manteniendo 2.600 millones de déficit). Los precios eléctricos en España, los más altos de Europa Tanto el informe de la CNE como el voto particular emitido por su presidente coinciden en que los precios de la electricidad en España se sitúan entre los más altos de Europa. En parte, porque los peajes de acceso arrastran la lacra del déficit tarifario desde hace más de una década. Según los datos de Eurostat que figuran en uno de los anexos, los precios finales antes de impuestos que paga el consumidor se sitúan "en niveles solo inferiores a los de Malta y Chipre", según Alberto Lafuente. Si se tiene en cuenta el déficit, "que no es sino un sobreprecio diferido en el tiempo", los consumidores domésticos españoles son los que están en mayor desventaja. Una de las consecuencias más graves de esta situación es el deterioro de los indicadores de competitividad, medidos en términos de precios de la luz antes de impuestos. Por tanto, la electricidad será un lastre para las empresas españolas si el problema del déficit se resuelve solo subiendo las tarifas. Si se elimina la interrumpibilidad (una especie de seguro que ofrecen las empresas industriales al sistema a cambio de menores peajes eléctricos), estas empresas pagarán un 8,9% más al año. La CNE propone, al igual que las eléctricas, que la tarifa desaparezca y se mantenga solo una para consumidores vulnerables. Y ahora que el regulador va a desaparecer, sus consejeros piden que se refuerce su labor de supervisión, necesaria para esta liberalización. Decepcionadas con la CNE En cuanto a los argumentos planteados desde la CNE para frenar la deuda tarifaria, uno de los más polémicos es el que afecta a la tecnología termosolar, al proponer la revisión de las primas que cobran este tipo de centrales y la limitación al 5% "de la energía primaria" para tecnologías de régimen especial. Estas medidas de limitación de las centrales termosolares afectan, sobre todo, a titulares de instalaciones que acumulan 2.525 MW autorizados para instalación. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Mientras algunos acusan a la energía termosolar de ser la más cara entre las renovables (320 €/MWh), con un coste anual de 2.000 M€ que se prolongaría durante 25 años si nada cambiara y no se adoptaran medidas, los empresarios del sector se defienden explicando que la CNE obvia en su informe la verdadera solución a los 24.000 M€ de déficit tarifario acumulado y hace recaer "sobre la tecnología termosolar las supuesta medidas para atajarlo". En un comunicado divulgado por Protermosolar, sus integrantes explican que las primas recibidas hasta la fecha por la producción de energía eléctrica con tecnología termosolar representan tan solo el 2% de la deuda ex ante. A su juicio, los ahorros que se conseguirían con las medidas que plantea el regulador serían "poco significativos", en tanto que las consecuencias serían "muy graves", ya que pondrían en peligro la continuidad del sector, que emplea a 20.000 personas, al tiempo que dañaría la imagen del país en el exterior. Desde la patronal de esta industria confían en que el Gobierno "tendrá miras más amplias que la CNE sobre cómo atajar el déficit tarifario", ya que "conoce el enorme activo" que estas centrales representan para el país y para la "Marca España". Otros sectores decepcionados con los planteamientos del regulador han mostrado a lo largo del fin de semana su descontento, como los integrantes de Carbunión, que critican a la CNE por desconocer el sector del carbón y proponer reformas que encarecerán el sistema, o Endesa, que ataca la propuesta de modificar a la baja la retribución de la distribución o las referidas a los sistemas extrapeninsulares que ella explota. Fuentes de la eléctrica consideran que el informe afectaría negativamente a la distribución cuyo sistema retributivo sería reducido en más de 400 M€ en 2012 y hasta 1.000 M€ en 2015. Lo que puede hacer inviable la continuidad del esfuerzo inversor en esta actividad, que destina más de 2.500 M€ anuales, con un amplio efecto indirecto e inducido sobre el empleo y los niveles de la calidad y seguridad del suministro. Otras de las actividades afectadas en el informe son, en opinión de la compañía presidida por Borja Prado, los sistemas insulares y extrapeninsulares, suministro que recae directamente sobre Endesa. De adoptarse las medidas propuestas por la CNE, que las fuentes de la empresa tildan de "apresuradas", se reduciría en más de un 20% la actual retribución de su inmovilizado de explotación. Esto supondría no reconocer las inversiones recurrentes en los dos archipiélagos y en Ceuta y Melilla que son necesarias para el buen funcionamiento de las centrales y reducir los costes reconocidos por gestión de combustibles. Además de perjudicar a la distribución y al suministro eléctrico extrapeninsular, la eléctrica critica la propuesta del regulador de abandonar el mecanismo actual de gestión del déficit tarifario mediante la titulización a través de emisiones del FADE. El regulador pide que sean las empresas las encargadas de colocar directamente la deuda en el mercado financiero. Pero Endesa también se muestra contraria al informe de la CNE por omisión. Concretamente, por no revisar las primas a las renovables a pesar de que el regulador reconoce que es el coste tarifario que más ha crecido en los últimos ejercicios, y por tanto, el que más contribuye al déficit.