EL SUPREMO FALLA A FAVOR DE LAS ELÉCTRICAS Y OBLIGA AL GOBIERNO A SUBIR LA TARIFA DESDE ENERO

El Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia en la que da la razón a Endesa e Iberdrola, que interpusieron sendos recursos contra la orden ministerial de peajes de acceso eléctrico que entró en vigor el pasado 1 de enero para todo el primer trimestre del año. De este modo, el alto tribunal obliga en su dictamen (que reconoce las cautelares solicitadas por las dos eléctricas mencionadas) al Gobierno a elaborar, de forma inmediata, una nueva orden de tarifas de acceso con efecto desde el primer día de 2012 que incluya, al menos, costes superiores a 900 M€ que no recogió la orden vigente. Se trata de la tercera ocasión en menos de dos años que el Tribunal Supremo emite una sentencia favorable a los contenciosos de las eléctricas contra las revisiones de los peajes de acceso, que son insuficientes para cubrir los costes que establece la ley. Además, esta última es la segunda vez en menos de tres meses que acepta medidas cautelares. El auto del recurso de Endesa fue notificado el 8 de marzo, mientras que en el caso de Iberdrola, sus cautelares están fechadas el 2 de marzo. En cuanto al primero, el alto tribunal estima la petición cautelar contra la subida de unos peajes "artificialmente bajos" que no sufragan todos los costes, como es el caso de los desajustes de las actividades reguladas que se produjeron en 2011. Estos desfases se refieren al déficit de tarifa extra (por encima del que la ley admite cada año) que ha de cobrarse vía tarifa en el siguiente periodo, esto es, en el primer trimestre de este año. Solo esta partida asciende a 904 M€, esencialmente por el desarreglo en los incentivos a las extrapeninsulares. Además, el Supremo está de acuerdo con las eléctricas en que debido a esta situación, el déficit ex ante de 1.500 M€ que la norma fija para este año se va a superar con creces (hasta el propio Ministerio lo reconocía en la memoria que acompaña a la orden ministerial). Por tanto, debería haberse pagado en la proporción adecuada en los peajes del primer trimestre. Hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, el alto tribunal exige que, de forma inmediata, el Ministerio de Industria aumente los peajes de acceso (incluyendo, como mínimo, los citados 904 M€) para cubrir los costes y el déficit legalmente autorizado con efectos del 1 de enero. Frente a las cautelares que aprobó en diciembre para la tarifa del último trimestre del año pasado, que obligaba a aplicar la tarifa del periodo anterior, en este caso, se trata de una medida cautelar negativa, que obliga a la Administración, previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a aprobar una nueva orden ministerial que respete los límites legales del déficit. La decisión del Supremo supone un jarro de agua fría para el departamento que dirige José Manuel Soria, enfrascado en la revisión de las tarifas del segundo trimestre, que entran en vigor el 1 de abril. Esta revisión, en la que el ministro no ha descartado "subidas", forma parte de la reforma contra el déficit que se anunciará previsiblemente en abril o mayo. Por el momento, el Ministerio debe aprobar una nueva orden para reliquidar a los 29 millones de consumidores las cantidades solicitadas por las empresas y admitidas por el Supremo. El auto del Supremo da un toque de atención a Industria por su persistencia en condicionar la revisión de los peajes (parte regulada de la tarifa) al resultado de las subastas Cesur (donde se fija el precio de la energía) para lograr una congelación de la factura final. Estas "decisiones compensatorias, insistimos, no tienen cabida en la actual regulación del sector", indica el auto. Cabe recordar que las eléctricas recurrieron la bajada de los peajes de julio de 2010 y, aunque en aquella ocasión no lograron cautelares, ganaron el recurso. A pesar de que no se aplicó la sentencia (el Gobierno había corregido ya las bajadas), la historia se repitió en el último trimestre de 2011. En esa ocasión, se dictó una cautelar positiva, que obligó a refacturar a los clientes la última semana del año. Las nuevas cautelares, ya no por bajada de peajes, sino por no recoger adecuadamente los costes, obligan a publicar una nueva orden. El Supremo insiste en sus advertencias de siempre, que se resumen en que el Gobierno está obligado a revisar los peajes con "los criterios objetivos" que fija la ley, "como reiteradamente hemos manifestado", y que "no son opcionales".