LA XVIII SUBASTA CESUR CONCLUYE CON UN DESCENSO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA DEL 7,1%

Ayer tuvo lugar la XVIII subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso, convocatoria que fija el término de energía dentro de la tarifa de la electricidad para el segundo semestre de 2012. Este concepto supone aproximadamente el 50% del peso de la factura eléctrica y tras el concurso de ayer, el precio de la energía registró una bajada del 7,1%.

Según informa la nota de prensa difundida por los profesionales del operador del mercado ibérico de la electricidad (Omie), una vez confirmado por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que la decimoctava subasta se realizó de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria y los resultados fueron validados, Omel Mercados, como administrador de la subasta, informó de que se subastaron dos productos: base trimestral y punta trimestral. En ambos casos, se colocó el total de los megavatios en concurso, es decir, 3.000 MWh de base trimestral a un precio final de 51€/MWh y 451 MWh de punta trimestral a un precio final de 56,27€/MWh. Las compañías adjudicatarias fueron 26.

Este descenso da margen al Gobierno para aplicar en abril un incremento similar de la parte regulada de la factura eléctrica (compuesta por los peajes de acceso) sin necesidad de subir la TUR. Según los distintos cálculos realizados por las empresas, esa subida de los peajes podría oscilar entre el 6,2% y el 6,5%.

En todo caso, el Ejecutivo ha advertido que el recibo se incrementará previsiblemente en abril para cumplir de esa manera con los recientes dictámenes del Tribunal Supremo, que obligan a refacturar los consumos de cerca de 22 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger el coste real de la actividad eléctrica.

En todo caso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que no todo el peso de la refacturación caerá sobre el consumidor. Para ello, el Ejecutivo trabaja en una reforma energética que permita rebajar los costes mediante medidas que involucrarán a todos los agentes que participan de una u otra manera en el sistema eléctrico.

En el escenario actual, las eléctricas calculan que, para evitar que en 2012 el déficit de tarifa supere el tope legal de 1.500 M€, es necesario subir un 30% las tarifas de acceso eléctricas, que recogen los costes regulados, como la distribución, el transporte y las primas a las instalaciones del régimen especial (entre las que están las renovables), lo que redundaría en un alza del 15% en el precio final de la electricidad.

En el caso hipotético de que el Gobierno trasladara ahora estas cifras que ofrecen las eléctricas y no aplicase medidas adicionales, la factura de la electricidad debería subir en abril más de un 11%. En todo caso, tanto desde el Ejecutivo como desde la propia Comisión Nacional de Energía se considera que estos incrementos serían excesivos para el consumidor.

Además, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, advirtió el viernes pasado que es el Gobierno el encargado de dirigir la política energética e insistió en dejar claro a las eléctricas que la solución del problema no recaerá solo sobre el consumidor.

Al margen de posibles recortes en los costes que se reconocen a las empresas, otra de las opciones para mitigar una fuerte subida de la factura eléctrica sería ampliar el máximo legal de 1.500 M€ de deuda ex ante para el ejercicio, como ya hizo anteriormente el departamento dirigido por Miguel Sebastián.

La bajada en la subasta de este miércoles cumple con la tendencia de los últimos años, en los que el precio de la electricidad ha sido estacionalmente más bajo en la primera parte del ejercicio.

El año pasado, cuando la factura de la electricidad ya había subido un 9,8%, la subasta de marzo cerró con caídas del 9,4%, lo que permitió al Gobierno incrementar un 10,8% los peajes y forzar una congelación de la tarifa. Posteriormente, Industria aumentó un 1,5% la factura en julio y aplicó congelaciones en octubre y enero. Las dos han sido recientemente anuladas por el Supremo.

El TS también concede las cauterales a Gas Natural Fenosa
A principios de marzo, el Tribunal Supremo aceptó las medidas cautelares que Iberdrola había solicitado en su recurso contra la orden de peajes eléctricos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Días después, hizo lo propio con la petición de Endesa, con lo que ambas cautelares se consideraron subsidiarias. A estas dos sentencias hay que sumar ahora una tercera, conocida esta misma semana, que también concede las cauterales solicitadas a Gas Natural Fenosa.

En los tres casos, el alto tribunal exige a Industria que elabore una nueva orden de tarifas con efecto a 1 de enero, en la que recoja el desfase del déficit de tarifa del año pasado (904 M€) y utilice el mejor cálculo sobre los datos disponibles de déficit para este año, lo que sumaría otra partida superior a los 1.800 M€.

Fuentes empresariales consideran que esta última partida es interpretable y que el ministerio podría modificar el techo de déficit para este año, con lo que evitaría la aplicación de esta cautelar. Otras interpretaciones concluyen que esta medida tendría carácter retroactivo.

Lo que no puede eludir el departamento que dirige José Manuel Soria son los citados 904 M€ y otros 160 M€ que debe refacturar entre el 1 de octubre y la última semana de diciembre del año pasado por otra decisión del Supremo. Las mismas fuentes calculan que estos más de 1.000 M€ se cubrirían con una subida de los peajes del 3%.

Industria tiene dos opciones: o aprobar una orden ministerial de revisión de los peajes de acceso a partir del 1 de abril o eludir esta norma (pues no está obligada a revisar los peajes, aunque sí a trasladar a la factura eléctrica la bajada del precio de la energía que ha resultado de la Cesur), y aprobar la que sustituiría a la del primer trimestre, en cumplimiento del acuerdo del Tribunal Supremo.

Pero la tarifa tiene otros problemas añadidos: por un lado, los 300 M€ del bono social, que ya no lo financiarán las eléctricas, según otra sentencia reciente del alto tribunal. De hecho, existe un vacío legal respecto a quién se le debe liquidar este incentivo social del que disfrutan tres millones de consumidores domésticos y si las CUR deben aplicar el bono a sus clientes en la próxima factura.

Aparte de estos dilemas, la maltrecha tarifa eléctrica deberá asumir la única partida que se pagaba vía Presupuestos del Estado: 256 M€ correspondientes a los incentivos que reciben los sistemas extrapeninsulares que explota el Grupo Endesa.

Fuentes próximas al Ejecutivo explican que se ha eliminado dicha cantidad de los Presupuestos de 2012, lo que deja sin efecto definitivamente la norma del anterior Gobierno, que quiso costear en las cuentas públicas las extrapeninsulares por su carácter "social".