Los efectos de la sentencia del Supremo también a las eléctricas, porque, si no, habría que subir el recibo un 40%

La tregua de que han disfrutado en los últimos meses los consumidores en su recibo de la luz (ficticia, sí, pero tregua) llega a su fin. El Gobierno dará cumplimiento en la revisión del recibo del próximo abril a los recientes autos del Tribunal Supremo en que obligan a subir la factura de la luz con carácter retroactivo desde octubre.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha confirmado hoy que a partir del 1 de abril los ciudadanos tendrán que asumir una subida en sus recibos. Según las estimaciones del ministro, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogida unos 22 millones de hogares y pymes, se incrementará el próximo mes entre un 5 y un 7%.
En declaraciones a Antena 3, Soria ha subrayado que el Ejecutivo se ve obligado a promover esa subida para cumplir con los autos del Supremo y así refacturar los consumos desde octubre para recoger los costes reales del sistema eléctrico. En cualquier caso, el ministro ha explicado que esa subida será solo como máximo del 7% gracias al deseo de Industria de repartir el impacto de la sentencia entre los ciudadanos, las cuentas públicas y las propias compañías eléctricas.
Del 7% o del ¡40%!
"Los consumidores no pueden ser quienes soporten toda la carga y eso no lo vamos a hacer", ha apuntado. Soria ha alertado de que si el Gobierno pretendiera repecutir enteramente en el consumidor el impacto de la subida, la tarifa de la luz debería dispararse hasta un 40% el mes próximo. "El país no está en condiciones de asumir una carga de esa naturaleza".
El déficit de tarifa (la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que las compañías cobran a través del recibo) supera ya los 24.000 millones de euros, y el Ejecutivo se ha comprometido de forma insistente a no cargar solo al cliente los costes de dar solución al grandísimo agujero del sistema eléctrico. La subida prevista y confirmada hoy por el ministro Soria se queda muy por debajo de las expectativas de las compañías eléctricas. La patronal del sector, Unesa, había reclamado un alza de la tarifa del 15% en abril para que el déficit de tarifa de este año no supere los topes legales.
La tarifa de último recurso (TUR), cuya cuantía se revisa cada trimestre, es el resultado de la suma de los peajes (que retribuyen los costes regulados del sector y que fija directamente el Gobierno) y del precio de la energía (que viene determinada por la subasta en que participan los comercializadores). La subasta Cesur de la semana pasada se saldó con una rebaja del 7%, lo que rebajaba la presión para que en abril se realizara una subida desmedida.
Soria ha avanzado que el próximo viernes llevará al Consejo de Ministros una batería de medidas para recortar el agujero eléctrico. Además de la subida del recibo, el ministro pretende que las eléctricas también aporten a la solución al déficit mediante un recorte de los costes regulados (distribución, transporte, primas a las renovables...). "No todas las medidas pueden ir dirigidas a subir los ingresos", ha sentenciado el ministro. Las empresas energéticas esperan con expectatción la reforma que pretende liderar el Gobierno y que en los mentideros del sector ya se ha bautizado como reforma Frankenstein.

Primeras medidas para frenar el déficit de tarifa

El Ministerio de Industria se halla en una encrucijada bastante compleja para sacar adelante la reforma del sector energético, que ya está ultimando. Uno de los escollos más molestos lo constituyen los recursos presentados por las eléctricas ante el Tribunal Supremo contra las dos últimas órdenes de tarifas, que han obtenido sendas sentencias favorables del alto tribunal. De hecho, este les ha otorgado las cautelares solicitadas y ha pedido al Gobierno que redacte nuevas órdenes para refacturar hasta 2.900 M€ en la factura eléctrica. Ante este escenario, desde la cartera del ramo han solicitado a los responsables de las "utilities" españolas que retiren sus respectivos recursos, pero estos explican que no es posible hacer tal cosa, puesto que podrían incurrir en responsabilidad ante los accionistas al haber obtenido ya las cautelares del Supremo.

Desde el Gobierno preparan un Real Decreto-ley con las primeras medidas para frenar el déficit de tarifa, que incluyen un recorte de los ingresos de la distribución y una subida de los peajes eléctricos (la parte regulada del recibo), norma que previsiblemente será aprobada este viernes durante el Consejo de Ministros.

Ese aumento de las tarifas de acceso eléctricas estará condicionado por la refacturación del suministro desde el 1 de octubre que Industria está obligado a aplicar por imposición del Supremo, que ha admitido las medidas cautelares solicitadas por Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola en sus respectivos recursos contra las órdenes de tarifas del último trimestre de 2001 y la del primero de este año.

Aparte de este problema, el malestar se ha instalado en el sector, no solo entre las grandes compañías de Unesa, sino también entre las más de 300 pequeñas distribuidoras que funcionan en España.

De hecho, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó ayer el acto de entrega de los premios anuales que otorga el Club Español de la Energía, en el que participó el ministro de Industria, José Manuel Soria, para advertir del daño que podría entrañar para el sector y para el empleo un recorte de los ingresos de la actividad de la distribución.

Galán recordó a Soria que la distribución es una actividad "intensiva" en capital humano y que un recorte tendría "un impacto muy negativo" no solo desde el punto de vista laboral, sino también a la hora de "homologar" a España con el resto de países europeos. El presidente de Iberdrola aseguró que la retribución que reciben las eléctricas es un 10% inferior a la de sus homólogos europeos, a pesar del "enorme esfuerzo" realizado por ofrecer un buen servicio.

En su opinión, el "mayor problema del sector", que es el déficit de tarifa, es "consecuencia de decisiones políticas pasadas" que incrementaron los costes "ajenos al servicio eléctrico". La deuda, explicó, "tiene solución y debe atajarse lo antes posible para garantizar la sostenibilidad económica y no hipotecar a generaciones futuras". Y reclamó una regulación que "reconozca los costes de la actividad eléctrica y no los ajenos".

Para concluir, Sánchez Galán también expresó su confianza en que el departamento que dirige Soria sea capaz de "dotar de racionalidad" al sector y recordó que la actual incertidumbre está "dañando" las cotizaciones y los 'rating' de las eléctricas.

Soria: 2012 será el último ejercicio en el que crezca la deuda tarifaria
Por su parte, el titular de aseguró durante su intervención en el acto que la reforma energética que prepara el Ejecutivo permitirá cumplir con el objetivo de que desde el 1 de enero de 2013 el sistema eléctrico sea aditivo y deje de generarse déficit de tarifa.

Las compañías eléctricas advierten que si no se toman medidas, entre las que figuran subidas de tarifas eléctricas, el déficit del sector podría alcanzar solo este año 5.000 M€. El ministro ya ha adelantado en varias ocasiones que la solución no solo consistirá en subidas de la factura, sino en un recorte en los costes del sector.

"Vamos a cumplir la previsión legal y amortizar el déficit de tarifa en un plazo razonable", afirmó el ministro, en un discurso en el que describió las líneas básicas de la reforma energética que prepara el Ejecutivo.

La nueva regulación promoverá la protección del consumidor, las políticas de fomento y ahorro energético, la combinación de fuentes autóctonas y renovables y el impulso a las renovables "sobre la base de la sostenibilidad a largo plazo", señaló.

Además, Soria aseguró que la normativa seguirá "contando con la participación de las nucleares existentes dentro del 'mix' energético" y logrará "el equilibrio entre ingresos y costes del sistema" para evitar que se genere más déficit de tarifa.

Reforma "Frankenstein".

Nadie sabe cómo será la reforma del sector eléctrico que prepara el Gobierno. Éste ha cortado la comunicación con las empresas, que ya han bautizado los planes del Ejecutivo como la reforma "Frankenstein".

La intención es hacer un cuerpo eléctrico nuevo en España con partes de varios cuerpos. Un brazo de aquí (recorte a renovables), una mano de allí (subida de tarifas al usuario), una pierna de más allá (recortes a las grandes eléctricas), etcétera.

Las compañías energéticas han tenido la imaginación de poner nombre al engendro de su propio futuro. Veamos si hay muchas similitudes de lo que está pasando en el sector eléctrico con el famoso monstruo de Frankenstein.

Autor: La gran confusión El cine ha convertido a Frankenstein en un mito popular, igual que la prensa ha hecho de la reforma eléctrica un tema candente. En ambos casos, hay cierta confusión sobre el autor. Muchos han visto la película, pero pocos saben que Frankenstein se basa en una novela de Mary Shelly, del siglo XIX. La reforma eléctrica se va a firmar desde el Ministerio de Industria, a cuyo frente está José Manuel Soria. Pero en realidad todo el mundo está pendiente de las ideas que pueden surgir desde la Oficina Económica de Moncloa, y de su hombre fuerte, Álvaro Nadal.

Argumento: Eres horrible, eres malo
En la novela, el científico Víctor Frankenstein busca el secreto de la vida. Así, crea un nuevo ser con partes de otros seres humanos. El resultado es monstruoso para todos los que le observan, excepto para su creador. Esa es la tragedia anticipada de la reforma energética. Si se hace bien y funciona (Frankenstein funcionaba como cuerpo) a todos (grandes eléctricas, renovables, usuarios, comunidades autónomas, etc.), les va a tocar asumir una parte del peso de la reforma, y a nadie le va a gustar.

Personajes principales
Victor Frankenstein: Es de carácter noble y sereno, pero su tranquilidad se trunca cuando crea a Frankenstein, cuya sombra le perseguirá desesperadamente a lo largo de su vida. En esto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, puede ser igual. Como acierte con la reforma, será recordado. Y si no acierta, será recordado aún más. La sombra de la reforma le perseguirá muchos años.

Frankenstein: Es resultado de un experimento excepcional. Como la reforma energética. El sector eléctrico vive una encrucijada histórica. Después de años de vaivenes regulatorios, y de no asumir problemas, el sector acumula un déficit de 21.000 millones de euros porque los costes son superiores a los ingresos que se obtienen con las tarifas de la luz. La reforma energética será todo un experimento para intentar acabar de una vez con ese agujero, que se ha creado a lo largo de más de una década.

Alphonse Frankenstein: Padre de Víctor, a quien apoya incondicionalmente en sus estudios científicos. Las tragedias que causa el engendro Frankenstein le afectan, deteriorando su salud. Soria tiene todo el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De hecho, a Soria se le ha encomendado la tarea de sacar adelante la reforma energética, que junto con la reforma financiera y la laboral, es una de las tres más importantes que está llevando a cabo el PP. Ahora bien, la reforma eléctrica afecta a 27 millones de contratos de luz. Hay mucho en juego electoralmente. Como salga mal, Rajoy se juega mucho, y le puede afectar, como a Alphonse.

La familia de Felix: Son campesinos y viven frente a Frankenstein. Es en esta familia donde Frankenstein toma conciencia de las contradicciones de los sentimientos humanos y empieza a desarrollar su rechazo hacia toda la Humanidad. Si hay algo contradictorio en España es el sistema eléctrico y sus usuarios. El recibo de la luz (un servicio esencial) es relativamente menor que otros costes domésticos, como la factura de teléfono. Pero cada vez que sube la electricidad, los usuarios gritan. Sin embargo, son capaces de pagar por un smartphone último modelo, sin rechistar, tanto o más de lo que costarían todos los recibos eléctricos de un año.

La novia de Frankenstein: En la novela, el engendro Frankenstein pide al cabo de un tiempo a su creador que también fabrique un monstruo mujer, para no sentirse solo. Victor acepta, y llega a crear una "monstrua". En algunas películas, la novia de Frankesntein incluso llega a tener vida. Uno de los problemas de la reforma energética es que no se administre como una pieza única, sino que se haga en fases. Es decir, que haya varias réplicas. De hecho, las eléctricas esperan que el próximo viernes ya se anuncie un primer paquete de medidas, y luego haya más dentro de unas semanas.

Conclusión: La novela de Mary Shelly, en pleno romanticismo literario, es un terrible drama en el que se pasa de la visión más quimérica de la vida, a una confrontación humana desgarradora. Igual que en el sector eléctrico. En los tiempos de bonanza económica de España, todas las empresas (renovables, eléctricas tradicionales, gasistas, etcétera), vivían en sintonía. Con la crisis, el mercado se ha hundido y han salido a la luz todos los excesos cometidos (sobran infraestructuras, se han despilfarrado subvenciones, se ha puesto un parche sobre otro, etcétera). Ahora, todas las empresas se culpan unas a otras, hasta la extenuación, de los desperfectos.

Esperemos que la realidad energética no se parezca a la novela en su trágico final: con todos los seres queridos muertos a manos de Frankenstein. Dicho sea de paso, éste no nació siendo malo. Desarrolló su repulsa hacia la Humanidad como respuesta al cruel rechazo que los otros seres mostraban hacia su fealdad.

LA XVIII SUBASTA CESUR CONCLUYE CON UN DESCENSO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA DEL 7,1%

Ayer tuvo lugar la XVIII subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso, convocatoria que fija el término de energía dentro de la tarifa de la electricidad para el segundo semestre de 2012. Este concepto supone aproximadamente el 50% del peso de la factura eléctrica y tras el concurso de ayer, el precio de la energía registró una bajada del 7,1%.

Según informa la nota de prensa difundida por los profesionales del operador del mercado ibérico de la electricidad (Omie), una vez confirmado por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que la decimoctava subasta se realizó de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria y los resultados fueron validados, Omel Mercados, como administrador de la subasta, informó de que se subastaron dos productos: base trimestral y punta trimestral. En ambos casos, se colocó el total de los megavatios en concurso, es decir, 3.000 MWh de base trimestral a un precio final de 51€/MWh y 451 MWh de punta trimestral a un precio final de 56,27€/MWh. Las compañías adjudicatarias fueron 26.

Este descenso da margen al Gobierno para aplicar en abril un incremento similar de la parte regulada de la factura eléctrica (compuesta por los peajes de acceso) sin necesidad de subir la TUR. Según los distintos cálculos realizados por las empresas, esa subida de los peajes podría oscilar entre el 6,2% y el 6,5%.

En todo caso, el Ejecutivo ha advertido que el recibo se incrementará previsiblemente en abril para cumplir de esa manera con los recientes dictámenes del Tribunal Supremo, que obligan a refacturar los consumos de cerca de 22 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger el coste real de la actividad eléctrica.

En todo caso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que no todo el peso de la refacturación caerá sobre el consumidor. Para ello, el Ejecutivo trabaja en una reforma energética que permita rebajar los costes mediante medidas que involucrarán a todos los agentes que participan de una u otra manera en el sistema eléctrico.

En el escenario actual, las eléctricas calculan que, para evitar que en 2012 el déficit de tarifa supere el tope legal de 1.500 M€, es necesario subir un 30% las tarifas de acceso eléctricas, que recogen los costes regulados, como la distribución, el transporte y las primas a las instalaciones del régimen especial (entre las que están las renovables), lo que redundaría en un alza del 15% en el precio final de la electricidad.

En el caso hipotético de que el Gobierno trasladara ahora estas cifras que ofrecen las eléctricas y no aplicase medidas adicionales, la factura de la electricidad debería subir en abril más de un 11%. En todo caso, tanto desde el Ejecutivo como desde la propia Comisión Nacional de Energía se considera que estos incrementos serían excesivos para el consumidor.

Además, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, advirtió el viernes pasado que es el Gobierno el encargado de dirigir la política energética e insistió en dejar claro a las eléctricas que la solución del problema no recaerá solo sobre el consumidor.

Al margen de posibles recortes en los costes que se reconocen a las empresas, otra de las opciones para mitigar una fuerte subida de la factura eléctrica sería ampliar el máximo legal de 1.500 M€ de deuda ex ante para el ejercicio, como ya hizo anteriormente el departamento dirigido por Miguel Sebastián.

La bajada en la subasta de este miércoles cumple con la tendencia de los últimos años, en los que el precio de la electricidad ha sido estacionalmente más bajo en la primera parte del ejercicio.

El año pasado, cuando la factura de la electricidad ya había subido un 9,8%, la subasta de marzo cerró con caídas del 9,4%, lo que permitió al Gobierno incrementar un 10,8% los peajes y forzar una congelación de la tarifa. Posteriormente, Industria aumentó un 1,5% la factura en julio y aplicó congelaciones en octubre y enero. Las dos han sido recientemente anuladas por el Supremo.

El TS también concede las cauterales a Gas Natural Fenosa
A principios de marzo, el Tribunal Supremo aceptó las medidas cautelares que Iberdrola había solicitado en su recurso contra la orden de peajes eléctricos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Días después, hizo lo propio con la petición de Endesa, con lo que ambas cautelares se consideraron subsidiarias. A estas dos sentencias hay que sumar ahora una tercera, conocida esta misma semana, que también concede las cauterales solicitadas a Gas Natural Fenosa.

En los tres casos, el alto tribunal exige a Industria que elabore una nueva orden de tarifas con efecto a 1 de enero, en la que recoja el desfase del déficit de tarifa del año pasado (904 M€) y utilice el mejor cálculo sobre los datos disponibles de déficit para este año, lo que sumaría otra partida superior a los 1.800 M€.

Fuentes empresariales consideran que esta última partida es interpretable y que el ministerio podría modificar el techo de déficit para este año, con lo que evitaría la aplicación de esta cautelar. Otras interpretaciones concluyen que esta medida tendría carácter retroactivo.

Lo que no puede eludir el departamento que dirige José Manuel Soria son los citados 904 M€ y otros 160 M€ que debe refacturar entre el 1 de octubre y la última semana de diciembre del año pasado por otra decisión del Supremo. Las mismas fuentes calculan que estos más de 1.000 M€ se cubrirían con una subida de los peajes del 3%.

Industria tiene dos opciones: o aprobar una orden ministerial de revisión de los peajes de acceso a partir del 1 de abril o eludir esta norma (pues no está obligada a revisar los peajes, aunque sí a trasladar a la factura eléctrica la bajada del precio de la energía que ha resultado de la Cesur), y aprobar la que sustituiría a la del primer trimestre, en cumplimiento del acuerdo del Tribunal Supremo.

Pero la tarifa tiene otros problemas añadidos: por un lado, los 300 M€ del bono social, que ya no lo financiarán las eléctricas, según otra sentencia reciente del alto tribunal. De hecho, existe un vacío legal respecto a quién se le debe liquidar este incentivo social del que disfrutan tres millones de consumidores domésticos y si las CUR deben aplicar el bono a sus clientes en la próxima factura.

Aparte de estos dilemas, la maltrecha tarifa eléctrica deberá asumir la única partida que se pagaba vía Presupuestos del Estado: 256 M€ correspondientes a los incentivos que reciben los sistemas extrapeninsulares que explota el Grupo Endesa.

Fuentes próximas al Ejecutivo explican que se ha eliminado dicha cantidad de los Presupuestos de 2012, lo que deja sin efecto definitivamente la norma del anterior Gobierno, que quiso costear en las cuentas públicas las extrapeninsulares por su carácter "social".
 

el tribunal Supremo y las electricas

De nuevo, el Tribunal Supremo ha dado la razón a las eléctricas en la batalla por defender sus derechos frente al Estado. A la reciente sentencia en la que se pone del lado de Endesa e Iberdrola, que interpusieron sendos recursos contra la orden ministerial de los peajes de acceso eléctricos obligando al Gobierno a elaborar una nueva orden de tarifas desde el 1 de enero de 2012 que incluya, al menos, costes superiores a 900 M€ que no recogió la orden vigente, el alto tribunal acaba de sentenciar que las utilities no tienen obligación de financiar el bono social.

Según la información publicada en la página web del TS, se “ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola contra la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes eléctricos de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y se obliga a las compañías generadoras de electricidad a financiar en exclusiva el bono social”. Así, “la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha estimado el recurso en una sentencia, de 7 de febrero de 2012” y “declara inaplicables el artículo 2.5 y la disposición transitoria segunda, último párrafo, del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que han sido indirectamente impugnados en este proceso. También declara inaplicables las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Orden recurrida (ITC/1723/2009) como consecuencia de la anterior declaración de inaplicabilidad de los preceptos citados del Real Decreto-ley 6/2009”, detalla el comunicado difundido.

El bono social fue creado en 2009 por el Ejecutivo para apoyar a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la tarifa eléctrica hasta finales de 2013. El coste de dicho bono fue distribuido por el Gobierno entre las compañías generadoras de electricidad.

En la sentencia, el Supremo destaca que no se cuestiona el bono social en sí, sino el sistema elegido para su financiación. Así, falla que la medida adoptada por el Ejecutivo es "discriminatoria", ya que carga toda la financiación de este bono social en unas empresas concretas sin explicitar las razones de esta elección.

La decisión del alto tribunal considera que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras "que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales".

No consta, destaca la sentencia, ninguna justificación de porqué ha de ser el sector de la generación eléctrica al que se le imponga la carga de la financiación del bono social, en vez de a todos los sectores empresariales - de generación, transporte y distribución eléctrica -, a la generalidad de los usuarios o, simplemente, con cargo al presupuesto estatal, dado que se trata de la financiación de una ayuda social.

El Tribunal falla en favor de Iberdrola y reconoce el derecho a que se le reintegren las cantidades que han abonado para financiar este bono. Este beneficio es disfrutado por tres millones de españoles y supone un coste de 300 M€ anuales para las grandes empresas. Además de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, también corren con su gasto Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa y HC Energía.

Así las cosas, cuando la sentencia del Supremo se publique en el BOE, la CNE, que es la encargada de las liquidaciones, no podrá volver a cobrar este concepto a las eléctricas y se tendrá que proceder a la devolución de las cantidades pagadas desde 2009.

En principio, la medida afecta a Iberdrola, pero podría extenderse al resto de las eléctricas al tratarse de una violación del derecho comunitario.

Otro fallo que acaba de conocerse responde al incidente de ejecución presentado por las eléctricas contra la decisión de Industria de refacturar el consumo eléctrico solo en la última semana de diciembre. El Supremo había admitido cautelares a las eléctricas en su denuncia contra la bajada de los peajes fijada en la orden de tarifas del último trimestre del año y obligaba al Ministerio a restablecer, desde el 1 de octubre, la tarifa del trimestre anterior.
En una resolución, Industria consideró que solo debía refacturar desde el 23 de diciembre, que fue el día en que se publicó el auto, y que sumó unos 50 M€. La refacturación de todo el trimestre suma otros 160 M€.

Por su parte, las eléctricas calculan que la cifra definitiva que hay que reliquidar desde el 1 de enero es de 2.704 M€, cantidad que resulta de las cautelares admitidas por el Supremo: 904 M€ del año pasado más otros 1.800 M€ del presente ejercicio.

Marzo 2012

Evolución precios Marzo 2012

EL SUPREMO FALLA A FAVOR DE LAS ELÉCTRICAS Y OBLIGA AL GOBIERNO A SUBIR LA TARIFA DESDE ENERO

El Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia en la que da la razón a Endesa e Iberdrola, que interpusieron sendos recursos contra la orden ministerial de peajes de acceso eléctrico que entró en vigor el pasado 1 de enero para todo el primer trimestre del año. De este modo, el alto tribunal obliga en su dictamen (que reconoce las cautelares solicitadas por las dos eléctricas mencionadas) al Gobierno a elaborar, de forma inmediata, una nueva orden de tarifas de acceso con efecto desde el primer día de 2012 que incluya, al menos, costes superiores a 900 M€ que no recogió la orden vigente. Se trata de la tercera ocasión en menos de dos años que el Tribunal Supremo emite una sentencia favorable a los contenciosos de las eléctricas contra las revisiones de los peajes de acceso, que son insuficientes para cubrir los costes que establece la ley. Además, esta última es la segunda vez en menos de tres meses que acepta medidas cautelares. El auto del recurso de Endesa fue notificado el 8 de marzo, mientras que en el caso de Iberdrola, sus cautelares están fechadas el 2 de marzo. En cuanto al primero, el alto tribunal estima la petición cautelar contra la subida de unos peajes "artificialmente bajos" que no sufragan todos los costes, como es el caso de los desajustes de las actividades reguladas que se produjeron en 2011. Estos desfases se refieren al déficit de tarifa extra (por encima del que la ley admite cada año) que ha de cobrarse vía tarifa en el siguiente periodo, esto es, en el primer trimestre de este año. Solo esta partida asciende a 904 M€, esencialmente por el desarreglo en los incentivos a las extrapeninsulares. Además, el Supremo está de acuerdo con las eléctricas en que debido a esta situación, el déficit ex ante de 1.500 M€ que la norma fija para este año se va a superar con creces (hasta el propio Ministerio lo reconocía en la memoria que acompaña a la orden ministerial). Por tanto, debería haberse pagado en la proporción adecuada en los peajes del primer trimestre. Hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, el alto tribunal exige que, de forma inmediata, el Ministerio de Industria aumente los peajes de acceso (incluyendo, como mínimo, los citados 904 M€) para cubrir los costes y el déficit legalmente autorizado con efectos del 1 de enero. Frente a las cautelares que aprobó en diciembre para la tarifa del último trimestre del año pasado, que obligaba a aplicar la tarifa del periodo anterior, en este caso, se trata de una medida cautelar negativa, que obliga a la Administración, previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a aprobar una nueva orden ministerial que respete los límites legales del déficit. La decisión del Supremo supone un jarro de agua fría para el departamento que dirige José Manuel Soria, enfrascado en la revisión de las tarifas del segundo trimestre, que entran en vigor el 1 de abril. Esta revisión, en la que el ministro no ha descartado "subidas", forma parte de la reforma contra el déficit que se anunciará previsiblemente en abril o mayo. Por el momento, el Ministerio debe aprobar una nueva orden para reliquidar a los 29 millones de consumidores las cantidades solicitadas por las empresas y admitidas por el Supremo. El auto del Supremo da un toque de atención a Industria por su persistencia en condicionar la revisión de los peajes (parte regulada de la tarifa) al resultado de las subastas Cesur (donde se fija el precio de la energía) para lograr una congelación de la factura final. Estas "decisiones compensatorias, insistimos, no tienen cabida en la actual regulación del sector", indica el auto. Cabe recordar que las eléctricas recurrieron la bajada de los peajes de julio de 2010 y, aunque en aquella ocasión no lograron cautelares, ganaron el recurso. A pesar de que no se aplicó la sentencia (el Gobierno había corregido ya las bajadas), la historia se repitió en el último trimestre de 2011. En esa ocasión, se dictó una cautelar positiva, que obligó a refacturar a los clientes la última semana del año. Las nuevas cautelares, ya no por bajada de peajes, sino por no recoger adecuadamente los costes, obligan a publicar una nueva orden. El Supremo insiste en sus advertencias de siempre, que se resumen en que el Gobierno está obligado a revisar los peajes con "los criterios objetivos" que fija la ley, "como reiteradamente hemos manifestado", y que "no son opcionales".

CNE AUGURA DIFICULTADES

El informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre las medidas de ajuste regulatorio para resolver el déficit de la tarifa eléctrica incluye un estudio comparativo entre los precios finales de la electricidad antes de impuestos en España y en el resto de países europeos, que demuestra la situación desventajosa de los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, respecto a sus homólogos europeos. Utilizando estadísticas de Eurostat, la CNE concluye que los precios medios pagados en 2011 por los clientes domésticos españoles (en céntimos/kWh) eran los terceros más caros de entre una treintena de países europeos, solo por detrás de dos islas, Malta y Chipre. Además, el estudio muestra cómo ha crecido la brecha entre el precio de la electricidad en España y el resto de Europa en los últimos cinco años, hasta el punto de que en 2007 se situaba en el puesto número 14 del ránking, en mejor posición que Alemania o Reino Unido. Fue entre 2009 y 2010 cuando se produjo el repunte más significativo. El regulador energético precisa que algunos países, como Alemania, Dinamarca, Italia y Portugal, excluyen de los precios finales la financiación de las energías renovables y la cogeneración y que los datos se refieren al primer semestre de 2011. Según la información contenida en el documento publicado en la página web del regulador, "el impacto de la factura eléctrica sobre el gasto medio anual medio de las familias en España supone el 2% y el de la factura del gas natural, el 0,74%". En cuanto a las pequeñas y medianas empresas de bajo consumo y la gran industria, según Eurostat, pagaron en 2011 los precios medios más caros de los mencionados países, solo superados por los de Italia, República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta. La situación se agrava en España si se tiene en cuenta el déficit estructural de la tarifa, un precio que los consumidores pagan de forma aplazada con un interés de hasta el 6%. Según la CNE, de incluirse este concepto, España se colocaría sin ninguna duda como el país más caro de la Unión Europea. Para el regulador, este diferencial de precios, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, tiene un "impacto directo en su competitividad". Los peajes de acceso han crecido un 70,7% entre 2003 y 2012 En cuanto a los precios mayoristas de la energía, estos han sido "generalmente coherentes" con los de los combustibles en los mercados internacionales, indica el organismo que preside Alberto Lafuente. Los de la electricidad se han situado incluso en la banda media-baja de los mercados mayoristas europeos. Y es que no ha sido el coste de la energía, sino el de los peajes de acceso (parte regulada de la factura eléctrica), el responsable del encarecimiento de la factura eléctrica española, cuya insuficiencia ha provocado el déficit tarifario. A través de los peajes, que han crecido un 70,7% entre 2003 y 2012, se financian, entre otros, las primas de las renovables, el propio déficit de los años pasados y las infraestructuras de distribución y transporte. El informe del regulador subraya que, mientras que los ingresos medios de los peajes (que pagan la totalidad de los consumidores) aumentaron un 70% entre 2006 y 2010, los costes lo han hecho en un 140%. Las partidas que más han crecido son las primas del régimen especial (un 40,3%), los costes de las redes (39,8%) y las anualidades para financiar el citado déficit (otro 10%). Tanto esta partida como la de las primas se han multiplicado por cinco. La energía, más cara en los países con mayor potencia renovable En su comparativa de precios con Europa, la Comisión Nacional de Energía señala que las primas de las renovables son financiadas directamente por los consumidores eléctricos en todos los países europeos (mediante incentivos, certificados verdes o mecanismos de subastas de capacidad), excepto en los casos de Finlandia, Noruega, Holanda y Luxemburgo, que aplican tasas o impuestos al resto de las energías para primar las renovables. Precisamente, entre los países con precios más elevados se encuentran los que más incentivan la producción del régimen especial. Según Eurostat, en 2009, último año con datos comparables, España era el país cuya demanda se cubría en mayor medida con renovables (un 28,6%), seguido de Portugal (27,4%); Dinamarca (26%) y Alemania (14,1%). Asimismo, España fue el país con el sobrecoste más elevado (6.035 M€), seguido de Alemania (5.618 M€) e Italia (2.638 M€).

"España no se puede permitir" tener un déficit de 20.000 M€,

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que "España no se puede permitir" tener un déficit de tarifa acumulado de 20.000 M€, por lo que aseguró que la reforma energética está entre las próximas que el Ejecutivo tiene previsto emprender. Según Rajoy, tanto el Gobierno como los consumidores y el sector tendrán que hacer esfuerzos para alcanzar una solución a este desfase, que se genera porque la factura eléctrica no cubre en su totalidad los costes energéticos reales. En concreto, en el documento relativo a las medidas para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico que forma parte del informe publicado el pasado viernes por la Comisión Nacional de Energía (CNE) con objeto de contribuir al freno de la deuda tarifaria, se especifica que "la falta de convergencia entre los ingresos y los costes de actividades reguladas en los últimos 10 años ha generado una deuda del sistema que asciende a 21.812 M€ a 6 de marzo de 2012, fecha de desembolso de la vigésimo segunda cesión a FADE (23.312 M€ si se incluyen los 1.500 M€ de déficit legalmente establecido para 2012)". Durante su intervención en La Moncloa para informar a 27 organizaciones empresariales sobre el plan de pago a proveedores, el presidente del Ejecutivo aseveró que es necesaria en España una reforma de la política energética para que esta industria sea más competitiva. "Ya hemos tomado algunas decisiones" en materia energética (como la puesta en marcha del Real Decreto Ley 1/2012 que elimina las subvenciones a la nueva potencia del régimen especial) y el objetivo es tratar de frenar el déficit de tarifa del sistema, apuntó Rajoy. Asimismo, el líder del Ejecutivo recordó que los precios de la energía en nuestro país "están afectando de manera muy seria a la competitividad de la economía española". Por ello, lanzó un mensaje al sector para que haga "esfuerzos" en la línea de que los precios de la energía que se produce en España puedan ajustarse para venderse en los mercados internacionales a un precio más competitivo. Rajoy enmarcó la energética en el conjunto de reformas que tiene previsto emprender su Gobierno en los próximos meses para impulsar la actividad económica, la inversión y el empleo. El presidente se refirió también a la reforma de la justicia para solucionar el "problema de los retrasos" en los procedimientos que afectan a particulares y empresas. En cuanto al ámbito de la energía, es previsible que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anuncie en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del próximo viernes una serie de medidas encaminadas a reducir el déficit de tarifa y que afectarán a los distintos agentes implicados en el mercado eléctrico, pero se desconoce por ahora el detalle de dicho paquete. Recorte del 17% en la financiación de la CNE vía factura eléctrica En el polémico informe de la Comisión Nacional de Energía que vio la luz a finales de la semana pasada, el regulador también se incluye entre los agentes que deben contribuir a la eliminación del déficit de tarifa y propone aplicarse un recorte en la partida de la tarifa eléctrica destinada a su financiación. En concreto, el Consejo de Administración del organismo que preside Alberto Lafuente propone al Gobierno que apruebe una norma con rango de ley para la revisión de la tasa de financiación del regulador con el objetivo de ahorrar 4 M€ anuales a los consumidores de electricidad hasta 2016, o casi 20 M€ en el acumulado de los próximos cinco años. El ahorro anual equivale a cerca de un 17% del importe de la tarifa eléctrica dedicado a sufragar al regulador. En 2010, la CNE recibió unos 22,5 M€ de los consumidores y el último dato de 2011, a falta de dos liquidaciones mensuales, ronda los 21,1 M€. Conviene apuntar que como resultado de las recientes reformas aprobadas por el Ejecutivo español para reducir el déficit que acumula el país, el regulador del mercado energético nacional se encuentra inmerso en un proceso de fusión con otros reguladores y de integración en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que servirá, entre otras cosas, para reducir los costes de estos organismos.

INDUSTRIA ASEGURA QUE EL INFORME DE LA CNE SOBRE MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO "NO ES VINCULANTE"

INDUSTRIA ASEGURA QUE EL INFORME DE LA CNE SOBRE MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL DÉFICIT TARIFARIO "NO ES VINCULANTE" Resumen de Prensa InterMoney Energía, lunes, 12 de marzo de 2012 FUENTE: CNE/Cinco Días/El País La reacción por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de publicar el pasado viernes el informe sobre posibles medidas de corrección del déficit tarifario no se hizo esperar y ese mismo día y mediante un comunicado de prensa, los responsables del departamento dirigido por José Manuel Soria lamentaron "las consecuencias que la publicación del informe, por decisión unilateral y exclusiva de la CNE, haya podido causar o cause en el futuro a la situación de las empresas e intereses de los mencionados, directa o indirectamente, en el reiterado informe". Según aclara la nota de prensa de Industria, se solicitó a la CNE que no publicara el resultado de la consulta pública lanzada a finales de febrero "dada la trascendencia de su contenido y por las implicaciones que pudieran afectar a terceros". En concreto, se solicitó "que se omitiera su publicación de manera inmediata y hasta que fuera debidamente evaluado". Tras conocerse el contenido del informe, las acciones de REE y Enagás perdieron un 4,56% y un 3,02% el viernes en el parqué madrileño. Sin embargo, la entidad presidida por Alberto Lafuente colgó en la página web del regulador el pasado viernes el contenido de dicho informe, lo que no ha sido recibido de buen grado por la cartera del ramo, cuyos responsables se apresuraron a apuntar que el documento carece de efecto vinculante alguno. Además, se desmarcaron de algunas conclusiones, ya que "no son compartidas y no se van adoptar" y calificaron el estudio de la CNE de "elemento de análisis", entre otros instrumentos, para las medidas que en el futuro pudieran adoptarse. Abstención del presidente de la CNE Tal y como apuntan desde la Secretaría de Estado de Industria, Energía y Turismo, recibieron oficialmente el dictamen de los expertos del regulador el jueves pasado, mediante un documento que fue aprobado por los votos a favor de seis consejeros y la abstención del presidente de la entidad, que justifica su decisión por entender que las medidas planteadas son "insuficientes" y no están "ajustadas a la realidad". Se trata de unas propuestas que apenas supondrán un recorte del déficit de tarifa de 1.600 M€ en 2012 (sin contar ciertos trasvases de los peajes de acceso al precio de la energía) sobre los 4.800 M€ que se prevén para este año, si no se aplica ninguna medida regulatoria. Para el máximo responsable de la entidad que vela por el buen hacer del mercado energético nacional, muchas de las soluciones se apoyan en los Presupuestos, lo que resulta poco realista dadas las actuales dificultades presupuestarias. Según sus cálculos, si las Cuentas Públicas no pudieran atender el déficit de tarifa que no cubren las medidas propuestas en el dictamen, y para evitar una nueva desviación, sería necesario un incremento de los peajes del 30,7% en 2012, "lo que no parece aceptable". Lafuente también critica la omisión de análisis sobre el sector de los carburantes (un 47% del mix de energías primarias), pues, en su opinión, "debería haber una cierta convergencia regulatoria entre la electricidad, el gas y el petróleo". Asimismo, considera que la fiscalidad "es una necesidad para que no se trasladen adicionalmente al consumidor final ni los déficits ni el coste de su financiación", pero evitando que la fiscalidad se acabe trasladando al precio mayorista. Aunque para el resto de los consejeros de la CNE el exceso de capacidad del sistema garantiza el suministro, para su presidente, este exceso plantea problemas de competitividad y de suficiencia financiera, pues las fuertes inversiones de los últimos años no se han ajustado a la demanda y es un coste que ahora hay que sufragar vía tarifa. Y, aunque el dictamen propone retribuir las redes por su valor neto, opina que no contempla en su justa medida "la sobrerremuneración de este tipo de inversiones". Tampoco la contribución de las primas de las renovables al déficit de tarifa. En opinión de Lafuente, es vital que el esfuerzo de los diferentes agentes y consumidores "sea equitativo (...) aunque no necesariamente igual", y considera que del informe se deriva que el mayor sacrificio será para el consumidor. Principales propuestas Una de las principales conclusiones recogidas en el informe de la CNE es que el desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico, que sumará este año 23.312 M€, es "insostenible". Y para acabar con esta circunstancia, las medidas regulatorias de impacto a corto plazo propuestas por la CNE consisten en revisar la retribución y la amortización de los activos de distribución y transporte aplicando el valor neto, en lugar del bruto, y revisar los costes de mantenimiento y operación de las redes. Además, plantea cargar en el precio de la energía de la factura de la luz algunos costes de los peajes de acceso, como la retribución del operador del sistema o el seguro por interrumpibilidad del que disfruta la gran industria. Esto reduce el déficit, pero aumenta el coste de la energía de los consumidores. Adicionalmente, los expertos de la CNE son partidarios de que las primas de las renovables se financien con los ingresos de las subastas de CO2, con una tasa sobre los carburantes o, en su defecto, vía Presupuestos del Estado. Y sugieren el aplazamiento de las inversiones del transporte previstas en la planificación (el informe considera que, dada la sobrecapacidad del sistema, no hay problemas de suministro). Otras propuestas son laminar en el tiempo las primas que recibirán las termosolares inscritas en el registro de preasignación, pero sin acta de puesta en servicio, limitar al 5% el uso de los combustibles fósiles de apoyo de la energía primaria para el régimen especial, que las eléctricas paguen "parte" de los costes de titulización del déficit, que ahora sufragan los consumidores, y eliminar los pagos por disponibilidad e inversión mientras haya exceso de capacidad y que el precio regulado con el que se apoya al carbón nacional no lo paguen los peajes. Adicionalmente, la subida de las tarifas será inevitable. El informe se limita a mostrar distintos escenarios de subidas necesarias, según las medidas propuestas que se apliquen. En el peor de los casos (sin medidas), el alza sería del 35% este año y, en el mejor, el 2,4% hasta 2015 (aplicando las medidas y manteniendo 2.600 millones de déficit). Los precios eléctricos en España, los más altos de Europa Tanto el informe de la CNE como el voto particular emitido por su presidente coinciden en que los precios de la electricidad en España se sitúan entre los más altos de Europa. En parte, porque los peajes de acceso arrastran la lacra del déficit tarifario desde hace más de una década. Según los datos de Eurostat que figuran en uno de los anexos, los precios finales antes de impuestos que paga el consumidor se sitúan "en niveles solo inferiores a los de Malta y Chipre", según Alberto Lafuente. Si se tiene en cuenta el déficit, "que no es sino un sobreprecio diferido en el tiempo", los consumidores domésticos españoles son los que están en mayor desventaja. Una de las consecuencias más graves de esta situación es el deterioro de los indicadores de competitividad, medidos en términos de precios de la luz antes de impuestos. Por tanto, la electricidad será un lastre para las empresas españolas si el problema del déficit se resuelve solo subiendo las tarifas. Si se elimina la interrumpibilidad (una especie de seguro que ofrecen las empresas industriales al sistema a cambio de menores peajes eléctricos), estas empresas pagarán un 8,9% más al año. La CNE propone, al igual que las eléctricas, que la tarifa desaparezca y se mantenga solo una para consumidores vulnerables. Y ahora que el regulador va a desaparecer, sus consejeros piden que se refuerce su labor de supervisión, necesaria para esta liberalización. Decepcionadas con la CNE En cuanto a los argumentos planteados desde la CNE para frenar la deuda tarifaria, uno de los más polémicos es el que afecta a la tecnología termosolar, al proponer la revisión de las primas que cobran este tipo de centrales y la limitación al 5% "de la energía primaria" para tecnologías de régimen especial. Estas medidas de limitación de las centrales termosolares afectan, sobre todo, a titulares de instalaciones que acumulan 2.525 MW autorizados para instalación. Se trata de Abengoa, ACS, Acciona, Grupo Solar Milenium, Samca, Elecnor y Torresol. Mientras algunos acusan a la energía termosolar de ser la más cara entre las renovables (320 €/MWh), con un coste anual de 2.000 M€ que se prolongaría durante 25 años si nada cambiara y no se adoptaran medidas, los empresarios del sector se defienden explicando que la CNE obvia en su informe la verdadera solución a los 24.000 M€ de déficit tarifario acumulado y hace recaer "sobre la tecnología termosolar las supuesta medidas para atajarlo". En un comunicado divulgado por Protermosolar, sus integrantes explican que las primas recibidas hasta la fecha por la producción de energía eléctrica con tecnología termosolar representan tan solo el 2% de la deuda ex ante. A su juicio, los ahorros que se conseguirían con las medidas que plantea el regulador serían "poco significativos", en tanto que las consecuencias serían "muy graves", ya que pondrían en peligro la continuidad del sector, que emplea a 20.000 personas, al tiempo que dañaría la imagen del país en el exterior. Desde la patronal de esta industria confían en que el Gobierno "tendrá miras más amplias que la CNE sobre cómo atajar el déficit tarifario", ya que "conoce el enorme activo" que estas centrales representan para el país y para la "Marca España". Otros sectores decepcionados con los planteamientos del regulador han mostrado a lo largo del fin de semana su descontento, como los integrantes de Carbunión, que critican a la CNE por desconocer el sector del carbón y proponer reformas que encarecerán el sistema, o Endesa, que ataca la propuesta de modificar a la baja la retribución de la distribución o las referidas a los sistemas extrapeninsulares que ella explota. Fuentes de la eléctrica consideran que el informe afectaría negativamente a la distribución cuyo sistema retributivo sería reducido en más de 400 M€ en 2012 y hasta 1.000 M€ en 2015. Lo que puede hacer inviable la continuidad del esfuerzo inversor en esta actividad, que destina más de 2.500 M€ anuales, con un amplio efecto indirecto e inducido sobre el empleo y los niveles de la calidad y seguridad del suministro. Otras de las actividades afectadas en el informe son, en opinión de la compañía presidida por Borja Prado, los sistemas insulares y extrapeninsulares, suministro que recae directamente sobre Endesa. De adoptarse las medidas propuestas por la CNE, que las fuentes de la empresa tildan de "apresuradas", se reduciría en más de un 20% la actual retribución de su inmovilizado de explotación. Esto supondría no reconocer las inversiones recurrentes en los dos archipiélagos y en Ceuta y Melilla que son necesarias para el buen funcionamiento de las centrales y reducir los costes reconocidos por gestión de combustibles. Además de perjudicar a la distribución y al suministro eléctrico extrapeninsular, la eléctrica critica la propuesta del regulador de abandonar el mecanismo actual de gestión del déficit tarifario mediante la titulización a través de emisiones del FADE. El regulador pide que sean las empresas las encargadas de colocar directamente la deuda en el mercado financiero. Pero Endesa también se muestra contraria al informe de la CNE por omisión. Concretamente, por no revisar las primas a las renovables a pesar de que el regulador reconoce que es el coste tarifario que más ha crecido en los últimos ejercicios, y por tanto, el que más contribuye al déficit.

Unesa propone un 20% de subida

Durante la presentación ayer del libro "La situación económico financiera de la actividad eléctrica en España: 1998-2010", Eduardo Montes, presidente de Unesa, aprovechó para incidir en que la solución del déficit de tarifa no es un asunto de las cinco grandes eléctricas que la integran y que lo único que pueden aportar estas es "la necesidad de cobrar" dicho déficit.

El portavoz de la patronal también hizo hincapié en que si se mantiene la estructura actual del sistema, los peajes de acceso, que suponen alrededor de la mitad de la factura de la electricidad de los consumidores, deberían experimentar dos subidas, por ejemplo, del 10%.

Montes aclaró que este porcentaje no es muy relevante, puesto que los peajes son la parte regulada de la tarifa y supone la mitad de la factura eléctrica, por lo que la subida final dependerá del precio de la energía (la otra mitad) que se decide en la subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso que se celebra trimestralmente. La próxima convocatoria tendrá lugar el 21 de marzo.

Por otro lado, el ejecutivo de Unesa demandó al Gobierno que elimine costes de la tarifa que nada tienen que ver con el suministro ni con las compañías que integran su asociación, como las primas de las renovables, pese a que las grandes tienen en su cartera la mayor parte de la capacidad eólica. Por contra, defendió los pagos por capacidad que reciben las térmicas y la hidráulica, pese a subrayar que él "es contrario a las subvenciones".

Respecto a la desaparición de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como tal como consecuencia de la futura constitución de un regulador único que integrará los organismos que hasta ahora velaban por el buen hacer en distintos sectores estratégicos (entre ellos, telecomunicaciones, postal y audiovisual), dijo que las eléctricas no la "han instado, en absoluto" y que "el Gobierno está en su derecho a hacer las reformas que crea convenientes".

Al mismo tiempo, reconoció que tampoco el problema del déficit es culpa de los consumidores, pues "estamos todos en el mismo barco", y añadió que no ve "otra posibilidad más que pagar la deuda".

Para evitar una quita y algún tipo de tasa a la nuclear y el agua, tal y como se ha planteado desde distintos foros, Unesa repite últimamente que la rentabilidad de las empresas por sus inversiones en España ha ido bajando, hasta rondar el 4,2% en 2011, mientras que se han incrementado al 6,5% los costes de financiación. Según Montes, es en este dato en el que hay que detenerse, más que en el de los beneficios.

En palabras del presidente de la patronal, las cinco empresas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON España y HC Energía) "se están descapitalizando" y solo el 35% de su negocio se genera en España.

La irremediable liberalización del sector energético

El sector energético español se encamina irremediablemente hacia un proceso de mayor liberalización.

La Comisión Europea ya ha mostrado sus quejas a España por el notable retraso que mantiene en la transposición del llamado tercer paquete. El anterior Gobierno envió una propuesta al Congreso que, finalmente, se quedó por el camino ante la disolución del Parlamento por la convocatoria de elecciones. Desde entonces, el nuevo Ministerio de Industria no ha dado señales de intentar cumplir con este procedimiento y se está arriesgando a que desde Bruselas se nos imponga un expediente sancionador.

Las tareas del Ministerio que encabeza José Manuel Soria se van acumulando. A este proceso, se le une toda una batería de medidas que el Ejecutivo tendrá que presentar a lo largo de los próximos meses.

Por el momento, se espera que la Comisión Nacional de Energía dé a conocer el informe de propuestas esta misma semana. El organismo que preside Alberto Lafuente ha recibido una importante cantidad de propuestas del sector eléctrico, del gas y de los hidrocarburos y ahora tendrá que hacer además un esfuerzo de concreción de las medidas a proponer. Entretanto, en esta travesía en el desierto, el sector no deja de tirarse los trastos a la cabeza y resulta más que llamativo observar todas las propuestas que están surgiendo en estos momentos para eliminar el déficit de tarifa y el silencio que existía apenas unos meses antes con Miguel Sebastián en el Ministerio.  
El Economista