En su comparecencia de ayer ante el Senado, José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, avanzó que "el Gobierno ha dado garantías" de que se mantendrá en 2013 el servicio de interrumpibilidad de los grandes consumidores de electricidad y de que se buscarán soluciones para que estas grandes empresas mantengan las actuales condiciones de sus contratos bilaterales con las eléctricas.
De esta manera, el responsable gubernamental lanzó un mensaje tranquilizador a las grandes compañías consumidoras de energía al asegurar que el Ejecutivo reserva 550 millones de euros al concepto de interrumpibilidad por el que dichas empresas son compensadas por parar su actividad cuando existe un exceso de demanda en el sistema.
En esta línea y en el caso particular de Alcoa, Soria anunció que se "buscará una solución" para esta corporación y para el resto de representantes de la gran industria con objeto de que puedan mantener las condiciones de sus contratos bilaterales de electricidad. Soria aseguró, además, que su departamento ha mantenido reuniones con los grandes consumidores de electricidad, entre ellos los directivos de Alcoa, con la pretensión de "buscar una solución" a sus altos costes energéticos y de mantener las actuales condiciones de sus contratos bilaterales con las compañías eléctricas.
Industria colaborará en la búsqueda de estas soluciones para que "estas empresas sigan produciendo electricidad en España en condiciones competitivas", pero lo hará sin renunciar a su objetivo de que "el déficit de tarifa sea cero en 2013", afirmó el ministro.
Sobre el servicio de interrumpibilidad, el ministro explicó que el sistema eléctrico adolece en la actualidad de "sobrecapacidad", por lo que no es necesario recurrir a este tipo de medidas. "A lo largo de los últimos años hemos pagado estos 550 millones de interrumpibilidad que van directos al déficit de tarifa, pero sin utilizarla. Pero lo vamos a mantener", aseveró el ministro.
Europapress
Francisco Albertus Venegas (Ingeniero Técnico Industrial). Noticias y datos de interés del sector eléctrico.
miércoles, 26 de septiembre de 2012
LA XX SUBASTA CESUR FINALIZA CON UN ABARATAMIENTO DEL 4,6% DEL PRECIO DE LA ENERGÍA
La XX convocatoria Cesur entre comercializadoras de último recurso, que fija el término de energía dentro de la tarifa de la electricidad para el cuatro trimestre de 2012, se saldó ayer con la adjudicación entre 20 agentes del 100% de los productos que se subastaban, esto es, 3.000 MWh de producto base trimestral y otros 334 MWh de producto punta trimestral.
Según especifica el comunicado de prensa publicado por los profesionales del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (Omie), la convocatoria se desarrolló “de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria” y los resultados fueron validados por parte de la Comisión Nacional de Energía y hechos públicos por el administrador de la convocatoria, Omel Mercados.
El precio al que se vendieron ambos productos ascendió a 49,25 €/MWh en el caso del base y a 54,25 €/MWh en el del punta, lo que supone un descenso del 12,4% y del 11,8%, respectivamente, frente al trimestre anterior. Una vez aplicadas las compensaciones pertinentes, como servicios de ajuste, apuntamiento, pagos por capacidad, pérdidas o prima de riesgo, estos descensos se traducen en un abaratamiento de la energía del 4,6%, lo que supondrá previsiblemente una bajada del 2% en la próxima revisión de octubre de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la electricidad.
Así, en caso de que desde el Ministerio de Industria se mantenga la postura anunciada por su propio titular, José Manuel Soria, de congelar la parte regulada de la tarifa, es decir, los peajes de acceso, la tarifa eléctrica disminuirá un 2% a partir del primer día del próximo mes.
Cabe recordar que la XIX subasta Cesur celebrada en junio se cerró con un encarecimiento del 9,3%, lo que ejerció una presión del 3,9% sobre la TUR. Como Industria decidió congelar los peajes, la tarifa también se elevó en julio en esta misma proporción (3,9%).
Aparte de este incremento, el Gobierno acató en marzo la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a refacturar los consumos del cuarto trimestre de 2011 y del primero de 2012. Esta revisión se aplica de forma prorrateada desde agosto, se hará así hasta diciembre y supone un alza del 7% en la factura eléctrica.
Además de estas dos subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%. Por otro lado, en 2013 entrarán en vigor las nuevas medidas de fiscalidad eléctrica, que incluyen varios impuestos, entre ellos uno del 6% sobre la producción eléctrica independientemente de la tecnología, que las compañías convencionales podrán trasladar en parte al consumidor final.
Soria: la factura eléctrica bajará por primera vez en años
Por su parte, el ministro del ramo manifestó ayer su satisfacción en el Senado por los resultados cosechados en la vigésima subasta Cesur porque derivarán en que la tarifa eléctrica baje en el último trimestre del año "por primera vez en años". José Manuel Soria aseguró que, pese a este abaratamiento, el Gobierno cumplirá no solo el objetivo de que el déficit de tarifa no supere los 1.500 millones de euros en 2012, sino también el de que desaparezca en 2013.
"Por primera vez en no sé cuántos años el precio de la electricidad va a bajar en España, y no porque el Gobierno diga que sube o baja, sino porque las medidas adoptadas ya permiten la posibilidad de que se cumplan los objetivos del déficit de tarifa", defendió ayer ante la Cámara Alta.
El ministro respondió de esta forma a una pregunta del senador del Grupo Mixto Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien criticó la nueva fiscalidad eléctrica por suponer "otra vuelta de tuerca" para los cierres de empresas, por tener una previsible repercusión sobre el recibo eléctrico y por consistir, más que en una reforma, en una "plataforma recaudatoria".
El resultado de la subasta eléctrica, en la que las comercializadoras encargadas de suministrar la tarifa regulada adquieren la energía correspondiente al trimestre siguiente, tiene un peso de cerca del 50% sobre la TUR, a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores con una potencia contratada iguales o inferior a los 10 kilovatios, mientras que el otro 50% corresponde a los peajes eléctricos, que cubren costes regulados como el transporte y distribución, las primas a las renovables, etc.
El Gobierno debe calcular la cuantía de estos peajes conforme a principios de suficiencia, de forma que los ingresos vía tarifa sean capaces de cubrir todos los gastos.
Omie
Según especifica el comunicado de prensa publicado por los profesionales del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (Omie), la convocatoria se desarrolló “de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria” y los resultados fueron validados por parte de la Comisión Nacional de Energía y hechos públicos por el administrador de la convocatoria, Omel Mercados.
El precio al que se vendieron ambos productos ascendió a 49,25 €/MWh en el caso del base y a 54,25 €/MWh en el del punta, lo que supone un descenso del 12,4% y del 11,8%, respectivamente, frente al trimestre anterior. Una vez aplicadas las compensaciones pertinentes, como servicios de ajuste, apuntamiento, pagos por capacidad, pérdidas o prima de riesgo, estos descensos se traducen en un abaratamiento de la energía del 4,6%, lo que supondrá previsiblemente una bajada del 2% en la próxima revisión de octubre de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la electricidad.
Así, en caso de que desde el Ministerio de Industria se mantenga la postura anunciada por su propio titular, José Manuel Soria, de congelar la parte regulada de la tarifa, es decir, los peajes de acceso, la tarifa eléctrica disminuirá un 2% a partir del primer día del próximo mes.
Cabe recordar que la XIX subasta Cesur celebrada en junio se cerró con un encarecimiento del 9,3%, lo que ejerció una presión del 3,9% sobre la TUR. Como Industria decidió congelar los peajes, la tarifa también se elevó en julio en esta misma proporción (3,9%).
Aparte de este incremento, el Gobierno acató en marzo la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a refacturar los consumos del cuarto trimestre de 2011 y del primero de 2012. Esta revisión se aplica de forma prorrateada desde agosto, se hará así hasta diciembre y supone un alza del 7% en la factura eléctrica.
Además de estas dos subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%. Por otro lado, en 2013 entrarán en vigor las nuevas medidas de fiscalidad eléctrica, que incluyen varios impuestos, entre ellos uno del 6% sobre la producción eléctrica independientemente de la tecnología, que las compañías convencionales podrán trasladar en parte al consumidor final.
Soria: la factura eléctrica bajará por primera vez en años
Por su parte, el ministro del ramo manifestó ayer su satisfacción en el Senado por los resultados cosechados en la vigésima subasta Cesur porque derivarán en que la tarifa eléctrica baje en el último trimestre del año "por primera vez en años". José Manuel Soria aseguró que, pese a este abaratamiento, el Gobierno cumplirá no solo el objetivo de que el déficit de tarifa no supere los 1.500 millones de euros en 2012, sino también el de que desaparezca en 2013.
"Por primera vez en no sé cuántos años el precio de la electricidad va a bajar en España, y no porque el Gobierno diga que sube o baja, sino porque las medidas adoptadas ya permiten la posibilidad de que se cumplan los objetivos del déficit de tarifa", defendió ayer ante la Cámara Alta.
El ministro respondió de esta forma a una pregunta del senador del Grupo Mixto Isidro Manuel Martínez Oblanca, quien criticó la nueva fiscalidad eléctrica por suponer "otra vuelta de tuerca" para los cierres de empresas, por tener una previsible repercusión sobre el recibo eléctrico y por consistir, más que en una reforma, en una "plataforma recaudatoria".
El resultado de la subasta eléctrica, en la que las comercializadoras encargadas de suministrar la tarifa regulada adquieren la energía correspondiente al trimestre siguiente, tiene un peso de cerca del 50% sobre la TUR, a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores con una potencia contratada iguales o inferior a los 10 kilovatios, mientras que el otro 50% corresponde a los peajes eléctricos, que cubren costes regulados como el transporte y distribución, las primas a las renovables, etc.
El Gobierno debe calcular la cuantía de estos peajes conforme a principios de suficiencia, de forma que los ingresos vía tarifa sean capaces de cubrir todos los gastos.
Omie
viernes, 21 de septiembre de 2012
El Gobierno contempla poder cargar en los Presupuestos los costes eléctricos
El anteproyecto de Ley de reforma energética aprobado por el Gobierno recoge un cambio en la legislación que permitiría cargar a los Presupuestos Generales del Estado los costes del sistema eléctrico, entre ellos las primas a las renovables.
El texto del anteproyecto incluye una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2007 para que las actividades reguladas no sean solo financiadas por los peajes de acceso, sino también "por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y del Tesoro Público".
En la actualidad, los costes del sistema eléctrico -entre los que se incluyen las primas a las renovables, el gasto en transporte y distribución, los gastos del déficit de tarifa y la moratoria nuclear, entre otros- se pagan con los denominados peajes de acceso, fijados trimestralmente por el Gobierno.
El anteproyecto aprobado por el Gobierno, aún no ha sido enviado al Congreso de los Diputados, establece una serie de instrumentos para completar los ingresos obtenidos por esta vía, ya que son insuficientes y ese desfase es el causante del denominado déficit de tarifa.
La introducción de estos instrumentos obliga a modificar la actual redacción de la Ley del Sistema Eléctrico, que solo permite la financiación del sistema por la vía de los peajes, para incluir también a los Presupuestos y el Tesoro Público.
Esto no implica necesariamente que se vayan a crear partidas específicas para financiar el sistema eléctrico, sino que podría tratarse solo de un requisito legal, ya que, como apunta el propio anteproyecto, los ingresos previstos por estas tasas tienen que estar recogidos en la ley de Presupuestos.
Por lo que respecta a la inclusión del Tesoro Público entre las entidades financiadoras, es también necesaria debido a la intención de Industria de que este organismo se haga cargo de los intereses generados anualmente por el déficit de tarifa.
El anteproyecto de ley está todavía pendiente de su remisión a las Cortes para su debate y aprobación, por lo que el Ministerio de Industria ha rechazado hacer comentarios al respecto.
El texto del anteproyecto incluye una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2007 para que las actividades reguladas no sean solo financiadas por los peajes de acceso, sino también "por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y del Tesoro Público".
En la actualidad, los costes del sistema eléctrico -entre los que se incluyen las primas a las renovables, el gasto en transporte y distribución, los gastos del déficit de tarifa y la moratoria nuclear, entre otros- se pagan con los denominados peajes de acceso, fijados trimestralmente por el Gobierno.
El anteproyecto aprobado por el Gobierno, aún no ha sido enviado al Congreso de los Diputados, establece una serie de instrumentos para completar los ingresos obtenidos por esta vía, ya que son insuficientes y ese desfase es el causante del denominado déficit de tarifa.
La introducción de estos instrumentos obliga a modificar la actual redacción de la Ley del Sistema Eléctrico, que solo permite la financiación del sistema por la vía de los peajes, para incluir también a los Presupuestos y el Tesoro Público.
Esto no implica necesariamente que se vayan a crear partidas específicas para financiar el sistema eléctrico, sino que podría tratarse solo de un requisito legal, ya que, como apunta el propio anteproyecto, los ingresos previstos por estas tasas tienen que estar recogidos en la ley de Presupuestos.
Por lo que respecta a la inclusión del Tesoro Público entre las entidades financiadoras, es también necesaria debido a la intención de Industria de que este organismo se haga cargo de los intereses generados anualmente por el déficit de tarifa.
El anteproyecto de ley está todavía pendiente de su remisión a las Cortes para su debate y aprobación, por lo que el Ministerio de Industria ha rechazado hacer comentarios al respecto.
Para reducir el déficit de tarifa
El Gobierno se ha propuesto que el año que viene el desfase entre el coste de la energía y el precio al que se vende, el llamado déficit tarifario, sea cero. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley con siete impuestos al sector que prevén unos ingresos de 2.734 millones de euros.
En 2011, el déficit de tarifa se situó en 24.000 millones, de los que 7.000 faltan por cubrir. Además, los intereses que genera la deuda supone un coste adicional de unos 2.150 millones al año. Según el ministro de Industria, de no tomarse medidas tributarias para frenarlo, en 2013 sumaría otros 5.200 millones.
De este modo, se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.
El nuevo gravamen nuclear tiene dos partes, que son una tasa a la producción de residuos, que procurará ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, así como un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.
En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura es de 304 millones entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.
Además, el Gobierno crea céntimos verdes para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros).
Habrá ingresos procedentes por la venta de derechos de emisión de CO2 por 450 millones.
El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, permitirá ingresar 571,7 millones y se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las renovables.
El objetivo, según José Manuel Soria, es garantizar la "sostenibilidad del sistema mediambiental y económico". Así, el Gobierno va a seguir apostando "porque en el mix energético sigan teniendo un peso importante las renovables".
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cuantificado en 241 millones de euros el impacto en el sector eólico del impuesto del 6% a las ventas de electricidad, informa Efe.
El Gobierno no subirá más la factura
La creación de estos impuestos para contener el déficit eléctrico es el paso previo a una segunda fase reformista para liberalizar el sector. Según Soria, las próximas medidas del Gobierno permitirán que el coste de la tarifa de último recurso (TUR), unos 10 euros por kilovatio, "baje a la mitad" de precio.Además, el Ejecutivo promete no volver a intervenir en el precio de la factura de la luz. Soria afirmó que la evolución dependerá a partir ahora "de los mercados", es decir, de los costes de las materias primas y la distribución de las empresas, porque una vez equilibrado el déficit eléctrico no tendrá que volver a modificar los peajes, la parte que establece el Gobierno para compensar los costes eléctricos.
Déficit de tarifa e impuestos eléctricos
Desde la fijación de los costes del sistema en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, el déficit con el que la tarifa cubre dichos costes no ha hecho sino aumentar, hasta convertirse en un auténtico problema para la economía española.
Ha sido necesario llegar a una situación de verdadera emergencia presupuestaria para que el actual Gobierno cogiera el toro por los cuernos y presentara un marco impositivo excepcional (siete impuestos, un tributo homogéneo del 6 por ciento para los ingresos de generación, un 22 por ciento sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida, un céntimo verde, un impuesto sobre la venta de energía, otro sobre la producción de residuos de las centrales nucleares, etc.) para hacer frente al déficit de tarifa.
El proyecto no incurre en los vicios de los primeros borradores, que habían determinado las exacciones fiscales a partir de los beneficios de cada área de negocios; pero es difícil de entender sobre todo en la filosofía global.
Fijamos un precio de la energía excesivo con procedimientos que nos han llevado a la actual situación, integramos en él conceptos discutibles y después generamos una panoplia de figuras fiscales para financiar este precio, con el objetivo ilusorio de que no tengan ninguna repercusión en la tarifa.
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2004 y 2011, escribe en El Economista:
El actual Ministerio de Industria, que ha asumido frente al problema una posición menos complaciente que su predecesor, corrige con este texto legal toda la política obstruccionista sobre cambios del modelo fiscal del sistema eléctrico desarrollada por el PP en las dos últimas legislaturas, con la impagable colaboración de algún partido nacionalista, y sobre todo, con la ampliación, en un momento ya casi fuera de cuentas de lo que se entiende por legitimidad política, de las concesiones gratis total a las compañías eléctricas del uso de las presas hidroeléctricas aprobadas por el Ministerio de Fomento al final de la segunda legislatura de la presidencia de Aznar.
Bienvenida la intención de hacer frente al déficit de tarifa, pero tal vez sea preocupante que el estrechamiento de los márgenes de explotación de las empresas se traduzca, en un contexto de incrementos impositivos generales, depresión económica y debilidad del consumo, no en una mayor eficiencia, sino en una disminución de la red, en un empeoramiento del servicio o en dejar caer los equipamientos menos rentables, no por lógica productiva, sino por motivos fiscales.
Lo sucedido con la central nuclear de Santa María de Garoña es para tomar nota. El Gobierno anterior decide cerrarla, por considerar globalmente innecesario la prolongación de su actividad y excesivas las inversiones para mejorar los estándares de seguridad. Las compañías adujeron entonces que su energía era la más barata, la central la más segura y que su cierre encarecería la factura de la luz, en un porcentaje disparatado.
El accidente del año pasado en Fukushima I motiva el abordaje conjunto en Europa de planes de mejora de las condiciones de seguridad de todas las centrales y proyectos fiscales del Gobierno un estrechamiento de los beneficios. Conclusión, han sido las propias compañías las que han decidido que, en estas condiciones, es mejor que la central se cierre para no acometer inversiones y no hacer frente a los nuevos tributos. Y los defensores incondicionales de la central frente a los malvados cerrajeros disimulando su ridículo. Por esta regla de tres, podemos acabar (es una boutade) transformándonos de exportadores de energía en importadores.
Es difícil no atender a la necesidad de reducir el déficit tarifario. Nadie va a creer que esto no vaya a tener una repercusión significativa en los consumidores. Es igualmente razonable concluir que parte de este déficit se debe a beneficios regulatorios, y en este sentido, estos beneficios impropios deben resolverse mejor con una regulación más precisa, antes que con regulaciones fiscales añadidas. Se puede coincidir sin reservas en la conveniencia de que el marco regulatorio tenga en parte ámbito europeo, y una cierta estabilidad, tal y como ha reclamado el presidente de Iberdrola. Y, en torno a esta cuestión, un acuerdo global que reconozca los malos usos del pasado debería servir para alumbrar una regulación estable para el sector eléctrico para los próximos quince años. Por cierto, que en este tema, como en tantos otros, las hemerotecas descubren menores ligerezas en los responsables sindicales, bastante más responsables en todo momento que otros sectores públicos.
Ha sido necesario llegar a una situación de verdadera emergencia presupuestaria para que el actual Gobierno cogiera el toro por los cuernos y presentara un marco impositivo excepcional (siete impuestos, un tributo homogéneo del 6 por ciento para los ingresos de generación, un 22 por ciento sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida, un céntimo verde, un impuesto sobre la venta de energía, otro sobre la producción de residuos de las centrales nucleares, etc.) para hacer frente al déficit de tarifa.
El proyecto no incurre en los vicios de los primeros borradores, que habían determinado las exacciones fiscales a partir de los beneficios de cada área de negocios; pero es difícil de entender sobre todo en la filosofía global.
Fijamos un precio de la energía excesivo con procedimientos que nos han llevado a la actual situación, integramos en él conceptos discutibles y después generamos una panoplia de figuras fiscales para financiar este precio, con el objetivo ilusorio de que no tengan ninguna repercusión en la tarifa.
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social entre 2004 y 2011, escribe en El Economista:
El actual Ministerio de Industria, que ha asumido frente al problema una posición menos complaciente que su predecesor, corrige con este texto legal toda la política obstruccionista sobre cambios del modelo fiscal del sistema eléctrico desarrollada por el PP en las dos últimas legislaturas, con la impagable colaboración de algún partido nacionalista, y sobre todo, con la ampliación, en un momento ya casi fuera de cuentas de lo que se entiende por legitimidad política, de las concesiones gratis total a las compañías eléctricas del uso de las presas hidroeléctricas aprobadas por el Ministerio de Fomento al final de la segunda legislatura de la presidencia de Aznar.
Bienvenida la intención de hacer frente al déficit de tarifa, pero tal vez sea preocupante que el estrechamiento de los márgenes de explotación de las empresas se traduzca, en un contexto de incrementos impositivos generales, depresión económica y debilidad del consumo, no en una mayor eficiencia, sino en una disminución de la red, en un empeoramiento del servicio o en dejar caer los equipamientos menos rentables, no por lógica productiva, sino por motivos fiscales.
Lo sucedido con la central nuclear de Santa María de Garoña es para tomar nota. El Gobierno anterior decide cerrarla, por considerar globalmente innecesario la prolongación de su actividad y excesivas las inversiones para mejorar los estándares de seguridad. Las compañías adujeron entonces que su energía era la más barata, la central la más segura y que su cierre encarecería la factura de la luz, en un porcentaje disparatado.
El accidente del año pasado en Fukushima I motiva el abordaje conjunto en Europa de planes de mejora de las condiciones de seguridad de todas las centrales y proyectos fiscales del Gobierno un estrechamiento de los beneficios. Conclusión, han sido las propias compañías las que han decidido que, en estas condiciones, es mejor que la central se cierre para no acometer inversiones y no hacer frente a los nuevos tributos. Y los defensores incondicionales de la central frente a los malvados cerrajeros disimulando su ridículo. Por esta regla de tres, podemos acabar (es una boutade) transformándonos de exportadores de energía en importadores.
Es difícil no atender a la necesidad de reducir el déficit tarifario. Nadie va a creer que esto no vaya a tener una repercusión significativa en los consumidores. Es igualmente razonable concluir que parte de este déficit se debe a beneficios regulatorios, y en este sentido, estos beneficios impropios deben resolverse mejor con una regulación más precisa, antes que con regulaciones fiscales añadidas. Se puede coincidir sin reservas en la conveniencia de que el marco regulatorio tenga en parte ámbito europeo, y una cierta estabilidad, tal y como ha reclamado el presidente de Iberdrola. Y, en torno a esta cuestión, un acuerdo global que reconozca los malos usos del pasado debería servir para alumbrar una regulación estable para el sector eléctrico para los próximos quince años. Por cierto, que en este tema, como en tantos otros, las hemerotecas descubren menores ligerezas en los responsables sindicales, bastante más responsables en todo momento que otros sectores públicos.
lunes, 17 de septiembre de 2012
EL GOBIERNO SACA ADELANTE UNA TASA ÚNICA PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL 6%
EL GOBIERNO SACA ADELANTE UNA TASA ÚNICA PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL 6%
Resumen de Prensa InterMoney Energía, lunes, 17 de septiembre de 2012
FUENTE: Moncloa/EP
Finalmente, los rumores que la semana pasada se escucharon en el sector sobre la posible implantación de una tasa común a las instalaciones de generación de electricidad, independientemente del tipo de tecnología, fueron confirmados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante su comparecencia del viernes en el Consejo de Ministros.
Así, el Gobierno sacó adelante la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Eléctrica que recoge, entre otras medidas, "un tributo estatal, de carácter directo y naturaleza real" que grava la realización de actividades de producción de energía eléctrica con un canon sobre el precio de venta de la energía para todas las tecnologías de producción. Un tipo "ad valorem", único (del 6%) y aplicable a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones generadoras.
Con esta tasa, el Ejecutivo aspira a ingresar 571,7 millones de euros por su aplicación en el régimen ordinario y 688 millones por la actividad del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos).
Como particularidad, las energías renovables que utilicen combustible fósil para su actividad no recibirán primas por la parte de producción correspondiente al hidrocarburo, si bien la biomasa quedará fuera de este recorte por su contribución social, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios. Y en el caso de la termosolar, en la que el 85% de la producción procede del sol, pero un 15% del gas, la privación de primas sobre este segundo porcentaje tendrá un valor de entre 50 y 60 millones de euros.
También habrá un impuesto sobre la producción de residuos radioactivos resultantes de la generación de energía atómica, cuyo tipo será de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado. "Para esta cálculo se ha eliminado a la central de Garoña", apunta el comunicado hecho público en la web de Moncloa.
Y el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos "sustituirá a los actuales impuestos de Comunidades Autónomas sobre esta materia, con el fin de dar coherencia y uniformidad a los mismos. En consecuencia, este impuesto pretende unificar los hechos imponibles gravados por diversas CC.AA.", defiende el texto divulgado. Por ambos, se persigue lograr 296 millones de euros de recaudación en 2013, 2014 y 2015.
Otra novedad es un canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica que se destinará a la protección y mejora del dominio público hidráulico. El hecho imponible es el valor económico de la energía hidroeléctrica producida y se aplicará un tipo sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida.
En cuanto a la nueva tasa a la generación hidroeléctrica, será del 22% sobre la generación producida y supondrá unos ingresos al Estado de unos 304 millones de euros entre 2013 y 2015, estiman los cálculos elaborados por los técnicos de Industria.
Asimismo, habrá un céntimo verde sobre el gas natural de 2,79 c€/m3, que implicará una recaudación de cerca de 804 millones de euros, así como un céntimo verde al carbón destinado a la producción de electricidad de 14,97 €/ton (se traducirá en 268 millones de euros de ingresos) y un céntimo verde al fueloil (12€/ton) y al gasóleo (29,15 €/ton) para generación eléctrica. Con estos últimos, se busca ingresar al año 38 millones de euros.
Por su parte, en concepto de ventas de los derechos de emisión de CO2, el Gobierno persigue alcanzar una recaudación de 450 millones de euros anuales.
Tal y como expone el resumen facilitado desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los principales objetivos del documento aprobado "armonizan el sistema fiscal español con una utilización más eficiente de los recursos energéticos, respetando el medioambiente y logrando la sostenibilidad del sistema eléctrico. Además, establece un marco normativo y regulatorio que garantiza a todos los productores el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico".
Igualmente, servirá de estímulo para mejorar los niveles españoles de eficiencia energética, asegurando una mejor gestión de los recursos naturales. El nuevo modelo representa también una apuesta clara por la sostenibilidad energética, medioambiental y económico-financiera.
Los ingresos obtenidos en aplicación de la nueva Ley se destinarán a cubrir determinadas partidas de los costes del sistema eléctrico establecidos en la Ley del Sector Eléctrico, del 27 de noviembre de 1997.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro de Industria, José Manuel Soria, subrayó que el objetivo de las medidas aprobadas es "lograr ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como económica y financiera".
Además, Soria cifró la cuantía total de los ajustes para 2013 en 5.250 millones de euros brutos, si bien especificó que de esta cantidad se deben restar 450 millones de euros de ingresos procedentes de ventas de derechos de CO2 y 2.066 millones que asumirá el Tesoro por la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011 y que debería pagarse durante el próximo año.
El titular de Energía recordó que el Gobierno ya adoptó medidas para lograr que en 2012 el déficit de tarifa no superase el tope legal de 1.500 millones de euros y ahora saca adelante otras nuevas para que en 2013 el sistema eléctrico deje de ser deficitario.
Por su lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseveró que ha sido una "reforma difícil, porque hemos tenido como objetivo no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico que habría sido una subida del 43% de media". De hecho, el titular de Industria garantizó, en respuesta a los periodistas, que la reforma no repercutirá sobre los clientes.
Liberalización de la tarifa eléctrica regulada
Adicionalmente, Soria informó a los periodistas asistentes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas impositivas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la posibilidad de rebajar el umbral de acceso de los consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Sobre este asunto, indicó que el Gobierno está estudiando rebajar "a la mitad o menos" el actual techo por debajo del cual los clientes tienen derecho a la TUR de la luz, situado en la actualidad en 10 kilovatios (kW). "El objetivo es que las variaciones en el precio de la electricidad no tengan nada que ver con un acto discrecional del Gobierno", y que si la electricidad sube, sea únicamente como consecuencia del encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, señaló.
Por otro lado, se mostró confiado en que las eléctricas no repercutirán los nuevos impuestos sobre el consumidor final y consideró que el esfuerzo para acabar con el déficit de tarifa "tiene una distribución bastante equitativa" en la que participan empresas, consumidores y Administración.
Al ser preguntado acerca de las diferencias de criterio entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda acerca de la reforma energética, Soria aseguró que "lo que prevalece es la posición colegiada del Gobierno" y explicó que en el proceso se estudiaron distintas opciones también dentro de su departamento, entre ellas la de recortar directamente las primas a las renovables sobre la base de las sentencias del Tribunal Supremo o aplicar diferentes impuestos a la generación en función de la tecnología.
Resumen de Prensa InterMoney Energía, lunes, 17 de septiembre de 2012
FUENTE: Moncloa/EP
Finalmente, los rumores que la semana pasada se escucharon en el sector sobre la posible implantación de una tasa común a las instalaciones de generación de electricidad, independientemente del tipo de tecnología, fueron confirmados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante su comparecencia del viernes en el Consejo de Ministros.
Así, el Gobierno sacó adelante la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Eléctrica que recoge, entre otras medidas, "un tributo estatal, de carácter directo y naturaleza real" que grava la realización de actividades de producción de energía eléctrica con un canon sobre el precio de venta de la energía para todas las tecnologías de producción. Un tipo "ad valorem", único (del 6%) y aplicable a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones generadoras.
Con esta tasa, el Ejecutivo aspira a ingresar 571,7 millones de euros por su aplicación en el régimen ordinario y 688 millones por la actividad del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos).
Como particularidad, las energías renovables que utilicen combustible fósil para su actividad no recibirán primas por la parte de producción correspondiente al hidrocarburo, si bien la biomasa quedará fuera de este recorte por su contribución social, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios. Y en el caso de la termosolar, en la que el 85% de la producción procede del sol, pero un 15% del gas, la privación de primas sobre este segundo porcentaje tendrá un valor de entre 50 y 60 millones de euros.
También habrá un impuesto sobre la producción de residuos radioactivos resultantes de la generación de energía atómica, cuyo tipo será de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado. "Para esta cálculo se ha eliminado a la central de Garoña", apunta el comunicado hecho público en la web de Moncloa.
Y el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos "sustituirá a los actuales impuestos de Comunidades Autónomas sobre esta materia, con el fin de dar coherencia y uniformidad a los mismos. En consecuencia, este impuesto pretende unificar los hechos imponibles gravados por diversas CC.AA.", defiende el texto divulgado. Por ambos, se persigue lograr 296 millones de euros de recaudación en 2013, 2014 y 2015.
Otra novedad es un canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica que se destinará a la protección y mejora del dominio público hidráulico. El hecho imponible es el valor económico de la energía hidroeléctrica producida y se aplicará un tipo sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida.
En cuanto a la nueva tasa a la generación hidroeléctrica, será del 22% sobre la generación producida y supondrá unos ingresos al Estado de unos 304 millones de euros entre 2013 y 2015, estiman los cálculos elaborados por los técnicos de Industria.
Asimismo, habrá un céntimo verde sobre el gas natural de 2,79 c€/m3, que implicará una recaudación de cerca de 804 millones de euros, así como un céntimo verde al carbón destinado a la producción de electricidad de 14,97 €/ton (se traducirá en 268 millones de euros de ingresos) y un céntimo verde al fueloil (12€/ton) y al gasóleo (29,15 €/ton) para generación eléctrica. Con estos últimos, se busca ingresar al año 38 millones de euros.
Por su parte, en concepto de ventas de los derechos de emisión de CO2, el Gobierno persigue alcanzar una recaudación de 450 millones de euros anuales.
Tal y como expone el resumen facilitado desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los principales objetivos del documento aprobado "armonizan el sistema fiscal español con una utilización más eficiente de los recursos energéticos, respetando el medioambiente y logrando la sostenibilidad del sistema eléctrico. Además, establece un marco normativo y regulatorio que garantiza a todos los productores el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico".
Igualmente, servirá de estímulo para mejorar los niveles españoles de eficiencia energética, asegurando una mejor gestión de los recursos naturales. El nuevo modelo representa también una apuesta clara por la sostenibilidad energética, medioambiental y económico-financiera.
Los ingresos obtenidos en aplicación de la nueva Ley se destinarán a cubrir determinadas partidas de los costes del sistema eléctrico establecidos en la Ley del Sector Eléctrico, del 27 de noviembre de 1997.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro de Industria, José Manuel Soria, subrayó que el objetivo de las medidas aprobadas es "lograr ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como económica y financiera".
Además, Soria cifró la cuantía total de los ajustes para 2013 en 5.250 millones de euros brutos, si bien especificó que de esta cantidad se deben restar 450 millones de euros de ingresos procedentes de ventas de derechos de CO2 y 2.066 millones que asumirá el Tesoro por la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011 y que debería pagarse durante el próximo año.
El titular de Energía recordó que el Gobierno ya adoptó medidas para lograr que en 2012 el déficit de tarifa no superase el tope legal de 1.500 millones de euros y ahora saca adelante otras nuevas para que en 2013 el sistema eléctrico deje de ser deficitario.
Por su lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseveró que ha sido una "reforma difícil, porque hemos tenido como objetivo no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico que habría sido una subida del 43% de media". De hecho, el titular de Industria garantizó, en respuesta a los periodistas, que la reforma no repercutirá sobre los clientes.
Liberalización de la tarifa eléctrica regulada
Adicionalmente, Soria informó a los periodistas asistentes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas impositivas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la posibilidad de rebajar el umbral de acceso de los consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Sobre este asunto, indicó que el Gobierno está estudiando rebajar "a la mitad o menos" el actual techo por debajo del cual los clientes tienen derecho a la TUR de la luz, situado en la actualidad en 10 kilovatios (kW). "El objetivo es que las variaciones en el precio de la electricidad no tengan nada que ver con un acto discrecional del Gobierno", y que si la electricidad sube, sea únicamente como consecuencia del encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, señaló.
Por otro lado, se mostró confiado en que las eléctricas no repercutirán los nuevos impuestos sobre el consumidor final y consideró que el esfuerzo para acabar con el déficit de tarifa "tiene una distribución bastante equitativa" en la que participan empresas, consumidores y Administración.
Al ser preguntado acerca de las diferencias de criterio entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda acerca de la reforma energética, Soria aseguró que "lo que prevalece es la posición colegiada del Gobierno" y explicó que en el proceso se estudiaron distintas opciones también dentro de su departamento, entre ellas la de recortar directamente las primas a las renovables sobre la base de las sentencias del Tribunal Supremo o aplicar diferentes impuestos a la generación en función de la tecnología.
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Bombillas bajo consumo
¿Sabes cuánto te ahorrarás sustituyendo las bombillas tradicionales por bombillas LED LG?
Por si aún no lo sabes, el sábado pasado se dejaron de fabricar las bombillas tradicionales de toda la vida.
Ahora sólo podrás comprar bombillas ecológicas, que además de ser más eficientes y ahorrarte dinero en la temida factura de la luz son respetuosas con el medio ambiente.
Te explicamos la diferencia de ahorro de energía y consumo eléctrico de las diferentes bombillas con detalle, para que veas que el cambio ha sido a mejor.
En esta imagen podrás ver más gráficamente el consumo y el ahorro entre una bombilla tradicional y una bombilla LED.
1. Bombillas incandescentes convencionales
2. Bombillas incandescentes mejoradas (clase C en la etiqueta de energía, lámpara halógena rellena con gas xenón
3. Bombillas incandescentes mejoradas (Clase B en la etiqueta de energía, lámpara halógena con revestimiento ifrarrojo)
4. Lámparas compactas fluorescentes (CFLs)
5. Diodos de emisión de Luz (LEDs)
Como puedes observar la diferencia de consumo entre las bombillas incandescentes tradicionales y las LED es abismal.
martes, 4 de septiembre de 2012
Disparos intempestivos de diferenciales en instalaciones BT
Una de las causas más habituales de disparos intempestivos de diferenciales en instalaciones de baja tensión es el coloquialmente denominado “disparo por simpatía”. Estos disparos consisten en la apertura simultánea de uno o varios dispositivos diferenciales que protegen salidas en paralelo de la misma instalación. En este caso se puede decir también que se ha perdido la selectividad horizontal entre diferenciales. Este fenómeno se debe principalmente a las corrientes de fuga que circulan a través de las capacidades de las instalaciones. Estas capacidades pueden tener dos orígenes: Cuando en una instalación se generan corrientes de fuga de alta frecuencia o transitorios de corta duración, hallan poca resistencia de paso a través de las capacidades anteriores. Los cables, por su constitución, presentan una parte activa (conductor) y una parte no activa (aislante). Si este cable se encuentra al lado de un conductor de protección (cable de tierra), las únicas resistencias o impedancias que existen entre la parte activa y tierra, son el aislante de los conductores activo y de protección (este aislante actuará como dieléctrico ) y el aire. Esta constitución es análoga a la que presenta un condensador, que contiene un dieléctrico entre las armaduras o partes conductoras. Por lo tanto podemos decir que un cable, respecto a tierra, presenta el mismo comportamiento que un condensador . Cuanto mayores sean las longitudes de los cables en las instalaciones, mayores serán las capacidades de dichos cables respecto a tierra repartidas por toda la instalación. La capacidad de las líneas depende de la sección de éstas y de sus longitudes, así como del tipo de aislante o dieléctrico que presenten por fabricación. Como capacidades que son, la impedancia que presentan respecto a tierra, variará en función de la frecuencia de la corriente. Así tenemos que a mayor frecuencia, la impedancia capacitiva disminuirá, con lo que las corrientes de fuga capacitivas a tierra aumentan. Por lo tanto, en instalaciones donde tengamos receptores que generen corrientes de fuga permanentes de alta frecuencia, éstas circularán en su mayor parte por las capacidades hacia tierra para retornar por el neutro del transformador que cerrará el circuito con las fases. El valor de estas corrientes de fuga capacitivas, por lo tanto, dependerá básicamente del valor de las capacidades presentes en cada instalación y de la frecuencia de la misma corriente. Estas capacidades también presentan el mismo comportamiento ante fugas transitorias de muy corta duración (del orden de s). Estas fugas transitorias pueden ser originadas por sobretensiones de varios tipos (origen atmosférico, conexión de circuitos, fusión de fusibles, etc.), y su comportamiento es similar a una alta frecuencia permanente, aunque sea de muy corta duración. Estas fugas que retornan por las capacidades de los circuitos, pueden circular de forma desequilibrada y con una intensidad eficaz lo bastante elevada como para originar disparos intempestivos de las protecciones diferenciales. Como se decía al inicio de este apartado, este fenómeno puede provocar el disparo intempestivo simultáneo de varios diferenciales que protegen circuitos en paralelo, que estén instalados aguas abajo de un mismo embarrado o línea, con lo que no queda garantizada la “selectividad horizontal”. La selectividad horizontal pretende garantizar que únicamente dispare el diferencial que se ve sometido al defecto o fuga, sin perturbar el comportamiento de los restantes diferenciales que estén en paralelo con éste. Estos dispositivos diferenciales pueden tener unos tiempos de retardo tr idénticos entre sí. No obstante, la selectividad horizontal puede verse perturbada por los efectos de las capacidades en las instalaciones que originan los disparos por “simpatía”. Dos ejemplos: La apertura de Db, situado sobre el circuito de alimentación de un receptor R que pueda generar una sobretensión (ej.: soldadura), provoca una sobretensión sobre la red. Esta sobretensión implica sobre la salida A, protegida por Da, la aparición de una corriente capacitiva a tierra. Esta corriente puede deberse a las capacidades parásitas de los cables o a un filtro capacitivo puesto a tierra. Una solución: el diferencial de Db puede ser instantáneo y el de Da debe ser temporizado. La presencia de capacidades bajo la salida A puede provocar: El empleo de los diferenciales temporizados es necesario muchas veces para paliar los disparos intempestivos provocados por las sobretensiones generadas por rayos o por maniobras de aparatos. Se debe considerar que, para una configuración tal, la temporización del diferencial (Da) es indispensable puesto que, a la puesta en tensión del circuito A, las capacidades (parásitas o no) provocan la aparición de una corriente diferencial oscilatoria amortiguada. A título indicativo, una medida efectuada sobre un gran ordenador que dispone de un filtro antiparásitos pone de manifiesto una corriente de estas características: Un defecto franco de aislamiento en la fase 1 de la salida B pone esta fase al potencial de tierra. La corriente capacitiva suministrada por la salida A, de gran longitud, va a provocar “por simpatía” el funcionamiento del diferencial correspondiente Da. Este fenómeno se produce en todos los regímenes de neutro, pero afecta principalmente a las redes en esquema IT. En resumen, para evitar estos problemas es muy recomendable tomar las siguientes precauciones a varios niveles: En circuitos para alimentar tomas informáticas, por ejemplo, hay que minimizar el número de líneas por debajo de cada diferencial. Para efectuar la protección de cabecera de circuitos de potencia, el relé diferencial con toro separado Vigirex RHU de Merlin Gerin es la solución que actualmente permite conseguir la máxima continuidad de servicio para la protección de circuitos capacitivos, ya que dispone de la máxima autoprotección contra disparos intempestivos. |
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