INDUSTRIA CONTEMPLA 350 'CASOS ESTÁNDAR' PARA LA RETRIBUCIÓN A INSTALACIONES SOLARES
El tándem Soria-Nadal trabaja contra reloj para definir los pagos futuros a las energías renovables una vez finiquitado el sistema de primas. Y en el caso de la fotovoltaica ha topado con un descomunal abanico de escenarios. Al punto que, según aseguran fuentes del sector, Industria contempla más de 350 ‘casos estándar’ a los que aplicar la rentabilidad razonable del 7,5% que establece su reforma eléctrica. El Ministerio tiene que definir en apenas semanas el número de escenarios tipo en que se englobarán los 55.000 inversores que apostaron en su día por esta tecnología, cuya nueva retribución se regirá por el modelo al que queden vinculados.
El Gobierno planteaba antes de verano una reforma interruptus. No en vano, el departamento de José Manuel Soria reconocía a las energías limpias la citada rentabilidad del 7,5%, pero dejaba para una posterior orden ministerial la definición de los costes sobre los que aplicar ese rédito. El temor de los afectados es que los patrones que se establezcan estén alejados de las inversiones que realmente efectuaron, una inquietud lógica si se tiene en cuenta que Industria necesita detraer 1.300 millones a las renovables para cuadrar sus números. Evidentemente, las estimaciones del Ministerio no irán a al alza.
Sin contar con que se habla del 7,5% para toda la vida útil de la instalación y, si los parámetros que contemplan se despegan de la realidad, puede haber plantas que lleven ya años en funcionamiento y se hayan comido toda esa tasa de retorno. “Están trabajando en 350 posibles casos estándar. A simple vista parecen muchos, pero la realidad es que cada uno de los 55.000 proyectos tiene sus propias particularidades. Lo que sí va a provocar este modelo respecto al anterior sistema de primas es un notable aumento de la burocratización”, aseguran estas fuentes. La mayoría de las instalaciones fotovoltaicas se financiaron con fórmulas de project finance, con apalancamientos entre el 80% y el 90%.
“Cada caso es único –remachan fuentes del sector fotovoltaico–. No costó igual el mismo panel puesto el mismo día en Asturias o en Murcia, un panel alemán estaba diseñado para durar más que uno chino, hay peculiaridades por zonas geográficas, por la propiedad del suelo, en función de si el inversor ha tenido o no que refinanciar por las medidas tomadas hasta ahora… Es más, sin el aval del Estado quienes han refinanciado lo han hecho con un coste elevado. Dicho esto, produce cierta tranquilidad que se esté manejando un número elevado de casuísticas. Al menos se amplían las posibilidades de encajar mejor los diferentes proyectos”.
El tiempo se agota
Todo con el tiempo a punto de expirar. Según el timing marcado en su momento por el Ministerio de Industria, las consultoras encargadas de elaborar un informe sobre la retribución del régimen especial –véase Boston Consulting Group y Roland Berger– debían entregar el documento hacia el 15 de noviembre. El propio ministro de Industria aseguró esta misma semana que es el único trámite que queda pendiente para alumbrar los detalles de la reforma, que “va estar en vigor el 1 de enero de 2014”, según certificó. De hecho, el compromiso de Industria es que la orden ministerial esté lista para mediados de diciembre.
La clave del nuevo marco legal está en el artículo 38 del real decreto que regula la producción de las renovables. “Por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, se aprobarán para cada instalación tipo los parámetros retributivos necesarios para la aplicación del régimen retributivo específico”, expone la norma. En este sentido, añade que se tendrán en cuenta la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación, entre otros criterios. La referida orden ministerial, que delimitará estas magnitudes, será la que contenga la clave del recorte.
No es el único margen de maniobra que se ha concedido Soria. Otro de los comodines que incluye el documento es que Industria determinará los parámetros de cálculo para una empresa “eficiente y bien gestionada”. Según lamentaban fuentes del sector renovable tras conocer la reforma, el planteamiento concede al Ministerio un enorme nivel de discrecionalidad. “Siempre podrán argumentar a quien no cumpla esos estándares que no ha hecho las cosas bien”, subrayaban. Como telón de fondo, otras reformas pendientes –inicialmente para después del verano– como la del pool o la del gas. Trabajo por delante para el político canario.
FUENTE: El Confidencial
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