jueves, 20 de noviembre de 2014

La Fiscalía investiga a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas o "De aquellos barros estos lodos"

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.
El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.
Aunque la denuncia parecía dormir en un cajón, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la época. Según fuentes conocedoras de la investigación, hace un mes declararon como testigos Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.

Tres abogados del Estado y un exdirector general han sido citados
El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer. El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticómientras estuvo en la oposición.
El sistema funcionó más o menos  como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.
Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir.

En 2010 prescribió la posibilidad de que el Ejecutivo pidiera el cobro
Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".
El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.
El dictamen, de 26 páginas y que no se hizo público, señala que "junto con las liquidaciones anuales de las compensaciones debe existir una liquidación global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el máximo previsto legalmente, lo cual solo puede conocerse al final del periodo de vigencia". Añade que el plazo para reclamar esas cantidades era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma. Esta seguramente habría sido impugnada por las eléctricas y serían los tribunales quienes habrían dictado si el criterio de la Abogacía del Estado era válido o no.

Las eléctricas defienden que recibieron mucho menos de lo previsto inicialmente
Mes y medio después de recibir el informe de la abogacía del Estado, cambió el ministro. A Joan Clos le sustituyó Miguel Sebastián, que dice que desconoce el caso, y Pedro Marín fue nombrado secretario de Estado. Nunca se produjo la reclamación.
Marín afirma que no recuerda los detalles: "Era un tema complicado, que empezó en 1997. Hubo una discusión y se acordó que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy difícil", explica desde Londres, donde trabaja. "Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo", concluye. Marín afirma que no ha recibido citación del fiscal.
Fuentes de Industria afirman que con el cambio de Gobierno nunca se planteó reclamar ese dinero. Añaden que era un tema muy complejo y que el informe de la abogacía fue muy discutido jurídicamente, por lo que no auguran recorrido a la investigación.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó en informes que no se había producido la liquidación definitiva. Según publicó Cinco Días en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de más a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones.
Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión de la patronal, Unesa. Esta tradicionalmente ha negado esos cálculos. Las eléctricas encargaron decenas de informes que justificaban que las liquidaciones eran correctas y que la cifra realmente cobrada por los CTC ha sido de solo 1.147 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente en la ley.
Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".
En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito.
Fuente: elpais

Cronología de una deuda multimillonaria

  • 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.
  • 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.
  • 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.
  • 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.
  • 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones

lunes, 10 de noviembre de 2014

El 2,1% la aportación al PIB de las eléctricas de Unesa, que se comprometen con el bono sociaL

KPMG cifra en el 2,1% la aportación al PIB de las eléctricas de Unesa, que se comprometen con el bono sociaL


KPMG ha elaborado un informe a petición de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en el que se aprecia que la contribución de estas empresas al PIB equivale al 2,1%, o a 21.189 millones de euros, y en el que se destaca su capacidad para generar empleo de calidad.

El informe, conocido como 'Contribución de las compañías que integran Unesa al desarrollo de la sociedad española', ha sido presentado este jueves en la sede de la CEOE, en un acto en el que ha participado el presidente de Unesa, Eduardo Montes, quien ha expresado "la voluntad" de la asociación de seguir "trabajando" en el bono social.

Durante la presentación, el socio responsable de gobierno, riesgos y cumplimiento de KPMG, José Luis Blasco, ha desglosado la contribución al PIB de las grandes eléctricas a razón de 8.636 millones de contribución directa, 4.654 millones de indirecta y 7.899 millones de impacto inducido.

El recibo de la luz, indicó, implica un gasto reducido sobre la cesta de consumo media en España, equivalente a unos 0,7 euros por persona al día, o un 2,18% del gasto medio total de los hogares, al tiempo que las principales empresas encargadas del suministro han invertido entre 2000 y 2013 cerca de 61.000 millones de euros.

Blasco explicó que las eléctricas de Unesa generan 151.420 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, y tienen un "importante efecto "de arrastre" sobre la actividad económica, ya que cada puesto de trabajo en estas empresas genera otros cinco.

"El 99% de los trabajadores tienen un contrato fijo" en el sector eléctrico, señaló el directivo de KPMG, antes de destacar la complejidad no solo técnica, sino también operativa de unas empresas que deben atender 30 millones de consultas al año de consumidores y que son capaces de ofrecer un suministro sin apenas incidentes.

Las eléctricas, señaló, invirtieron 2.278 millones de euros el año pasado, al tiempo que destinaron 147 millones a diversos proyectos de perfil social.

Bono social y pobreza energética

Durante la presentación del informe, Montes indicó que la implementación del bono social de electricidad "es un reflejo de la situación" del país. "Estamos trabajando sobre ello en la medida en que podemos y seguiremos porque es nuestra voluntad", afirmó en alusión al bono social.

Montes aseguró que las eléctricas están "muy orgullosas" de su trabajo, si bien se ha decidido pedir el estudio a KPMG no tanto para poner en valor la aportación de las empresas como para ver "en qué se puede mejorar". "Es un informe de mejora", dijo.

De hecho, se mostró consciente de "la percepción que hay ahí fuera" acerca de las eléctricas. "La población debe cuestionar estos temas, como todos", pero "quizá las eléctricas no hemos sido capaces de trasladar que damos un buen servicio y que contribuimos a la sociedad", indicó.

Sobre la pobreza energética, calificó el problema de "preocupante", si bien consideró que no existe tanto "una pobreza energética, alimentaria o de otro tipo", sino "pobreza global". "Intentamos contribuir a que se palie, desde el bono social a todas las medidas que hemos visto", señaló.

EUROPAPRESS