miércoles, 27 de noviembre de 2013

Los consumidores españoles, los más descontentos con su compañía de luz y gas, según OCU

Los consumidores españoles, los más descontentos con su compañía de luz y gas, según OCU

Los consumidores españoles son los más descontentos con su compañía eléctrica y de gas, y suspenden a cuatro de las cinco principales eléctricas, indicó en una nota la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En una nota, OCU explica que, tras realizar un sondeo entre los consumidores, ha encontrado que los resultados obtenidos son peores que los de hace dos años. El "suspenso" no afecta solo a cuatro de las cinco grandes eléctricas, sino también a dos de las cinco principales suministradoras de gas.
La encuesta se publica en la revista OCU-Compra Maestra del mes de
diciembre y refleja, a juicio de la asociación, el efecto negativo sobre la percepción de los consumidores asociada al alto precio de la electricidad. España es el tercer país europeo con la electricidad más cara.

Sin embargo, éste no es el único aspecto que genera malestar. Situaciones como los apagones, recibir facturas incorrectas o quedar descontento con las respuestas obtenidas por los servicios de atención al cliente son la causa de las bajas valoraciones realizadas por los consumidores.

OCU considera que, aunque las eléctricas repitan que no pueden evitar incrementar el precio de la luz, hay mucho margen de mejora en varios aspectos. En el 27% de los hogares se desconoce si se tiene la tarifa de último recurso (TUR) o si están en el mercado libre, mientras que casi la mitad de los clientes de E.ON ha tenido al menos un incidente durante el
último año, principalmente relacionado con la facturación.

Además, el 8% de los clientes de Endesa o Iberdrola se han quedado al menos una vez sin luz en los últimos doce meses, mientras que dos de cada diez abonados de Galp se quejan también de facturación incorrecta. Un tercio de los abonados de electricidad ha presentado una queja durante el último año y solo un 9% ha quedado contento con la solución dada por la compañía.
"Algunas de estas situaciones se repiten en otros países europeos, aunque en España la valoración de los consumidores es la peor", indica OCU, que valora positivamente "la irrupción de pequeñas compañías", que "está empezando a modificar la situación actual en la que las grandes han vivido durante mucho tiempo".

FUENTE: Europapress

domingo, 24 de noviembre de 2013

La eólica cubre casi el 20% de la demanda eléctrica en octubre

La eólica cubre casi el 20% de la demanda eléctrica en octubre


De nuevo las renovables demuestran su importante contribución al sistema eléctrico. En el mes de octubre, la producción de origen eólico alcanzó los 4.034 GWh y supuso el 19,5% de la generación total de electricidad, de acuerdo con los datos que acaba de dar a conocer Red Eléctrica de España. REE también informa de que la demanda de energía descendió ese mes un 1,2% con respecto al mismo mes de 2012.

La generación procedente de fuentes de energía renovable representó en octubre el 36,2% de la producción, señala REE. La eólica alcanzó los 4.034 GWh –un 28,9% superior frente al mismo periodo del año pasado– y supuso el 19,5%, siendo la segunda tecnología que más electricidad aportó al sistema. Solo quedó por delante, ligeramente, la nuclear, que generó el 21%.

La solar fotovoltaica representó el 3,1% de la producción y la termosolar el 1,6%, mientras que la hidráulica contribuyó con el 9,1%. La cogeneración representó el 12,4%, y los ciclos combinados un porcentaje similar (12,1%), mientras que el carbón alcanzó el 19,2%.

REE indica que la demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de octubre, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, descendió un 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta fue de 19.790 GWh, un 0,7% superior a la de octubre del 2012.

Primeros diez meses

De acuerdo con el operador del sistema, en los diez primeros meses del año, el consumo ha sido un 2,5% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica en este periodo ha sido de 204.511 GWh, un 2,7% menos que en el mismo periodo del 2012.

Por tecnologías, de nuevo la eólica, que generó durante este periodo el 20,3%, ocupa el segundo lugar en aportación al sistema, mientras que la nuclear representó el 21,7%. La hidráulica supuso el 14,7%, mientras que las tecnologías solares contribuyeron con un 3,4% la solar FV y con un 1,9% la termosolar.



FUENTE: EnergíasRenovables 

viernes, 22 de noviembre de 2013

Malestar en el sector eléctrico por el retraso en las liquidaciones de la CNMC

Malestar en el sector eléctrico por el retraso en las liquidaciones de la CNMC

Los pagos a todas las empresas reguladas del sector eléctrico (las primas a las renovables o los pagos a la distribución y el transporte, esencialmente) salen de una cuenta corriente de la antigua Comisión Nacional de la Energía o CNE (ahora integrada en la CNMC). A ella van a parar previamente los ingresos procedentes de lo que pagan los consumidores en el recibo de la luz.

Como ha venido siendo habitual, la Dirección de Liquidaciones del organismo las calcula mediante un programa informático la última semana de cada mes (aproximadamente, el día 28) y ya en la primera del mes siguiente (entre los días 7 y 10) las aprueba el consejo de administración. Una vez recibido el visto bueno del consejo, se entregan las actas o facturas a los productores, que les sirve para saldar el IVA y otros impuestos a Hacienda, y entre 12 y 14 días después cobran el dinero.

Diversas fuentes señalan que las liquidaciones correspondientes al mes de septiembre fueron calculadas a finales del mes de octubre (el 28) y que el consejo de la nueva CNMC las ha aprobado esta misma semana, el martes 19. Por tanto, como aseguran fuentes empresariales, el cobro de septiembre no llegará hasta principios de diciembre. Así se les ha comunicado a las empresas desde la comisión. La cuestión no es baladí teniendo en cuenta que cada mes se liquidan en el sistema eléctrico unos mil millones y que es la primera vez que se produce este retraso.

Un portavoz del organismo reconoce que se ha producido un retraso en la aprobación “por la herencia recibida”, pues “desde diciembre de 2009 el consejo de la CNE no aprobaba ni informes ni resoluciones con la celeridad debida” generando atascos de un centenar de casos. Y -añade- que solo se incumplirá la norma si se supera el mes vencido (un mes mas uno desde el cierre de la liquidación, esto es, el 28 de octubre).

Las grandes eléctricas lo atribuyen al "caos" generado por la puesta en marcha del nuevo organismo, que ha conllevado múltiples cambios en la estructura anterior.

Para las empresas de Unesa, que son las que financian el déficit de los ingresos regulados, cualquier retraso supone la búsqueda de nueva financiación para cubrir lo que no reciben, señalan las compañías. Fuentes de una importante compañía del sector reconoce que “hay un retraso general de las liquidaciones de septiembre, que se cobrarán en unos 15 días”. El retraso “se debe al puro retraso administrativo en las reuniones del nuevo consejo”, asegura.

Las empresas que más han protestado, sin embargo, han sido las pequeñas compañías fotovoltaicas, que han denunciado su situación en las redes sociales. “El retraso es relevante para muchos productores porque los préstamos bancarios asociados a las plantas frecuentemente se pagan el día 1, por lo que muchos de ellos entrarán en mora, con los correspondientes gastos”, señalan. Además, añaden, se ha producido otro problema con el pago del IVA (21%), que se debía saldar el día 20 de este mes (con fecha del pasado 31 de octubre) y, en este caso, el del nuevo impuesto a la generación, que, aunque es trimestral, ha coincidido con esta misma fecha.
Por otra parte, la mayoría de las plantas fotovoltaicas liquidaban por primera vez el nuevo impuesto que entró en vigor en enero, “por lo que las cuentas corrientes están bajo mínimos”, indica un pequeño empresario. En estos momentos, existen casi 60.000 plantas de este tipo.

Los pagos del sistema son competencia de Industria

Ante el caos provocado por el retraso en la liquidación del sistema eléctrico de septiembre, la asociación de empresas fotovoltaicas UNEF remitió ayer un comunicado a sus asociados, respondiendo a las múltiples consultas realizadas por estos en los últimos días. En él se informa que, tras ponerse en contacto con el departamento de liquidaciones la CNMC, “nos han comentado que, debido al procedimiento actual de fusión de la CNE en la CNMC, se están produciendo puntualmente retrasos”. No obstante, añade esta asociación- “las facturas ya están publicadas y se pueden ver en la web, en la plataforma de facturación”. Por otro parte, UNEFtransmite a sus socios que debido a este retraso puntual, el organismo “va a hacer todo lo posible en acortar los plazos de pago” y que “confía en que a partir de ahora se retorne a la normalidad”.

En la ley de julio por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hay dos competencias de la antigua CNE que pasan al Ministerio de Industria: las liquidaciones del sistema y los hidrocarburos líquidos.

Por tanto, el departamento de liquidaciones, donde trabajan más de 40 personas, sigue en la nueva comisión de manera provisional. Por el momento, el ministerio se ha desentendido de una tarea para la que no tiene presupuesto este año. Para el que viene, contará con una dotación de entre 30 y 40 millones de euros. Aunque el de liquidaciones es un departamento fundamental (un retraso de un par de semanas puede ser caótico, como se ha demostrado estos días), cuenta con un sistema eficaz. Su subdirector, Santiago Muñoz, ha sido nombrado subdirector de Energía delnuevo organigrama. Fuentes próximas a Industria, el ministerio tiene en proyecto la creación de una dirección general de liquidaciones.


FUENTE: Cinco Días 

Soria insiste en que 2013 será el último año con déficit tarifario y defiende su reforma eléctrica

Soria insiste en que 2013 será el último año con déficit tarifario y defiende su reforma eléctrica

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido este miércoles en el Congreso en que 2013 será el último año en que se producirá déficit de tarifa estructural (unos 4.500 millones de euros) y ha defendido el conjunto de medidas aprobadas por su departamento en el marco de la reforma eléctrica, afirmando que con ellas se hace frente al "problema más atravesado" de la economía española.

Durante una interpelación planteada por el portavoz económico del PNV en la Cámara Baja, Pedro Azpiazu, a cuenta del impacto que las reformas energéticas tendrán en la competitividad de las empresas industriales, Soria ha reconocido que éste es "un problema complejo, difícil y ante el cual no hay soluciones fáciles ni caminos cortos" pero con cuya superación se habrá "resuelto uno de los grandes problemas estructurales de la economía española".

Por eso, la prioridad es liberar a las empresas del déficit acumulado durante años, que ya supera los 26.000 millones, porque la deuda a la que da lugar provoca cada año entre 2.500 y 2.600 millones de costes en conceptos de amortización, un gasto que "retroalimenta" el propio coste del sistema. "Así que si no acabamos con el déficit el coste será creciente. No es una obsesión, pero sí un objetivo absolutamente firme", ha dicho.

Subir ingresos, bajar gastos o las dos cosas

En este punto, Soria ha apuntado que las vías para acabar con el déficit tarifario son subir los ingresos del sistema, reducir los costes o hacer ambas cosas, dado que la "gran debilidad" del sistema eléctrico español es el nivel de precios, "por encima de la media europea", y también que los costes regulados son "sistemáticamente superiores a los ingresos".

De ahí que se haya tenido que decidir, por ejemplo, incrementar los peajes de acceso pese a que afecta a la competitividad empresarial o sacar de la factura los costes que no tienen que ver con la propia energía. Por ejemplo, los incentivos a la cogeneración que, además, tienen el efecto perverso de que "en buena parte de las industrias se ha convertido en una actividad más importante que la actividad industrial propiamente", lo que supone más gastos para todos los consumidores.

Además, ha asegurado que antes de presentar sus propuestas legislativas ha consultado con todos los actores implicados, pero ha recordado que sus intereses son tan "contradictorios" que eran "difícilmente casables", por lo que se demostró que era imposible conseguir contentar a todos. "Debo reconocer que ninguna de las partes involucradas está satisfecha", ha dicho.
"Somos muy conscientes de que esta reforma no ha gustado a nadie, que las reformas en general que estamos haciendo no gustan, pero tampoco el Gobierno está en una situación como para hacer cosas que gusten más o menos o para que en términos políticos nos vaya mejor. Cuando un Gobierno está en situaciones muy complicadas hay que tomar decisiones pensando siempre en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones", ha dicho.

Respeto a las competencias autonómicas

En este punto, ha defendido la decisión incluida en el proyecto de ley del Sector Eléctrico --actualmente de camino al Senado-- de que cualquier medida adoptada por una administración territorial que conlleve un incremento del coste en el sistema deberá ser sufragado por esa administración.

"Nos parece normal. El sistema, que somos todos, sufraga lo que es un menú común para todos. Pero si alguien desea obtener algo a la carta tiene que ser específicamente financiado con cargo a ese territorio", ha señalado, defendiendo que el Gobierno no tiene "ningún ánimo ni intención" de injerir en las competencias de las administraciones territoriales.

En cualquier caso, y como ya hizo el portavoz 'popular' de Energía en el Congreso, Antonio Erías, el ministro ha reiterado su voluntad de alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios para mejorar la reforma eléctrica durante su tramitación en el Senado.

A costa de la competitividad

Pedro Azpiazu, por su parte, ha reconocido al ministro tanto la "dificultad" de afrontar los problemas de este sector como que la situación "no es un problema" del actual Gobierno, sino que viene de legislaturas anteriores. Sin embargo, cree que la reforma "se tenía que haber acometido de otra manera" para evitar el "gran impacto negativo" y la "incertidumbre" que ha provocado en las empresas industriales.

"No se puede plantear una reforma a costa de la competitividad de nuestras empresas. En un momento en que es necesario impulsar la recuperación económica, estos cambios normativos y la difícil situación económica han puesto a nuestras empresas en un escenario límite. La reforma energética se ha realizado únicamente con criterios financieros basados en tratar de solucionar el problema del déficit de tarifa", ha criticado el diputado vasco.

De hecho, según un estudio realizado por el Gobierno vasco en colaboración con unas 250 compañías de la región apunta que el 58% de las mismas han sufrido incrementos de la factura superiores al 20% y que un tercio ha superado el 30%, a pesar de que el objetivo de las reformas era propiciar un incremento de entorno al 7,5%.

Por eso, ha pedido al Ministerio de Industria que haga una "valoración real del impacto de las medidas en la economía real", con particular atención al caso vasco, donde las empresas pagan un "sobrecoste" de entorno al 75% por estar conectadas a la tarifa de 30kV. "Son necesarios cambios legislativos para crear un nuevo nivel de tensión y asignar los costes reales a los consumidores", ha exigido Azpiazu.

Asimismo, ha planteado la necesidad de exenciones fiscales temporales para "atajar la pérdida de competitividad" del sector industrial, la posibilidad de dar plazos "razonables y flexibles" para que se adapten al nuevo marco legal, la posibilidad de autorizar cambios de potencia contratadas o nivel de tensión en cualquier periodo tarifario y aunque no se haya superado el año desde su contratación, y su rechazo a que se cree una zona única para la gestión de la demanda en todo el Estado pese a que existen peculiaridades de consumo y saturación según las regiones.

Por último, el portavoz vasco ha pedido que se dote de seguridad al sistema retributivo de la cogeneración industrial, que se respeten las competencias autonómicas y que se eviten los procedimientos abreviados para tramitar reformas de la importancia de ésta, de tal manera que los textos puedan llegar "más cocinados" a las Cortes.

En cualquier caso, ha expresado la disposición del PNV a llegar a acuerdos con el PP en el Senado de cara a conseguir una mejor reforma eléctrica. "Ésa es nuestra actitud, pero también nuestras exigencias y límites. Las cosas cuanto más claras, mejor: si en este marco se desea un acuerdo con el PNV, bienvenido sea. Pero apostando por la competitividad de la industria y por el respeto más absoluto del marco competencial", ha zanjado.


FUENTE: Europapress

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Tregua eléctrica contra el frío

Tregua eléctrica contra el frío

Partidos e instituciones proponen prohibir en invierno los cortes de luz y agua por impagos, mientras que Andalucía plantea garantizar un mínimo para los hogares más pobres.

Para solucionar un problema hay que identificarlo. El concepto “pobreza energética” se ha empezado a colar en la agenda política española, pero aún carece aquí de una definición y de un análisis específico que permita conocer su dimensión. Cuando buscan un referente, los expertos miran hacia Reino Unido, un país pionero en el estudio de este fenómeno y que cuenta con una estrategia global para su erradicación en 2016; algo que, pese a los esfuerzos, parece que no se va a lograr. Los británicos pusieron en marcha en 2001 su plan y establecieron que “un hogar en pobreza energética es aquel que necesita gastar más del 10% de sus ingresos en todo tipo de combustibles” para calentarlo “hasta un estándar adecuado”, entendido como 21 grados en la sala de estar y 18 en el resto de habitaciones ocupadas.
A partir de esa definición se empezaron a aplicar medidas de choque. “En Reino Unido se evita el corte del suministro en invierno”, explica Marta García, responsable de pobreza energética de la asociación catalana Ecoserveis. Ese país también dispone de una ayuda invernal de entre 100 y 300 libras (entre 120 y 360 euros) para los mayores de 61 años y para los perceptores una pensión estatal o de cualquier programa contra la exclusión social.

El 10% de los hogares españoles sufría pobreza energética en 2010
El informe de referencia en España es de 2012 y fue editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio Pobreza energética en España establece que, “aunque no existen aún metodologías de medición específicas”, se estima que este problema afectaba en 2010 al 10% de los hogares, es decir, unos cuatro millones de personas. En el informe también se evaluaron las políticas existentes en España para intentar paliar el problema. “No existen medidas realmente eficaces”, concluye José Luis López, miembro de ACA.

El problema empezó a tener más visibilidad tras este estudio, algo a lo que también ha contribuido el incremento sostenido de la factura eléctrica y del desempleo. Algunas Administraciones y partidos políticos están lanzando propuestas. El grupo de La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados presentó a finales de octubre una proposición de ley de “medidas para prevenir la pobreza energética”. Se plantea establecer, al igual que en Reino Unido, “una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago” a las familias con menos renta, aunque no se establece un umbral de ingresos.
Los socialistas también incluyeron hace una semana una ponencia en su Conferencia Política, en la que se apuesta por garantizar “un mínimo de cobertura de subsistencia” de luz y gas “entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”. También se aboga por impedir la suspensión del suministro de agua “cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales”.

En Andalucía, en un año, se interrumpió el suministro más de 500.000 veces
En la misma línea, el Parlamento catalán aprobó hace unos días una moción para garantizar que las compañías de agua, luz y gas no puedan cortar el suministro a las familias pobres sin disponer primero de un informe de los servicios sociales de la Administración. Y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, acaba de proponer “una tregua invernal que determine la no interrupción de los suministros de electricidad, gas o agua por impago” para aquellas “personas o familias que se considere que están en situación de vulnerabilidad”. Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña apuntan a que alrededor de medio millón de habitantes de esta comunidad —193.000 hogares— no eran capaces de asumir los gastos de mantener su domicilio a una temperatura adecuada en 2011.

Se desconoce con certeza el número de ciudadanos de Andalucía afectados por este problema. Pero el Gobierno de esta comunidad sostuvo la semana pasada que entre enero de 2011 y diciembre de 2012 se produjeron 510.864 cortes de luz por impagos en la región.

La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, está preparando un decreto que contempla garantizar un consumo mínimo de electricidad y agua a las personas en riesgo de exclusión. Manuel Silva, asesor de la Consejería de Administración Local y docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha sido el encargado de coordinar a los ocho profesores que han elaborado la propuesta. Silva detalla que el indicador que se ha tomado para determinar quiénes pueden ser los beneficiados es el denominado ingreso mínimo de solidaridad, una renta básica de inserción propia de la Junta. Actualmente, 47.329 personas están percibiendo esta ayuda de emergencia de 400 euros mensuales, aunque se espera que se incremente hasta casi 55.000 en los próximos meses. A ellas van dirigidas las medidas que prepara el Gobierno regional. Aunque en Andalucía no se ha hablado aún de una tregua invernal, el objetivo del decreto que prepara la Junta es parecido. “Queremos garantizar que no haya cortes”, apunta Silva, para lo que se establecen mínimos de consumo.

En el caso de la electricidad, se fijaría un “suministro mínimo sin coste alguno” para el beneficiario de 1.400 kilovatios/hora al año. En el del agua, 100 litros diarios. En ambos, según los expertos consultados, esas cantidades estarían bastante por debajo de lo requerido para un consumo medio. Joana Mundó, de Ecoserveis, apunta: “Se suele considerar que una familia media consume 3.000 kilovatios por hora anuales de electricidad, si no tiene calefacción eléctrica, de modo que la ayuda representaría un 47% de las necesidades de electricidad aproximadas”. En el caso del agua ocurre algo parecido. Se calcula que cada andaluz consume unos 150 litros al día, con lo que el mínimo fijado por la Administración regional tampoco sería suficiente.
La tarifa eléctrica aumentó un 63% entre 2003 y 2011 en España
Silva es consciente de que el suelo que contempla la Junta está “por debajo del consumo medio” y que las familias deberán seguir pagando parte de la factura. Pero, según dice, a lo que se aspira es a que el mínimo sea “sostenible”. Es decir, “que el agua se use consecuentemente”.

El objetivo es que el decreto esté aprobado en el primer trimestre de 2014. Se prevé que tenga un coste de unos 20 millones, aunque todavía se desconoce la fórmula con la que se financiará. La intención de la Junta es intentar implicar también a las eléctricas a través de la firma de convenios de prácticas responsables.

Pese a las dudas sobre los mínimos, los investigadores aplauden esta iniciativa “paliativa” de Andalucía. Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, también valora la intención. Pero considera que la Junta debería buscar fórmulas que no supongan “un parche” y gastos para las arcas autonómicas. Respecto a la electricidad, sostiene que Andalucía debería presionar al Gobierno central para que cambie el denominado “bono social” para que llegue realmente a todos los que lo necesitan. “Se sospecha que los hogares con menos recursos no se están beneficiando de las ayudas contempladas”, se señala en el informe Pobreza energética en España, cuando se aborda el bono social, una medida aprobada en 2009 por el Gobierno del PSOE.

Zaragoza bonifica el 99% del agua a los que cobran menos de 700 euros
Respecto al consumo de agua, Rubén Sánchez cree que la Junta tiene instrumentos para obligar a los Ayuntamientos —que tienen las competencias de este servicio— a cubrir ese mínimo para las personas con menos recursos. Algunos municipios, de hecho, ya disponen de tarifas especiales. Zaragoza tiene bonificaciones de hasta el 99% en el recibo del agua para aquellas familias con ingresos inferiores a los 700 euros mensuales, una medida a la que están acogidos 2.200 hogares de la ciudad en este momento.
En la capital aragonesa, el suministro de agua urbana sigue siendo público. Pero muchos Ayuntamientos del país están privatizando este servicio para enjugar su deuda. Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, considera que este proceso no facilita el establecimiento de tarifas sociales que impidan los cortes de suministro. Critica que las privatizaciones llegan “cuando más se necesita lo público”.

Los cortes de agua por impagos parecen haberse incrementado durante la crisis, aunque no existen datos globales del país, algo parecido a lo que ocurre con las eléctricas y el gas. En la proposición de ley presentada por IU hace 15 días se incluye un apartado dedicado a la “transparencia y mejora de la información”. “Las empresas suministradoras publicarán trimestralmente los datos del número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como del número de consumidores que se ven afectados por los cortes”, se apunta en el texto presentado en el Congreso. Lo que sí se conoce bien es el incremento que se ha producido del recibo eléctrico: entre 2003 y 2011 la tarifa subió un 63%, lo que sitúa a España como uno de los países más caros de la Unión Europea.

Esta nueva pobreza energética no es algo exclusivo de España. “Tradicionalmente el problema ha estado centrado en los países en desarrollo”, apunta Luis Jiménez, director del Observatorio de la Sostenibilidad de España, recientemente desaparecido. Se estima que 1.400 millones de personas en el planeta no tienen acceso a la energía eléctrica. El problema en el Primer Mundo no es de acceso físico, ya que sí existe una consolidada red de abastecimiento. Es un conflicto económico. “Los precios de la electricidad, del gas, del petróleo y de otros combustibles están aumentando notablemente y la situación se ha agravado fuertemente en el contexto de una crisis socioeconómica que afecta a un número creciente de personas”, se sostiene en un dictamen de septiembre del Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano asesor de la UE. Esta organización calcula que 50 millones de personas están en situación de pobreza energética en Europa, donde, “entre 2011 y 2012, el precio de la electricidad aumentó un 6,6%”. El CESE recuerda en su dictamen que solo cuatro países de la UE —Francia, Eslovaquia, Reino Unido e Irlanda— “disponen de una definición” para empezar a abordar el problema. Por eso propone crear un observatorio europeo que permita conocer la realidad de la pobreza energética. Además, el CESE sugiere también que se cree un fondo de solidaridad europea.
Esta organización, al igual que los expertos, también dirige su mirada a la raíz del problema y propone potenciar la eficiencia energética de los edificios como una forma de luchar contra este tipo de pobreza. “El 50% de las viviendas en España son anteriores a 1979, cuando no había normativa de aislamiento”, señala Marta García, de Ecoserveis. “Lo que realmente se necesitan son medidas estructurales, como el apoyo a la rehabilitación energética, que también podría generar empleo verde”, añade Luis Jiménez, del Observatorio de la Sostenibilidad.

FUENTE: El País

ASECE lleva al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular sobre el déficit de tarifa

ASECE lleva al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular sobre el déficit de tarifa

Por fin alguien ha dado el paso. Lo ha hecho, en concreto, la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE): ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de que se promulgue una ley que determine los mecanismos necesarios para obtener los resultados reales de gastos e ingresos en el sector eléctrico, y así poder conocer con precisión el verdadero déficit tarifario. ¿Firmas?

ASECE ha declarado a Energías Renovables que la ILP ya está calificada, “tan solo estamos a la espera de la evaluación del Senado, la cual esperamos esta semana”, añade. La asociación explica que tomó la decisión de presentar la ILP “después de conocer las discrepancias en los datos aportados por el Gobierno, los cuales pueden concluir en el desconocimiento real de si verdaderamente existe o no una deuda económica con las empresas eléctricas”.

Higiene democrática

ASECE pide que se instrumente un marco legal mediante el cual se determine con precisión en qué consiste ese “déficit de tarifa eléctrico”, a que corresponden sus partidas (de existir), qué segmento de los costes regulados por el Gobierno son los que disponen de mayor margen para ser modificados y, finalmente, qué tipo de obtención de energía ha de ser la que disponga de mayor ayuda por parte del Estado, en función de un estudio económico independiente y pormenorizado, con el fin de optimizar los verdaderos gastos que implican al Estado y, consecuentemente. a la sociedad y al ciudadano.

“La higiene democrática que requiere esta situación es fundamental para un correcto funcionamiento del Estado, permitiendo a los ciudadanos conocer con transparencia y realidad el origen de cualquier deuda que pudiera existir en relación con el sector eléctrico”, indica ASECE, que aporta una contundente exposición de motivos avalando la ILP. Entre otros, los siguientes:

- El Real Decreto-Ley 9/2013 no nace ni por la urgente necesidad ni mucho menos por la extraordinaria circunstancia de proteger a las instituciones básicas del Estado y los derechos de los ciudadanos. Más bien todo lo contrario. El objetivo de este cuadragésimo segundo Real Decreto-Ley de la X Legislatura de la democracia española, no es otro más que el de proteger a un reducidísimo grupo de empresas del sector energético, las cuales exigen unas determinadas cantidades dinerarias en concepto del denominado “déficit de tarifa eléctrico”, poniendo en perjuicio los intereses económicos de los ciudadanos españoles.

-Este reducido número de empresas energéticas han obtenido en tan solo el ejercicio 2012 un beneficio después de impuestos superior a los 13.570 millones de euros, por lo que la extrema urgencia y necesidad de promulgar un Real Decreto-Ley conforme a lo establecido en el artículo 86 de nuestra Constitución se podría considerar desproporcionado y sin sentido alguno. No existe ninguna emergencia tal como para este extremo.

- La cadena de Reales-Decreto-Ley (promulgados por este y anteriores gobiernos) no ha conseguido en modo alguno equilibrar el déficit de tarifa del sector eléctrico por parte de ningún gobierno de España desde la liberalización del sector eléctrico. No se ha conseguido exponer correctamente un mecanismo adecuado, preciso y objetivo para terminar con esta deuda “virtual” que dicen existir pero no saben dónde está.

Recogida de firmas

Después de que se pronuncie el Senado esta semana se abrirá un plazo de seis meses para recabar las firmas necesarias –el mínimo son 500.000– para que la Iniciativa sea debatida en el Congreso de los Diputados. “Si los políticos no consiguen ponerse de acuerdo, los ciudadanos lo conseguiremos”, asegura a ER Adrián Sánchez Molina, presidente de ASECE.

La asociación está preparando una página web –www.quieroauditoriaenergetica.org–, que activará en breve a fin de que toda persona que lo desee pueda participar activamente en esta ILP llevando su firma al Congreso.

FUENTE: Energías Renovables 

Las renovables denuncian la urgencia del Gobierno para aprobar la reforma eléctrica

Las renovables denuncian la urgencia del Gobierno para aprobar la reforma eléctrica

Las cuatro asociaciones de renovables de ámbito estatal –Anpier, APPA, Protermosolar y Unef- se muestran contrarias a que las enmiendas de la oposición a la nueva Ley del Sector Eléctrico, se tramiten sin apenas tiempo para el debate. El proyecto de ley ha recibido 498 enmiendas, 57 del partido popular, que se incluyeron directamente en el texto la semana pasada, y 441 del resto de partidos, que serán debatidas hoy martes.

Las asociaciones de renovables han venido denunciando en los últimos meses la falta de diálogo y consenso del Gobierno en todo lo referente a la reforma eléctrica. En este sentido, en un comunicado conjunto lamentan que antes de aprobar la nueva Ley del Sector Eléctrico el Parlamento no haya tenido ocasión de haber escuchado a los principales representantes del sector y la premura de tiempo que habrá para debatir las enmiendas de la oposición.

En opinión de las asociaciones firmantes, “no se puede despachar sin discusión parlamentaria una ley que afecta a nuestra seguridad jurídica, a miles de inversores y al futuro de un sector estratégico para nuestro país como es el de la energía”. Asimismo, denuncian que el Gobierno haya ignorado por completo las recomendaciones sobre el proyecto de ley de la CNE, la CNC, el Consejo de Estado y de la propia Comisión Europea.

Así, las citadas asociaciones piden al presidente del Congreso que “no permita que se hurte el debate sobre la nueva ley y que, dada su trascendental importancia, pueda ser debatida artículo por artículo”.


FUENTE: El Boletín 

martes, 19 de noviembre de 2013

El Congreso aprobará hoy la reforma eléctrica pese a las críticas del PSOE por la forma de tramitarla

El Congreso aprobará hoy la reforma eléctrica pese a las críticas del PSOE por la forma de tramitarla

La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobará este martes el proyecto de ley del Sector Eléctrico, con la que el Gobierno pretende acabar con el déficit tarifario y establecer retribuciones "razonables" a cada tipo de tecnología renovable desde el 1 de enero de 2014.

Según señaló el propio ministro José Manuel Soria en su defensa de la norma contra siete enmiendas de totalidad -presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, BNG, ERC y Compromís-, es necesario "reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone para consumidores y empresas" ya que "mientras el sistema acumule deuda no podrán caer los peajes" y, con ellos, las factura de la luz.

Para lograrlo, el Gobierno ha decidido apostar por una "reducción significativa" de los costes a través de un mecanismo automático de revisión de los peajes, que evitará que la deuda acumulada del sistema procedente del déficit de tarifa pueda superar el 5% de los ingresos previstos para el año y que el déficit anual pueda superar el 2% de los ingresos.

En cualquier caso, el déficit tarifario que se pueda generar a partir del 1 de enero de 2014 será financiado por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan, a través de las devoluciones aportadas por este concepto en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes, a un tipo de interés que la Administración les reconocerá previamente.

En la factura, sólo la luz

Asimismo, se evitará que la factura asuma costes de actividades que no estén relacionadas con el suministro, se obligará a las administraciones territoriales a sufragar los costes derivados de sus normas y se impedirá imponer costes adicionales sin un incremento equivalente de los ingresos.
También, se crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw, sobre el que se podrá aplicar el descuento del bono social, aunque se mantiene también la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) "pero sólo para los consumidores vulnerables".

Con una disposición, el proyecto de ley recoge que el déficit de tarifa que pueda generarse en 2013 --entre 2.500 y 3.000 millones, según el Ministerio-- será financiado de forma puntual por las cinco grandes eléctricas, a razón de un 35% por Iberdrola, un 44,16% por Endesa, un 13,75% por Gas Natural Fenosa, un 6% por HC y un 1% por E.ON.

Seguridad jurídica para las renovables

Con respecto a los nuevos regímenes retributivos, serán de aproximadamente el 6,5% para el transporte y la distribución, y del 7,5% para las renovables, la cogeneración y los residuos. También se regula el autoconsumo, con la inclusión de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo.
No obstante, a través de las enmiendas presentadas por el PP en la Cámara Baja -y que ya fueron incluidas en el texto del proyecto en fase de Ponencia- se precisa que estas nuevas retribuciones estarán garantizadas hasta el 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de "otorgar la necesaria seguridad jurídica, predictibilidad a futuro y de homogeneizar el tratamiento retributivo de las actividades con retribución regulada".

Además, se permitirá a los ciclos combinados de gas recibir una retribución suficiente para recuperar sus costes fijos cuando no puedan hacerlo a través del precio recibido a través del mercado mayorista de electricidad, o 'pool'.
Para evitar interpretaciones que puedan generar conflictividad jurídica, otra de las enmiendas deja claro que, pese a que cada tres años se puedan revisar algunos factores de cálculo, las nuevas rentabilidades forman parte de "parámetros retributivos" que solo podrán ser modificados cada seis años.
Los 'populares' han decidido además que la interrumpibilidad de las grandes industrias puede ser un servicio de ajuste del sistema que se haga directamente en el mercado, por lo que esta partida no estaría recogida en los costes regulados de la tarifa, y se fijan limitaciones adicionales a las auditoras que deben calcular la nueva retribución a las renovables, al impedirles no sólo las relaciones contractuales con empresas reguladas, sino también con filiales de estas empresas.

Quejas de los socialistas

Así las cosas, el texto definitivo será aprobado este martes sin incorporar previsiblemente cambios sustanciales de entre las 441 planteadas por la oposición a través de enmiendas. Dado que la Comisión de Industria tiene competencia legislativa plena, la norma será remitida al Senado sin necesidad de que vuelva a ser debatida por el Pleno del Congreso.

Algo que no gusta a los socialistas, que creen que el PP está incumpliendo los reglamentos parlamentarios al no debatir la ley artículo por artículo, por lo que han pedido al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que intervenga de forma "urgente" para evitar que una normativa sectorial tan importante se ventile con apenas diez minutos por portavoz para defender centenares de propuestas.

Asimismo, el principal partido de la oposición ha solicitado la comparecencia de 18 representantes de distintos ámbitos del sector eléctrico para conocer de primera mano su posición acerca de la nueva legislación, algo que es de prever que tampoco sea aceptado una vez se ha superado ya la fase de Ponencia.


FUENTE: El Economista 

4-24 Como Funciona El Mercado Eléctrico.

 4-24 Como Funciona El Mercado Eléctrico.

 3: EL SISTEMA ELÉCTRICO BASADO EN EL MERCADO LIBERALIZADO

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico inicia el proceso de liberalización del sector eléctrico español, con el objetivo de re-definir los ámbitos de actuación de los actores implicados: Estado, comercializadoras, generadoras transportistas, distribuidoras y consumidores. Esta ley elimina explícitamente la noción de suministro eléctrico como servicio público e introduce mecanismos de libre mercado para gestionar parte de las decisiones que con el antiguo marco correspondían al Estado.

El proceso de liberalización de los mercados eléctricos se impulsa en el marco de la Unión Europea. La idea es que a partir de unos principios básicos (liberalización de precios y desregularización de las actividades de generación y consumo), cada país desarrolle su propio proceso de manera que las diferentes experiencias permitan el avance hacia mercados energéticos comunes.

En la mencionada ley se diseña un nuevo marco para cada una de las cuatro actividades que conforman el sistema eléctrico (generación, transporte, distribución y consumo), así como el ritmo al que debe ir implantándose en cada uno de ellos, de tal manera que en el año 2009 se culmine el proceso. La idea básica es diferenciar un terreno donde se mantiene la regulación estatal (las relacionadas con el mantenimiento de redes eléctricas: el transporte y la distribución) y otro cuya gestión se transfiere a mecanismos de mercado libre (generación y comercialización). Describimos cada uno de los actores:

 · Generación: Se liberaliza la instalación de capacidad. Esto implica que una determinada empresa decide, en base a sus expectativas de mercado, qué tipo de tecnología y en qué cantidad instala para generar electricidad. Asimismo, la retribución asociada a la actividad de generar deja de estar regulada y pasa a definirse por mecanismos de mercado. Pendiente realizar ajustes, el desarrollo ha sido en medida motivado por parte de incentivos desde la regulación estatal, por tanto pese a su liberalización sigue siendo una actividad con una carga importante que lastra la actividad en general.

 · Transporte y Distribución: Siguen siendo actividades reguladas. Se consolida el papel de REE como único transportista y operador del sistema. La distribución la siguen realizando las mismas empresas distribuidoras, que se desvinculan de la comercialización. Teóricamente, la misma empresa no puede realizar su actividad en un segmento liberalizado (generación, comercialización) y otro regulado (transporte, distribución) a la vez. En la práctica, las mismas empresas se encuentran en todos los segmentos mediante la creación de grandes Grupos Empresariales.

Su reparto geográfico puede verse en el siguiente plano:

 

 · Consumo: Se liberalizan los precios y se crea la figura de la Comercializadora de electricidad. Organizativamente, la adquisición de energía se lleva a cabo en dos mercados: el mercado minorista, donde los consumidores domésticos y pequeñas empresas firman un contrato libre con una de las comercializadoras que compiten en régimen de libre competencia y que les factura la electricidad consumida, y el mercado mayorista, en el que las comercializadoras y los grandes consumidores directos adquieren la electricidad a los generadores mediante mecanismos de mercado (Pool), además de abonar una tarifa que le permita el acceso a la red eléctrica, tarifa de acceso que es la componente regulada. Por tanto, las comercializadoras realizan un papel de "intermediario administrativo" entre el lado generación y el pequeño consumidor, haciendo las veces de comprador en el mercado mayorista y de vendedor en el mercado minorista.

La siguiente figura muestra el esquema del nuevo marco liberalizado.

 

Esquema de los principales actores en el mercado liberalizado.

Son los consumidores finales los que cubren los costes de todo el sistema eléctrico con el pago de sus facturas. Se obtienen dos componentes.

 · La componente regulada: Cubre los costes del sistema (transporte y distribución), así como sufragar otros incentivos aún competencia del Estado (incentivos a la disponibilidad, primas al Régimen Especial, incentivos al carbón autóctono, Costes de Transición a la Competencia, etc.). 

 · La componente de mercado: Obtenida por mecanismos de mercado entre productores y consumidores del mercado mayorista (comercializadoras y consumidores directos) en régimen de competencia.


Es importante señalar que los consumidores domésticos y pequeñas empresas pagan a la comercializadora contratada según un contrato libre que sufraga ambas componentes además del margen de beneficios de la propia comercializadora. Puesto que este margen en principio depende del contrato alcanzado, los datos no son homogéneos, el margen de beneficio habría que incluirlo en la componente de mercado. Además, en la situación actual, la mayor parte de los pequeños consumidores están acogidos a la Tarifa de Último Recurso, cuya componente de mercado se determina por otro mecanismo denominado Tarifa de Último Recurso (TUR).

Las eléctricas esperan que el Gobierno aporte 3.100 millones para evitar el déficit de tarifa

Las eléctricas esperan que el Gobierno aporte 3.100 millones para evitar el déficit de tarifa

Las compañías eléctricas confían en que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «cumpla su palabra» y contribuya con 3.100 millones de euros para evitar que se produzca un nuevo déficit de tarifa en 2013, según ha declarado el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes y publica ABC.

Esos 3.100 millones se desglosan en el crédito extraordinario de 2.200 millones aprobado ya por el Congreso y en los 900 millones de los sobrecostes extrapeninsulares que deberían asumir los Presupuestos del Estado.

Montes ha expresado su confianza en que este año no aumente el déficit de tarifa, que en estos momentos alcanza los 27.000 millones de euros, y en que «si se produjera un un desajuste inesperado, establezca un mecanismo para que no sean las eléctricas quienes lo asuman, ya que «saben que no podríamos».

El presidente de Unesa ha vuelto a insistir en que el recibo de la luz sólo debería contener los costes propios de la energía, como la generación, el transporte y la distribución, con los correspondientes impuestos. «Sin embargo, el 50% de los costes recogidos en la factura responden a políticas fiscales y energéticas, como los 12.000 millones de primas y subvenciones a las renovables».

"Habrá o no déficit de tarifa en función de dos cosas", indicó Montes a un grupo de periodistas tras participar en unas jornadas sobre la reforma energética organizada por Enerclub, antes de aludir a este crédito extraordinario de 2.200 millones y a los 900 millones de los sobrecostes extrapeninsulares que deben asumir los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ya recoge la ley tramitada en el Parlamento.

El presidente de Unesa expresó su "confianza" no solo en que el Ejecutivo articule el crédito y haya "equilibrio" en el sistema eléctrico en 2013, sino también en que, en caso de que se produjera un desajuste "inesperado" a pesar de las medidas, no sean las eléctricas las que tuviesen que financiarlo.

"El ministro (de Industria, José Manuel Soria) dijo dos cosas importantes" en el reciente desayuno informativo organizado por Europa Press. La primera es que "se cumplirá" con el objetivo de que no haya déficit en 2013 y la segunda, que en caso de que se produjese se articularía un mecanismo adicional para financiarlo, recordó Montes.

"Saben que no podemos" asumir la financiación del déficit, ya que esta circunstancia generaría una situación "muy difícil" para las eléctricas, por lo que Unesa parte de la "hipótesis de trabajo" de que no habrá déficit de tarifa y de que, de haberlo, se presentará un mecanismo para no obligarlas a cargarlo sobre sus balances, afirmó.

Sobre la reforma del mercado mayorista de electricidad, o 'pool', Montes se mostró partidario de avanzar en la liberalización, como también defiende para la tarifa, y reclamó una fórmula para resolver los problemas de los ciclos combinados de gas, que se encuentran en una situación "insostenible".

"En toda Europa se está pensando en cómo dar firmeza al sistema eléctrico" y en el caso español "hay que buscar mecanismos para que (los ciclos combinados de gas) se paguen de forma adecuada", señaló.

Montes también expresó su confianza en que algunos de los cambios normativos propuestos por Unesa se "recojan" en la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) que tramitan el Congreso y el Senado.

"Imposible invertir" en distribución

Durante su intervención en las jornadas, el presidente de Unesa señaló que el recorte en la retribución a la distribución hace que sea "absolutamente imposible invertir" en esta actividad.

Además, consideró que el Gobierno ha realizado un "trabajo impresionante" al abordar la reforma energética, y ha sido capaz de "coger el toro por los cuernos", si bien "ha perdido la oportunidad" de diseñar la ley que "demanda" el sector.


FUENTE: ABC

lunes, 18 de noviembre de 2013

EL CONSEJO DE LA CNMC DESTITUYE A LOS CUATRO DIRECTORES DE LA ANTIGUA CNE

EL CONSEJO DE LA CNMC DESTITUYE A LOS CUATRO DIRECTORES DE LA ANTIGUA CNE

El consejo de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destituyó el jueves pasado a los cuatro directores de la Comisión Nacional de Energía (CNE), uno de los organismos que se han integrado en aquel junto con la autoridad de la Competencia (CNC) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

La decisión, que no ha sido publicada aún, ha caído como un jarro de agua fría entre los antiguos miembros de los órganos reguladores, ya que no solo han sido destituidos los miembros de los consejos de los organismos desaparecidos antes de que se cumplieran sus mandatos, sino que el relevo ha llegado al personal técnico. Los sustituidos son el director de energía eléctrica, Luis Jesús Sánchez Tembleque; el director de hidrocarburos, Raúl Yunta; la directora de regulación y competencia, María Jesús Martín, y el director de mercados derivados de energía, Pablo Villaplana.

La CNMC cuenta con un consejo de administración con 10 miembros que preside José María Marín, y cuatro directores de instrucción (uno por cada área: competencia, energía, telecomunicaciones y transporte)que equivaldrían a los anteriores presidentes de los organismos extintos.
Según un portavoz de la CNMC, los cambios han sido decisión del nuevo director de instrucción de energía, Fernando Hernández, exasesor del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. “El consejo ha procedido a los cambios a petición del director de instrucción, que ha decidido nombrar al equipo que considera que desarrollará mejor la labor”.

Si bien es cierto que las direcciones citadas de la CNE desaparecen como tal, todo apuntaba a que los que ocupaban dichos cargos técnicos continuarían en las nuevas subdirecciones con que cuenta el área de energía de la CNMC. Al menos temporalmente, dada su experiencia y la escasa especialización del consejo de un organismo que supervisará multitud de sectores.

Estas subdirecciones son equivalentes a las direcciones de la CNE que ahora desaparecen: energía eléctrica; gas natural; regulación económico-financiera y precios regulados y subdirección de mercados derivados. Estos puestos pasan a ser ocupados por segundos espadas de la antigua CNE.

Como subdirector de electricidad ha sido nombrado Santiago Muñoz, un histórico de la casa que procedía de Ofico y era actualmente subdirector de liquidaciones; para la de gas ha sido designada Rocío Prieto, actual subdirectora de la dirección de hidrocarburos, que desaparece (esta y la de liquidaciones pasan al Ministerio de Industria); Esther Espeja es la nueva subdirectora de mercados derivados (cargo que ya ocupaba en el organigrama de la CNE), e Ismael Vahíllo, director de regulación. Exasesor de Fabrizio Hernández, quien fue secretario de Estado de Energía bajo el mandato de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, es el de menor experiencia de todos ellos. Según la CNMC, los nombramientos son provisionales, ya que el de los subdirectores requiere un concurso público. Así lo establece la ley de creación de la CNMC para directores y subdirectores, que deben ser designados por el consejo previa convocatoria basada “en los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

El PSOE espera una respuesta de Bruselas

El Grupo Socialista está a la espera de las preguntas que dirigió, a través del eurodiputado Antolín Sánchez Presedo, a la Comisión Europea sobre la legalidad de los nombramientos de la CNMC. Según la misiva, “a pesar de las distintas cartas remitidas por la Comisión al Gobierno español manifestando su preocupación y advirtiendo sobre la necesidad de que los nombramientos y ceses de los miembros de los consejos de los reguladores con mandato en vigor sean conformes con los requisitos que se derivan de la legislación de la UE, el Gobierno español ha procedido al cese de los miembros de los organismos reguladores y de la competencia con mandato en vigor”.

Para los socialistas, la decisión del Gobierno “atenta gravemente contra la independencia de los organismos reguladores consagrada en la legislación de la UE, supone un precedente que, si la Comisión Europea no lo remedia, puede tener consecuencias nefastas para la eficiencia y la independencia de estos organismos en España”.

En relación con todo ello, preguntan si Bruselas considera que dicha independencia se ve comprometida por el cese de los miembros de sus consejos con mandato en vigor por reestructuración o fusión; cuáles son los criterios utilizados por el servicio jurídico de la Comisión en anteriores ocasiones; si cree que el Gobierno español “ha atendido las llamadas de atención recibidas a través de varias misivas de la comisaria señora Kroes, acerca del cese de los consejeros con nombramientos en vigor”, y si considera oportuno aplicar a España medidas adoptadas con otros países como Hungría o Polonia por situaciones análogas.

FUENTE: Cinco Días 

SORIA MUESTRA EL APOYO POR LAS RENOVABLES, DONDE ESPAÑA ES "REFERENTE" E INSISTE EN QUE LAS PRIMAS ERAN INSOSTENIBLES

SORIA MUESTRA EL APOYO POR LAS RENOVABLES, DONDE ESPAÑA ES "REFERENTE" E INSISTE EN QUE LAS PRIMAS ERAN INSOSTENIBLES

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado este jueves el apoyo del Gobierno central hacia las energías renovables, donde España es "referente", pero ha insistido en que las primas "no eran sostenibles".

Durante su intervención en Sevilla en las jornadas técnicas sobre 'La energía: factor económico esencial de nuestra sociedad', organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, el ministro ha apuntado la apuesta "clara e inequívoca" por este tipo de energía.

"España hizo una apuesta muy temprana por las energías renovables, con un elevado nivel de ayudas que propició un sector muy potente que se ha convertido en referencia mundial, pero que ha creado un efecto adverso" al no equilibrarse los ingresos con los gastos, ha explicado el ministro, al tiempo que ha señalado que las primas pasan a ser sustituidas por incentivos.

Asimismo, Soria ha reconocido que la reforma del sistema eléctrico "no ha contentado a nadie". "Se podía contentar a alguna parte, pero cada planteamiento de manera individualizada no es compatible con el resto y no llegan a la equidad", ha indicado.

En este sentido, el ministro ha advertido de que "no contenta a nadie pero había que hacerla ante uno de los problemas más endemoniados en la economía española", ya que "sino habría consecuencias más graves".

Al hilo de esto, el ministro ha señalado algunas fortalezas del sistema eléctrico español, como son la diversificación de la tecnología, el alto porcentaje de producción con renovables y la calidad del suministro. No obstante, entre las debilidades, también cuenta con precios por encima de la media europea y unos costes regulados del sistema que no dejan de crecer.

Esto, según ha explicado, da como resultado en julio de 2013 "todavía un déficit de 4.500 millones de euros", que, entre otras razones, consecuencia de "errores y predicciones defectuosas hacia algunos años sobre la demanda eléctrica".

Economías emergentes

El ministro ha llamado la atención sobre la importancia del contexto y la evolución de la demanda energética de cara a la política de este rama. En este contexto, ha destacado el incremento de la demanda de hidrocarburos liderada por las economía emergentes, la producción de petróleo y gas cada vez más concentrada en las economías emergentes y el cambio geopolítico de la energía que provocará el desarrollo en Estados Unidos de las técnicas de fracturación hidráulica.

En cuanto a esta técnica -la fracturación hidráulica-, ha destacado que cada comunidad puede autorizar esta técnica, pero debe estar incluido dentro de la legislación básica del Gobierno.

Respecto a la seguridad en los suministros, el Gobierno entiende que "toda oportunidad" de disponer de recursos propios debe ser desarrollada dentro de las leyes europeas y españolas de garantía medioambiental.

Sobre el mix de energía, Soria ha señalado su equilibrio, que "debe seguir así", con una parte sustancial de energía nuclear. "Se trata de una cuestión de sentido común y si el Consejo de Seguridad Nuclear determina la seguridad de un reactor, "la realidad debe estar orientada a mantener la producción de energía nuclear".

Por último, ha considerado que en España quedan desequilibrios muy graves y serios, pero que 2014 será el año de la recuperación y de la generación de empleo.

"España tiene que ponerse las pilas"

Por su parte, el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha llamado la atención sobre el bajo peso de la industria andaluza en el PIB regional, que ha ligado con la alta tasa de desempleo en Andalucía.

Ha instado a España a "ponerse las pilas" para asegurar la industria que ya hay y conseguir que lleguen nuevas inversiones. Así han reclamado un marco laboral y un marco favorable para seguir desarrollándose. "La gran industria ha hecho los deberes" y cuando piden ayuda "no piden subvenciones sino marcos favorables para desarrollarse".

En este sentido, ha reprochado "el torbellino" de cambios en lasa reglas de juego, algo que no ayuda a atraer inversiones. Aún así ha considerado "valiente" la reforma del sistema eléctrico, que intenta casar todas las piezas de un puzzle "muy difícil" y que, aunque no gusta a nadie, necesita "apoyo".


FUENTE: Europapress

sábado, 16 de noviembre de 2013

LA AUDIENCIA CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE QUE LAS ELÉCTRICAS FINANCIEN EL AHORRO Y LA EFICIENCIA

LA AUDIENCIA CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE QUE LAS ELÉCTRICAS FINANCIEN EL AHORRO Y LA EFICIENCIA

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado dos autos en los que promueve sendas cuestiones de inconstitucionalidad acerca de la obligatoriedad de que sean las empresas del régimen ordinario, entre ellas las principales eléctricas, las que tengan que financiar los planes de ahorro y eficiencia energética.

En concreto, la Audiencia cree que podría resultar "discriminatorio y arbitrario" que estas empresas y no el conjunto de los productores de electricidad, incluidos los del régimen especial (renovables y cogeneración), sean las que tengan que financiar estos planes durante los años 2011, 2012 y 2013.

En el auto en el que plantea esta cuestión, la Audiencia cifra en 670 millones los importes que las eléctricas tradicionales deben dedicar a los planes de ahorro y eficiencia, a razón de 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.

La norma en la que figura este aspecto sometido a controversia es el real decreto ley 14/2010, aprobado en diciembre de 2010 por el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián. Este real decreto fijaba además una senda de recorte del déficit de tarifa y una limitación a las horas con derecho a prima de las renovables.

En lo referido al ahorro y a la eficiencia, la norma obliga a financiar estos planes a un número limitado de empresas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC, E.ON, AES Cartagena, Bizkaia Energía, Castelnou Energía, Nueva Generación del Sur, Bahia de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power.

Estas empresas, señala el real decreto ley 14/2010, deben hacerse cargo de la ejecución de las medidas del plan de acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España para el periodo 2004-2012 (E4).

Un plan plurisectorial con cargo a la tarifa

El origen de la disputa acerca de la financiación de estos planes se remonta a 2003, cuando el Gobierno aprobó, en aplicación de una directiva comunitaria, el plan de 'Estrategia de ahorro y Eficiencia energética en España 2004-2012', referido a diversos sectores, que van desde la industria al transporte, pasando por los edificios, equipamiento de los domicilios y ofimática, agricultura, sector público y, además, sector eléctrico.

Dos años después, en 2005, el Gobierno lanzó el 'Plan de acción 2005-2007' de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012', financiado con cargo a la tarifa eléctrica, que sufragan a su vez los consumidores de luz.

Esta decisión de cargar a la tarifa un plan plurisectorial fue anulada en 2007 por el Tribunal Supremo, que recordó que en ningún momento la Ley del Sector Eléctrico contempla este tipo de actuaciones entre los diferentes conceptos de la tarifa.

Para resolver la forma de financiación de estos planes, el anterior Gobierno adoptó la medida ahora cuestionada por la Audiencia, consistente en trasladar el coste a las empresas del régimen ordinario de producción de electricidad.


FUENTE: El Economista 

jueves, 14 de noviembre de 2013

INDUSTRIA CONTEMPLA 350 'CASOS ESTÁNDAR' PARA LA RETRIBUCIÓN A INSTALACIONES SOLARES

INDUSTRIA CONTEMPLA 350 'CASOS ESTÁNDAR' PARA LA RETRIBUCIÓN A INSTALACIONES SOLARES

El tándem Soria-Nadal trabaja contra reloj para definir los pagos futuros a las energías renovables una vez finiquitado el sistema de primas. Y en el caso de la fotovoltaica ha topado con un descomunal abanico de escenarios. Al punto que, según aseguran fuentes del sector, Industria contempla más de 350 ‘casos estándar’ a los que aplicar la rentabilidad razonable del 7,5% que establece su reforma eléctrica. El Ministerio tiene que definir en apenas semanas el número de escenarios tipo en que se englobarán los 55.000 inversores que apostaron en su día por esta tecnología, cuya nueva retribución se regirá por el modelo al que queden vinculados.

El Gobierno planteaba antes de verano una reforma interruptus. No en vano, el departamento de José Manuel Soria reconocía a las energías limpias la citada rentabilidad del 7,5%, pero dejaba para una posterior orden ministerial la definición de los costes sobre los que aplicar ese rédito. El temor de los afectados es que los patrones que se establezcan estén alejados de las inversiones que realmente efectuaron, una inquietud lógica si se tiene en cuenta que Industria necesita detraer 1.300 millones a las renovables para cuadrar sus números. Evidentemente, las estimaciones del Ministerio no irán a al alza.

Sin contar con que se habla del 7,5% para toda la vida útil de la instalación y, si los parámetros que contemplan se despegan de la realidad, puede haber plantas que lleven ya años en funcionamiento y se hayan comido toda esa tasa de retorno. “Están trabajando en 350 posibles casos estándar. A simple vista parecen muchos, pero la realidad es que cada uno de los 55.000 proyectos tiene sus propias particularidades. Lo que sí va a provocar este modelo respecto al anterior sistema de primas es un notable aumento de la burocratización”, aseguran estas fuentes. La mayoría de las instalaciones fotovoltaicas se financiaron con fórmulas de project finance, con apalancamientos entre el 80% y el 90%.

“Cada caso es único –remachan fuentes del sector fotovoltaico–. No costó igual el mismo panel puesto el mismo día en Asturias o en Murcia, un panel alemán estaba diseñado para durar más que uno chino, hay peculiaridades por zonas geográficas, por la propiedad del suelo, en función de si el inversor ha tenido o no que refinanciar por las medidas tomadas hasta ahora… Es más, sin el aval del Estado quienes han refinanciado lo han hecho con un coste elevado. Dicho esto, produce cierta tranquilidad que se esté manejando un número elevado de casuísticas. Al menos se amplían las posibilidades de encajar mejor los diferentes proyectos”.

El tiempo se agota

Todo con el tiempo a punto de expirar. Según el timing marcado en su momento por el Ministerio de Industria, las consultoras encargadas de elaborar un informe sobre la retribución del régimen especial –véase Boston Consulting Group y Roland Berger– debían entregar el documento hacia el 15 de noviembre. El propio ministro de Industria aseguró esta misma semana que es el único trámite que queda pendiente para alumbrar los detalles de la reforma, que “va estar en vigor el 1 de enero de 2014”, según certificó. De hecho, el compromiso de Industria es que la orden ministerial esté lista para mediados de diciembre.

La clave del nuevo marco legal está en el artículo 38 del real decreto que regula la producción de las renovables. “Por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, se aprobarán para cada instalación tipo los parámetros retributivos necesarios para la aplicación del régimen retributivo específico”, expone la norma. En este sentido, añade que se tendrán en cuenta la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación, entre otros criterios. La referida orden ministerial, que delimitará estas magnitudes, será la que contenga la clave del recorte.

No es el único margen de maniobra que se ha concedido Soria. Otro de los comodines que incluye el documento es que Industria determinará los parámetros de cálculo para una empresa “eficiente y bien gestionada”. Según lamentaban fuentes del sector renovable tras conocer la reforma, el planteamiento concede al Ministerio un enorme nivel de discrecionalidad. “Siempre podrán argumentar a quien no cumpla esos estándares que no ha hecho las cosas bien”, subrayaban. Como telón de fondo, otras reformas pendientes –inicialmente para después del verano– como la del pool o la del gas. Trabajo por delante para el político canario.


FUENTE: El Confidencial

OCHO MULTINACIONALES EUROPEAS RENOVABLES RECLAMAN A LA UE UNA REGULACIÓN “INDEPENDIENTE, ESTABLE Y PREDECIBLE”

OCHO MULTINACIONALES EUROPEAS RENOVABLES RECLAMAN A LA UE UNA REGULACIÓN “INDEPENDIENTE, ESTABLE Y PREDECIBLE”

Ocho compañías europeas hicieron hoy un llamamiento para el establecimiento de un marco regulatorio “firme” en Energía y Cambio Climático en el seno de la UE para 2030 que incluya un “ambicioso objetivo de obligado cumplimiento de más del 30% de energía renovable en el mix de energía”.

El comunicado conjunto lo firma las españolas Acciona, Gamesa y Alstom, las danesas Dong Energy y Vestas, la alemana EnBW, la italiana ERG y la británica Res,

En conjunto, estas empresas aseguran que representan 176.000 empleos y más de 250.000 millones de euros de facturación y proporcionan tecnologías europeas de generación limpia, equipamiento y energía en más de 70 países.
Sostienen que el sector energético implica inversiones a largo plazo y las decisiones a adoptar en los mercados energéticos liberalizados europeos requieren toda la estabilidad regulatoria posible.

Por ello, reclaman un “marco regulatorio independiente, estable y predecible para 2030, con ambiciosos objetivos obligatorios en renovables, junto con objetivos también vinculantes en reducción de emisiones y un precio fuerte del CO2, son claves para minimizar los costes”.

Para estas empresas, éstos deben ser unos objetivos “coordinados y que se refuercen mutuamente” porque “minimizarán de manera significativa la incertidumbre, reduciendo el riesgo de la inversión, y disminuirán los costes de capital y, por consiguiente, el nivel de apoyo financiero adicional que requieren los proyectos renovables”.

A su juicio, un desarrollo sostenido de las energías renovables incrementará la seguridad del suministro energético en la UE.
Para ellas, el establecimiento de un objetivo vinculante de desarrollo renovable minimizará la exposición de la UE a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.

Para estas compañías, establecer un objetivo vinculante de desarrollo renovable para 2030 permitirá también continuar con la reducción en los costes de generación de las tecnologías renovables, gracias al incremento de la industrialización y la explotación de economías de escala, tal y como han venido demostrando las tecnologías renovables más maduras durante la última década. Asimismo, sostienen que un objetivo renovable para 2030 permitiría tanto a la industria como a los hogares europeos recoger los beneficios de la Política Energética europea y de su apuesta por fuentes de energía limpias y autóctonas.

En el comunicado conjunto, entre las que están las españolas Acciona, Alstom y Gamesa, se afirma que a partir de 2020 varias tecnologías renovables serán capaces, de forma gradual, de poder competir sin necesidad de depender de retribuciones adicionales a las propiamente recibidas por su participación en un mercado realmente justo y que funcione correctamente.

Por ello, recalcan que las primas que actualmente reciben las tecnologías convencionales deberán ser “eliminadas”, y los mecanismos de fijación de precios deberán estar basados únicamente en la dinámica del mercado.
Para ellas, este cambio no será posible sin un “verdadero mercado único europeo energético, que debe completarse”. Todos los esfuerzos se deben centrar en la finalización de las conexiones transfronterizas esenciales y el desarrollo de mecanismos de intercambio internacional de energía, asegurando al tiempo la viabilidad de otros elementos del sistema energético.

FUENTE: Servimedia