El Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) recurrirá a los mecanismos necesarios que estén a su alcance para cumplir su objetivo de colocar en los mercados de deuda las emisiones aún pendientes de déficit tarifario. Es por ello que sus responsables no descartan valerse no solo de las colocaciones privadas y públicas que ya se han ido realizando desde la constitución del fondo, sino también de otras fórmulas, como las sindicaciones bancarias.
Esta consideración aparece recogida en una respuesta remitida por el Gobierno a una pregunta del diputado de CiU Josep Sánchez. De hecho, en la respuesta aportada, el Ejecutivo ratifica el compromiso del FADE con la titulización en el plazo de un año de los últimos derechos de cobro de deuda eléctrica transferidos por las compañías.
Cabe apuntar que hoy por hoy, el FADE se encuentra "monitorizando los mercados" con el objetivo de "aprovechar las ventanas de emisión que surjan", explica el Gobierno en su respuesta. En todo caso, desde el equipo de Mariano Rajoy reconocen que el momento actual no resulta "el más favorable" para las emisiones y que esta circunstancia está "ralentizando su colocación". "La velocidad de colocación de este tipo de producto titulizado depende fuertemente del interés puntual de los mercados financieros en los mismos", aclara.
Además, el Ejecutivo también recuerda que a principios de este año quedaban pendientes de titulización aproximadamente 10.000 millones de euros en concepto de derechos de cobro propiedad de las empresas eléctricas. Ya en los dos primeros meses de 2012 se aprovechó la fuerte demanda registrada para este tipo de productos por parte de inversores institucionales y el FADE adquirió derechos de cobro del déficit tarifario mediante la emisión de bonos en mercados de capitales por un importe nominal aproximado de 3.210 millones de euros.
Tras estas operaciones, aún quedan por titulizar 2.500 millones correspondientes a la ampliación de derechos de cobro del déficit de 2010, así como 3.000 millones de 2011 y los 1.500 millones del presente ejercicio.
Con la ley en la mano, tras la cesión por parte de las eléctricas de estos cerca de 7.000 millones pendientes de titulizar, el FADE dispone de un año para su colocación en los mercados, siempre que "no se produzcan supuestos excepcionales en los mercados".
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Francisco Albertus Venegas (Ingeniero Técnico Industrial). Noticias y datos de interés del sector eléctrico.
jueves, 29 de noviembre de 2012
miércoles, 28 de noviembre de 2012
EL 21 DE DICIEMBRE TENDRÁ LUGAR LA 21ª SUBASTA CESUR EN UN CONTEXTO DE PRECIOS DE LA ENERGÍA TENDENTES AL ALZA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió ayer la Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen las características de la vigésimo primera subasta Cesur entre comercializadoras de último recurso, que servirá para fijar el coste de la energía para la revisión de la tarifa eléctrica de enero, en un contexto de previsibles subidas de los precios.
Según los expertos, es de esperar que se registre un repunte de los precios de la electricidad por la entrada en vigor, coincidiendo con la entrada del nuevo año, de la nueva fiscalidad eléctrica, que incluye un impuesto del 6% a la generación de electricidad –independientemente de la tecnología-. El impacto que este impuesto tendrá podrá ser trasladado en algunos casos al consumidor final; en concreto, lo podrán hacer efectivo las empresas verticalmente integradas, esto es, las que producen electricidad y la venden al usuario. Sin embargo, otras como las empresas especializadas en la producción de energía renovable no lo podrán repercutir a los usuarios.
En un informe reciente, la Comisión Nacional de Energía ya constató que la aprobación por parte del Gobierno de la nueva fiscalidad eléctrica provocó en un primer momento una subida de los precios en los mercados a plazo del 3,6%.
Cabe apuntar que las cinco comercializadoras con capacidad para suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR), son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON. Todas ellas participarán en la subasta del próximo 21 de diciembre con objeto de adquirir 6.063 MW de carga base y 345 MW de punta para cada una de las horas del primer trimestre de 2013, según consta en una resolución publicada este martes en el BOE por el Minetur.
El precio resultante de la convocatoria Cesur tendrá un peso cercano al 50% en la revisión de la TUR en enero. La otra mitad de la tarifa eléctrica corresponde a la parte regulada por el Gobierno, compuesta por los peajes eléctricos, también llamados peajes de acceso.
En la última revisión trimestral de la tarifa del pasado octubre, la bajada de precios en la subasta eléctrica y la decisión del Gobierno de no revisar los peajes provocó un descenso de la TUR del 2%.
Esta disminución contrasta con la subida de la tarifa del 3,9% habida en julio de este año y con otra del 7% registrada en los últimos meses del año en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó la refacturación en la tarifa eléctrica de los consumidores, desde agosto y hasta diciembre de 2012, de las subidas registradas en las revisiones de la TUR de octubre de 2011 y enero de 2012 que el Gobierno del PSOE, en el primer caso, y del PP, en el segundo, optaron por no aplicar mediante la congelación de los peajes de acceso.
Aparte de las mencionadas subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%.
Según los expertos, es de esperar que se registre un repunte de los precios de la electricidad por la entrada en vigor, coincidiendo con la entrada del nuevo año, de la nueva fiscalidad eléctrica, que incluye un impuesto del 6% a la generación de electricidad –independientemente de la tecnología-. El impacto que este impuesto tendrá podrá ser trasladado en algunos casos al consumidor final; en concreto, lo podrán hacer efectivo las empresas verticalmente integradas, esto es, las que producen electricidad y la venden al usuario. Sin embargo, otras como las empresas especializadas en la producción de energía renovable no lo podrán repercutir a los usuarios.
En un informe reciente, la Comisión Nacional de Energía ya constató que la aprobación por parte del Gobierno de la nueva fiscalidad eléctrica provocó en un primer momento una subida de los precios en los mercados a plazo del 3,6%.
Cabe apuntar que las cinco comercializadoras con capacidad para suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR), son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON. Todas ellas participarán en la subasta del próximo 21 de diciembre con objeto de adquirir 6.063 MW de carga base y 345 MW de punta para cada una de las horas del primer trimestre de 2013, según consta en una resolución publicada este martes en el BOE por el Minetur.
El precio resultante de la convocatoria Cesur tendrá un peso cercano al 50% en la revisión de la TUR en enero. La otra mitad de la tarifa eléctrica corresponde a la parte regulada por el Gobierno, compuesta por los peajes eléctricos, también llamados peajes de acceso.
En la última revisión trimestral de la tarifa del pasado octubre, la bajada de precios en la subasta eléctrica y la decisión del Gobierno de no revisar los peajes provocó un descenso de la TUR del 2%.
Esta disminución contrasta con la subida de la tarifa del 3,9% habida en julio de este año y con otra del 7% registrada en los últimos meses del año en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó la refacturación en la tarifa eléctrica de los consumidores, desde agosto y hasta diciembre de 2012, de las subidas registradas en las revisiones de la TUR de octubre de 2011 y enero de 2012 que el Gobierno del PSOE, en el primer caso, y del PP, en el segundo, optaron por no aplicar mediante la congelación de los peajes de acceso.
Aparte de las mencionadas subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%.
SORIA RATIFICA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ELIMINAR EL DÉFICIT TARIFARIO EN 2013
A pesar de las numerosas voces escépticas con el objetivo que se ha planteado el Gobierno de Mariano Rajoy de eliminar el déficit tarifario el año que viene gracias a las medidas adoptadas durante su mandato en materia energética, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer que las decisiones tomadas por el Ejecutivo sí que permitirán cumplir con dicho propósito. De hecho, ratificó el mensaje ya lanzado en ocasiones anteriores y aseveró que en 2012 no se superará el límite establecido por ley para la deuda tarifaria este año, que asciende a 1.500 millones de euros, y, según sus palabras, también se conseguirá hacer desaparecer la deuda ex ante en 2013, es decir, este concepto será igual a cero el año próximo.
No obstante, el ministro resaltó que "no sabremos hasta bien entrado 2013 si ha habido o no ha habido alguna desviación sobre esos 1.500 millones durante el año 2012", antes de precisar que "en todo caso" su departamento tiene "el objetivo de que en 2013 sea cero en cuanto al déficit", dijo en declaraciones a los periodistas tras clausurar la Asamblea General de las Cámaras de Comercio.
"La corrección del déficit de tarifa es condición necesaria para poder reformar en profundidad el sistema eléctrico en España", matizó Soria, y recordó que su ministerio trabaja "en paralelo" en "un conjunto de medidas de reforma del sector con el objetivo de que el precio que pagan los consumidores, las empresas y la industria refleje los costes de producción, transporte y distribución, pero que en la medida de lo posible no reflejen otros tipos de costes".
Pese a este empeño, Industria está "ahora en la tarea" de acabar con la deuda de tarifa, hasta el punto de que "su corrección es la condición necesaria para poder acometer las reformas en profundidad del sistema eléctrico en España", añadió.
Los últimos datos actualizados por la Comisión Nacional de Energía sobre el déficit tarifario acumulado en los nueve primeros meses del año arroja una cifra de 3.912 millones de euros, lo que supone sobrepasar por más del doble el límite legal de 1.500 millones previsto para el conjunto de 2012.
Mientras, los departamentos de Regulación de las eléctricas manejan cifras para este concepto superiores a los 5.000 millones de euros para 2012, lo que supone multiplicar por 3,3 veces el tope legal.
Con los impuestos recogidos en el Proyecto de Ley para la Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite en el Senado, el Gobierno prevé recaudar alrededor de 2.900 millones de euros en 2013, que servirán para taponar el déficit y "cumplir el objetivo de los 1.500 millones para 2012".
Cabe apuntar que la deuda tarifaria se genera desde el año 2000 porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes de generación, entre los que se cuentan los costes de transporte y distribución, así como las ayudas al carbón, la moratoria nuclear y las primas al régimen especial -en las que se incluyen la cogeneración y renovables-. Al cierre de 2011, el déficit de tarifa acumulaba ya más de 24.000 millones de euros.
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www.europapress.es
No obstante, el ministro resaltó que "no sabremos hasta bien entrado 2013 si ha habido o no ha habido alguna desviación sobre esos 1.500 millones durante el año 2012", antes de precisar que "en todo caso" su departamento tiene "el objetivo de que en 2013 sea cero en cuanto al déficit", dijo en declaraciones a los periodistas tras clausurar la Asamblea General de las Cámaras de Comercio.
"La corrección del déficit de tarifa es condición necesaria para poder reformar en profundidad el sistema eléctrico en España", matizó Soria, y recordó que su ministerio trabaja "en paralelo" en "un conjunto de medidas de reforma del sector con el objetivo de que el precio que pagan los consumidores, las empresas y la industria refleje los costes de producción, transporte y distribución, pero que en la medida de lo posible no reflejen otros tipos de costes".
Pese a este empeño, Industria está "ahora en la tarea" de acabar con la deuda de tarifa, hasta el punto de que "su corrección es la condición necesaria para poder acometer las reformas en profundidad del sistema eléctrico en España", añadió.
Los últimos datos actualizados por la Comisión Nacional de Energía sobre el déficit tarifario acumulado en los nueve primeros meses del año arroja una cifra de 3.912 millones de euros, lo que supone sobrepasar por más del doble el límite legal de 1.500 millones previsto para el conjunto de 2012.
Mientras, los departamentos de Regulación de las eléctricas manejan cifras para este concepto superiores a los 5.000 millones de euros para 2012, lo que supone multiplicar por 3,3 veces el tope legal.
Con los impuestos recogidos en el Proyecto de Ley para la Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite en el Senado, el Gobierno prevé recaudar alrededor de 2.900 millones de euros en 2013, que servirán para taponar el déficit y "cumplir el objetivo de los 1.500 millones para 2012".
Cabe apuntar que la deuda tarifaria se genera desde el año 2000 porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes de generación, entre los que se cuentan los costes de transporte y distribución, así como las ayudas al carbón, la moratoria nuclear y las primas al régimen especial -en las que se incluyen la cogeneración y renovables-. Al cierre de 2011, el déficit de tarifa acumulaba ya más de 24.000 millones de euros.
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lunes, 26 de noviembre de 2012
CNE: EL 35% DEL COSTE DE LA RESERVA DE POTENCIA DEBERÍA SER ASUMIDO POR LAS RENOVABLES Y EL 65% POR LOS CONSUMIDORES
El Consejo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha aprobado un informe requerido por la Secretaría de Estado de Energía sobre la modificación del Procedimiento de Operación que regula la liquidación de los servicios de ajuste del sistema que incluye el nuevo servicio de reserva de potencia adicional. Este servicio, que comenzó a funcionar en mayo de este año, tiene su razón de ser en la necesidad de contar con una potencia de reserva para las renovables no gestionables y para la demanda (“back up”), explica la información publicada en la página web del regulador. Así, las tecnologías térmicas reciben un sobreprecio por producir electricidad cuando las solares o eólicas no pueden hacerlo.
Cabe mencionar que algunas renovables como la eólica y la fotovoltaica son más complejas de gestionar en el sistema eléctrico que otro tipo de tecnologías, ya que su evolución depende de las condiciones meteorológicas del día y es más difícil programar su aportación exacta con antelación. De esta manera, si las centrales renovables producen menos de lo que estaba previsto, el hueco será cubierto por las térmicas inscritas en el fondo de reserva.
Desde el regulador energético nacional explican que en la propuesta de la Secretaría de Estado, la imputación del coste del nuevo servicio se asigna en un 98% a la demanda [a los consumidores] y el 2% restante a los desvíos de la generación. "Si se tiene en cuenta el principio regulatorio de asignación de los costes a los agentes que los provocan, la CNE entiende que el reparto de este coste debería ser asignado en función de los requerimientos reales de reserva a subir (un 65% a la demanda y un 35% a la generación, según datos de 2010 mientras no haya información actualizada)", continúa el texto del comunicado.
No obstante, como el reparto propuesto no lo conocerían los agentes hasta la aprobación del procedimiento, se propone que este no tenga carácter retroactivo y mantengan las liquidaciones pasadas hasta su aprobación.
Por otra parte, los expertos de la entidad presidida por Alberto Lafuente han aprobado un Informe en respuesta a una solicitud de información del Defensor del Pueblo sobre las dificultades para contratar el suministro de electricidad con comercializadores libres.
En relación con la consulta realizada por el Defensor del Pueblo, cabe indicar que sigue pendiente la adaptación de la regulación relativa al suministro de electricidad al nuevo entorno de mercado libre y el suministro de último recurso. No obstante, "durante este tiempo se ha realizado la transposición a la normativa española de la Directiva 2009/72/CE en materia de suministro al consumidor. En este sentido, se han recogido las disposiciones incluidas en materia de protección al consumidor y se han reforzado las funciones de la CNE en materia de supervisión del mercado minorista", detalla el texto.
Además, en el informe se indica que la CNE ha realizado varias propuestas regulatorias derivadas de su función de supervisión y ha llevado a cabo varias actuaciones con el fin de reforzar la información al consumidor, como el desarrollo del comparador de ofertas de gas y electricidad o una propuesta de modelo de factura de electricidad.
www.cne.es
Cabe mencionar que algunas renovables como la eólica y la fotovoltaica son más complejas de gestionar en el sistema eléctrico que otro tipo de tecnologías, ya que su evolución depende de las condiciones meteorológicas del día y es más difícil programar su aportación exacta con antelación. De esta manera, si las centrales renovables producen menos de lo que estaba previsto, el hueco será cubierto por las térmicas inscritas en el fondo de reserva.
Desde el regulador energético nacional explican que en la propuesta de la Secretaría de Estado, la imputación del coste del nuevo servicio se asigna en un 98% a la demanda [a los consumidores] y el 2% restante a los desvíos de la generación. "Si se tiene en cuenta el principio regulatorio de asignación de los costes a los agentes que los provocan, la CNE entiende que el reparto de este coste debería ser asignado en función de los requerimientos reales de reserva a subir (un 65% a la demanda y un 35% a la generación, según datos de 2010 mientras no haya información actualizada)", continúa el texto del comunicado.
No obstante, como el reparto propuesto no lo conocerían los agentes hasta la aprobación del procedimiento, se propone que este no tenga carácter retroactivo y mantengan las liquidaciones pasadas hasta su aprobación.
Por otra parte, los expertos de la entidad presidida por Alberto Lafuente han aprobado un Informe en respuesta a una solicitud de información del Defensor del Pueblo sobre las dificultades para contratar el suministro de electricidad con comercializadores libres.
En relación con la consulta realizada por el Defensor del Pueblo, cabe indicar que sigue pendiente la adaptación de la regulación relativa al suministro de electricidad al nuevo entorno de mercado libre y el suministro de último recurso. No obstante, "durante este tiempo se ha realizado la transposición a la normativa española de la Directiva 2009/72/CE en materia de suministro al consumidor. En este sentido, se han recogido las disposiciones incluidas en materia de protección al consumidor y se han reforzado las funciones de la CNE en materia de supervisión del mercado minorista", detalla el texto.
Además, en el informe se indica que la CNE ha realizado varias propuestas regulatorias derivadas de su función de supervisión y ha llevado a cabo varias actuaciones con el fin de reforzar la información al consumidor, como el desarrollo del comparador de ofertas de gas y electricidad o una propuesta de modelo de factura de electricidad.
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20 Y 30 AÑOS PARA SALDAR EL DÉFICIT TARIFARIO, CALCULA MARTÍ SCHARFHAUSEN
En su comparecencia en el Senado en la Comisión que analiza los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, Fernando Martí Scharfhausen, secretario de Estado de Energía, aseguró que los consumidores, "sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica durante "20 o 30" años, y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el déficit de tarifa y evitar una "quiebra". Actualmente, la deuda ex ante acumulada desde el año 2000 supera los 24.000 millones de euros y la evolución que sigue hace pensar que podría sobrepasar los 30.000 millones a finales de 2013.
"¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años", preguntó y respondió a continuación Martí Scharfhausen a finales de la semana pasada ante los senadores congregados en la cámara alta.
En su intervención, el responsable gubernamental atribuyó el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y consideró que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más".
"Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría" si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló.
Martí defendió que una vez resuelto el déficit tarifario, su departamento empezará a "ir ordenando" el sistema de forma progresiva para introducir los cambios sin dañar a las empresas del sector. Así, concluyó que el sistema eléctrico se encuentra "en un momento difícil pero superable".
No habrá nuevas subidas de la tarifa eléctrica en 2013
Durante sus minutos ante la Comisión del Senado que está evaluando los PGE, Martí Scharfhausen también avanzó que el Gobierno no prevé incrementar los peajes de acceso en 2013. Estos son la parte regulada de la tarifa eléctrica en la que el Ejecutivo puede intervenir, pero tal y como apuntó, el Ejecutivo se ratifica en su compromiso de no subir los peajes el próximo año.
Cabe apuntar que tanto el Gobierno actual como el anterior ya decidieron en otras ocasiones mantener congelada la parte regulada de la tarifa eléctrica, dejando que el único factor que determinara la evolución de la tarifa que pagan los clientes fuera el resultado de las subastas entre comercializadoras de último recurso: las conocidas subastas Cesur.
Por su parte, las eléctricas han demandado en varias ocasiones al Ejecutivo precisamente por haber tomado esta decisión, al considerar que no garantiza que el sistema cubra costes. Y, de hecho, han ganado su batalla, ya que el Tribunal Supremo ha dado la razón a las compañías y, actualmente, los clientes están pagando de forma retroactiva anteriores congelaciones de los peajes en sus respectivas facturas de la electricidad.
Conviene recordar que el precio de la electricidad está compuesto por dos partes que tienen un peso más o menos del 50%: los peajes eléctricos (que fija directamente el Ministerio de Industria) y otro componente variable que se determina a través de una subasta Cesur, convocada con carácter trimestral. La última puja se saldó con una caída de los precios del 4,6% y, como la cartera que dirige José Manuel Soria decidió congelar los peajes, el precio de la electricidad que se aplica desde el 1 de octubre y hasta el final de año se rebajó un 2,29%.
Sin embargo, los usuarios eléctricos no han notado esta bajada, ya que ha coincidido con el incremento del IVA del 18 al 21% desde septiembre, así como con el inicio de la refacturación, por parte de las eléctricas, desde agosto y hasta diciembre, del pago de las subidas de la electricidad correspondientes al último trimestre de 2011 y al primero de 2012 que el Gobierno pospuso con la congelación de los peajes. La subida por este concepto es del 7%.
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"¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años", preguntó y respondió a continuación Martí Scharfhausen a finales de la semana pasada ante los senadores congregados en la cámara alta.
En su intervención, el responsable gubernamental atribuyó el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y consideró que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más".
"Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría" si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló.
Martí defendió que una vez resuelto el déficit tarifario, su departamento empezará a "ir ordenando" el sistema de forma progresiva para introducir los cambios sin dañar a las empresas del sector. Así, concluyó que el sistema eléctrico se encuentra "en un momento difícil pero superable".
No habrá nuevas subidas de la tarifa eléctrica en 2013
Durante sus minutos ante la Comisión del Senado que está evaluando los PGE, Martí Scharfhausen también avanzó que el Gobierno no prevé incrementar los peajes de acceso en 2013. Estos son la parte regulada de la tarifa eléctrica en la que el Ejecutivo puede intervenir, pero tal y como apuntó, el Ejecutivo se ratifica en su compromiso de no subir los peajes el próximo año.
Cabe apuntar que tanto el Gobierno actual como el anterior ya decidieron en otras ocasiones mantener congelada la parte regulada de la tarifa eléctrica, dejando que el único factor que determinara la evolución de la tarifa que pagan los clientes fuera el resultado de las subastas entre comercializadoras de último recurso: las conocidas subastas Cesur.
Por su parte, las eléctricas han demandado en varias ocasiones al Ejecutivo precisamente por haber tomado esta decisión, al considerar que no garantiza que el sistema cubra costes. Y, de hecho, han ganado su batalla, ya que el Tribunal Supremo ha dado la razón a las compañías y, actualmente, los clientes están pagando de forma retroactiva anteriores congelaciones de los peajes en sus respectivas facturas de la electricidad.
Conviene recordar que el precio de la electricidad está compuesto por dos partes que tienen un peso más o menos del 50%: los peajes eléctricos (que fija directamente el Ministerio de Industria) y otro componente variable que se determina a través de una subasta Cesur, convocada con carácter trimestral. La última puja se saldó con una caída de los precios del 4,6% y, como la cartera que dirige José Manuel Soria decidió congelar los peajes, el precio de la electricidad que se aplica desde el 1 de octubre y hasta el final de año se rebajó un 2,29%.
Sin embargo, los usuarios eléctricos no han notado esta bajada, ya que ha coincidido con el incremento del IVA del 18 al 21% desde septiembre, así como con el inicio de la refacturación, por parte de las eléctricas, desde agosto y hasta diciembre, del pago de las subidas de la electricidad correspondientes al último trimestre de 2011 y al primero de 2012 que el Gobierno pospuso con la congelación de los peajes. La subida por este concepto es del 7%.
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domingo, 25 de noviembre de 2012
"LIBERALIZAR LOS PRECIOS ELÉCTRICOS CUANDO NO HAY SUFICIENTE COMPETENCIA EFECTIVA ES UN ERROR"
"En un mercado, los precios tienen que estar liberalizados", y para ello, tienen que darse "ciertas condiciones", entre las que se cuenta "la competencia", aseguró ayer Alberto Lafuente, presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), durante la presentación del "World Energy Outlook 2012" de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub) en Madrid.
Asimismo, apuntó que todos los datos indican que los cambios de empresa suministradora en España todavía "son muy limitados". Así, "liberalizar los precios cuando no existe una suficiente competencia efectiva yo creo que es un error", subrayó el máximo responsable del regulador energético nacional.
Cabe apuntar que desde el Ministerio de Industria, han expresado su intención de bajar el límite de potencia para acceder a la tarifa regulada, lo que obligaría a muchos consumidores minoristas a trasladarse al mercado libre.
En ese sentido, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, también se manifestó ayer a favor de una mayor liberalización. De hecho, reclamó la desaparición de las tarifas reguladas porque, en su opinión, introducen incertidumbre, no protegen al consumidor y pueden incluso resultar discriminatorias.
El ejecutivo de la filial española del gigante de la energía alemán expresó que la liberalización de los mercados energéticos es un "paso imprescindible" que permitiría a los consumidores beneficiarse de unos "precios más ajustados".
Por otra parte, el presidente de la CNE aprovechó la atención de los representantes de los medios de comunicación que acudieron a la presentación del informe de la AIE para incidir en otro asunto que le preocupa. Así, aseveró que "es preciso limitar las subvenciones" a las renovables para que los mercados "funcionen adecuadamente". Respecto a este asunto, subrayó que gracias a las subvenciones públicas, España está a la vanguardia en el mercado de renovables, energías que gozan de "gran penetración" en el país, y, por ello, hay que reconsiderar las políticas para prestar mayor atención a la madurez de las diferentes tecnologías.
Según expresó, es "necesaria" la creación de "mecanismos competitivos para la asignación de nuevas capacidades para determinadas tecnologías". "Estoy de acuerdo con que es preciso limitar las subvenciones si queremos que los mercados globales funcionen adecuadamente", ya que "la competencia en general está reñida con las subvenciones públicas", indicó.
"La limitación de las mismas es una condición 'sine qua non' para la penetración ordenada de las renovables" y el funcionamiento adecuado de los mercados. "El modelo de incentivos deberá considerar la madurez tecnológica facilitando una transición suave" hacia los mercados, aseguró.
Lafuente también calificó de "tremendamente importante" la nueva directiva europea de eficiencia energética para España. "Lamentablemente, la eficiencia energética es una asignatura pendiente que requiere la adopción de políticas robustas", afirmó.
Antoñanzas, por su parte, abogó por incluir el desarrollo de las energías limpias dentro del mercado de derechos de emisión de CO2, con el objetivo de que los inversores tengan "señales correctas" sobre el impacto de las diferentes tecnologías en el medio ambiente.
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Asimismo, apuntó que todos los datos indican que los cambios de empresa suministradora en España todavía "son muy limitados". Así, "liberalizar los precios cuando no existe una suficiente competencia efectiva yo creo que es un error", subrayó el máximo responsable del regulador energético nacional.
Cabe apuntar que desde el Ministerio de Industria, han expresado su intención de bajar el límite de potencia para acceder a la tarifa regulada, lo que obligaría a muchos consumidores minoristas a trasladarse al mercado libre.
En ese sentido, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, también se manifestó ayer a favor de una mayor liberalización. De hecho, reclamó la desaparición de las tarifas reguladas porque, en su opinión, introducen incertidumbre, no protegen al consumidor y pueden incluso resultar discriminatorias.
El ejecutivo de la filial española del gigante de la energía alemán expresó que la liberalización de los mercados energéticos es un "paso imprescindible" que permitiría a los consumidores beneficiarse de unos "precios más ajustados".
Por otra parte, el presidente de la CNE aprovechó la atención de los representantes de los medios de comunicación que acudieron a la presentación del informe de la AIE para incidir en otro asunto que le preocupa. Así, aseveró que "es preciso limitar las subvenciones" a las renovables para que los mercados "funcionen adecuadamente". Respecto a este asunto, subrayó que gracias a las subvenciones públicas, España está a la vanguardia en el mercado de renovables, energías que gozan de "gran penetración" en el país, y, por ello, hay que reconsiderar las políticas para prestar mayor atención a la madurez de las diferentes tecnologías.
Según expresó, es "necesaria" la creación de "mecanismos competitivos para la asignación de nuevas capacidades para determinadas tecnologías". "Estoy de acuerdo con que es preciso limitar las subvenciones si queremos que los mercados globales funcionen adecuadamente", ya que "la competencia en general está reñida con las subvenciones públicas", indicó.
"La limitación de las mismas es una condición 'sine qua non' para la penetración ordenada de las renovables" y el funcionamiento adecuado de los mercados. "El modelo de incentivos deberá considerar la madurez tecnológica facilitando una transición suave" hacia los mercados, aseguró.
Lafuente también calificó de "tremendamente importante" la nueva directiva europea de eficiencia energética para España. "Lamentablemente, la eficiencia energética es una asignatura pendiente que requiere la adopción de políticas robustas", afirmó.
Antoñanzas, por su parte, abogó por incluir el desarrollo de las energías limpias dentro del mercado de derechos de emisión de CO2, con el objetivo de que los inversores tengan "señales correctas" sobre el impacto de las diferentes tecnologías en el medio ambiente.
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EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD A PLAZO SUBE TRAS LA APROBACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS FISCALES, SEGÚN LA CNE
En la versión pública del último informe de supervisión de mercados a plazo de energía eléctrica en España difundido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), los expertos del regulador han constatado que los precios de la electricidad en estos mercados se incrementaron después de que el Gobierno diera luz verde a la aprobación de la nueva fiscalidad para la sostenibilidad energética. Estas subidas, según los especialistas del regulador, contrastan con las bajadas registradas en otros países europeos.
De manera textual, el documento especifica que "el anuncio el día 14 de septiembre de la aprobación de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética supuso un aumento de las cotizaciones de los contratos con vencimiento en 2013. La cotización del contrato anual con entrega en 2013 se situó en 54 €/MWh a finales de septiembre (un 3,6% superior a agosto), presentando una evolución diferenciada respecto a los contratos equivalentes en Francia y Alemania (-2,1% y -2,7%, respectivamente). A finales de septiembre, la cotización del contrato Q4-12 se situó en 48,63 €/MWh (-4,2% respecto al mes anterior)".
Esta evolución al alza es contraria a la que experimentan otros países como Alemania y Francia. Tal y como detalla el documento, las cotizaciones a plazo de energía eléctrica en ambos países para los contratos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2012 disminuyeron en septiembre un 4,8% en Alemania (hasta 48,25 €/MWh a 26 de septiembre) y un 8,1% en Francia (hasta un valor de 53,08 €/MWh). En España, el contrato equivalente también redujo su cotización un 4,2% (hasta 48,63 €/MWh).
"En el caso de la cotización del contrato anual con vencimiento en 2013 en Alemania, se redujo un 2,7% respecto al último día del mes anterior (hasta 47,76 €/MWh) y en Francia descendió un 2,1%, hasta 50,18 €/MWh, mientras que en España la cotización del contrato equivalente en España se incrementó un 3,6%, hasta 54 €/MWh", resalta el texto.
Otro de los datos reseñados en el informe hace referencia a que el día 25 de septiembre se celebró la 20ª subasta Cesur en la que se subastaron 3.000 MW de producto carga base y 334 MW de producto carga punta, ambos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2012. Los precios de equilibrio fueron 49,25 €/MWh para el producto carga base y 54,25 €/MWh para el producto punta.
Por otra parte, el precio medio en el mercado diario durante el mes de septiembre fue de 47,59 €/MWh, lo que representa un descenso del 3,5% respecto a agosto (con media de 49,34 €/MWh).
Mercados OTC y OMIP
En cuanto al volumen negociado en el mercado OTC durante el mes de septiembre, los responsables de la CNE explican que "se situó en torno a 26,3 TWh, un 59,6% superior al del mes anterior. En términos acumulados, en los primeros nueve meses de 2012 se ha alcanzado un volumen negociado en el OTC en torno a 192,5 TWh, un 10,9% inferior a los 215,9 TWh negociados en el periodo equivalente de 2011. Por tipo de contratos, los contratos más negociados, en términos de energía, durante el mes de septiembre de 2012 han sido los contratos con periodo de entrega anual y trimestral, con el 70,3% (18,5 TWh) del total negociado (26,3 TWh). Destaca, durante el mes de septiembre el incremento en el peso de los contratos anuales respecto al volumen total (de un 21,6% en agosto a un 44,2% en septiembre) y la reducción en los contratos trimestrales (de un 37,5% en agosto a un 26,1% en septiembre)".
Por su parte, el volumen de negociación en el mercado de OMIP en el mes de análisis "se ha situado en 3,5 TWh (un 81% superior al mes anterior; 1,9 TWh). En términos acumulados, en los nueve primeros meses de 2012 se ha alcanzado un volumen negociado en el mercado de OMIP de 26,7 TWh, un 13,9% superior a lo negociado durante los primeros nueve meses de 2011 (23,4 TWh). Por tipo de contratos, la negociación en términos de energía durante el mes de septiembre ha estado fundamentalmente concentrada en los contratos con periodo de entrega trimestral (44,2%; 1,56 TWh), mientras que la negociación de los contratos con periodo de entrega mensual y anual ha representado, respectivamente, un 20% y un 29,8% del total", resume el informe del regulador.
www.cne.es
De manera textual, el documento especifica que "el anuncio el día 14 de septiembre de la aprobación de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética supuso un aumento de las cotizaciones de los contratos con vencimiento en 2013. La cotización del contrato anual con entrega en 2013 se situó en 54 €/MWh a finales de septiembre (un 3,6% superior a agosto), presentando una evolución diferenciada respecto a los contratos equivalentes en Francia y Alemania (-2,1% y -2,7%, respectivamente). A finales de septiembre, la cotización del contrato Q4-12 se situó en 48,63 €/MWh (-4,2% respecto al mes anterior)".
Esta evolución al alza es contraria a la que experimentan otros países como Alemania y Francia. Tal y como detalla el documento, las cotizaciones a plazo de energía eléctrica en ambos países para los contratos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2012 disminuyeron en septiembre un 4,8% en Alemania (hasta 48,25 €/MWh a 26 de septiembre) y un 8,1% en Francia (hasta un valor de 53,08 €/MWh). En España, el contrato equivalente también redujo su cotización un 4,2% (hasta 48,63 €/MWh).
"En el caso de la cotización del contrato anual con vencimiento en 2013 en Alemania, se redujo un 2,7% respecto al último día del mes anterior (hasta 47,76 €/MWh) y en Francia descendió un 2,1%, hasta 50,18 €/MWh, mientras que en España la cotización del contrato equivalente en España se incrementó un 3,6%, hasta 54 €/MWh", resalta el texto.
Otro de los datos reseñados en el informe hace referencia a que el día 25 de septiembre se celebró la 20ª subasta Cesur en la que se subastaron 3.000 MW de producto carga base y 334 MW de producto carga punta, ambos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2012. Los precios de equilibrio fueron 49,25 €/MWh para el producto carga base y 54,25 €/MWh para el producto punta.
Por otra parte, el precio medio en el mercado diario durante el mes de septiembre fue de 47,59 €/MWh, lo que representa un descenso del 3,5% respecto a agosto (con media de 49,34 €/MWh).
Mercados OTC y OMIP
En cuanto al volumen negociado en el mercado OTC durante el mes de septiembre, los responsables de la CNE explican que "se situó en torno a 26,3 TWh, un 59,6% superior al del mes anterior. En términos acumulados, en los primeros nueve meses de 2012 se ha alcanzado un volumen negociado en el OTC en torno a 192,5 TWh, un 10,9% inferior a los 215,9 TWh negociados en el periodo equivalente de 2011. Por tipo de contratos, los contratos más negociados, en términos de energía, durante el mes de septiembre de 2012 han sido los contratos con periodo de entrega anual y trimestral, con el 70,3% (18,5 TWh) del total negociado (26,3 TWh). Destaca, durante el mes de septiembre el incremento en el peso de los contratos anuales respecto al volumen total (de un 21,6% en agosto a un 44,2% en septiembre) y la reducción en los contratos trimestrales (de un 37,5% en agosto a un 26,1% en septiembre)".
Por su parte, el volumen de negociación en el mercado de OMIP en el mes de análisis "se ha situado en 3,5 TWh (un 81% superior al mes anterior; 1,9 TWh). En términos acumulados, en los nueve primeros meses de 2012 se ha alcanzado un volumen negociado en el mercado de OMIP de 26,7 TWh, un 13,9% superior a lo negociado durante los primeros nueve meses de 2011 (23,4 TWh). Por tipo de contratos, la negociación en términos de energía durante el mes de septiembre ha estado fundamentalmente concentrada en los contratos con periodo de entrega trimestral (44,2%; 1,56 TWh), mientras que la negociación de los contratos con periodo de entrega mensual y anual ha representado, respectivamente, un 20% y un 29,8% del total", resume el informe del regulador.
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miércoles, 14 de noviembre de 2012
LAS ELÉCTRICAS SE PLANTEAN RECURRIR LOS NUEVOS IMPUESTOS POR INCONSTITUCIONALES Y CONTRARIOS AL DERECHO COMUNITARIO
Las compañías eléctricas consideran que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite parlamentario, es inconstitucional y vulnera el Derecho Comunitario. Es por ello por lo que sus respectivos equipos jurídicos trabajan en la manera de formular sus demandas ante las medidas incluidas en el último paquete de la reforma energética aprobado a mediados de septiembre por el Gobierno. Este incluía, entre otros, un impuesto del 6% a todas las tecnologías de generación de electricidad, un impuesto sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y un canon a la producción hidroeléctrica, así como el llamado "céntimo verde" al gas natural para consumo y para generación eléctrica, y también al carbón, al fuel-oil y al gasóleo empleados para la generación de energía eléctrica.
Ayer, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió que la fiscalidad energética podría ser modificada, pero siempre y cuando los cambios planteados mantengan el objetivo de eliminar por completo el déficit tarifario.
Por su parte, desde las grandes eléctricas no tienen esperanzas de que el Gobierno vaya a introducir alguna modificación de peso en el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, cuyas medidas entrarán en vigor previsiblemente con el cambio de año. Por ello, se preparan para demandar ante la justicia al Ejecutivo por imponer una fiscalidad que consideran inconstitucional y contra el Derecho Comunitario.
Como se trata de una norma con rango de ley, las empresas no podrán ir directamente contra ella, pero sí "contra el primer acto de aplicación de la misma" o el reglamento que la desarrolle, señalan fuentes del sector. Y dependiendo de los recursos, estos podrían presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo. En ambos casos, las afectadas solicitarán al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, además de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, por ser contraria al Derecho Comunitario.
La primera de las batallas, es decir, que el juez acepte la inconstitucionalidad de la nueva fiscalidad energética, es harto complicada, y así lo reconocen las propias eléctricas. Sin embargo, la segunda sí que es más posible que sea aceptada por el juez por incumplir la normativa comunitaria. En este sentido, hay un precedente al que podrían recurrir las compañías: se trata de la sentencia del Tribunal Supremo favorable a Iberdrola contra la obligación de que las cinco "utilities" integradas en Unesa financien el bono social de la TUR. El fallo, del pasado 7 de febrero, obligó al Gobierno a eliminar dicha obligación y a restituir 157 millones a estas empresas.
Ayer, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió que la fiscalidad energética podría ser modificada, pero siempre y cuando los cambios planteados mantengan el objetivo de eliminar por completo el déficit tarifario.
Por su parte, desde las grandes eléctricas no tienen esperanzas de que el Gobierno vaya a introducir alguna modificación de peso en el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, cuyas medidas entrarán en vigor previsiblemente con el cambio de año. Por ello, se preparan para demandar ante la justicia al Ejecutivo por imponer una fiscalidad que consideran inconstitucional y contra el Derecho Comunitario.
Como se trata de una norma con rango de ley, las empresas no podrán ir directamente contra ella, pero sí "contra el primer acto de aplicación de la misma" o el reglamento que la desarrolle, señalan fuentes del sector. Y dependiendo de los recursos, estos podrían presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo. En ambos casos, las afectadas solicitarán al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, además de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, por ser contraria al Derecho Comunitario.
La primera de las batallas, es decir, que el juez acepte la inconstitucionalidad de la nueva fiscalidad energética, es harto complicada, y así lo reconocen las propias eléctricas. Sin embargo, la segunda sí que es más posible que sea aceptada por el juez por incumplir la normativa comunitaria. En este sentido, hay un precedente al que podrían recurrir las compañías: se trata de la sentencia del Tribunal Supremo favorable a Iberdrola contra la obligación de que las cinco "utilities" integradas en Unesa financien el bono social de la TUR. El fallo, del pasado 7 de febrero, obligó al Gobierno a eliminar dicha obligación y a restituir 157 millones a estas empresas.
SORIA ADMITE QUE ES POSIBLE MODIFICAR LA FISCALIDAD ENERGÉTICA SIEMPRE QUE SE TERMINE CON LA DEUDA TARIFARIA
Ayer tuvo lugar el Foro de las Energías Renovables, cita que contó con la asistencia del Ministro de Industria, José Manuel Soria, quien explicó la situación en la que se encuentra el sector energético y los objetivos que tiene el Gobierno respecto al mismo. El titular gubernamental admitió en su discurso ante el aforo asistente que es posible que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que actualmente está en tramitación parlamentaria se modifique, si bien advirtió que "lo que se baje por un lado, habrá que subirlo por otro". “Además, si aparecen circunstancias que desvíen más el déficit previsto, adoptaremos soluciones”, aseguró tajante.
Esto es: el Gobierno se muestra favorable a incluir modificaciones al proyecto presentado a mediados de septiembre sobre fiscalidad en materia de energía, siempre y cuando dichos cambios vayan en la dirección buscada: erradicar la deuda ex ante.
Soria incidió en su intervención en que la Ley del Sector Energético de 1997 ha contribuido a la sostenibilidad medioambiental del sistema energético, pero no a la financiera, ya que el déficit de tarifa superará previsiblemente los 30.000 millones de euros a finales de año. Para atajar esta situación, tanto el Gobierno anterior como el actual han introducido diferentes medidas normativas, entre ellas, una moratoria a la asignación de primas a las nuevas instalaciones del régimen especial, que está en vigor desde principios de este año. Esta decisión, así como los nuevos impuestos y tasas establecidos en la última reforma del sistema energético planteada por el equipo de Industria han recibido una fuerte oposición por parte de eléctricas, empresas renovables y los propios ciudadanos.
El ministro del ramo aclaró que al Ejecutivo no le gusta elevar los impuestos, pero que era necesario formular las propuestas realizadas, con las que se aspira a recaudar “únicamente entre 2.700 y 2.900 millones de euros anuales”.
Soria, que se mostró "dispuesto a escuchar" a los agentes del sector, explicó que la fiscalidad eléctrica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta más para contener el déficit tarifario, además de ser un paso previo para la definición del nuevo modelo energético, en el que su departamento ya está trabajando desde hace varios meses. Al respecto, dijo que la "condición necesaria e imprescindible" para el desarrollo de este nuevo modelo es precisamente "taponar el déficit de tarifa, que está actuando como una especie de hemorragia desde hace muchos años".
Una vez corregido este lastre, el Gobierno irá "trabajando en una reforma con distintas medidas", entre las que figuran "controlar los costes del sistema, no solo los insulares y extrapeninsulares, sino también los de distribución, el transporte o los derivados del precio del carbón", así como regular aspectos como la comercialización y las ayudas al régimen especial, afirmó.
Asimismo, el responsable gubernamental avanzó en el encuentro especializado organizado por Kreab & Gavin Anderson, Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Linvingstone Partners que primará la eficiencia energética que sea sostenible medioambiental y económicamente, y que los precios pagados y percibidos estén ajustados a los costes reales.
Costes extrapeninsulares, renovables y balance neto
Respecto a los costes eléctricos extrapeninsulares, que ascienden a unos 1.800 millones de euros anuales, Soria señaló que se cargarán en el futuro a los Presupuestos Generales del Estado. Precisamente el traspaso de los costes extrapeninsulares a los PGE es una posibilidad que el Gobierno ya planeó con anterioridad, aunque ese concepto no aparece ni en las cuentas de 2012 ni en las de 2013.
En cuanto a las renovables, el ministro aseguró que el objetivo del Ejecutivo es "aumentar y consolidar su participación en el mix energético", aunque su desarrollo tiene que ser compatible con la sostenibilidad económica y financiera del sistema. Además, sostuvo que las medidas adoptadas no solo no "merman" el liderazgo español en estas tecnologías, sino que lo "acentúan", al facilitar un "saneamiento de economía" y acabar con los "perniciosos efectos" de los desequilibrios.
En todo caso, calificó de "problema" el incremento entre enero y agosto en un 23% de las primas a las renovables y aseguró que es necesario "resolver" esta cuestión, porque "no se puede desandar el camino andado en materia de sostenibilidad energética". "Lo peor que puede ocurrir es que haya un repunte en el déficit de tarifa como consecuencia de un aumento de cualquiera de los costes del sistema", afirmó, antes de apelar a la "necesidad no solo de controlar el déficit de tarifa, sino de evitar su reaparición".
El ministro explicó además que la regulación sobre el balance neto para el autoconsumo fotovoltaico está pendiente de que se establezca "muy bien" cuáles son los peajes que se aplicarán a los productores de su propia electricidad. "Todo lo que es el uso de la red supone un sobrecoste para el sistema y lo que no paguen unos lo tendrán que pagar otros", aclaró.
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