LAS ELÉCTRICAS SE PLANTEAN RECURRIR LOS NUEVOS IMPUESTOS POR INCONSTITUCIONALES Y CONTRARIOS AL DERECHO COMUNITARIO

Las compañías eléctricas consideran que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite parlamentario, es inconstitucional y vulnera el Derecho Comunitario. Es por ello por lo que sus respectivos equipos jurídicos trabajan en la manera de formular sus demandas ante las medidas incluidas en el último paquete de la reforma energética aprobado a mediados de septiembre por el Gobierno. Este incluía, entre otros, un impuesto del 6% a todas las tecnologías de generación de electricidad, un impuesto sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y un canon a la producción hidroeléctrica, así como el llamado "céntimo verde" al gas natural para consumo y para generación eléctrica, y también al carbón, al fuel-oil y al gasóleo empleados para la generación de energía eléctrica.

Ayer, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió que la fiscalidad energética podría ser modificada, pero siempre y cuando los cambios planteados mantengan el objetivo de eliminar por completo el déficit tarifario.

Por su parte, desde las grandes eléctricas no tienen esperanzas de que el Gobierno vaya a introducir alguna modificación de peso en el trámite parlamentario del proyecto de ley mencionado, cuyas medidas entrarán en vigor previsiblemente con el cambio de año. Por ello, se preparan para demandar ante la justicia al Ejecutivo por imponer una fiscalidad que consideran inconstitucional y contra el Derecho Comunitario.

Como se trata de una norma con rango de ley, las empresas no podrán ir directamente contra ella, pero sí "contra el primer acto de aplicación de la misma" o el reglamento que la desarrolle, señalan fuentes del sector. Y dependiendo de los recursos, estos podrían presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo. En ambos casos, las afectadas solicitarán al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, además de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, por ser contraria al Derecho Comunitario.

La primera de las batallas, es decir, que el juez acepte la inconstitucionalidad de la nueva fiscalidad energética, es harto complicada, y así lo reconocen las propias eléctricas. Sin embargo, la segunda sí que es más posible que sea aceptada por el juez por incumplir la normativa comunitaria. En este sentido, hay un precedente al que podrían recurrir las compañías: se trata de la sentencia del Tribunal Supremo favorable a Iberdrola contra la obligación de que las cinco "utilities" integradas en Unesa financien el bono social de la TUR. El fallo, del pasado 7 de febrero, obligó al Gobierno a eliminar dicha obligación y a restituir 157 millones a estas empresas.