viernes, 10 de febrero de 2012
EL CONGRESO CONVALIDA EL RDL 1/2012 QUE RECOGE LA MORATORIA DE LAS PRIMAS A LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL
Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate sobre el polémico Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, que establece la moratoria a las primas de las nuevas instalaciones del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos), normativa que recibió la convalidación de los congresistas. En su exposición, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que su departamento ya trabaja en la anunciada reforma del modelo energético, que incluirá "un paquete" de medidas "de calado" que "incidirán directamente en la estructura de los costes e influirán en la de los ingresos".
Tal y como aseguró el titular, el RDL mencionado es "una primera medida" de esta reforma que tiene como objetivo "resolver el problema del déficit" tarifario acumulado, el principal obstáculo del sector, que a finales del pasado ejercicio superó los 21.700 M€, casi cuatro veces superior al de 2005, y que actualmente ronda los 24.400 M€.
El responsable gubernamental aclaró que esta situación es consecuencia, por una parte, de la caída de ingresos del 10% entre 2004 y 2011, derivada del descenso de la demanda que ha acompañado a la crisis económica; y, por otra, de los elevados costes del sistema, que suponen 7.220 M€ solo para las energías de régimen especial y que se han incrementado un 400% en los últimos siete ejercicios.
Así, la moratoria busca "limitar el aumento del sobrecoste" y "reconvertir y reconducir el problema" para "contar con un sistema energético seguro, eficiente, que no sea tan vulnerable en costes e ingresos, y que permita competir con otros países", explicó el ministro.
"¿Cabrían otras alternativas? La inacción, pero eso nos llevaría a convertir lo que hoy es un problema solo del sector energético en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía", pronosticó.
En cuanto a la posición del Gobierno sobre las energías renovables, insistió en el "compromiso claro, inequívoco e irreversible" que mantiene, y se comprometió a alcanzar el objetivo europeo de que en 2020 el 20% de la energía consumida proceda de fuentes limpias y que se reduzcan las emisiones de CO2 un 20%.
Sin embargo, se preguntó si es "razonable" continuar subvencionando unas energías cuya potencia instalada (106.000 MW) "supera por más del doble" los 40.000 MW de demanda punta.
"El Gobierno sigue apoyando las instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan a la red con la remuneración resultante del mercado, y será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose", apuntó Soria.
Además, recordó que la medida es temporal y que no afecta a las preasignaciones ya registradas en el Ministerio.
También aprovechó su intervención para indicar que su departamento ha solicitado a la Comisión Nacional de Energía su "pronunciamiento sobre los aspectos que considere relevantes para definir un nuevo marco regulatorio" y que está elaborando un proyecto de RDL para fomentar el autoconsumo de energía eléctrica.
Críticas a la moratoria
Tras la comparecencia del titular de Industria llegaron los comentarios de la oposición, que se mostró en desacuerdo con la defensa realizada por Soria del RDL 1/2012. En este sentido, el socialista Julio José Segura criticó que suspender estas primas perjudicará al medio ambiente y acusó al Gobierno de "criminalizar" con este decreto a las energías renovables, "haciéndolas aparecer como las únicas causantes del problema de déficit de tarifa".
"¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema de la deuda tarifaria es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales", reprochó al tiempo que solicitó un Libro Blanco para el sector.
Tampoco la izquierda plural (IU-ICV-CHA) se mostró favorable a la medida, aunque reconoció que es necesario reformar el sector. Así, la portavoz del grupo, Laia Ortiz, consideró que este "decretazo" se basa en un "análisis sesgado y en prejuicios" que "demonizan a las renovables", haciendo un "flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en materia de tecnología".
También Francisco Jorquera (BNG) criticó que se tramite la medida por decreto y reprochó que "esconde claramente que 'nucleares sí, renovables no'". Por su parte, Teresa Jordà (ERC) recordó que "las subvenciones a renovables no son gasto, sino inversión" y que esta decisión solo conduce a "más dependencia energética".
Sin embargo, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, coincidió con el Gobierno en que es necesario reformar el modelo energético para "reducir un déficit tarifario que está en cifras preocupantes" y para "conseguir precios más competitivos de la energía para familias y empresas", ya que actualmente "están un 15% por encima de la media europea".
No obstante, alertó de la necesidad de plantearse "el mix energético en un horizonte de 25 o 30 años" y condicionó su voto a que el Gobierno precise cuánto tiempo durará esta suspensión. "Si es una suspensión, corta estaríamos por la labor, pero el sector necesita seguridad jurídica y no tener fecha de caducidad genera incertidumbre a la economía".
Por último, Soria afirmó en su última réplica que algunas de las propuestas avanzadas en el Congreso "podrán ser incluidas en futuras reformas" del sector energético, una vez se logre "reducir y reconducir el ritmo de acumulación de déficit tarifario".
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