LOS USUARIOS QUE TENGAN QUE ESTAR EN EL MERCADO LIBRE Y SIGAN EN LA TUR SERÁN PENALIZADOS CON AUMENTOS DE HASTA EL 20%

LOS USUARIOS QUE TENGAN QUE ESTAR EN EL MERCADO LIBRE Y SIGAN EN LA TUR SERÁN PENALIZADOS CON AUMENTOS DE HASTA EL 20%

Los consumidores eléctricos a los que ya no les corresponde la Tarifa de Último Recurso (TUR) dispondrán de un año para formalizar su paso al mercado liberalizado. Si transcurrido ese plazo no han contratado el suministro eléctrico en el mercado libre, podrán ser penalizados en su factura eléctrica con un aumento de hasta el 20% sobre el precio de la TUR en vigor.

La mayoría de estos casos afecta a organismos públicos, que tendrán que afrontar pagos que podrían ascender hasta 60 millones de euros por las penalizaciones que contempla la nueva legislación mientras mantengan una situación irregular, es decir, mientras no hagan oficial su cambio de contrato al mercado libre. Transcurridos los doce meses de plazo, las comercializadoras podrán dar por rescindido el contrato con el consumidor indebidamente acogido a tarifa y, por tanto, cortarle el suministro.

Esta circunstancia se deriva de la propuesta de orden de peajes para el primer trimestre del año que el Ministerio de Industria ha remitido a los técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para su valoración.

Los datos facilitados por la CNE arrojan un volumen cercano a los 159.000 contratos el junio pasado de consumidores con tarifas contratadas superiores a los 10 kWh acogidos a la TUR –la tarifa regulada-, a pesar de que la ley les obliga a contratar su suministro en el mercado libre. Todos ellos podrán ser penalizados en su factura eléctrica, en concreto, con un recargo del 20% sobre la TUR vigente en cada momento, lo que al año que podría traducirse en una cifra de unos 60 millones de euros "de más", según la orden de peajes.

Cabe apuntar que los clientes de alta tensión deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, en tanto que los usuarios de media y baja tensión con potencias contratadas superiores a los 10 kWh tienen que hacerlo desde julio de 2009, cuando comenzó a aplicarse la TUR.

Muchos de los puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos. En otros casos, el problema radica en que, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, las compañías que operan en el mercado libre los consideran "malos pagadores" y no les ofrecen contratos por morosos, según fuentes del sector.

Según la propuesta de orden de peajes, si a 1 de enero de 2014 estos consumidores no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre se considerará rescindido su contrato con el comercializador. No obstante, no podrán dejar sin abastecimiento eléctrico a servicios esenciales, como hospitales, alumbrado público, suministro de agua para consumo humano, instalaciones militares o policiales, centros penitenciarios, transportes públicos o servicios funerarios.




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