NUCLENOR ANTICIPA EL CIERRE DE GAROÑA

NUCLENOR ANTICIPA EL CIERRE DE GAROÑA

Los responsables de Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola encargada de la gestión de la central de Santa María de Garoña, anunciaron el viernes pasado que su Consejo de Administración "ha decidido anticipar el cese definitivo de la explotación con anterioridad al 31 de diciembre próximo, por lo que se va a proceder a desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica a las 23.00 horas del domingo, 16 de diciembre, para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación". Y así se llevó a cabo anoche "con total normalidad", por lo que en tres o cuatro días, podrá procederse a la extracción del uranio del reactor.

Tal y como detalla la nota de prensa que se difundió sobre la noticia, esta decisión se adoptó “tras analizar el impacto que tendría en la empresa continuar su actividad con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, aprobado ayer por el Senado, en particular en lo que se refiere a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado que se aplicarían a la central de Garoña”.

En este sentido, el Consejo “ha analizado diversos informes económicos y jurídicos que había solicitado a expertos independientes y al auditor de cuentas de la sociedad, concluyendo que, en caso de aprobarse el citado proyecto de ley con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros, lo que incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal”, explica el comunicado.

Ante esta situación, los titulares de Nuclenor tomaron las decisiones “oportunas sobre el funcionamiento de la central nuclear de Garoña para evitar la aplicación de dichos impuestos, de cara a garantizar que la sociedad pueda seguir respondiendo de sus obligaciones ante sus trabajadores y proveedores. Estas decisiones han sido, igualmente, ratificadas por la Junta General de la compañía".

Pero según aclara la información facilitada, “el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertirse, si no se acabase promulgando la Ley o si, una vez promulgada, las condiciones impuestas variasen sustancialmente respecto del Proyecto de Ley actualmente en trámite, y que será debatido en el Congreso de los Diputados” esta semana.

Las últimas líneas del comunicado difundido van dirigidas a los empleados de Nuclenor, a quienes el Consejo de Administración reconoce expresamente “su profesionalidad en el desempeño diario de sus labores y reiterar, una vez más, su compromiso con la central de Garoña”.

Herrera exige la explicación de las cuentas a Nuclenor
Como era de prever, las reacciones sobre este asunto no tardaron en llegar. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha exigido a la empresa que explique de forma "muy clarita" sus cuentas ante el argumento de no rentabilidad esgrimido para aclarar la clausura del centro, al tiempo que ha confiado en que la decisión no sea una represalia al Gobierno por su política energética.

Herrera ha insistido en que la decisión "puede y debe aún evitarse", ya que "sería un gran error y un enorme perjuicio social y económico" si se ejecuta en las actuales circunstancias de crisis, al tiempo que ha pedido al Gobierno que estudie seriamente su propuesta de fiscalidad. "El Ministerio de Industria no puede despachar este punto desde el silencio administrativo".

Asimismo, el presidente de la administración castellano-leonesa considera que el argumento de la nuclear es "preventivo" y por ello reclama que en la decisión final, y tanto desde la responsabilidad empresarial como desde la pública, se tenga "muy presente" el patrimonio que representan en la zona del Ebro burgalés los 1.000 empleos que "van a perderse" si no hay futuro para una empresa que "puede y debe ser viable y rentable".

Junto al reactor burgalés –el más pequeño y antiguo de España-, la nuclear Almaraz I -propiedad de Iberdrola- también está parada por recarga de combustible, que ha pospuesto a causa de la nueva fiscalidad que lleva emparejada la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Cabe recordar que la autorización para operar de la central castellano-leonesa expira el próximo 6 de julio de 2013, que es el horizonte temporal con el que trabaja el CSN. En esa fecha, el regulador deberá emitir un informe de cese de explotación de la planta y Nuclenor tendrá que comunicar las actividades que llevará a cabo para el fin de sus actividades. A continuación, los expertos de la entidad que preside Carmen Martínez Ten deberán conceder otro permiso para que la nuclear pueda seguir almacenando uranio.

El Gobierno se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de que la planta burgalesa solicitara una autorización para seguir operando hasta 2019, fecha para la que tenía el aval del CSN.

Garoña es uno de los ocho reactores que operan en España, junto a Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo I y Vandellós II. La planta de José Cabrera, más conocida como Zorita, cesó su actividad el 30 de abril de 2006, y Vandellós I se desmanteló entre 1998 y 2003 tras sufrir un incendio (el accidente nuclear más grave ocurrido en el país).
La central burgalesa de Garoña inició su actividad industrial en marzo de 1971 y cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 MWe (inicialmente era de 460).

En 2011, generó 3.747,54 millones de kWh, equivalente al 6,5% de la producción nuclear española.

Hoy por hoy, la energía nuclear produce alrededor de un 20% de toda la energía eléctrica del país.



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