PRECIOS MENSUALES OMIE

ENDESA, MULTADA CON MÁS DE 23 M€ POR ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO

El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Endesa Distribución Eléctrica dos multas con un valor total que asciende a más de 23 millones de euros por infracciones de abuso de posición de dominio en el mercado de las instalaciones eléctricas, que comprende la realización de las obras necesarias para la conexión de la red de distribución con las instalaciones del usuario final. El expediente que ha llevado a esta sanción tiene su inicio en una denuncia presentada por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE). “La normativa distingue entre las actividades de instalación que están reservadas a los distribuidores y las que no. La ejecución de las instalaciones no reservadas al distribuidor puede llevarse a cabo en libre competencia por cualquier instalador autorizado”, sigue explicando la nota de prensa de la CNC. Según el regulador, Endesa habría cometido una primera infracción al aprovechar “su posición en el mercado de la distribución para distorsionar la competencia en el mercado conexo de las instalaciones no reservadas, en el que también opera”, pues habría utilizado la información sobre las solicitudes de suministro a la que tenía acceso privilegiado por su condición de distribuidor “para ofertar la ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas a los clientes de mayor tamaño del mercado”. Por esta infracción se ha impuesto a Endesa una multa de 14.967.960 €. En cuanto a la segunda infracción, el consejo de la CNC considera que la distribuidora “ha abusado de su posición de dominio por cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de entronque y conexión de la instalación” que, según la norma, deben ser realizados por el distribuidor a su costa. Por esta infracción Endesa habrá de enfrentarse a una multa de 8.158.000 €.

EL GOBIERNO PODRÍA APROBAR MAÑANA UNA REFORMA DE LOS ÓRGANOS REGULADORES SECTORIALES

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana viernes una norma que reformaría los organismos reguladores nacionales sectoriales. Al parecer, un informe elaborado por el Ministerio de Presidencia, analizado la semana pasada en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, propondría la integración de las entidades reguladoras de los sectores de energía (Comisión Nacional de Energía, CNE) y telecomunicaciones (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT) en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Una de las consecuencias de esta posible integración es que permitiría al Gobierno disolver los consejos actuales a un coste relativamente bajo (tras la aprobación de la última reforma laboral). El Consejo de la CNE se renovó en el verano de 2011 y sus miembros tienen un mandato de cinco años, aunque el Partido Popular no participó en la renovación y anunció en aquel momento que, de obtener una mayoría suficiente, procedería a una reforma del mismo. Este modelo institucional para la supervisión de sectores no tiene parangón en países de nuestro entorno. Francia, Italia o el Reino Unido, por ejemplo, siguen el modelo de instituciones reguladoras sectoriales independientes. En Alemania la regulación de los sectores de redes (energía y telecomunicaciones) está integrada en un único organismo, aunque separado de la autoridad de competencia. En Holanda, existe un proyecto para crear un organismo que podría integrar a los reguladores sectoriales en la institución que vela por la competencia. Hasta el año pasado, existían cuatro organismos reguladores en España (CNC, CNE, CMT y la Comisión Nacional del Sector Postal). En los últimos meses, se han creado cuatro más: el Consejo de Medios Audiovisuales y reguladores para los sectores del juego, los aeropuertos y el tráfico ferroviario. De acuerdo con la opinión del Gobierno, los organismos multisectoriales serían más independientes del sector privado y del poder político, en línea con la normativa comunitaria. En sintonía con los planes del Gobierno, la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados rechazó ayer la proposición no de ley presentada por el PNV por la que se proponía el traslado de la Comisión Nacional de Energía al País Vasco, con los votos de PP, UPyD y el Grupo Mixto. La proposición no de ley contó con el apoyo de PSOE, CiU e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Mario Flores, portavoz del PP en la Comisión, justificó su rechazo inciando que el Gobierno "no tiene como prioridad deslocalizar y mucho menos en estos momentos de crisis" sedes de organismos reguladores desde sus actuales ubicaciones y que reordenará estas instituciones para hacerlas "más transparentes".

Derivadas del desfase eléctrico

Desde su toma de posesión, hace apenas dos meses, el Gobierno de Rajoy ha emprendido cambios cruciales para el futuro de la economía española, en busca de la estabilidad presupuestaria, de un sistema financiero sano, solvente y capaz de volver a dar crédito, y de un mercado laboral flexible que facilite en el futuro la contratación. Pero aún quedan en el tintero reformas de calado que completen ese giro hacia un modelo de crecimiento saludable y sostenido. Entre ellas sobresale la necesidad de una política energética con visión de largo plazo, que propicie la creación de un nuevo modelo que prime la eficiencia, la seguridad en el suministro, la sostenibilidad medioambiental pero sobre todo económica, y que devuelva al sector la certidumbre jurídica de que ha carecido en los últimos años. A corto plazo, el principal escollo hacia ese objetivo es un déficit de tarifa que, pese a la congelación de nuevas subvenciones a las energías renovables, seguirá creciendo en los próximos meses, amenazando no sólo la estabilidad financiera de las eléctricas, sino las propias cuentas públicas. Y es que, como publica hoy EXPANSIÓN, alrededor de 8.000 millones de euros en bonos eléctricos avalados por el Estado vencen entre 2013 y 2015. En el supuesto de que el sistema eléctrico no pudiera encarar esos pagos, sería la Administración la que debería apechugar con ellos, engordando el déficit público. Con independencia del grado de riesgo de que eso pueda suceder, es evidente que el Ejecutivo tiene encima de la mesa una patata muy caliente a la que debe dar respuesta urgente y ante la que no deberían caber atajos ni medidas populistas, y sí una planificación consensuada en busca de soluciones que den estabilidad.

¿ESTO EN ESTE MOMENTO ES LO IMPORTANTE PARA NUESTROS POLÍTICOS?

La Comisión de Industria, Turismo y Energía del Congreso debatirá hoy una proposición no de ley impulsada por el PNV que insta al Gobierno a ubicar la sede de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el País Vasco a lo largo de esta legislatura y la elaboración de un plan de medidas de "localización policéntrica" a lo largo de los próximos cuatro años de los organismos reguladores existentes y los que prevé crear el Gobierno. El PNV se pregunta si el Gobierno tiene la intención de "continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado", incluyendo una "hipotética ubicación en Euskadi de la CNE", en línea con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros en diciembre de 2004 de relocalizar en Barcelona la sede central de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Además, recuerda las "repetidas declaraciones políticas" que se produjeron en aquel momento sobre una "voluntad clara y firme de continuar con dicho proceso".

LAS ELÉCTRICAS DENUNCIARÁN EN BRUSELAS CUALQUIER QUITA DE LA DEUDA TARIFARIA POR BENEFICIAR A SUS COMPETIDORAS

Ante una eventual decisión del Gobierno de recurrir a una quita del déficit de tarifa que las grandes eléctricas sufragan por ley, y "de forma arbitraria", las empresas de Unesa tienen previsto denunciar que la medida, además de expropiatoria, es una clara ayuda de Estado que beneficiaría a sus competidoras del sector que no la sufragan. Las integrantes de la patronal (Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa, HC Energía e Iberdrola) no piensan permanecer impasibles en el caso de que el Ejecutivo español opte por efectuar una quita de la deuda ex ante, que a 31 de diciembre sumaba 24.000 M€, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances, y que sigue creciendo de día en día. De hecho, si finalmente se da esta circunstancia, acudirán a la Comisión Europea para defender sus derechos. Una "expropiación" de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una "absoluta ayuda de Estado", de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste. El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un Real Decreto Ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les tocó asumir la deuda en sus balances. De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos dominantes que cuentan con filiales de distribución. Debido a que por entonces las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 M€ anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra, Industria optó por la siguiente fórmula: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras), se quedaban con la retribución que les correspondía y el resto era liquidado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a los demás beneficiarios, siendo las generadoras las últimas en cobrar. Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que sucede desde hace más de una década), las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento, se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde, el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año, se emite con el aval del Estado. Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW), a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras. Entre el fantasma de la quita y el de la tasa nuclear El temor de los responsables de las eléctricas al fantasma de una posible quita de la deuda eléctrica se ha hecho patente en los últimos días. Una prueba de ello es la presión que están ejerciendo sobre la CNE para que certifique con urgencia las emisiones del déficit que está realizando a través del fondo de titulización (FADE), un requisito que exige la normativa. Estas presiones y la velocidad a la que están titulizando el déficit (para este año tienen 10.000 millones susceptibles de colocar con el aval público) responden al temor de un recorte de la deuda, algo que, según informes de la CNE, solo podría hacerse sobre la deuda no emitida. Es evidente que al déficit titulizado y ya en manos de terceros (entidades financieras) no se le puede aplicar quita alguna. Y, aunque la duda solo planea sobre la que aún no se ha emitido, hay expertos jurídicos que consideran que "el derecho de cobro reconocido hasta ahora no se puede tocar, esté o no titulizado". Otro tanto ocurre con la deuda titulizada, aunque no cuente aún con los certificados correspondientes de la CNE. En cuanto a la tasa o impuesto a la nuclear o la hidráulica que quiere aplicar el Gobierno, es previsible que, de decretarse, corriesen la misma suerte, ya que Unesa recurriría a Bruselas. En el primer caso, las empresas recuerdan que la energía nuclear ya está gravada con una tasa, más concretamente los residuos que genera. Si en lugar de por una tasa (un gravamen que solo se puede aplicar a quienes reciben el servicio) se opta por un impuesto, las afectadas recuerdan que iría a los Presupuestos (a reducir el déficit público, no de tarifa) y que podría no ser compatible con el IVA y con los gravámenes medioambientales que ya aplican a la actividad eléctrica algunas comunidades autónomas.

suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos

·         Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.  

 Objeto. La supresión de los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y para aquellas de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el citado régimen especial que se detallan en el artículo 2.1. La suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del régimen económico primado.  

Ámbito de aplicación.  
a) Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.  

b) Aquellas instalaciones de régimen especial de tecnología fotovoltaica que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  

c) Aquellas instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley no dispusieran de autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas. no será de aplicación a las instalaciones de régimen especial que hubieran presentado solicitud de inscripción en el Registro de preasignación de retribución, cuando el correspondiente plazo de resolución, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hubiera ya vencido a la fecha de su entrada en vigor.  

 Entrada en vigor. el mismo día de su publicación en el BOE.  

 Publicado: BOE nº 24 de 28 de enero de 2012.

Desvíos en los precios aplicados por las Comercializadoras desde Enero 2012

Los precios con las distintas Comercializadoras no están siendo ajustados a la normativa actualmente vigente.
Esxisten desviós en la apllicación de sus precios tras el cambio de año y aplicación de la nueva IET 3586/2011.
Como podrán comprobar las posibles convinaciones, son siempre aplicadas por la Comercializadora de la forma más ventajosa para las mismas .
Se están dando casos:
-Iberdrola de aplicar todos los conceptos subida de IPC, Tarifa de Acceso y Pago por Pagos por el operador del Mercado.
-Endesa: Tarifa de Acceso y Pago por Pagos por el operador del Mercado.
-HC , Alpiq, etc variación por Tarifa de Acceso
Con dificultad se consigue ajustar el termino de energía en su totalidad, por lo cual se deberán reclamar en aquellos casos con desvíos en el 2º decimal de c€ la oportuna reclamación a las Comercializadoras.

	Calculos de la Variación de precios de la energía , base de facturación por cambios regulatorios, según Orden IET/3586/2011 de 31 de Diciembre de 2011
	Tarifa de Acceso 3,0A
	Precios Hasta 31/12/2011	P1	P2	P3
	Término de Potencia  (€/kW/año)	14,093457	8,456074	5,637383
	Término de Energía  (€/kWh)	0,061027	0,040904	0,015192
	Precios a partir del 1/01/12	P1	P2	P3
	Término de Potencia  (€/kW/año)	14,978526	8,987115	5,991411
	Término de Energía  (€/kWh)	0,064859	0,043473	0,016146
	Variacion de precios Entre Tarifas desde 31/12/2011  y  01/01/2012:	P1	P2	P3
	Variacion Término de Potencia  (€/kW/año)	0,885069	0,531041	0,354028
	Variación Término de Energía  (€/kWh)	0,003832	0,002569	0,000954
	Porcentajes de subida en termino de Potencia:	6,28%	6,28%	6,28%
	Porcentajes de subida en termino de Energía:	6,28%	6,28%	6,28%
	Precios de Aplicación  "cliente"  en su Facturación Mensual
	Precios 2012	P1	P2	P3
	Precios Diciembre '11 Contrato	18,9121	14,8953	9,7732
	Variación  Aplicada	0,3832	0,2569	0,0954
	Precios a partir de Enero'12	19,2953	15,1522	9,8686
	IPC	19,7583872	15,5158528	10,1054464	1.237,27 €	Sólo IPC+TA
Nuevo Incremento en coste.	Los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado 0,0244 euros por cada MWh que figure en el último programa horario fin
	Aumento de precio periodos	0,002440	0,00244	0,00244
	A partir de Enero del 2012	19,7608	15,5183	10,1079
	0,0244 euros por cada MWh
	PRECIOS A APLICAR EN ENERO	19,2977	15,1546	9,8710
	2,40%	19,76088576	15,51835136	10,10794496	1.237,47 €	IPC(2,4%)+C Reg+TA
	2,90%	19,85737446	15,59412456	10,15730016	1.243,51 €	IPC(2,9%)+C Reg+TA
	KWH Enero	1264	5882	741
		243,92 €	891,40 €	73,14 €	1.208,46 €	Sin IPC Creg+TA
	Precios Factura Enero	19,8466	15,587	10,1547
		250,86 €	916,83 €	75,25 €	1.242,93 €	Facturado
					34,47 €	Diferencia

Una quita que puede electrocutar

El sector eléctrico tiene encendidas todas las alarmas ante la reforma que prepara el ministro de Industria, José Manuel Soria. El caballo de batalla es, una vez más, el polémico déficit de tarifa. Algo que se inventó como una especie de parche coyuntural y ha devenido en uno de los grandes dolores de cabeza de Gobiernos y empresas. El problema se llama ni más ni menos que 24.000 millones de euros. Y subiendo. Industria se ha puesto como meta acabar con él, advirtiendo que legislará tanto si hay consenso como si no lo hay. Lo que no está claro es el mecanismo que activará, más allá de una genérica declaración de que el coste se lo repartirán clientes, compañías y Estado.

Precisamente esta vaguedad ha hecho que proliferen ideas de lo más variopinto. La más llamativa es la posibilidad de hacer una quita a las eléctricas. Una medida de ese estilo tendría muy serios problemas en los tribunales y desencadenaría una batalla abierta con las empresas, tal y como ha reconocido Unesa. Ordenar el mercado energético y acabar con el déficit de tarifa ha de ser prioritario para Soria. Pero ha de moverse con rapidez, con claridad, atacando las bolsas de burbujas que se han creado en los últimos años y, sobre todo, preservando la imagen de que en España se sacraliza la seguridad jurídica y la estabilidad de un sector clave para la sostenibilidad económica. Si no lo hace así, corre el peligro de electrocutarse.

Las compañías eléctricas asuman una parte del déficit de tarifa del sistema eléctrico

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, planteó ayer que "se puede hablar" con las compañías eléctricas acerca de que estas empresas asuman una parte del déficit de tarifa del sistema eléctrico "de forma directa o indirecta".

El máximo responsable de Industria aseguró durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía que preferiría solucionar el problema de la deuda tarifaria eléctrica en consenso con el sector, pero advirtió a las empresas de que el Gobierno tiene que gobernar y que lo hará con o sin su acuerdo.

Las palabras exactas de Soria a este respecto fueron: "el consenso es una herramienta que me gusta usar siempre; ahora bien, el Gobierno tiene que gobernar y esto significa tomar decisiones". Además, añadió que intentará que las medidas que se aprueben para acabar con el grave problema del déficit ex ante tengan el "máximo grado de acuerdo posible", pero reiteró que, si no es posible, "el Gobierno no puede obviar su obligación de legislar y acabar con él".

Asimismo, el ministro hizo hincapié en que el déficit tarifario puede llegar a convertirse en "déficit financiero", por lo que "tenemos que ser capaces de controlar su ritmo de acumulación" e insistió en que la solución a esta deuda, que asciende ya a unos 24.000 M€, debe ser compartida por empresas, consumidores y los presupuestos.

"La solución no puede ser nunca que las operadoras lo asuman en su conjunto", puntualizó el ministro, quien señaló que, dado su gran volumen, los consumidores tampoco pueden asumirlo en su totalidad, ni las cuentas públicas, puesto que "una parte del déficit está en el balance de las eléctricas y otra parte está titulizada", recordó.

Adicionalmente, explicó que "la solución tiene que ser de combinación" y darse "más pronto que tarde"; y añadió que "se trata de uno de los problemas más importantes del sector eléctrico".

Soria aseguró que "no se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en un problema de déficit público", en alusión al limitado margen de la Administración para absorber esta deuda en sus presupuestos.

Este desajuste consiste en una deuda que asumen los consumidores en su factura de electricidad y que se crea porque los ingresos que las compañías eléctricas obtienen por la tarifa no cubren los costes de generación. Desde el año 2000, las utilities actúan de acreedoras al asumir esta deuda en sus balances.

Retroactividad
Por otro lado y en alusión al recorte de primas a las instalaciones fotovoltaicas aplicado por su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, aseguró que aunque no comparte la medida, fue "una decisión ajustada a Derecho". "Los servicios jurídicos no ven retroactividad en la norma. Cuestión distinta es que la decisión se pueda compartir más o menos", afirmó.

Reducción de las ayudas al carbón
En cuando a la minería española, adelantó que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogerán "menos recursos" para la industria del carbón, pero que estos serán suficientes para responder al grado de ejecución del sector.

Tal y como expuso el ministro, el programa de ayudas de 2011 "no se ha ejecutado en su totalidad" y cifró en 350 M€ el "grado de cumplimiento" durante el ejercicio del plan para "compensar los efectos adversos de la crisis".

Además, recordó que dentro del programa de ajuste presupuestario acordado por el Gobierno a finales de diciembre al Ministerio de Industria le correspondió un ahorro de 1.100 M€. "Todos somos parte del mismo Gobierno y tiene que haber alguien que los asuma", afirmó en alusión a los ajustes.

"El plan nacional del carbón de 2012 es de una cuantía inferior a la que se dejó de ejecutar en 2011. ¿Habrá menos recursos? Es una evidencia. ¿Pero eso se corresponde con el grado de ejecución real? Sí", aseguró el ministro.

Precio de la gasolina
En cuanto a los récord históricos alcanzados por el precio de las gasolinas en las últimas semanas, el ministro consideró "deseable" que se detenga la escalada alcista en los precios, pero recordó que el Gobierno tiene un "escaso margen de maniobra" para regular los precios de la gasolina y que el único instrumento a su alcance es el de la fiscalidad.

Soria realizó todas estas consideraciones tras participar en un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, al que también asistieron los presidentes de Endesa, Borja Prado; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; Repsol, Antonio Brufau; y Bankia, Rodrigo Rato, además del copresidente de Cepsa, Santiago Bergareche, y otros representantes del mundo empresarial español. Además, también estuvieron presentes otros tres ministros: el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; el de Defensa, Pedro Morenés, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

www.efe.es

Que los consumidores empiecen a pagar en el recibo lo que cuesta el servicio

Expansión

La posibilidad de que el Ministerio de Industria plantee a las compañías eléctricas una quita al déficit de tarifa se antoja una maniobra de alto riesgo que afectaría de lleno a la ya de por sí debilitada credibilidad de la economía española.

El déficit de tarifa, que asciende ya a 24.000 millones de euros, es una deuda reconocida que está en el balance de unas empresas que tienen entre sus accionistas a fondos de inversión de todo el mundo. Aplicar una quita a esta deuda sin ningún tipo de compensación supone de hecho un impago que dañaría, no solo a unas compañías que tiran del resto de la industria, sino a la imagen de España ante los inversores precisamente en un momento en el que este país necesita urgentemente financiación para que la economía pueda recuperarse.

Las deudas –el déficit de tarifa cuenta con la garantía del Estado y, por tanto, tiene casi la consideración de deuda pública– están para ser pagadas, y cuando un país incumple esta máxima, empieza a parecerse a Grecia. La reciente crisis de la deuda soberana que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los líderes europeos ha partido de una situación de incertidumbre sobre su solvencia que en ningún caso se puede repetir.

Las propias agencias de calificación tienen al sector eléctrico en su punto de mira porque consideran que existe un riesgo regulatorio. Lo mejor que puede hacer el Ministerio de Industria es eliminar esa amenaza dando certidumbre a las inversiones, y eso descarta cualquier posible quita. Hay otras formas de acabar con el déficit de tarifa sin tomar una medida tan drástica, y entre esas está la más razonable: que los consumidores empiecen a pagar en el recibo lo que cuesta el servicio.
 

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

EL CONGRESO CONVALIDA EL RDL 1/2012 QUE RECOGE LA MORATORIA DE LAS PRIMAS A LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL

Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate sobre el polémico Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, que establece la moratoria a las primas de las nuevas instalaciones del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos), normativa que recibió la convalidación de los congresistas. En su exposición, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que su departamento ya trabaja en la anunciada reforma del modelo energético, que incluirá "un paquete" de medidas "de calado" que "incidirán directamente en la estructura de los costes e influirán en la de los ingresos". Tal y como aseguró el titular, el RDL mencionado es "una primera medida" de esta reforma que tiene como objetivo "resolver el problema del déficit" tarifario acumulado, el principal obstáculo del sector, que a finales del pasado ejercicio superó los 21.700 M€, casi cuatro veces superior al de 2005, y que actualmente ronda los 24.400 M€. El responsable gubernamental aclaró que esta situación es consecuencia, por una parte, de la caída de ingresos del 10% entre 2004 y 2011, derivada del descenso de la demanda que ha acompañado a la crisis económica; y, por otra, de los elevados costes del sistema, que suponen 7.220 M€ solo para las energías de régimen especial y que se han incrementado un 400% en los últimos siete ejercicios. Así, la moratoria busca "limitar el aumento del sobrecoste" y "reconvertir y reconducir el problema" para "contar con un sistema energético seguro, eficiente, que no sea tan vulnerable en costes e ingresos, y que permita competir con otros países", explicó el ministro. "¿Cabrían otras alternativas? La inacción, pero eso nos llevaría a convertir lo que hoy es un problema solo del sector energético en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía", pronosticó. En cuanto a la posición del Gobierno sobre las energías renovables, insistió en el "compromiso claro, inequívoco e irreversible" que mantiene, y se comprometió a alcanzar el objetivo europeo de que en 2020 el 20% de la energía consumida proceda de fuentes limpias y que se reduzcan las emisiones de CO2 un 20%. Sin embargo, se preguntó si es "razonable" continuar subvencionando unas energías cuya potencia instalada (106.000 MW) "supera por más del doble" los 40.000 MW de demanda punta. "El Gobierno sigue apoyando las instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan a la red con la remuneración resultante del mercado, y será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose", apuntó Soria. Además, recordó que la medida es temporal y que no afecta a las preasignaciones ya registradas en el Ministerio. También aprovechó su intervención para indicar que su departamento ha solicitado a la Comisión Nacional de Energía su "pronunciamiento sobre los aspectos que considere relevantes para definir un nuevo marco regulatorio" y que está elaborando un proyecto de RDL para fomentar el autoconsumo de energía eléctrica. Críticas a la moratoria Tras la comparecencia del titular de Industria llegaron los comentarios de la oposición, que se mostró en desacuerdo con la defensa realizada por Soria del RDL 1/2012. En este sentido, el socialista Julio José Segura criticó que suspender estas primas perjudicará al medio ambiente y acusó al Gobierno de "criminalizar" con este decreto a las energías renovables, "haciéndolas aparecer como las únicas causantes del problema de déficit de tarifa". "¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema de la deuda tarifaria es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales", reprochó al tiempo que solicitó un Libro Blanco para el sector. Tampoco la izquierda plural (IU-ICV-CHA) se mostró favorable a la medida, aunque reconoció que es necesario reformar el sector. Así, la portavoz del grupo, Laia Ortiz, consideró que este "decretazo" se basa en un "análisis sesgado y en prejuicios" que "demonizan a las renovables", haciendo un "flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en materia de tecnología". También Francisco Jorquera (BNG) criticó que se tramite la medida por decreto y reprochó que "esconde claramente que 'nucleares sí, renovables no'". Por su parte, Teresa Jordà (ERC) recordó que "las subvenciones a renovables no son gasto, sino inversión" y que esta decisión solo conduce a "más dependencia energética". Sin embargo, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, coincidió con el Gobierno en que es necesario reformar el modelo energético para "reducir un déficit tarifario que está en cifras preocupantes" y para "conseguir precios más competitivos de la energía para familias y empresas", ya que actualmente "están un 15% por encima de la media europea". No obstante, alertó de la necesidad de plantearse "el mix energético en un horizonte de 25 o 30 años" y condicionó su voto a que el Gobierno precise cuánto tiempo durará esta suspensión. "Si es una suspensión, corta estaríamos por la labor, pero el sector necesita seguridad jurídica y no tener fecha de caducidad genera incertidumbre a la economía". Por último, Soria afirmó en su última réplica que algunas de las propuestas avanzadas en el Congreso "podrán ser incluidas en futuras reformas" del sector energético, una vez se logre "reducir y reconducir el ritmo de acumulación de déficit tarifario". www.cincodias.com www.europapress.es

Revisión de la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español para 2012

Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

Artículo 6. Revisión de la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español para 2012.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.9 de la Ley del Sector Eléctrico, la cuantía global determinada para la retribución de la sociedad OMI-Polo Español, S.A. establecida en cumplimiento del artículo 4.º del Convenio Internacional, firmado en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo de 2006 relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, en la redacción hecha en Braga el 18 de enero de 2008, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 11 de diciembre de 2009, correspondiente al año 2012 será de 14.500 miles de euros y se financiará de los precios que cobre a los agentes del mercado de producción, tanto a los generadores del régimen ordinario y del régimen especial como a los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad.

La diferencia, positiva o negativa, que se produzca entre la cuantía resultante de la recaudación a los agentes del mercado de producción y la establecida en el párrafo anterior tendrá la consideración de ingreso o coste liquidable, y será incluida en el proceso de liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía, en la liquidación 14 del año 2012.

La retribución que se establece en el primer párrafo de este punto será asumida a partes iguales por el conjunto de los generadores del régimen ordinario y especial por un lado, y por el conjunto de los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema por otro.

2. Los generadores del mercado, tanto del régimen ordinario como del régimen especial, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado por cada una de las instalaciones de potencia neta o instalada en el caso del régimen especial superior a 1 MW una cantidad mensual fija de 8,6069 euros/MW de potencia disponible.

Para el cálculo de la potencia disponible en 2012 se aplicará a la potencia neta o instalada en el caso del régimen especial de cada instalación el valor del coeficiente de disponibilidad aplicable al régimen y tecnología que le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

Tecnología	% disponibilidad
Instalaciones del régimen ordinario:
Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	87
Hulla+Antracita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	90
Lignito pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	91
Lignito negro	89
Carbón importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	94
Fuel-gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	75
Ciclo combinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	93
Bombeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	73
Hidráulica convencional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	59
Instalaciones del régimen especial:
Hidráulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29
Biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	45
Eólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22
R.S. industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	52
R.S. urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48
Solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11
Calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29
Carbón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	90
Fuel-gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26
Gas de refinería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22
Gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39

3. Los comercializadores, consumidores directos en mercado y gestores de cargas del sistema, que actúen en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad pagarán al Operador del Mercado 0,0244 euros por cada MWh que figure en el último programa horario final de cada hora.

4. Los pagos que se establecen en los puntos 2 y 3 se efectuarán mensualmente a partir del 1 de enero de 2012.

5. Para los agentes que vendan y compren energía en el mercado, el Operador del Mercado podrá ejecutar el pago mensual del mes n que deban realizarle dichos agentes, o sus representantes, mediante su incorporación en los cobros y pagos procedentes del mercado no antes del primer día de cobros posterior al tercer día hábil del mes n+1. A tal efecto los agentes o sus representantes deberán remitir al Operador del Mercado los datos necesarios para la facturación.