Derivadas del desfase eléctrico

Desde su toma de posesión, hace apenas dos meses, el Gobierno de Rajoy ha emprendido cambios cruciales para el futuro de la economía española, en busca de la estabilidad presupuestaria, de un sistema financiero sano, solvente y capaz de volver a dar crédito, y de un mercado laboral flexible que facilite en el futuro la contratación. Pero aún quedan en el tintero reformas de calado que completen ese giro hacia un modelo de crecimiento saludable y sostenido. Entre ellas sobresale la necesidad de una política energética con visión de largo plazo, que propicie la creación de un nuevo modelo que prime la eficiencia, la seguridad en el suministro, la sostenibilidad medioambiental pero sobre todo económica, y que devuelva al sector la certidumbre jurídica de que ha carecido en los últimos años. A corto plazo, el principal escollo hacia ese objetivo es un déficit de tarifa que, pese a la congelación de nuevas subvenciones a las energías renovables, seguirá creciendo en los próximos meses, amenazando no sólo la estabilidad financiera de las eléctricas, sino las propias cuentas públicas. Y es que, como publica hoy EXPANSIÓN, alrededor de 8.000 millones de euros en bonos eléctricos avalados por el Estado vencen entre 2013 y 2015. En el supuesto de que el sistema eléctrico no pudiera encarar esos pagos, sería la Administración la que debería apechugar con ellos, engordando el déficit público. Con independencia del grado de riesgo de que eso pueda suceder, es evidente que el Ejecutivo tiene encima de la mesa una patata muy caliente a la que debe dar respuesta urgente y ante la que no deberían caber atajos ni medidas populistas, y sí una planificación consensuada en busca de soluciones que den estabilidad.