Que los consumidores empiecen a pagar en el recibo lo que cuesta el servicio

Expansión

La posibilidad de que el Ministerio de Industria plantee a las compañías eléctricas una quita al déficit de tarifa se antoja una maniobra de alto riesgo que afectaría de lleno a la ya de por sí debilitada credibilidad de la economía española.

El déficit de tarifa, que asciende ya a 24.000 millones de euros, es una deuda reconocida que está en el balance de unas empresas que tienen entre sus accionistas a fondos de inversión de todo el mundo. Aplicar una quita a esta deuda sin ningún tipo de compensación supone de hecho un impago que dañaría, no solo a unas compañías que tiran del resto de la industria, sino a la imagen de España ante los inversores precisamente en un momento en el que este país necesita urgentemente financiación para que la economía pueda recuperarse.

Las deudas –el déficit de tarifa cuenta con la garantía del Estado y, por tanto, tiene casi la consideración de deuda pública– están para ser pagadas, y cuando un país incumple esta máxima, empieza a parecerse a Grecia. La reciente crisis de la deuda soberana que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los líderes europeos ha partido de una situación de incertidumbre sobre su solvencia que en ningún caso se puede repetir.

Las propias agencias de calificación tienen al sector eléctrico en su punto de mira porque consideran que existe un riesgo regulatorio. Lo mejor que puede hacer el Ministerio de Industria es eliminar esa amenaza dando certidumbre a las inversiones, y eso descarta cualquier posible quita. Hay otras formas de acabar con el déficit de tarifa sin tomar una medida tan drástica, y entre esas está la más razonable: que los consumidores empiecen a pagar en el recibo lo que cuesta el servicio.