LAS ELÉCTRICAS DENUNCIARÁN EN BRUSELAS CUALQUIER QUITA DE LA DEUDA TARIFARIA POR BENEFICIAR A SUS COMPETIDORAS

Ante una eventual decisión del Gobierno de recurrir a una quita del déficit de tarifa que las grandes eléctricas sufragan por ley, y "de forma arbitraria", las empresas de Unesa tienen previsto denunciar que la medida, además de expropiatoria, es una clara ayuda de Estado que beneficiaría a sus competidoras del sector que no la sufragan. Las integrantes de la patronal (Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa, HC Energía e Iberdrola) no piensan permanecer impasibles en el caso de que el Ejecutivo español opte por efectuar una quita de la deuda ex ante, que a 31 de diciembre sumaba 24.000 M€, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances, y que sigue creciendo de día en día. De hecho, si finalmente se da esta circunstancia, acudirán a la Comisión Europea para defender sus derechos. Una "expropiación" de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una "absoluta ayuda de Estado", de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste. El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un Real Decreto Ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les tocó asumir la deuda en sus balances. De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos dominantes que cuentan con filiales de distribución. Debido a que por entonces las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 M€ anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra, Industria optó por la siguiente fórmula: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras), se quedaban con la retribución que les correspondía y el resto era liquidado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a los demás beneficiarios, siendo las generadoras las últimas en cobrar. Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que sucede desde hace más de una década), las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento, se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde, el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año, se emite con el aval del Estado. Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW), a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras. Entre el fantasma de la quita y el de la tasa nuclear El temor de los responsables de las eléctricas al fantasma de una posible quita de la deuda eléctrica se ha hecho patente en los últimos días. Una prueba de ello es la presión que están ejerciendo sobre la CNE para que certifique con urgencia las emisiones del déficit que está realizando a través del fondo de titulización (FADE), un requisito que exige la normativa. Estas presiones y la velocidad a la que están titulizando el déficit (para este año tienen 10.000 millones susceptibles de colocar con el aval público) responden al temor de un recorte de la deuda, algo que, según informes de la CNE, solo podría hacerse sobre la deuda no emitida. Es evidente que al déficit titulizado y ya en manos de terceros (entidades financieras) no se le puede aplicar quita alguna. Y, aunque la duda solo planea sobre la que aún no se ha emitido, hay expertos jurídicos que consideran que "el derecho de cobro reconocido hasta ahora no se puede tocar, esté o no titulizado". Otro tanto ocurre con la deuda titulizada, aunque no cuente aún con los certificados correspondientes de la CNE. En cuanto a la tasa o impuesto a la nuclear o la hidráulica que quiere aplicar el Gobierno, es previsible que, de decretarse, corriesen la misma suerte, ya que Unesa recurriría a Bruselas. En el primer caso, las empresas recuerdan que la energía nuclear ya está gravada con una tasa, más concretamente los residuos que genera. Si en lugar de por una tasa (un gravamen que solo se puede aplicar a quienes reciben el servicio) se opta por un impuesto, las afectadas recuerdan que iría a los Presupuestos (a reducir el déficit público, no de tarifa) y que podría no ser compatible con el IVA y con los gravámenes medioambientales que ya aplican a la actividad eléctrica algunas comunidades autónomas.