LA APLICACIÓN DE LOS PEAJES ELÉCTRICOS PROGRESIVOS “VA A SER CAÓTICA”, ADVIERTEN LAS “UTILITIES”

LA APLICACIÓN DE LOS PEAJES ELÉCTRICOS PROGRESIVOS “VA A SER CAÓTICA”, ADVIERTEN LAS “UTILITIES”
 
La entrada en vigor de la propuesta del Gobierno de establecer peajes eléctricos progresivos en función del consumo a los usuarios a partir del 1 de enero próximo no solo traerá consigo un previsible incremento de la tarifa para muchos consumidores, sino que las “utilities” vaticinan que la adaptación a este nuevo método, pese a estar fundamentada en una buena intención –el objetivo consiste en frenar el derroche de energía y avanzar hacia una mayor eficiencia energética-, “va a ser caótico”.

En este sentido, fuentes empresariales explican que se obligará "a adaptar los sistemas informáticos de las distribuidoras, lo que conllevará un coste económico" y, por otra parte, provocará una ola de quejas entre los clientes, "que no tienen a día de hoy referencia alguna de lo que se considera o no derroche".

Este tema tan escabroso está contemplado en la propuesta de orden ministerial remitida por el Ejecutivo a la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo estudio está siendo llevado a cabo a marchas forzadas por los equipos de regulación y jurídicos de las eléctricas. De hecho, discutirán sus conclusiones previsiblemente esta semana en el Consejo Consultivo de la CNE, que también integran las organizaciones de consumidores y las Comunidades Autónomas, aparte de las propias eléctricas.

La complejidad estriba en que con la modificación planteada, esta será la tercera vez que las "utilities" cambien su sistema informático para adaptarse a las nuevas normas. Y los programas actuales que manejan las afectadas no contemplan la posibilidad de diferenciar los siete perfiles distintos de consumidores por potencias que establece la propuesta de orden ministerial de tarifas para 2013.

En concreto, el director de Regulación de la patronal Unesa, Alberto Bayón, ha explicado que las compañías creen "inviable" poder aplicar esta diferenciación porque habría que modificar todos los meses el término fijo de la factura eléctrica, algo que hasta este momento permanecía invariable y únicamente se modificaba en función de la variación que fija el Gobierno para la parte regulada del recibo cada tres meses o de forma anual como sucede en la actualidad.

Según este experto, esta será la principal alegación que presentarán las cinco compañías integradas en Unesa a la orden ministerial enviada por el Ministerio a la Comisión Nacional de Energía. El plazo para presentar las réplicas a la propuesta expira este próximo miércoles.

Los cambios planteados derivarán en la modificación completa del sistema tarifario actual y en el destino de un mayor número de profesionales a la lectura de los correspondientes contadores, en tanto que no sirven las estimaciones que en algunos casos se siguen realizando.
Mediante el decreto aprobado por el exministro de Industria Miguel Sebastián a finales de 2008 ya se modificó la facturación bimensual por la mensual. Con este mecanismo, las eléctricas realizan un mes una lectura real y el otro una lectura estimada en función de los consumos anteriores. Pero a principios de este año el Gobierno volvió a permitir la lectura bimensual ante el aluvión de reclamaciones de los usuarios y de las compañías. El problema es que también permitió que se mantuviera el sistema de facturación mensual, por lo que la mayor parte de los consumidores lo conservan, a no ser que hayan solicitado el cambio. Además, existen en el mercado unas 100 pequeñas distribuidoras que previsiblemente tendrán más dificultades para modificar de forma inminente sus sistemas informáticos.

Las progresividad de los precios eléctricos que contempla la propuesta de orden ministerial ahora en poder de la CNE afecta a las potencias contratadas que sean mayores de 3 kWh y hasta un máximo de 10 kWh, por lo que alrededor de 26 millones de usuarios entre domésticos y pymes se integran en los siete perfiles definidos. Sin embargo, la orden no discrimina si se trata de establecimientos o personas que conviven en un mismo hogar, lo que ha provocado ya el rechazo frontal de las asociaciones de consumidores.

Otra de las alegaciones que contemplan presentar las eléctricas de Unesa se centra en que sus previsiones del déficit de tarifa son mayores de las que refleja el Gobierno en la orden de tarifas. Según las grandes compañías del sector, la evolución alcista de las primas a las renovables, que el próximo año superarán los 9.060 millones de euros, hace inviable pensar en que en 2013 no existirá un agujero en el sistema eléctrico.

Los consumidores, en contra
Otras fuentes del sector y las asociaciones de consumidores consideran la propuesta de peajes eléctricos progresivos una medida recaudatoria y una forma encubierta de subir las tarifas de acceso. Con el nuevo sistema, el Gobierno estima que logrará una recaudación de unos 280 millones de euros, sobre los 6.700 millones que supone la factura de los domésticos afectados.

Esto se traduce en un incremento medio del recibo del 4,3%, aunque las diferencias serán grandes entre unos clientes y otros, según la potencia contratada y sus consumos. En todo caso, según datos que manejan en el sector, prácticamente todos los domésticos se verán afectados, ya que para librarse del nuevo peaje (que se añade al que esté en vigor en cada momento), hay que consumir un máximo de 2.200 kW al año y la inmensa mayoría supera ese umbral.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han criticado que estas subidas "disfrazadas" pueden ser del 7% en los casos extremos o de 200 euros más al año y han recordado que aún falta la subida de la tarifa de último recurso (TUR), que con toda probabilidad fijará precios en la subasta del 21 de diciembre. Según los cálculos de la organización, los nuevos peajes suponen un encarecimiento de la factura media de unos 22 euros anuales, de forma que un hogar medio que tenga contratada una potencia de 3,45 kW y realice un consumo anual de 3.500 kWh pagará al año por su recibo de la luz unos 778 euros.

Asimismo, la tarifa de discriminación horaria tendrá penalizaciones un 40% mayores, calcula la OCU, ya que el recargo se aplica a consumos más bajos. Con solo 876 kWh de consumo al año, ya tienen recargo frente al límite de 2.200 kW del resto de clientes.




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